El jardín de las hipótesis inconclusas. Un espacio abierto a todas las ideas, por locas que sean, y a todos los planteamientos, por alejados que estén de los pareceres comunes.
Voy a hacer de propagandista de Podemos. Con mucho gusto traduzco para mis amigos de toda España cuáles son las propuestas de su marca en Cataluña, "En comú Podem" para "el desbloqueo". Lo hago completamente gratis por el mero placer de difundir las ideas de este grupo que tantas simpatías levanta entre personas que se dicen de izquierdas:
"Propuesta para el desbloqueo: una solución política para Cataluña
Desde la sentencia del Estatuto, la gestión política realizada por los principales responsables políticos e institucionales, con la aplicación del artículo 155, la judicialización de la política y la unilateralidad nos han alejado de la solución.
La sentencia del juicio del proceso ha agravado la situación. Ha generado indignación, manifestaciones masivas y pacíficas, y situaciones de arbitrariedad y violencia lamentables. Y ha demostrado, una vez más, que lo que es político no se solucionará nunca con tribunales.
Necesitamos sentarnos y reconstruir confianzas. Buscar acuerdos para devolver el conflicto a la política de donde no debería haber salido nunca, y para salir de forma rápida del bloqueo en el que nos encontramos. Por eso necesitamos soluciones viables y rápidas que generen nuevas condiciones para el diálogo y dibujen una salida que no responda a una lógica de vencedores ni vencidos.
Creemos que existe un bloque amplio de fuerzas políticas y mayorías sociales que compartirán una solución a dos velocidades:
1. Desbloqueo y retorno al diálogo
En primer lugar, de forma inmediata, los gobiernos del Estado y de la Generalitat deberían trabajar en el desbloqueo y en la creación de marcos estables de diálogo a partir de tres puntos:
- BLINDAR Y REFORZAR EL AUTOGOBIERNO EN CATALUÑA. Tras años de retroceso y recentralización es necesario abrir una nueva etapa, basada en el respeto a Cataluña y en poner fin a las amenazas de intervención del autogobirno. Una nueva etapa de estabilidad institucional, que permita a Cataluña desarrollar todas las herramientas disponibles -sin trabas y con competencias y recursos suficientes- para la lucha contra las desigualdades y la emergencia climática. Por eso, es necesario poner en marcha de la forma más inmediata posible, las siguientes herramientas de autogobierno recogidas en el marco legislativo actual:
· Blindaje de las competencias propias, del modelo de escuela catalana y de la inmersión lingüística.
· Cumplimieento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña y transferencia de los recursos e inversiones pendientes.
· Revisión del sistema de financiación para Cataluña y el resto de comunidades infrafinanciadas.
- LIBERTAD: INDULTO. Sin que los presos y las presas puedan volver a casa no tendremos las condiciones para el diálogo y la solución del conflicto político. Con independencia de la legitimidad de otras alternativas, creemos que el indulto constituye ahora mismo la vía más rápida y más susceptible de obtener apoyos para conseguir la libertad de los condenados y comenzar a avanzar.
- CREACIÓN DE UNA MESA DE DIÁLOGO PARA UN NUEVO ACUERDO ENTRE CATALUÑA Y ESPAÑA. Para llegar a una solución política es necesario crear los marcos de diálogo estable que tengan el encargo de trabajar con tiempo suficiente para aportar salidas al conflicto. En este sentido, se crearán mesas a nivel catalán y estatal que incorporen la diversidad política y de posiciones sobre este tema. Entendemos que el diálogo se tiene que fundamentar en el respeto mutuo entra las partes y, por tanto, ha de partir del reconocimiento de Cataluña como sujeto político.
1. Un nuevo pacto entre Cataluña y España
Una vez que se haya desarrollado una primera fase de desbloqueo y de generación de las condiciones necesarias para el diálogo, a través de la mesa creada se elaborará una propuesta de resolución de este conflicto: un nuevo pacto entre Cataluña y España.
