SUMARIO: I. Presentación. II. La lengua en la escuela catalana. Lenguas vehiculares y lenguas curriculares: 1) La situación del castellano en las escuelas de Cataluña. 2) Las exigencias constitucionales. 3) ¿Ha de mantenerse la exclusión del castellano o, por el contrario ha de ser lengua vehicular? III. Las razones para la vehiculariedad del castellano: 1) Porque la Constitución obliga a esta vehiculariedad. 2) Porque estudiar EN español es un derecho. 3) Porque el español es nuestra lengua común. IV. Español y otras lenguas españolas.
I. Presentación
"Escuela de Todos" convoca una manifestación para el próximo 18 de septiembre con un lema de solo tres palabras (y una coma) que identifica perfectamente una reclamación que no solamente implica la reivindicación de unos derechos que son vulnerados desde hace décadas; sino también un debate profundo, esencial para el futuro del país que pretende ser escamoteado a los ciudadanos, colocándolos ante una situación de hecho que mutará -que ya está mutando- España para convertirla en una federación de Comunidades Autónomas con un poder central cada vez más reducido y unos vínculos cada vez más débiles entre los ciudadanos de unas y otras Comunidades Autónomas.
Intuyo que muchos que hayan llegado hasta aquí dirán que me afecta un síndrome de Casandra, una alarmismo injustificado que convierte en innecesario seguir leyendo. Será la reacción normal porque, como adelantaba, no existe un gran interés en colocar este tema en el centro del debate político. Ahora bien, invito a continuar con la entrada, porque en ella espero mostrar cómo la evidente vulneración de derechos que se está produciendo y que cada vez es más difícil ocultar, no es accidental o fruto de algún tipo de exceso; sino que resulta esencial para esa modificación de la estructura política profunda de España; una modificación que ya ha comenzado, pues de otra forma no se entendería que a día de hoy, tanto el gobierno de España como la opinión pública y publicada continúen ya no tolerando, sino animando o colaborando a esa vulneración de derechos. En el país que deberíamos ser la situación que se vive en Cataluña (y no solamente en Cataluña) debería haber motivado protestas generalizadas, una crítica constante en la prensa, un cuestionamiento permanente del gobierno y la actuación de éste para reconducir a la legalidad el comportamiento de la Generalitat. En el país que somos no solamente se tolera, sino que no pocos animan que continúe esa privación de derechos.
Para cambiar esa situación es preciso ir más allá de las acciones judiciales. La movilización es también necesaria. Se hace preciso mostrar que estamos comprometidos con la defensa de esos derechos y que exigiremos a las autoridades que adopten las medidas necesarias para garantizarlos. Aquí intentaré explicar cuál es la situación de las lenguas en la escuela catalana; por qué se trata de una situación injusta que supone la privación de derechos de los estudiantes, qué explica la importancia que le dan los nacionalistas a mantener la situación actual y qué implica la colaboración del gobierno de Pedro Sánchez y del partido socialista con la estrategia nacionalista.
II. La lengua en la escuela catalana. Lenguas vehiculares y lenguas curriculares
1) La situación del castellano en las escuelas de Cataluña
La realidad de las escuelas catalanas es la de que la lengua de la institución (tal como indican las instrucciones que remite el Departamento de Educación a los centros educativos) es el catalán y solamente el catalán; lo que implica que ha de ser el catalán la lengua que se utiliza en las comunicaciones de la escuela, en las reuniones, la que emplean los profesores cuando se dirigen a los alumnos o a las familias, la que se utiliza en las comunicaciones y en la rotulación y, por supuesto, también en la docencia. Esto es, en las escuelas e institutos de Cataluña la enseñanza se desarrolla, a salvo de lo que se dirá a continuación, en catalán. Y esto se hace porque el catalán es la lengua propia de Cataluña. Así se establece en la Ley 8/2022, pactada entre los nacionalistas, Comunes y PSC y aprobada el 9 de junio de este año
Y así se traslada a las instrucciones que mencionaba antes y que cada año se dan a los equipos directivos, profesores y resto de personal implicado en la docencia.
Así pues, el catalán es la lengua de la escuela catalana (la lengua de la institución), siendo la única empleada, excepción hecha, como se indica en la instrucción que reproduzco más arriba, "de las actividades que tengan por objeto promover el conocimiento y el uso de otras lenguas". Entre esas otras lenguas está el castellano (o español), lengua oficial en toda España, también en Cataluña y que, sin embargo, como se ve, tiene en la escuela una presencia equivalente a la que tendría una lengua extranjera; esto es, una lengua que hay que aprender; pero que no es "lengua de la institución".
