La justicia es, sobre todo, cosa de papeles. Demandas, providencias, autos, recursos, incidentes, ejecutorias, certificados, mandamientos, interlocutorias, rogatorias... un sinfín de documentos que cumplen una función precisa: garantizar que todo el inmenso poder coactivo del Estado no se ponga en marcha más que cuando es justo, cuando es adecuado; y es necesario que sea así. La justicia puede quitártelo casi todo. En España no la vida, pero sí la libertad, tu casa, tu dinero, la posibilidad de ver a tu hijo... Nadie es tan poderoso en España como el Estado y la manifestación última del Estado es la administración de justicia; porque ella es la que tiene la última palabra en todo litigio, toda disputa, incluso en toda sanción que pueda dictar una administración cualquiera.
Desde hace siglos existe conciencia de que ese inmenso poder debe sujetarse al procedimiento. El procedimiento no es más que la sucesión de actuaciones, necesariamente documentadas para que existan garantías, que conducen desde la denuncia o la demanda a ese momento terrible en el que la puerta de una prisión se cierra o se procede a la subasta de la casa de alguien.
Todos esos papeles son gestionados por las distintas sedes de la administración de justicia: juzgados de primera instancias, juzgados de instrucción, juzgados penales, juzgados de lo contencioso administrativo, de lo laboral, audiencias provinciales, audiencia nacional, tribunales superiores de justicia, tribunal supremo... Las necesidades de la justicia, del procedimiento exigen que todos esos papeles vayan de una a otra oficina, de uno a otro tribunal; generando este movimiento, a su vez, más papeles, ya que todo debe constar, quedar por escrito, documentarse. Es necesario para que existan las debidas garantías, ya lo he dicho antes.
Es claro que por el volumen de los papeles que se generan en la administración de justicia, por la importancia sustancial de lo que representan y por la necesidad de una eficaz comunicación entre los distintos órganos jurisdiccionales sería necesario que esta administración de justicia estuviera dotada de medios excelentes, personal, equipamientos informáticos, intranets de gestión, etc. Curiosamente, sin embargo, en nuestro país nada de esto sucede. Es experiencia común de quien se acerca al Registro Civil, por ejemplo, asombrarse de que en el siglo XXI aún no se haya producido la informatización de los documentos que allí constan. Cualquiera que se pase por un Juzgado comprueba que los legajos, papeles y escritos se acumulan entorno a los ordenadores antediluvianos que aún conviven con máquinas de escribir en no pocas oficinas judiciales.
No es por tanto, extraño que se extravíen papeles, que se acumulen retrasos y que, en ocasiones, no sea hasta años después de concluido un plazo que se dicta la decisión que era debida. Son circunstancias habituales en nuestra administración de justicia que tienen mucho que ver con la escasez de medios y de personal. En lo primero contaré que conozco a una magistrada que se pasa una vez a la semana por la Audiencia, mete en una maleta los expedientes sobre los que tiene que resolver y se va con ellos a su casa, porque no dispone en su lugar de trabajo de una mesa. Sobre lo segundo diré que, al menos hace unos años, cuando consulté el dato, resultaba que en Alemania el número de jueces era cuatro veces el número de jueces de España. Teniendo en cuenta que la población de Alemania es, aproximadamente, el doble de la población española, resultaría que en España deberíamos tener el doble de jueces de los que disponemos en la actualidad para que su volumen de trabajo fuera el de un juez aleman.
La falta de personal y de medios de la justicia es uno de los tópicos más conocidos por cualquiera que tenga el mínimo contacto con el derecho en España, la existencia de errores, traspapeles y retrasos es también experiencia común de todos los que tienen un mínimo conocimiento del funcionamiento de los tribunales. No es nada nuevo, y año tras años se ven pasar gobiernos, ministros y consejeros sin que se haya apreciado un interés serio por cambiar sustancialmente la política de medios y de personal de la justicia española.
Es por todo lo anterior que me sorprende un tanto la reacción del Gobierno en el asunto de la sanción al juez Tirado. Confieso que no tengo conocimiento directo del asunto (como supongo que la mayoría de los que están opinando en tertulias y periódicos sobre el mismo), por lo que me limitaré a transmitir mis impresiones personales sobre el desarrollo de los acontecimientos, enmendables por cualquiera que tenga más información que yo.
