Ser constitucionalista en Cataluña

Ayer Cs visitó Amur, en Gerona. Aquí encontrarán un vídeo donde se recoge parte la visita y de las declaraciones que hizo Inés Arrimadas. Recomiendo su consulta.

En este otro vídeo se encuentran las declaraciones de Arrimadas

Que un líder político y un partido se encuentren con la hostilidad que puede apreciarse en el vídeo cuyo enlace comparto al principio de esta entrada debería preocuparnos a todos. En vez de eso, sin embargo, habrá seguramente quien se refiera al acto de Cs como "provocación"; al igual que ya ha sucedido en otras ocasiones y como ha pasado con otros actos de constitucionalistas (por ejemplo, los de Joves de SCC en la UAB).

Cabría preguntarse qué han hecho Cs y los constitucionalistas para sufrir este boicot; pero dejaremos esa cuestión para más adelante. Ahora fijémonos en otra cosa, y es que aunque resulta extraordinariamente preocupante la hostilidad hacia los constitucionalistas; es aún más grave -y preocupante- la reacción que se concreta en pretender que actos como el de Cs en Amur son una provocación y que lo mejor sería no realizarlos.

¿Por qué es más grave lo segundo que lo primero?

Adelantaré la conclusión: porque indica que ya no somos plenamente una democracia, porque hay partidos y personas que han interiorizado que en Cataluña vivimos en un régimen nacionalista y que lo más sensato y prudente es no enfrentarse a él. Personas que están dispuestas a sacrificar los derechos de los demás por mantener "la paz social". ¿Les suena? Sí, es tan repugnante como parece.

Pero para comprobarlo debemos abandonar por un momento las emociones e ir a los datos.

Hay un informe que recomiendo, elaborado por Societat Civil Catalana en mayo de 2015. Se titula "Catalanes, secesionismo y participación electoral: una mirada a datos de registro electoral de municipios de Cataluña". Puede consultarse aquí.

La conclusión más relevante del estudio es que hay dos Cataluñas: una Cataluña, mayoritariamente no nacionalista, que se concentra en el área metropolitana, donde se ubica el 75% de la población en un 25% de los municipios y otra Cataluña, formada por pueblos más pequeños en el que se ubica el 25% de la población, pero distribuida en un número grande de municipios. Esa otra Cataluña reúne un 75% de los municipios de toda la Comunidad Autónoma, pese a que, como hemos visto, tan solo viven en ella 1 de cada 4 catalanes y es lo que podríamos denominar "Cataluña. nacionalista", lo que a veces se designa también como "Cataluña interior" o, incluso, "Cataluña profunda".

Esta segunda Cataluña es la Cataluña de Amer, de Vic, de Osona o de Berga; de esos lugares en los que algunos asumen que el constitucionalismo está de más. Esos sitios en los que "todo el mundo" es nacionalista.

¿Todo el mundo?

Cuando se visitan esos pueblos esa puede ser la impresión. El espacio público está ocupado por símbolos nacionalistas, incluidos ayuntamientos y otros edificios que deberían ser de todos. Las fiestas populares son colonizadas por los activistas separatistas y hasta se utiliza la megafonía municipal para llamar a la independencia.

En muchos de estos municipios, además, no hay más representación política que la de los nacionalistas. Partidos como Cs (primer partido en Cataluña tras las últimas elecciones autonómicas), PP o PSC ni siquiera presentan listas electorales en las elecciones locales.

¿Es que no hay constitucionalistas en estos sitios? Sí que los hay, como podemos comprobar por los resultados de las elecciones generales, autonómicas o europeas, aquellas en quienes viven en esos municipios y no comparten los planteamientos nacionalistas tienen la opción de votar las opciones políticas que les identifican. Veamos, por ejemplo, los resultados en Berga de las últimas elecciones autonómicas:

Como puede verse, en esas elecciones la suma de los votos de C's y PP supuso más del 12% de los emitidos. En cambio en las elecciones municipales el escenario es éste:

Ninguna candidatura de Cs ni del PP. El PSC se presentó con el nombre de CP (Candidatura de Progrés) y obtuvo algo más de un 7% de los votos. En otros municipios de Cataluña ni siquiera existe candidatura del PSC, aunque sea disimulando las siglas.