Para alcanzar este nuevo pacto, nos hace falta un trabajo de fondo, que no puede ser inmediato, que requiere antes volver a una situación de estabilidad y de reconocimiento mutuo.
Somos conscientes de que el problema político de fondo radica en la existencia de diferentes visiones sobre cuál ha de ser la relación entre Cataluña y España. Avanzar hacia la resolución definitiva de este conflicto exige tiempo, pedagogía y un diálogo real y llegar a una propuesta de pacto.
El diálogo que proponemos tiene que servier para construir este nuevo pacto, una nueva relación entre Cataluña y España, que los y las catalanas tendrían que poder votar y refrendar. El diálogo, entonces, culminaría con la votación de un acuerdo.
Respetando las propuestas que puedan hacer los diferentes actores en este espacio de diálogo, desde "En Comú Podem" defenderos que Cataluña, como nación de un Estado plurinacional, gane soberanía y pueda siempre decidir libremente su futuro".
Una propuesta que, como se ve, se basa en:
- Reconocimiento de Cataluña como sujeto político capaz de decidir de manera autónoma su futuro político (independencia).
- La expresa distinción entre España y Cataluña como si fueran realidades diferentes.
- La asunción de que quienes derogaron la Constitución en Cataluña han de ser puestos en libertad de manera inmediata a través de un indulto.
- La asunción de que las protestas que se han vivido estas semanas en Cataluña han sido pacíficas.
- La necesidad de dar más competencias a la Generalitat incluyendo el "blindaje" del sistema educativo y de la inmersión...
Vamos, creo que hay partidos nacionalistas más moderados en sus pretensiones respecto al autogobierno (en realidad preparación de la independencia) que lo que es "En Comú Podem".
¡Cómo me asusta lo rápido que vamos hacia la autodestrucción de España! Estamos más cerca de lo que pensamos de que esto se convierta en una nueva Yugoslavia.
Y no, no soy tremendista. Podemos es un partido que puede llegar a tocar poder, mucho poder en realidad, y aquí vemos su programa para España: separar de manera progresiva pero firme un 16% de su población conviritiéndolos en extranjeros y facilitando el mantenimiento del pernicioso régimen nacionalista que tanto daño ha causado.
Tenemos un Ministro de Universidades que fue astronauta. Despegó hace años en un cohete y dio unas cuántas vueltas en torno a la Tierra, a unos centenares de kilómetros de altura.
Luego lo han hecho ministro de cosas terrenas, entre otras las Universidades.
Hoy se daba a conocer una carta firmada por 800 profesores universitarios (y unas cuántas personas más que no son profesores universitarios) en la que se denuncia la instrumentalización política de las Universidades catalanas en favor del proceso secesionista.
No es un tema menor. La neutralidad de las universidades públicas es una exigencia para la pureza de las elecciones de acuerdo con lo establecido en su momento por la Junta Electoral Central. Y, por si nos hemos olvidado, estamos en período electoral. Por otra parte, esta neutralidad es también imprescindible para garantizar la libertad ideológica en los campus. Otro tema que no es menor. Finalmente, dado que la falta de neutralidad es debida a una toma de partido por las Universidades en favor del secesionismo, que pone en riesgo la vigencia en Cataluña de la Constitución española con todo lo que eso implica no podemos decir que estamos ante una nadería.
Preguntado, sin embargo, nuestro ministro astronauta por la carta ha contestado literalmente "no me meto"
Seguramente pensaba el astronauta metido a ministro que estas cosas de los derechos fundamentales, la neutralidad de las instituciones, la garantía de las libertades y la defensa de la Constitución es demasiado terreno (en el sentido de mundano) para él. A la vez que se conocía que los tribunales confirmaban que alumnos universitarios españoles habían visto vulnerados sus derechos fundamentales por la institución universitaria, el ministro, en respetuoso silencio ante tales vulneraciones y condenas, se dedicaba a tuitear sobre los problemas de la Estación Espacial Internacional.