Esta es la situación en Cataluña, lo anterior no es una opinión, es un hecho. A partir de aquí lo que podemos discutir es:
1) Si esta situación se ajusta a las exigencias constitucionales.
2) Si es una situación que conviene mantener o, por el contrario, ha de ser modificada.
2) Las exigencias constitucionales
Seré breve en esto, porque en otras entradas de este blog ya me he ocupado con cierto detalle de la jurisprudencia constitucional en la materia. El resumen sería que, dado que el castellano es oficial en toda España; el castellano tiene que ser lengua que se emplea normalmente en la educación como lengua de comunicación y de enseñanza. Esto es, el castellano ha de ser lengua vehicular. Esta condición de lengua vehicular se opone a la de lengua curricular; es decir, una lengua que forma parte del currículo educativo en tanto en cuanto es una lengua que tiene que ser enseñada. El español es en Cataluña una lengua curricular, en tanto en cuanto se enseña lengua castellana y, además, existe la obligación de que los alumnos acaben dominándola al acabar sus estudios; pero no es lengua vehicular (como hemos visto); es decir, no es lengua de la comunidad educativa. Como digo, esto es contrario a la doctrina constitucional, que ha reiterado que la utilización normal del catalán como lengua vehicular no puede implicar que el castellano no sea también vehicular y que se utilice también con normalidad.
A lo anterior hay que añadir que la doctrina constitucional también ha indicado que el hecho de una lengua sea propia de la Comunidad Autónoma no puede implicar que reciba una preferencia respecto al castellano, que es oficial en toda España y, por tanto, también en la Comunidad Autónoma de que se trate. De esta manera, convertir en lengua vehicular al catalán excluyendo al castellano sobre la base de que el catalán es lengua propia de la Comunidad Autónoma es inconstitucional.
Así pues, la situación que se vive en las escuelas catalanas es contraria a la Constitución.
Hasta ahora, se había considerado que esta práctica administrativa de exclusión del castellano era también contraria a la legalidad catalana, interpretada de una manera constitucionalmente conforme; y esto explica que durante años los tribunales dictasen decisiones individuales que reconocían a familias concretas la enseñanza bilingüe. Ahora bien, el Decreto Ley 6/2022 y la Ley 8/2022 han cambiado esta situación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña interpreta que estas leyes ya no admiten una interpretación conforme y que, por tanto, ha de ser el Tribunal Constitucional el que declare su contrariedad con la Norma Fundamental. En tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie, sin embargo, no parece que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vaya a obligar a la Generalitat a utilizar el castellano como lengua vehicular. Este Tribunal parece haberse declarado impotente para enfrentarse a la Generalitat y pide el auxilio del Tribunal Constitucional.
El resultado de este bajar los brazos del TSJC es que miles de alumnos catalanes ven cómo se perpetúa la vulneración de sus derechos, sin que los tribunales de justicia, que hasta ahora habían adoptado resoluciones favorables al reconocimiento de la enseñanza bilingüe, puedan seguir haciéndolo ya que la normativa catalana ha hecho expreso, a nivel legal, la exclusión del castellano como lengua vehicular. Me ocupaba con algo más de detalle de estas cuestiones, al hilo del análisis de la ejecución de la Sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020, en la entrada anterior, que puede consultarse
aquí).
3) ¿Ha de mantenerse la exclusión del castellano o, por el contrario, ha de ser lengua vehicular?
A partir de lo anterior, esta es la pregunta que ha de ser respondida. Y convendría ser claro en la respuesta. Hasta ahora, varios partidos han intentado eludirla confundiendo esta cuestión (la vehiculariedad del castellano) con otra: la de la garantía del aprendizaje del castellano al finalizar los estudios. Los argumentos del PSC y ahora también del PSOE y del gobierno de Pedro Sánchez van en esta línea. Cuando se les habla de la vehiculariedad del castellano en la escuela replican que todos los alumnos catalanes dominan el castellano. A partir de aquí podemos discutir sobre si es o no es cierto eso de que todos los alumnos dominan el castellano al acabar la enseñanza obligatoria (no es tan claro que así sea); pero lo importante no es eso; sino ver si el español es lengua de la escuela, en el sentido en el que lo es el catalán o, por el contrario, es una lengua que hay que aprender, igual que se pueden aprender lenguas extranjeras. Incluso aunque asumiéramos -que ya digo que podría discutirse- que todos los alumnos catalanes acaban la enseñanza obligatoria dominando castellano (como podrían acabar dominando también el inglés, lo que sería deseable); eso no cambiaría que la única lengua de la escuela seguiría siendo el catalán y no el español. Y ese es el punto sobre el que hay que pronunciarse.