De esta manera, el constitucionalismo se invisibiliza en una parte de Cataluña, y no porque no haya quienes se oponen a la secesión, sino porque los nacionalistas han creado las condiciones necesarias para que resulte cuando menos incómodo manifestar que no se comparte la ideología nacionalista.

El estudio de SCC que mencionaba antes aporta un dato muy relevante en este sentido: analiza los resultados de la consulta del 9-N y concluye que ni siquiera en aquellas partes de Cataluña en las que el nacionalismo es hegemónico deja de haber un número significativo de personas que se oponen a la secesión.

La nube de puntos que cruza el gráfico descendiendo de izquierda a derecha indica el porcentaje de Sí-Sí (a favor de la independencia) en cada municipio. Se aprecia como en los municipios más pequeños el porcentaje de personas a favor de la independencia es mayor que en los grandes municipios (los que se sitúan a la derecha del gráfico); pero incluso en esa Cataluña nacionalista, la que parece homogénea y uniforme existen constitucionalistas que, sin embargo, no dejan oír su voz y que tan solo pueden expresarse depositando una papeleta en algunas -no en todas- las convocatorias electorales. Existe una Cataluña en la que el nacionalismo es mayoritario; pero en el que existen también no nacionalistas que, sin embargo, permanecen en silencio.

[Este cuadro está también extraído del informe de SCC y muestra, entre otras cosas, el porcentaje de voto en las "dos Cataluñas". En. la Cataluña del 25% el voto a los nacionalistas es mayoritario (51%),  pero el porcentaje de personas que no votan a partidos nacionalistas sigue siendo alto, como puede comprobarse]

El silencio de los catalanes constitucionalistas en la Cataluña interior me parece muy grave porque indica un déficit democrático que debería preocuparnos. En vez de eso, sin embargo, para muchos (partidos, medios, intelectuales, opinadores) este oscurecimiento del constitucionalismo en esos municipios "forma parte del paisaje", y no se dan cuenta -o no quieren darse cuenta- de que esa ausencia es la que explica también, por ejemplo, el acoso a quienes piden el respeto a sus derechos; así a las familias que reclaman una presencia mínima de castellano en la educación.

Para el régimen nacionalista este silencio es, sin embargo, importante. Si no se debate sobre los temas que no interesan al nacionalismo, si no se visibiliza la existencia de una parte de la sociedad catalana que se opone a sus planteamientos, si no se traslada la imagen de división dentro de los catalanes ellos, los nacionalistas, seguirán pretendiendo ser la voz de todos los catalanes ante el Gobierno español y en el extranjero. Seguirán intentando presentar su caso como el de la opresión a un pueblo, el catalán, que se opone frontalmente a su permanencia en España.

Además la imagen aplastante de hegemonía disuadirá por sí misma a los disidentes. Es humana la tendencia a seguir lo que se piensa que es la opinión generalizada. Cuanto más se transmita que existe un pensamiento ampliamente aceptado y frente al que no caben discrepancias más difícil será que surjan éstas.

Como puede verse, técnicas totalitarias de manual.

Y frente a esto algunos, que no son nacionalistas, en vez de apoyar a los constitucionalistas y denunciar el acoso que sufren en Cataluña dicen que "provocamos".

Miserables y estúpidos.

Estúpidos porque no se dan cuenta (o no se quieren dar cuenta) de lo que aquí explico, de que lo que estamos viviendo con el silenciamiento sistemático de las voces discrepantes en Cataluña es una técnica totalitaria que debería repugnar a cualquier demócrata.

Y miserables porque carecen de la mínima dignidad que ha de tenerse en la vida pública para defender los derechos de otros cuando son atacados. Cuando los jóvenes de SCC o ahora de S'Ha Acabat realizan un acto y son boicoteados o insultados, cuando Cs acude a Amer o a Vic y su acto es prohibido, cuando se niega a las familias la presencia mínima de castellano en la educación o se cuelgan símbolos partidistas en los edificios públicos se están vulnerando derechos, y ante esto cualquier demócrata debería reaccionar como un resorte, sin importar quién los vulnera o quiénes son los que ven sus derechos quebrantados; ante la restricción de derechos un demócrata solamente puede colocarse al lado de quien sufre esa limitación y denunciar a quien la provoca.