Es de agradecer la empatía del ministro con los ocupantes de la estación; pero ¿no merecemos los universitarios españoles también su atención? Más que nada porque es el responsable dentro del gobierno de España del tema de Universidades y, por tanto, entre sus competencias se encuentra velar porque los derechos fundamentales sean respetados en todas las Universidades españolas y éstas cumplan su misión con respeto a las obligaciones legales y constitucionales.
Es su responsabilidad, señor Duque, y los universitarios no merecemos su desprecio.
Hoy ha sido un día muy duro para estudiantes universitarios que pretendían ir a clase y veían cómo encapuchados bloqueaban los accesos a sus centros. Ha habido enfrentamientos y, de nuevo, los derechos de los estudiantes se han visto vulnerados. Incluso se han gritado consignas amenazadoras como "Pim, pam, pum, que no quedi ni un".
Ante esto la valoración del Ministro es la que podría hacer un tertuliano a la vez que se escudaba en una falsedad: que no tiene jurisdicción. ¿Es que el Estado español no tiene competencias en materia de universidades? ¿Desconoce el ministro que la norma básica en la Universidad es la Constitución española? ¿Es ajena la Constitución española al Gobierno de España? ¿No sabe el Ministro que la segunda norma en relevancia en materia universitaria es la Ley Orgánica de Universidades que es una ley estatal? ¿Desconoce el Ministro que hay un estatuto estatal del estudiante universitario que garantiza los derechos básicos de todos los estudiantes universitarios?
Y a esto añade un retweet de un partido político. Una declaración del PSC, que comparto y que me parece muy bien; pero que no puede ser la respuesta de un Ministro a un problema que afecta a su área de competencia.
¿Cómo es posible que tengamos un ministro de Universidades que desconoce los elementos básicos del departamento que ha de gestionar?
De verdad ¿nos merecemos esto?
Señor ministro, ¿por qué no se incorpora a un programa espacial, no sé, el que se ocupa de planificar el primer viaje de un ser humano a Marte, se dedica a lo que le gusta y deja este cargo que a usted tan poco le parece importar y que tan importante es para el presente y el futuro del país?
Las noticias que nos llegan sobre la modificacion de los criterios de evaluacion en las Universidades catalanas para favorecer la participación de los alumnos en las protestas organizadas por los nacionalistas deberían escandalizarnos.
Y deberían hacerlo, ante todo, porque implican una toma de partido partidista por la Universidad que agrava las declaraciones aprobadas en los claustros hace unos días y los comunicados ya emitidos. Unos comunicados que desde hace años asumen el relato nacionalista y desprecian los valores constitucionales.
Y estamos hablando de Universidades públicas.
Pero además de lo anterior, deberían preocuparnos porque suponen un fraude académico de considerables dimensiones. Esto es quizás más difícilmente apreciable desde fuera de la Universidad, pero para el personal académico debería resultar bastante evidente. Intentaré explicarlo a continuación.
Para entenderlo tenemoo que tener en cuenta los cambios que hemos experimentado en la organización de las enseñanzas universitarias en las últimas décadas. Hace 30 años los títulos universitarios eran diseñados desde el Ministerio con competencia en materia de Universidades. Este diseño ocupaba unas pocas páginas del BOE limitándose a recoger el listado de materias que deberían impartirse (las asignaturas). A partir de ahí la cosa era sencilla: el alumno se matriculaba de cada asignatura y en algún momento el profesor responsable debía certificar que había aprobado la asignatura. El plan de estudios no se metía en cómo se obtenía ese aprobado. Se daba por supuesto que se concedería cuando el alumno hubiera mostrado que "sabía" la materia; lo que implicaba normalmente la superación de un examen que podía ser final o una suma de exámenes parciales; oral o escrito, incluir algún tipo de prueba práctica o ser simplemente "teórico". Todas estas cuestiones no estaban reguladas y era competencia de cada profesor fijar la forma en que comprobaba los conocimientos adquiridos y el nivel necesario de dichos conocimientos.
Y llegó Bolonia.