Cuando se supo que el asesino de Mari Luz tenía pendiente de cumplir una condena de prisión que no había sido ejecutada por un retraso inexplicable de la administración de justicia no me sorprendió mucho; como digo, cosas como éstas pasan con frecuencia, más por la falta de medios de la justicia que por otra cosa. Lo que me comenzó a sorprender fue la contundencia con la que entonces se manifestó el presidente del gobierno, haciendo patente su intención de llegar al fondo del asunto. Entonces pensé: "cuidado, porque el fondo del asunto es que debería haberse hecho hace años una reforma de la justicia que no se ha abordado, por lo que, teniendo en cuenta que el Presidente ya lleva cuatro años en el poder, podría resultar que en el fondo del asunto estuviera él". Evidentemente, poco se tardó en desviar el tema hacia la oficina judicial, y ahí el Ministro de Justicia, haciendo uso de la potestad que tiene sobre la secretaria del juzgado, procedió a sancionarla con dureza. Me sorprendió desagradablemente esta sanción. Aún sin conocer los detalles del caso me parece del todo punto desproporcionado el intento de responsabilizar de la muerte de Mari Luz al juzgado que no había ejecutado la orden de prisión para el asesino, e injusto pretender tapar con esta responsabilidad personal la falta de medios de la justicia.
Seguramente de ser el Ministro de Justicia competente para sancionar al juez Tirado hubiera obrado con la misma contundencia que contra al secretaria sancionada; pero, claro, al tratarse de un juez la competencia para sancionar la tiene el Consejo General del Poder Judicial, y no el gobierno. La sanción del Consejo ha sido más leve que la que en su día impuso el Ministro de Justicia, más ajustada, seguramente, a la realidad del caso y alejada, por tanto, de la tentación de un linchamiento público que viene jaleándose desde el gobierno. En estos días asistimos a la reacción del gobierno ante esta sanción, y es una reacción airada. Sinceramente, me preocupa.
Y me preocupa porque en esta reacción creo percibir el enfado porque el Consejo General del Poder Judicial se haya apartado de la línea seguida por el Gobierno. El Ministro de Justicia había marcado un camino y el Consejo prefirió seguir por otro, como digo, seguramente más justo. El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial obraban cada uno dentro de sus competencias y creo que desde una perspectiva institucional hubiera resultado más sano que el Gobierno se hubiera abstenido de criticar (¡y con qué dureza!) la decisión del Consejo. ¿Qué hubiera pasado si el Consejo hubiera reaccionado de la misma manera ante la sanción que el Ministro de Justicia impuso a la Secretaria del Juzgado? Hubiera resultado impensable ¿verdad? pues igual de impensable debería ser que el Presidente del Gobierno se manifestara de la forma en que lo está haciendo ante el ejercicio legítimo de sus competencias que hace el Consejo General del Poder Judicial.
A mi me parece grave esta injerencia del Gobierno en el Consejo, sobre todo porque es prueba de que la falta de tolerancia de los partidos políticos ante las mínimas muestras de discrepancia que puedan darse desde la sociedad. Soy consciente de que acabo de hacer un salto lógico, he pasado del Gobierno a los partidos; pero creo que es justificable. Las auténticas estructuras de poder actual son los partidos políticos, se asciende en el partido y de ahí se pasa al Legislativo (las Cortes, los Parlamentos autonómicos) o al Ejecutivo y la Administración (el Gobierno de España, los gobiernos de las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones). En este sentido los Parlamentos y los gobiernos municipal, autonómico y central son sucursales directas y evidentes de los partidos políticos. En todos estos ámbitos los partidos colocan sin problemas, legal y legítimamente a sus miembros; pero ya no es bastante. El Poder Judicial aún se resiste, y no porque los Jueces sean impermiables a las ideologías o a los partidos, que no lo son; sino porque en este ámbito no se puede colocar directamente a los miembros del aparato del partido. No opera el Poder Judicial como un destino directo para quienes han hecho carrera en el partido. Bueno, tras la última renovación del Consejo General del Poder Judicial esto se podría matizar; pero aún estamos lejos de que los tribunales se conviertan en un equivalente de las diputaciones a estos efectos.
Tengo la impresión de que los partidos no se encuentran satisfechos con esta situación. Ellos quieren para si a toda la sociedad en un doble sentido: en primer lugar, para poder pagar servicios al partido y, en segundo lugar, para tener una influencia directa en todas las esferas donde se desarrolla actividad humana. En ese sentido allí donde hay cualquier movimiento social debe estar el partido, parece ser esta la consigna.
Y hemos llegado al punto en que cuando alguien no se quiere plegar a las exigencias de los partidos se arriesga a que sobre él caigan las iras del poderoso. "Sométete o muere". Cede al pensamiento único, a la partitocracia o atente a las consecuencias. Es por eso que las graves acusaciones de corporativismo que desde el partido en el Gobierno se han apresurado a lanzar sobre el Consejo General del Poder Judicial me producen escalofríos. En la Guerra de las Galias se cuenta cómo Julio Cesar solía ofrecer a las ciudades que sitiaba la posibilidad de rendirse. Si rechazaban su oferta eran arrasadas sin piedad, en alguna ocasión, incluso, mató a todos sus habitantes, pese a la tremenda pérdida que le suponía no poder venderlos como esclavos, tal como el mismo cuenta. Las palabras de estos días me han hecho recordar esos terribles episodios. Julio César parece haber dado ya la orden de atacar la fortaleza judicial.