Un demócrata, claro.

Supongo que ahora ya estará clara la respuesta a la pregunta que planteaba al principio ¿qué ha hecho Cs o los constitucionalistas para merecer ese boicot permanente? Simplemente existir y no callar, no aceptar la sumisión nacionalista que pretende que todos asuman que los nacionalistas son ciudadanos de primera en Cataluña y que los derechos de los demás están condicionados a lo que ellos decidan.

Porque hablar, disentir y mostrar que no se renunciará al Estado de Derecho y a los derechos que de él se derivan es, efectivamente, una provocación para quienes sueñan con una sociedad homogénea bajo el nacionalismo: un pueblo, una lengua, un país, un Estado. Y luego la unión con el resto de Países Catalanes.

¿Les suena?

Eso es lo que hay, y ante eso solamente existe una posición digna: dar voz a quienes no la tienen, defender los derechos de todos y reivindicar la democracia. Reivindicarla frente a quienes la boicotean y también frente a quienes pretenden que defenderla es "provocar".

Spain is not overreacting to the nationalist rebellion in Catalonia (a response to Noah Feldman's article "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion")

My friend Jamie Mayerfeld, has told me about Noah Feldman's article "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion," published on Bloomberg. I think that the article contains some errors of appreciation, especially in regard to the consequences of what the columnist calls a "small" rebellion. Maybe not so small, since it caused the reaction of dozens of countries and of the European Union.

However, I will not deal with this question here, because what interests me now is to analyse the reasons that may lead some foreign commentators to perceive in a biased way what is happening in Catalonia. According with this intention, I will not follow the article point by point, but only use it as an example of many other commentators, especially from abroad. These commentators show what I consider an inexplicable sympathy to those ones who caused the crisis of the year 2017 in Catalonia.

I believe that a key element to understand what happened in Catalonia in the months of September and October 2017 (in the fall of 2017, if you allow me to be in some way imprecise, since the events began in the summer, specifically in September 6) is to assume that the "rebellion" -to employ the same term used by Noah Feldman- was carried out by the public power, not by citizens who faced such public power. I think that this fact is often overlooked. One considers the images of the people at the streets and it is instinctively internalized that the conflict arises between demonstrators (Catalan nationalists) and the police (Spanish government). This is not true. The main actor of the conflict was the Catalan Government, the peak of a public power with a budget of 32,000 million euros per year and which manages in Catalonia education, health, prisons, universities, police (17,000 armed agents) and much of the transport, among other competences (protection of minors, consumer protection, culture ...). That is to say, the "rebellion" was not against the power, but from the power, a rebellion that implied that this public power declared itself freed from the limits established in the Constitution and in the laws. A power who decided to act outside the legal limits.

As I have just said, I think that this perspective should be taken into account. It is not the same thing that a citizen or a group of citizens protest before the public power, that this public power decides to exercise the monopoly of the use of force outside the framework of the law. This is precisely what happened in Catalonia: the Catalan Parliament repealed the Spanish Constitution in Catalonia, the regional government disobeyed the Spanish Constitutional Court and finally the regional government and Parliament declared independence.

What this did mean for the Catalans who did not share the nationalist programme? I can speak in my own name: I am a citizen of Catalonia, subjected to the public power of the Generalitat and I am against the secession and against nationalism. And, in addition, I have showed openly my opposition to the secession and to the Catalan nationalism. In what situation did I find myself once the public power that rules the policemen who watch the streets I walk, the schools where my children study, the hospitals where I go to when I get sick, the University where I work and the prisons in which I would end if I am arrested, decides to act outside the law, against the Constitution and deprive me of the guarantees that I have up to now (recourse to the Spanish Ombudsman, the Spanish Constitutional Court or the European Court of Human Rights)? This is exactly what millions of Catalans felt in those weeks of September and October 2017.

I say millions and I am not exaggerating, since in Catalonia the nationalist parties obtain less votes than the parties that do not defend the secessionist project. The Catalan electoral system, which favours the areas in which the nationalist vote is concentrated, transforms a minority of votes in a majority of seats in the regional Parliament, but this should not make us forget that Catalan non-nationalists are more that the nationalists. And we also must be aware that despite the fact that the public media, the schools and the administrations use almost exclusively Catalan, more than half of the Catalans have Spanish as their mother language. Another nationalist imposition.