"Escuela de Todos", quien convoca la manifestación del 18 de septiembre, lo tiene claro: el castellano ha de ser lengua vehicular; lo que implica que ha de ser lengua en la que puedan desarrollarse reuniones escolares, que pueda ser utilizada para la comunicación y también para la enseñanza de materias que no sean lengua castellana y literatura. Por supuesto, es lengua que debería ser utilizada también en la rotulación de los centros, junto con el catalán.
Esta es la posición de "Escuela de Todos"; pero no es la posición de los nacionalistas, quienes hacen expreso que la única lengua de Cataluña es el catalán, y que el castellano ha de ser tolerado (mientras no se pueda hacer otra cosa) porque no queda otro remedio, pero limitándolo tanto en lo oficial como en la escuela todo lo que se pueda. Para los nacionalistas el mentar que el castellano pueda ser lengua vehicular es la manera más fácil de indignarlos.
Tampoco es la posición de Comunes y PSC, quienes, como hemos visto, han pactado una ley en la que se excluye la vehiculariedad del castellano y se hace expreso que su condición es la de lengua curricular; esto es, lengua que se enseña, pero no lengua "en" la que se enseña, descartándose, además, que pueda ser lengua de comunicación dentro de la comunidad educativa. Para estos, Comunes y PSC, que el castellano tenga esta posición subordinada al catalán les parece bien, aunque ellos prefieren utilizar la expresión "que el catalán sea el centro de gravedad del sistema educativo"
Esto es ahondar en la confusión. El hecho de que el castellano sea lengua vehicular no impide que pueda haber una mayor presencia del catalán si esto está justificado; pero, de nuevo, este no es tema. La cuestión es si comunes y socialistas están de acuerdo en que la única lengua de la institución sea el catalán o, por el contrario, entienden que el español, en tanto que lengua oficial, también ha de ser lengua de la institución, lo que, como decimos, tiene consecuencias en la docencia, pero no solo en la docencia, pues también comunicaciones y rotulación tendrían que tener presente al castellano.
En fin, lo anterior era una pregunta retórica, porque los hechos muestras que tanto comunes como socialistas sí que comparten con los nacionalistas que la única lengua de la institución ha de ser el catalán y en lo único en lo que quizás los socialistas matizan algo es en que el castellano ha de tener una presencia mayor de la que tiene ahora con el fin de que se garantice mejor su dominio al acabar la enseñanza. Es un matiz, pero fijémonos en dónde se sitúa el debate: en cuántas horas de castellano se precisan para que se domine la lengua al acabar los estudios, sin discutir que el catalán, por ser lengua propia de Cataluña, ha de tener la condición de lengua de la escuela.
Como digo, "Escuela de Todos" tiene claro que esto no puede seguir así y para eso se convoca la manifestación del día 18, para pedir que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas catalanas y poner fin a estos intentos de confusión en que se pretende desviar el tema hacia el de saber si los alumnos catalanes conocen mejor o peor el castellano al acabar sus estudios. Como digo, es un tema sobre el que puede debatirse; pero este no es el meollo de la cuestión; sino directamente la condición del español como lengua vehicular en la escuela catalana.
III. Las razones para la vehiculariedad del castellano
1) Porque la Constitución obliga a esta vehiculariedad
Esta no debería ser una razón menor. Como hemos visto, de la oficialidad del castellano en toda España (artículo 3 de la Constitución) se deriva que ha de ser lengua que se emplee normalmente como vehicular y de aprendizaje; sin que pueda establecerse una preferencia en favor de la lengua cooficial por ser propia de la Comunidad Autónoma.