Desde hace siglos existe conciencia de que ese inmenso poder debe sujetarse al procedimiento. El procedimiento no es más que la sucesión de actuaciones, necesariamente documentadas para que existan garantías, que conducen desde la denuncia o la demanda a ese momento terrible en el que la puerta de una prisión se cierra o se procede a la subasta de la casa de alguien.
Todos esos papeles son gestionados por las distintas sedes de la administración de justicia: juzgados de primera instancias, juzgados de instrucción, juzgados penales, juzgados de lo contencioso administrativo, de lo laboral, audiencias provinciales, audiencia nacional, tribunales superiores de justicia, tribunal supremo... Las necesidades de la justicia, del procedimiento exigen que todos esos papeles vayan de una a otra oficina, de uno a otro tribunal; generando este movimiento, a su vez, más papeles, ya que todo debe constar, quedar por escrito, documentarse. Es necesario para que existan las debidas garantías, ya lo he dicho antes.
Es claro que por el volumen de los papeles que se generan en la administración de justicia, por la importancia sustancial de lo que representan y por la necesidad de una eficaz comunicación entre los distintos órganos jurisdiccionales sería necesario que esta administración de justicia estuviera dotada de medios excelentes, personal, equipamientos informáticos, intranets de gestión, etc. Curiosamente, sin embargo, en nuestro país nada de esto sucede. Es experiencia común de quien se acerca al Registro Civil, por ejemplo, asombrarse de que en el siglo XXI aún no se haya producido la informatización de los documentos que allí constan. Cualquiera que se pase por un Juzgado comprueba que los legajos, papeles y escritos se acumulan entorno a los ordenadores antediluvianos que aún conviven con máquinas de escribir en no pocas oficinas judiciales.
No es por tanto, extraño que se extravíen papeles, que se acumulen retrasos y que, en ocasiones, no sea hasta años después de concluido un plazo que se dicta la decisión que era debida. Son circunstancias habituales en nuestra administración de justicia que tienen mucho que ver con la escasez de medios y de personal. En lo primero contaré que conozco a una magistrada que se pasa una vez a la semana por la Audiencia, mete en una maleta los expedientes sobre los que tiene que resolver y se va con ellos a su casa, porque no dispone en su lugar de trabajo de una mesa. Sobre lo segundo diré que, al menos hace unos años, cuando consulté el dato, resultaba que en Alemania el número de jueces era cuatro veces el número de jueces de España. Teniendo en cuenta que la población de Alemania es, aproximadamente, el doble de la población española, resultaría que en España deberíamos tener el doble de jueces de los que disponemos en la actualidad para que su volumen de trabajo fuera el de un juez aleman.
La falta de personal y de medios de la justicia es uno de los tópicos más conocidos por cualquiera que tenga el mínimo contacto con el derecho en España, la existencia de errores, traspapeles y retrasos es también experiencia común de todos los que tienen un mínimo conocimiento del funcionamiento de los tribunales. No es nada nuevo, y año tras años se ven pasar gobiernos, ministros y consejeros sin que se haya apreciado un interés serio por cambiar sustancialmente la política de medios y de personal de la justicia española.
Es por todo lo anterior que me sorprende un tanto la reacción del Gobierno en el asunto de la sanción al juez Tirado. Confieso que no tengo conocimiento directo del asunto (como supongo que la mayoría de los que están opinando en tertulias y periódicos sobre el mismo), por lo que me limitaré a transmitir mis impresiones personales sobre el desarrollo de los acontecimientos, enmendables por cualquiera que tenga más información que yo.
Cuando se supo que el asesino de Mari Luz tenía pendiente de cumplir una condena de prisión que no había sido ejecutada por un retraso inexplicable de la administración de justicia no me sorprendió mucho; como digo, cosas como éstas pasan con frecuencia, más por la falta de medios de la justicia que por otra cosa. Lo que me comenzó a sorprender fue la contundencia con la que entonces se manifestó el presidente del gobierno, haciendo patente su intención de llegar al fondo del asunto. Entonces pensé: "cuidado, porque el fondo del asunto es que debería haberse hecho hace años una reforma de la justicia que no se ha abordado, por lo que, teniendo en cuenta que el Presidente ya lleva cuatro años en el poder, podría resultar que en el fondo del asunto estuviera él". Evidentemente, poco se tardó en desviar el tema hacia la oficina judicial, y ahí el Ministro de Justicia, haciendo uso de la potestad que tiene sobre la secretaria del juzgado, procedió a sancionarla con dureza. Me sorprendió desagradablemente esta sanción. Aún sin conocer los detalles del caso me parece del todo punto desproporcionado el intento de responsabilizar de la muerte de Mari Luz al juzgado que no había ejecutado la orden de prisión para el asesino, e injusto pretender tapar con esta responsabilidad personal la falta de medios de la justicia.