But let's go back to that pathological situation in which the public power decides to act outside the law. In the first year in the Law Faculty we explain that one of the differences between the Ancien Régime and modern States is that in the Ancien Régime public power acts without external limits, while in modern States authorities must subject their action to the legal limits. This submission of the public power to the law is a guarantee for citizens. For decades I had known this as part of the Theory of Law and of the Constitutional Law. In the year 2017 I knew what do you feel when you are subjected to a power that acts outside the law. And it is not nice.

That is why it was essential to recover the rule of law in Catalonia. And Noah Feldman underlines this idea in his article. Specifically, when he states that he understands the reasons for the Spanish Government to resort to the exceptional mechanisms that enable the Constitution to enforce the law in an Autonomous Community through the direct attribution of the control of the region to the government of Spain. As I have already said, the recovery of the rule of law in Catalonia was essential not only for reasons linked to the functioning of the constitutional institutions, but also to enforce the rights of all Catalan citizens, who did not deserve to be subjected to a public power acting outside the Constitution and of the law and against the decisions of the courts. A situation, obviously, inadmissible in any democracy.

My discrepancy with Feldman is about the adoption of penal measures in relation to the leaders of the "rebellion". It seems that he thinks that it would be better to turn the page without introducing proceedings before the criminal courts. I disagree

First we need to consider the seriousness of what happened. I have already advanced some ideas about that:

- The regional parliament repealed the Constitution.

- The regional government disobeyed the Constitutional Court.

- The regional government called an illegal referendum.

- Barricades and other obstacles were erected in order to difficult the movements of the police.

- The illegal occupation of schools and other public buildings was organized to hold the referendum.

- Resistance to the police was organized to prevent the policemen from complying with court orders.

- The policemen that had orders to close the premises where the referendum was being held were attacked.

- Policemen out of service were persecuted and harassed.

- In the schools the children of the policemen were publicly pointed out.

- In the schools, protests against police action were organized involving minors (in some cases young children).

- Databases were developed for the census of the referendum vulnerating the regulation about personal data protection.

- And independence was declared ... twice.

Do we really defend that this does not deserve criminal reproach? I think it is not serious to maintain this position. Some or all of these behaviours can be considered as criminal offences according with the Spanish Criminal Code and, therefore, they must be investigated. A different question is which specific criminal offences should be considered. Here there is room for the debate, a debate in which Noah Feldman is kindly invited to participate, but taking in consideration that this debate should be based on the rules of the Spanish Criminal Law. A discussion of this kind in a democratic state can only be made on the basis of the law.

And this is not a formalism. There is another confusion here that must be denounced. Sometimes it is maintained that the Spanish government should do this or that in relation to the situation of the accused due to the events of the autumn of 2017, without realizing that in Spain there is a separation of powers. Those who judge are the courts, not the government, and the accusation is responsibility of the prosecutor, not of the government. And really both the judges and the prosecutor are independent and act in accordance with what is established by the law, not according to political considerations. When, according with the law, a criminal offence has been committed, it is not an option to leave the criminal alone. There is an obligation to prosecute those crimes. It is not possible to refrain from accusing or condemning. What the government can do, once the accused has been judged and condemned -if at the end there is a condemn- , is to apply measures of grace such as pardon. But in the phase in which we are now, the government can do nothing more than respect what judges and prosecutors are doing.

Now, let's forget for a moment what I have just explained and let’s pretend that it is possible to retire the charges against those who are responsible for the events of September and October 2017 in Catalonia. What message does this convey?

To answer this question, we have to realize that Catalan society is deeply divided. People from abroad sometimes think that all Catalans are nationalists, that all Catalans want independence, that all Catalans are against the trials of imprisoned politicians and that all Catalans reject the Spanish police. That is not true. As I have indicated, at least half of the Catalans reject secession and a very significant number reject the nationalist policies that make us feel second class citizens in our own country. In short, Catalan society is a society without consensus.