Con Bolonia los cambios fueron significativos y no cesan. Para empezar, son las Universidades quienes diseñan sus planes de estudios. Cada Universidad debe elaborar su proyecto de plan de estudios para cada título. En su momento participé en la elaboración del de mi Universidad para el Grado en Derecho (e incluso en un Libro Blanco sobre el Grado en Derecho preparado por la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho Españolas) y doy fe de lo laborioso que era la elaboración de ese documento, que ya no eran unas pocas páginas, sino más de un centenar, que incluía no solamente las materias que deberían cursarse en el Grado, sino también las competencias y habilidades que deberían adquirirse al final del mismo. Estas competencias y habilidades no se limitaban a meros "conocimientos", sino que debían abarcar la capacidad del alumno para encontrar y analizar información, presentarla en público, trabajar en equipo, valorar desde una perspectiva ética determinados problemas sociales y un largo etcétera de ítems que debían figurar necesariamente en la memoria del Grado y, además, explicarse detalladamente cómo se adquirían durante los años de formación del alumno.
En este contexto el sistema de evaluación era (y es) una parte fundamental. Ya no se trata de que cada profesor decida a su gusto y manera qué nivel de conocimientos ha de adquirir el alumno, con libertad para determinar en qué forma se constata la asunción de dichos conocimientos, sino que ha de vincularse la forma de evaluación con el contenido del Grado y explicar cómo se constatará a través de la evaluación la adquisición de conocimientos, competencias y habilidades que configuran los estudios. Esta correspondencia, además, es verificada de una manera externa, tal como veremos a continuación.
Para hacerse una idea, comparto aquí el cuadro sobre correspondencia entre resultados de aprendizaje y evaluación correspondiente a algunas asignaturas seleccionadas del Grado en Derecho de la UAB elaborado en el marco del proceso de acreditación del título
Estamos muy lejos de una improvisación sobre lo que cada profesor puede hacer para poner la nota en su asignatura. Y ahora no quiero entrar en si esto es bueno o malo (mi impresión personal es que muy bueno no es, pero ese es otro debate). Aquí me interesa dejar claro que los sistemas de evaluación en la Universidad están reglados y han de corresponderse de manera estricta con competencias, resultados de aprendizaje y, en definitiva, con lo que nos hemos comprometido a transmitir a los estudiantes que se matriculan en nuestros estudios.
Como digo, esto, a su vez, es verificado de manera externa. Cada cuatro o cinco años las Facultades han de elaborar un informe de evaluación, que es un documento de varios centenares de páginas, donde se explica qué se enseña, cómo se enseña y cómo se evalua. Dejo aquí el enlace al último informe de las titulaciones de la Facultad de Derecho de la UAB.
En ese informe, como acabo de explicar, se incluye lo relativo a la evaluación; y éste es uno de los aspectos más relevantes en la verificación del título. Una vez elaborado este informe por la Facultad es sometido a una comisión de expertos externos que lo analizan y valoran, a la vez que hacen críticas y propuestas de mejora. Como digo, el sistema de evaluación es uno de los aspectos objeto de consideración y en los informes se introducien indicaciones sobre este, así como propuestas de mejora. Comparto a continuación las páginas del autoinforme de la Facultad de Derecho dedicado a la evaluación en el Grado en Derecho:
Así como el reflejo de esto en las propuestas de mejora de la titulación
A lo anterior responde, por ejemplo, que en mi Facultad se haya incidido de manera profunda en la evaluación, haciendo obligatoria, por ejemplo, la evaluación continua. Esto es, no es posible realizar un examen final de la asignatura. Por indicación de los responsables académicos de la Facultad, y en aras, precisamente, de mejorar la calidad de la docencia y obtener mejores resultados en la próxima acreditación externa, se ha establecido un límite del 50% en el peso del examen final sobre el total de la calificación de la asigntura. El otro 50% de la nota deberá estar integrado por pruebas realizadas durante el curso. Por otra parte, el sistema de evaluación de cada asignatura ha de ser dado a conocer con carácter previo al inicio del curso, siendo también un elemento clave de la guía docente de la materia. Comparto a continuación, por ejemplo, lo relativo a evaluación de la guía docente de una de las asignaturas que imparto y que tuve que facilitar ya en el mes de julio con el fin de que estuviera publicada en el momento de empezar el curso
Se trata, como se ve, de información detallada, que ha de ser pública antes del comienzo del curso y que vincula la evaluación con los resultados del aprendizaje, tal como puede verse en el cuadro que figura al final del apartado.