Seguramente de ser el Ministro de Justicia competente para sancionar al juez Tirado hubiera obrado con la misma contundencia que contra al secretaria sancionada; pero, claro, al tratarse de un juez la competencia para sancionar la tiene el Consejo General del Poder Judicial, y no el gobierno. La sanción del Consejo ha sido más leve que la que en su día impuso el Ministro de Justicia, más ajustada, seguramente, a la realidad del caso y alejada, por tanto, de la tentación de un linchamiento público que viene jaleándose desde el gobierno. En estos días asistimos a la reacción del gobierno ante esta sanción, y es una reacción airada. Sinceramente, me preocupa.
Y me preocupa porque en esta reacción creo percibir el enfado porque el Consejo General del Poder Judicial se haya apartado de la línea seguida por el Gobierno. El Ministro de Justicia había marcado un camino y el Consejo prefirió seguir por otro, como digo, seguramente más justo. El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial obraban cada uno dentro de sus competencias y creo que desde una perspectiva institucional hubiera resultado más sano que el Gobierno se hubiera abstenido de criticar (¡y con qué dureza!) la decisión del Consejo. ¿Qué hubiera pasado si el Consejo hubiera reaccionado de la misma manera ante la sanción que el Ministro de Justicia impuso a la Secretaria del Juzgado? Hubiera resultado impensable ¿verdad? pues igual de impensable debería ser que el Presidente del Gobierno se manifestara de la forma en que lo está haciendo ante el ejercicio legítimo de sus competencias que hace el Consejo General del Poder Judicial.
A mi me parece grave esta injerencia del Gobierno en el Consejo, sobre todo porque es prueba de que la falta de tolerancia de los partidos políticos ante las mínimas muestras de discrepancia que puedan darse desde la sociedad. Soy consciente de que acabo de hacer un salto lógico, he pasado del Gobierno a los partidos; pero creo que es justificable. Las auténticas estructuras de poder actual son los partidos políticos, se asciende en el partido y de ahí se pasa al Legislativo (las Cortes, los Parlamentos autonómicos) o al Ejecutivo y la Administración (el Gobierno de España, los gobiernos de las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones). En este sentido los Parlamentos y los gobiernos municipal, autonómico y central son sucursales directas y evidentes de los partidos políticos. En todos estos ámbitos los partidos colocan sin problemas, legal y legítimamente a sus miembros; pero ya no es bastante. El Poder Judicial aún se resiste, y no porque los Jueces sean impermiables a las ideologías o a los partidos, que no lo son; sino porque en este ámbito no se puede colocar directamente a los miembros del aparato del partido. No opera el Poder Judicial como un destino directo para quienes han hecho carrera en el partido. Bueno, tras la última renovación del Consejo General del Poder Judicial esto se podría matizar; pero aún estamos lejos de que los tribunales se conviertan en un equivalente de las diputaciones a estos efectos.
Tengo la impresión de que los partidos no se encuentran satisfechos con esta situación. Ellos quieren para si a toda la sociedad en un doble sentido: en primer lugar, para poder pagar servicios al partido y, en segundo lugar, para tener una influencia directa en todas las esferas donde se desarrolla actividad humana. En ese sentido allí donde hay cualquier movimiento social debe estar el partido, parece ser esta la consigna.
Y hemos llegado al punto en que cuando alguien no se quiere plegar a las exigencias de los partidos se arriesga a que sobre él caigan las iras del poderoso. "Sométete o muere". Cede al pensamiento único, a la partitocracia o atente a las consecuencias. Es por eso que las graves acusaciones de corporativismo que desde el partido en el Gobierno se han apresurado a lanzar sobre el Consejo General del Poder Judicial me producen escalofríos. En la Guerra de las Galias se cuenta cómo Julio Cesar solía ofrecer a las ciudades que sitiaba la posibilidad de rendirse. Si rechazaban su oferta eran arrasadas sin piedad, en alguna ocasión, incluso, mató a todos sus habitantes, pese a la tremenda pérdida que le suponía no poder venderlos como esclavos, tal como el mismo cuenta. Las palabras de estos días me han hecho recordar esos terribles episodios. Julio César parece haber dado ya la orden de atacar la fortaleza judicial.