And in a society without consensus, respect for the law is the only thing that guarantees coexistence. If the nationalists are allowed to skip the law without consequences, which options we, the non-nationalist, have? Only two: submission to the nationalists or also to skip the law. Do we want to create this situation, this terrible dilemma? Well, the irresponsible proposal to look the other way before the criminal offences of the nationalists would drive us to that dilemma.

Certainly, we must seek reconciliation, and for that reconciliation there is only one way: dialogue between Catalans, dialogue between nationalists and non-nationalists. But this is a path that nationalists reject. I will explain an anecdote: a year ago or so I met in a television program with Irene Rigau, a nationalist leader who had been regional Minister of Education when Artur Mas was president of the regional government. We discussed the presence of Spanish language in schools and I said that I could agree with her at one point. The moderator then pointed out to Rigau that I could agree with her and she said that she could never agree with me. For nationalists, non-nationalist Catalans simply do not exist, we are "out of the framework", and all they want is to establish a dialogue with the Spanish government that leaves the non-nationalist Catalans out of the scene. This way drives to a no solution because ignores half of the population of Catalonia. It would be good for the Spanish government to condition any dialogue with the nationalists on the previous dialogue in Catalonia and on the respect for the law. This is the way to recover coexistence. And this way is not the way of leaving the criminal offences of nationalists without punishment or of negotiating only with nationalists. The way is to recover the rule of law and to establish channels of communication among all Catalans.

These perspectives are not in Noah Feldman's article. I can understand that he neglects these nuances, because it is difficult to appreciate them from another country, but I think that they should be taken into account when you speak -and even more when you write- about the situation in Catalonia.

I thank Jamie Mayerfeld for the questions he has made and his suggestion to convert the dialogue we have had about this topic into a post.

Spain is not overreacting to the nationalist rebellion in Catalonia (sobre el artículo de Noah Feldman "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion")

Mi amigo Jamie Mayerfeld, me comenta el artículo de Noah Feldman "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion", publicado en Bloomberg. Creo que el artículo contiene algunos errores de apreciación, sobre todo en lo que se refiere a las consecuencias de lo que el articulista califica como de una "pequeña" rebelión que, sin embargo, no debió ser tan pequeña cuando motivó reacciones de decenas de países y de la Unión Europea.

No me ocuparé aquí de este aspecto, porque lo que me interesa es reflexionar sobre los motivos que pueden llevar a algunos comentaristas extranjeros a percibir de una manera sesgada lo que está sucediendo en Cataluña. De esta manera, no seguiré el artículo punto por punto, sino que tan solo me servirá para intentar ejemplificar una perspectiva que he visto en algunos comentarios, sobre todo procedentes del extranjero, que muestran una inexplicable simpatía con los causantes de la crisis del año 2017 en Cataluña.

Creo que un elemento clave para entender el verdadero alcance de lo acaecido en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017 (en el otoño de 2017, si se me permite la imprecisión, pues los hechos comenzaron en el verano, en concreto el día 6 de septiembre) es el asumir que la "rebelión", por emplear el término que utiliza el propio Noah Feldman, fue protagonizada por el poder público, no por ciudadanos que se enfrentaban a dicho poder público. Este, me parece, es un elemento que con frecuencia se pasa por alto. Se queda uno en las imágenes de las genes en las calles e instintivamente se interioriza que el conflicto se plantea entre manifestantes (nacionalistas catalanes) y la policía (gobierno español). Esto no es así. El actor principal del conflicto fue el Gobierno catalán, la cúspide de un poder público con un presupuesto de 32.000 millones de euros anuales y que gestiona en Cataluña la educación, la sanidad, las prisiones, las Universidades, la policía (17.000 agentes armados) y gran parte de los transportes, entre otras competencias (protección de menores, protección de consumidores, cultura...). Es decir, la "rebelión" no fue contra el poder, sino desde el poder, una rebelión que implicaba que dicho poder público se declaraba liberado de los límites establecidos en la Constitución en las leyes para actuar al margen de estas.

Como digo, creo que esta perspectiva ha de ser tenida en cuenta. No es lo mismo que un ciudadano o un grupo de ciudadanos protesten ante el poder público que este poder público decida ejercer el monopolio de la violencia que tiene al margen de las leyes y los límites establecidos. Esto es justamente lo que sucedió en Cataluña: el Parlamento catalán derogó la Constitución española en Cataluña, el Gobierno regional desobedeció al Tribunal Constitucional español y finalmente el Gobierno regional y el Parlamento declararon la independencia.

