Casi un 67% de los españoles optan por la monarquía, mientras que menos de un 30% lo hacen por la república. Ahora bien, hay otro dato interesante. Mientras que en el conjunto del país el apoyo a la monarquía es claro, entre quienes apoyan a los tres bloques que forman la mayoría de gobierno (PSC/PSOE, Podemos y nacionalistas) la opción preferida es la república. Con relativamente poca diferencia en el caso del PSOE (51 por ciento a favor de la república y 45% a favor de la monarquía), pero con mucha en el caso de Podemos (más de un 80% a favor de la república) y de los nacionalistas (más de un 73% a favor de la república).
Es decir, tenemos un país claramente monárquico gobernado por republicanos. Esto, en sí, no debería ser un problema, pero se convierte en tal cuando ese gobierno utiliza su posición para debilitar a la monarquía. Y eso es lo que está haciendo, como se vio con mucha claridad cuando se le negó al rey estar presente en el acto de toma de posesión de los nuevos jueces en Barcelona. Me ocupaba de ello en un vídeo de hace unas semanas
Y es un problema porque esa campaña contra la monarquía desde el poder y también desde ciertos medios de comunicación -algunos públicos-, al dirigirse a un país mayoritariamente monárquico lo que provoca es tensión y división. Existe un sentimiento difuso, pero cada vez más sólido, de una actuación injusta por parte del gobierno. Y es injusto porque quiene gobierna puede -y debe- llevar adelante su programa electoral, pero no puede modificar los consensos sobre los que se asienta nuestro sistema político por vías diferentes de la reforma constitucional. Esto es, un presidente (o un vicepresidente) del gobierno pueden ser legítimamente republicanos; pero mientras el jefe del estado sea un rey, en el ejercicio de sus funciones han de actuar como monárquicos. Y están plenamente legitimados, como cualquier otro, para instar la modificación de la constitución y convertir a España en una república; pero mientras eso no suceda el rey ha de tener el papel que le corresponde como jefe del estado y no puede ser arrinconado por el mismo gobierno que prometió su cargo ante él.
En el caso de España, además, el ataque al rey se vincula muy claramente con el cuestionamiento global de la constitución de 1978 que es explícito en Podemos y en los nacionalistas y que muchos tememos que alcance también al PSOE, llevado aquí de la mano del PSC, quien no ha tenido problema en apoyar iniciativas destinadas a debilitar a la corona. Este cuestionamiento no implicaría solamente cambiar la forma política de España; lo que ya es muy relevante, como veremos enseguida; sino que también va unida a la regulación del derecho de secesión de las comunidades autónomas, lo que, obviamente, supondría una transformación profunda de lo que ahora es España.
A lo anterior aún se añadiría un cambio en la arquitectura política global, restando importancia a la división de poderes y al respeto a los derechos fundamentales. En lo primero, el intento del partido socialista y de Podemos de cambiar la forma en que se designaría a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, conviritiendo a este órgano en una sucursal del gobierno más que del parlamento, y que ha sido parado por la rápida actuación de la Unión Europea, nos indica cuál podría ser el modelo de país que sustituiría al que ahora tenemos. En lo que se refiere al respeto a los derechos, es constante la vulneración de los mismos por parte de las instituciones controladas por los nacionalistas sin que esa vulneración haya llevado a la construcción de políticas orientadas a la garantía de los mismos (neutralidad de las instituciones, derechos lingüísticos de los castellanohablantes, derecho a la participación política, entre otros). Al revés, en algunos casos se ha apoyado explícitamente esa vulneración de derechos como ha sucedido recientemente con la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Educación, orientada -la reforma- a consolidar el sistema de inmersión lingüísitica obligatoria en catalán que ya ha sido declarado por los tribunales como contrario a la constitución.
Es por lo anterior que el debate entre monarquía y república no es en absoluto formal. Para muchos, el debate no es más que una manifestación de otro más profundo entre un sistema político basado en la división de poderes, la garantía de los derechos de todos y el mantenimiento de la integridad territorial del estado, y otro modelo en el que el poder ejecutivo tendría amplios poderes, los derechos fundamentales no estarían garantizados cuando perjudican a quien detenta el poder y en el que la unidad territorial del estado podría quebrarse conduciendo España a la balcanización.
Como digo, los dos debates están conectados puesto que un cambio en un elemento esencial de la constitución de 1978 como es la forma política del estado, podría facilitar la introducción de otros cambios en línea con lo defendido por los partidos que forman actualmente la mayoría de gobierno en España.
Y esto nos conecta con el último punto del que quería ocuparme: la diferencia entre monarquía y república no es meramente formal. Si bien desde un planteamiento formalista la república sería un sistema político más democrático y moderno, pues estaría libre de ese residuo medieval que es el monarca, que adquiere su posición por herencia, lo que es, sin duda, muy poco racional, lo cierto es que la realidad es un poco más compleja cuando se considera en su contexto histórico.
Las repúblicas modernas nacen a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX por el mecanismo de sustituir la figura del rey por la de alguien elegido por los ciudadanos o por una parte de ellos; pero que en buena medida asumiría el papel que tenían los reyes en el Antiguo Régimen. Ciertamente, se pueden establecer contrapesos al poder del presidente; pero en esencia nada impide que una república sea un estado en el que no se respetan los derechos de las minorías ni la división de poderes.
La monarquía parlamentaria, en cambio, sigue una evolución distinta: el rey se mantiene como jefe del estado, pero progresivamente se le van limitando poderes hasta convertirlo en una figura puramente simbólica (lo que no quiere decir que no sea importante; los símbolos importan, e importan mucho). De esta forma el conjunto del sistema descansa en esos principios democráticos que van mucho más allá de las elecciones libres y que incluyen también el respeto a la ley, la división de poderes y la garantía de los derechos fundamentales. Al haber reducido el jefe del estado a un mero símbolo es más difícil que nadie se apropie de más facultades de las que le tocarían en ese equilibrio delicado que es toda democracia moderna.
De acuerdo con lo anterior, por tanto, no debería sorprender que entre las 20 democracias plenas del mundo, 10 son monarquías y 10 son repúblicas, mientras que entre los 20 países menos democráticos del mundo, 19 son repúblicas y solamente uno es una monarquía
Así pues, el debate entre monarquía y república es más profundo de lo que a veces parece. Es un debate que afecta a las libertades y a la integridad del estado. Es por eso que es tranquilizador que el apoyo a la monarquía sea alto, y también que el rey haya transmitido que su compromiso con todos, con la constitución y con España es firme. Eso no puede querer decir otra cosa diferente de que no va a tirar la toalla, que se mantendrá en su puesto y que, por tanto, la única forma de poner fin a la monarquía parlamentaria en España será por una reforma de la constitución.
Quien se anime a esa reforma que la proponga, y mientras no se produzca, aténganse todos, y el primero el gobierno, presidente y vicepresidentes incluidos; a esa constitución, incluido su artículo 1.3