No es un tema nimio. Los tribunales han constatado que la Constitución no se cumple en Cataluña desde hace décadas, en tanto en cuanto el español no es, en la práctica, lengua vehicular en las escuelas catalanas. Tal como estableció la Sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020, la presencia del castellano en el sistema educativo es, literalmente, "residual". Esta es la situación y, como vengo repitiendo, es una situación contraria a la Constitución, por lo que los partidos que reclaman para sí el epíteto de "constitucionales" y el gobierno de España deberían tener como objetivo poner fin a esta situación de inconstitucionalidad. Como sabemos, sin embargo, no están por hacerlo. Tal como se ha indicado, los socialistas han pactado con los nacionalistas una ley que coloca al castellano en una posición de subordinación respecto al catalán y el gobierno de España no ha hecho nada para conseguir la ejecución de la sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020 que obliga a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para conseguir que todos los alumnos catalanes reciban de manera efectiva e inmediata una docencia en la que el castellano sea lengua vehicular. Y eso, pese a que tanto el gobierno de la Generalitat como el Parlamento de Cataluña han elaborado normas orientadas directamente a impedir la ejecución de la mencionada Sentencia, lo que, se mire como se mire, es un escándalo mayúsculo, máxime cuando esas normas atentan directamente contra la doctrina constitucional que ha establecido la necesaria vehiculariedad del castellano. En la entrada que comentaba hace un momento ya me ocupaba de estos extremos que no parecen tener mayor importancia para el gobierno de España ni para el partido socialista. Por supuesto, los Comunes y Podemos están perfectamente alineados en este punto con los nacionalistas.
"Escuela de Todos", sin embargo, cree que esta es una cuestión que debería ser prioritaria, y aspiramos a que todos los partidos y la opinión pública sean conscientes de la anomalía institucional que supone que una administración desarrolle una práctica continuada y consciente de incumplimiento de obligaciones constitucionales. En este caso, la obligación constitucional de que el castellano sea lengua vehicular en el sistema educativo de toda España, también en aquellas Comunidades Autónomas que tienen otras lenguas oficiales.
2) Porque estudiar EN español es un derecho
La obligación constitucional de que el español sea lengua vehicular no es una formalidad carente de consecuencias. Esa obligación genera el derecho de todos a que el español sea lengua vehicular, lo que implica no solamente que existe el derecho a estudiar EN español, sino también el derecho a que el español sea utilizado por la comunidad educativa con normalidad. Este es un derecho que tiene dos manifestaciones principales. Por un lado, el derecho a que la administración con la que nos relacionamos; en este caso la administración educativa, no considere como extraña a una de las lenguas oficiales, aquella que lo es en el conjunto del Estado. Por otro lado, el derecho a que al menos una parte de la enseñanza se desarrolle en español; lo que es un derecho para todos los españoles, sea cual sea su lengua materna, pero que tiene una relevancia especial para aquellos alumnos que tienen el español como lengua inicial (que es, en la terminología de la Generalitat de Cataluña, el equivalente a lo que en todo el mundo se conoce como lengua materna).
Aunque en España, por razones obvias, se repite poco, la enseñanza en lengua materna tiene una enorme importancia, tal como ha reconocido la UNESCO. Es más fácil adquirir conocimientos si se hace en la lengua materna, y así se constata en Cataluña, donde, por ejemplo, se ha verificado que los alumnos castellanohablantes tienen unos resultados peores (de media) que los alumnos catalanohablantes de su mismo nivel socioeconómico. Además, el que la lengua materna sea lengua escolar facilita la integración de los alumnos y el reconocimiento a nivel educativo de la lengua familiar sin duda favorece su autoestima. Estos argumentos no son nuevos. En los años 70 del siglo XX, los nacionalistas catalanes los utilizaron para justificar la introducción del catalán como lengua docente en las escuelas catalanas. Lo que sucede es que una vez que se ha consolidado el catalán como lengua de la escuela no quieren ni oír hablar de estos mismos argumentos cuando quienes los utilizan son los hablantes de la otra lengua oficial.
La utilización del español como lengua vehicular, por tanto, va más allá de la necesidad de que sea aprendido y de que todos los alumnos lo dominen, que es a donde quieren reducir el debate nacionalistas y, sobre todo, socialistas. Por supuesto que ha de garantizarse tanto el dominio del castellano como del catalán al finalizar los estudios obligatorios, pero estos objetivos son compatibles con que ambas lenguas sean vehiculares y, por tanto, se utilizan para enseñar materias no lingüísticas. Sostener, como sostienen ahora nacionalistas y socialistas, que el aprendizaje del catalán requiere necesariamente que éste sea el centro del sistema educativo; pero que para el aprendizaje del español bastan dos o tres horas semanales de lengua castellana (incluso si se trata de alumnos que tienen el catalán como lengua materna y que viven en un entorno mayoritariamente catalanohablante) no es un argumento, es un insulto a la inteligencia que lo que esconde es el argumento nacionalista de que la única lengua de la escuela ha de ser el catalán porque de este modo la enseñanza contribuirá a la construcción de una ciudadanía catalana, tal como reconocen expresamente las instrucciones dictadas por la Generalitat para el curso 2022/2023. Nos ocuparemos de esto a continuación.