¿En qué situación dejaban estas actuaciones a los catalanes que no compartíamos los planteamientos nacionalistas? Puedo hablar en nombre propio: soy ciudadano de Cataluña, sometido al poder público de la Generalitat y contrario a la secesión y al nacionalismo. Abiertamente contrario, además. ¿En qué situación me encontraba una vez que el poder público que dirige a los policías que vigilan las calles, las escuelas donde estudian mis hijos, los centros de salud a los que acudo cuando estoy enfermo, la Universidad en la que trabajo y las prisiones en las que acabaría si soy detenido decide actuar al margen de la ley, en contra de la Constitución y privarme de las garantías que hasta ahora tengo para mis derechos (recurso al Defensor del Pueblo español, al Tribunal Constitucional español o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos)? Esta es justamente lo que sentíamos millones de catalanes en aquellas semanas de septiembre y octubre de 2017.

Digo millones y no exagero, puesto que en Cataluña los partidos nacionalistas obtienen menos votos que los partidos que no comparten los planeamientos secesionistas. El sistema electoral catalán, que prima las zonas en las que se concentra el voto nacionalista, hace que una minoría de votos se convierta en una mayoría de escaños en el Parlamento regional, pero esto no ha de hacernos olvidar que son más los catalanes no nacionalistas que los nacionalistas, igual que hemos de ser conscientes de que pese a que los medios públicos de comunicación, la escuela y las administraciones utilizan casi exclusivamente el catalán más de la mitad de los catalanes tienen como lengua materna el castellano. Otra imposición nacionalista.

Pero volvamos a esa situación patológica en la que el poder público decide actuar al margen de la legalidad. En el primer año en la Facultad de Derecho se explica como la diferencia entre el Antiguo Régimen y los Estados modernos es que en el Antiguo Régimen el poder público actúa sin límites externos, mientras que en los Estados modernos quienes ejercen ese poder público han de sujetar su actuación a los límites legales. Este sometimiento es una garantía para los ciudadanos. Durante décadas había sabido esto como parte de la Teoría del Derecho y del Derecho Constitucional. En el año 2017 supe lo que es sentir verse sometido a un poder que actúa al margen de la ley. Y no es agradable.

Es por eso que resultaba imprescindible recuperar el Estado de Derecho en Cataluña. Y Noah Feldman así lo entiende en su artículo, cuando manifiesta que entiende las razones para que el Gobierno español recurriera a los mecanismos excepcionales que habilita la Constitución para hacer cumplir la ley en una Comunidad Autónoma mediante la atribución directamente al gobierno de España del control de la región. Como digo, esta recuperación del Estado de Derecho en Cataluña era imprescindible no solamente por razones institucionales, sino también para hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos catalanes, que no se merecían verse sometidos a un poder público que actuaba al margen de la Constitución y de la ley y en contra de las decisiones de los tribunales. Una situación, evidentemente, inadmisible en cualquier democracia.

A partir de aquí la discrepancia de Feldman es acerca de la adopción de medidas penales en relación a los líderes de la "rebelión". Pareciera entender que sería mejor pasar página sin entrar en actuaciones ante los tribunales criminales. Discrepo.

Lo primero que tenemos que ver es la gravedad de lo sucedido y que en parte ya he adelantado:

- Se derogó la Constitución en Cataluña.

- Se desobedeció al Tribunal Constitucional.

- Se convocó un referéndum ilegal

- Se organizaron barricadas y otros obstáculos para dificultar la actuación de la policía.

- Se organizó la ocupación ilegal de escuelas y otros edificios públicos para realizar el referéndum.

- Se organizó la resistencia a la policía para impedir que diera cumplimiento a las órdenes judiciales.

- Se atacó a la policía que tenía orden de cerrar locales donde se estaba desarrollando el referéndum.

- Se persiguió y acosó a policías fuera de servicio.

- En las escuelas se señaló públicamente a los hijos de los policías.

- En las escuelas se organizaron protestas contra la actuación de la policía en las que participaron menores (en algunos casos niños pequeños).

- Se elaboraron bases de datos para el censo del referéndum al margen de las presiones legales sobre protección de datos personales.
- Y se declaró la independencia... dos veces.

¿En serio mantenemos que esto no merece reproche penal? Creo que no es serio mantener esta postura. Algunas o todas de estas conductas pueden entrar en varios tipos penales del Código Penal español y, por tanto, han de ser investigadas. Otra cosa es qué tipos concretos, y sobre esto hay margen de debate, un debate en el que Noah Feldman está cordialmente invitado a participar, pero que ha de hacerse a partir de la consideración de los distintos tipos penales previstos en el Derecho español. Una discusión de este tipo en un Estado democrático no puede hacerse más que sobre la base del tenor de la ley.

Y esto no es un formalismo. Existe aquí otra confusión que ha de ser denunciada. A veces se mantiene que el Gobierno español debería hacer esto o lo otro en relación a la situación de los acusados por los hechos del otoño de 2017 sin darse cuenta de que en España existe separación de poderes. Quienes juzgan son los tribunales, no el Gobierno, y quien acusa es el Fiscal, no el Gobierno; y realmente tanto los Jueces como el Fiscal son independientes y obran de acuerdo con lo que establece la ley, no según consideraciones políticas. Si de la ley se deriva que se han cometido delitos que han de ser perseguidos no es una opción dejar de hacerlo, existe la obligación de perseguir esos delitos. No es posible abstenerse de acusar o de condenar. Lo que puede hacer el Gobierno es, una vez juzgados y condenados, aplicar medidas de gracia como el indulto; pero en la fase en la que nos encontramos el Gobierno nada puede hacer, tan solo respetar lo que están haciendo jueces y fiscales.

Ahora bien, olvidémonos por un momento de lo que acabo de explicar y pensemos que es posible mirar para otro lado y dejar sin cargos a los responsables de los hechos de septiembre y octubre ¿qué mensaje se traslada con esto?

Para responder a esta pregunta hemos de darnos cuenta de que la sociedad catalana está profundamente dividida. Desde el extranjero a veces se piensa que todos los catalanes son nacionalistas, que todos los catalanes quieren la independencia, que todos los catalanes están en contra de los juicios a los políticos presos y que todos los catalanes rechazan a la policía española. Esto no es cierto. Tal como he indicado, la mitad al menos de los catalanes rechazan la secesión y un número muy significativo rechazan las políticas nacionalistas que nos hacen sentir ciudadanos de segunda en nuestro propio país. En definitiva, la sociedad catalana es una sociedad que carece de consensos.

Y en una sociedad que no tiene consensos el respeto a la ley es lo único que garantiza la convivencia. Si los nacionalistas tienen bula para saltarse la ley sin consecuencias ¿qué nos queda a los demás? Tan solo dos opciones: someternos a los nacionalistas o saltarnos nosotros también la ley. ¿Queremos crear esta situación, esta disyuntiva terrible? Pues a ella conduce la irresponsable propuesta de mirar para otro lado ante los delitos de los nacionalistas.

Ciertamente hemos de buscar la reconciliación, y para eso solamente hay un camino: el diálogo entre catalanes, entre los catalanes nacionalistas y no nacionalistas. Pero esta es una vía que los nacionalistas rechazan. Contaré una anécdota: hace un año o así coincidí en un programa de televisión con Irene Rigau, una líder nacionalista que había sido Consejera de Educación en la época de Artur Mas. Discutíamos sobre la presencia de castellano en las escuelas y en un momento dado dije que podría estar de acuerdo con ella en un punto. El presentador entonces le apuntó a Rigau que yo podría estar de acuerdo con ella y ella dijo que conmigo ella nunca podría estar de acuerdo. Para los nacionalistas los catalanes no nacionalistas simplemente no existimos, estamos "fuera del marco", y lo único que pretenden es establecer un diálogo con el gobierno español que deje al margen a los catalanes no nacionalistas. Esta vía no puede conducir a ninguna solución y sería bueno que el gobierno español condicionara cualquier diálogo con los nacionalistas al diálogo previo en Cataluña y al respeto a la ley por parte de todos. Esta es la vía para recuperar la convivencia. Una vía que no pasa por mirar para otro lado o negociar únicamente con los nacionalistas, sino hacer respetar el Estado de Derecho y establecer vías de comunicación entre todos los catalanes.