3) Porque el español es nuestra lengua común
La exclusión del castellano como lengua vehicular en las escuelas no es algo accidental, sino esencial para el proyecto nacionalista, que pretende construir una Cataluña en la que la lengua será el eje sobre el que se construya lo que ellos denominan expresamente "ciudadanía catalana"
Es claro, por tanto, que
la exclusión de la vehiculariedad del castellano no tiene una función pedagógica, sino política. Una función política que se conecta con el proyecto nacionalista basado en el catalán como lengua preferente en Cataluña. No debemos cesar de repetirlo porque, cínicamente, quienes hacen expreso que utilizan la escuela con una finalidad política, pretenden que son criterios pedagógicos los que orientan su actuación, lo que, como vemos, es radicalmente falso.
Porque la presencia o ausencia de las lenguas en la escuela tiene también una dimensión política que es clara en el planteamiento nacionalista y que debe ser respondida. Lo hacía hace poco brillantemente Ricardo García Manrique en un
artículo publicado en "El Mundo" donde explica que, efectivamente, el idioma es un elemento de cohesión en la comunidad política que formamos aquí todos los españoles, por lo que su presencia o ausencia contribuye a reforzar o debilitar ese proyecto común.
De aquí que la exclusión del español de las escuelas catalanas (y no solamente de las catalanas) encaja con la progresiva descentralización de España que puede acabar en desmembración.
Es preciso, para mantener nuestro proyecto común que el español no solamente sea aprendido, sino que sea percibido por todos como lengua institucional y de prestigio, alejando la idea de que se trata de una lengua "impropia", en una situación de subordinación respecto a las lenguas cooficiales en las distintas Comunidades Autónomas
Es por esto que decía que la reivindicación del español como lengua vehicular no se limita (¡y ya sería bastante!) a defender los derechos de los ciudadanos en Cataluña, sino que afecta al conjunto de los españoles, a la esencia misma de nuestro proyecto político común. La manifestación del próximo día 18 de septiembre, con esas tres palabras y una coma: "Español, lengua vehicular" nos está diciendo todo eso.Es una manifestación en la que tenemos que volcarnos; porque se trata de introducir de manera expresa en el debate político un tema que se nos ha venido hurtando durante décadas: qué posición tiene que tener el español en la escuela en una España plurilingüe como la que tenemos. La propuesta nacionalista, avalada por los socialistas y por el gobierno de España, es que esa posición ha de ser una subordinada a la de las lenguas cooficiales, la que defenderemos el próximo día 18 de septiembre es que el español, como lengua común, como lengua materna de más del 80% de los españoles (más de la mitad de los catalanes) ha de estar presente en la educación como lengua vehicular; esto es, como lengua de la comunidad educativa, de comunicación y de enseñanza, rechazando explícitamente cualquier intento de reducirla a una lengua que se aprende (lengua curricular) y no una lengua en la que se enseña (lengua vehicular).
IV. Español y otras lenguas españolas
Nada de lo anterior ha de interpretarse como un rechazo de las lenguas cooficiales. España es un país en el que una parte significativa de su población tiene como lengua materna una que no es el castellano. Tanto en Galicia como en Baleares en torno a la mitad de la población tiene como lengua materna el gallego o el catalán (en las variedades que se hablan en Baleares), y tanto en Cataluña como en Valencia, una parte significativa de la población (en torno a un tercio en Cataluña) tienen como lengua materna el catalán (o el valenciano, según se prefiera). Esa es una realidad que tiene reflejo constitucional y que se traduce en que las lenguas cooficiales también han de ser lenguas vehiculares. Se ha de garantizar su aprendizaje y han de ser lenguas que se utilicen en la comunidad educativa. Ahora bien, esto no puede suponer nunca la exclusión del español.
Esta es la reivindicación de la manifestación del día 18; una reivindicación que debería estar reconocida sin problemas en el país que deberíamos ser; pero en el que somos, ahora mismo, más de la mitad de los diputados y senadores se oponen a algo tan sencillo, tan elemental, tan importante: que el español sea lengua vehicular.
De todos nosotros depende que esto cambie.