Estas son perspectivas que el artículo de Noah Feldman no tiene en cuenta. Lo entiendo, porque desde afuera es difícil apreciar los matices que aquí planteo, pero me gustaría que se tuvieran en cuenta cuando se habla, y más cuando se escribe, acerca de la situación que se vive en Cataluña.

Agradezco a Jamie Mayerfeld las preguntas y la sugerencia de convertir en un post el diálogo que hemos mantenido sobre este tema.

Rankings democráticos

En las últimas semanas se han publicado las nuevas ediciones dos conocidos rankings sobre calidad democrática. Uno de ellos el de la revista "The Economist", el otro de "Freedom House". Cada uno de estos rankings utiliza diferentes metodologías y, por tanto, los resultados no son los mismos; pero pueden observarse algunas tendencias comunes. En ambos el número de países que se sitúan en los estándares más altos es relativamente reducido (para "The Economist" solamente 20 países en el mundo pueden ser considerados democracias plenas), y los países se sitúan en posiciones parecidas, aunque no iguales. Así, en el caso del ranking de "The Economist" los primeros 20 países (democracias plenas) son los siguientes:

1- Noruega.

2- Islandia.

3- Suecia.

4- Nueva Zelanda.

5- Dinamarca.

6- Irlanda.

6- Canadá.

8- Finlandia.

9- Australia.

10- Suiza.

11- Países Bajos.

12- Luxemburgo.

13- Alemania.

14- Reino Unido.

15- Uruguay.

16- Austria.

17- Mauricio.

18- Malta.

19- España.

20- Costa Rica.

Y en el índice de "The Freedom House"

los 20 primeros países son los siguientes:

1- Finlandia.

2- Noruega.

3- Suecia.

4- Canadá.

5- Países Bajos.

6- Australia.

7- Nueva Zelanda.

8- Uruguay.

9. Dinamarca.

10- Irlanda.

11- Bégica.

12- Japón.

13- Portugal.

14- Suiza.

15- Chile.

16- Chipre.

17- Estonia.

18- Alemania.

19- Eslovenia.

20- España.

Como podemos ver, solamente 13 países figuran entre los 20 primeros en ambas listas. Si se quisiera intentar una especia de "ranking conjunto" a partir de los puestos en ambos estudios sumando las posiciones que cada país tenga en ambos; y teniendo en cuenta que cuanto más bajo fuera el número, obviamente, más sería la calidad en la democracia y en las libertades que debiera esperarse resultaría lo siguiente:

1- Noruega: 3

2- Suecia: 6

3- Finlandia: 9

4- Canadá: 10

5- Nueva Zelanda: 11

6- Dinamarca: 14

7- Australia: 15

8- Irlanda: 16

8- Países Bajos: 16

10- Uruguay: 23

11- Suiza: 24

12- Alemania: 31

13- Japón: 34

14- Reino Unido: 37

14- Austria: 37

16- España: 38

16- Chile: 38

18- Portugal: 40

18- Estonia: 40

20- Bélgica: 44

20- Costa Rica: 44

En este hipotético ranking conjunto Francia estaría en el puesto 25 y Estados Unidos en el 26, situados entre Taiwan y la República Checa. Italia estaría justo detrás de ésta en el puesto 28.

Creo que esta lista es significativa. De los 21 países que la integran 14 son europeos, 4 americanos , 2 de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) y tan solo uno asiático (Japón). No hay ningún país africano. De las 14 europeos, 10 son miembros de la UE (excluyendo ya aquí al RU), lo que, creo, confirma que la UE es el referente mundial en lo que se refiere a democracia y libertades.

Si consideramos el ámbito lingüistico en que se incardinan estos países vemos que hay 5 que tienen el inglés como lengua principal. 4 son países con el español como lengua oficial, en 3 de ellos el alemán es el idioma único o el principal (Alemania, Austria y Suiza) y el francés está presente en 3 de ellos (Canadá, Suiza y Bélgica).

De los más de 7600 millones de habitantes de la Tierra menos de 700 millones viven en estos 21 países, Tan solo 8 de cada 100.

Analizar, mejorar, extender. No demos por descontada la democracia ni la libertad. Cuidémoslas.