En definitiva, la evaluación es algo reglado, que ha de corresponderse con lo realizado durante el curso y, además, esto que se realiza durante el curso ha de coincidir con aquellas competencias y habilidades que integran el título y que han sido explicitados en los documentos elaborados para su aprobación.
¿Nos damos cuenta ahora de la barbaridad que es cambiar a mitad de curso el sistema de evaluación para adecuarlo a las necesidades de los fabricantes de barricadas?
Que los claustros hayan aprobado declaraciones o peticiones que vayan en este sentido es grave; pero que los órganos de gobierno de la Universidad (equipos rectorales, consejos de gobierno, equipos decanales, etc.) hagan lo mismo entra de lleno en el fraude universitario, en el engaño con alevosía y en la mala práctica profesional.
Porque son esos mismos equipos de gobierno y consejos de gobierno los que llevan más de una década insistiendo en la necesidad de formalizar el sistema de evaluación, adecuarlo a los resultados de aprendizaje, someterlo a evaluación externa y condicionar la libertad del profesor a la hora de decidir cómo califica a sus alumnos.
Ahora, cuando llegue el próximo proceso de verificación externa de los títulos de nuestras Universidades ¿cómo meteremos en el autoinforme del título la flexibilización de la evaluación para facilitar que nuestros alumnos vaya a colocar barricadas o a quemar contenedores?
Espero que los equipos y consejos de gobierno reflexionen y no cedan a las presiones para destruir nuestro sistema universitario.
Deberían sorprendernos las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio contra los líderes del proceso secesionista en Cataluña. Que tras las casi quinientas páginas de sentencia aún se diga que es una sentencia "injusta", tal como sostienen los líderes nacionalistas no puede responder más que a la voluntad de manipular, a una carencia intelectual o -lo que es peor y más probable- ser consecuencia de la creencia que el Tribunal Supremo carece de legitimidad para juzgar a los políticos catalanes.
Si dejamos de lado esta última posibilidad, ninguna explicación tienen las críticas a la sentencia, puesto que ésta es exhaustiva en el detalle de los hechos acaecidos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 y en la participación en estos hechos de los condenados.
Veamos primero lo que se da por probado.
- Se da por probado que se aprobaron en Cataluña leyes que tenían como fin derogar la Constitución española.
- Se da por probado que se convocó y mantuvo la convocatoria por parte de la Generalitat de un referéndum de autodeterminación que era contrario a la Constitución y que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
- Se da por probado que se convocó a los ciudadanos a "defender las instituciones" tanto el 20 de septiembre, con ocasión del registro de la Consejería de Economía de la Generalitat como el 1 de octubre, con motivo del referéndum de autodeterminación.
- Se da por probado que se proclamó la independencia el día 10 de octubre, aunque esta proclamación fuera seguida de la solicitud de que esa declaración fuera dejada en suspenso en lo que se refiere a sus efectos.
- Se da por probado que se volvió a proclamar la independencia el 27 de octubre.
Evidentemente, lo anterior supone la comisión de un delito de desobediencia; y así ha sido asumido incluso por los nacionalistas. El testimonio de Artur Mas en el juicio fue claro: cuando explicaba las reuniones en las que había participado con carácter previo a los hechos de septiembre y octubre los participantes sabían que podrían incurrir en un delito de desobediencia. La desobediencia, por tanto, se daba por descontada.
¿Acaba en la desobediencia la tipificación de lo ocurrido?
Pues no. El elemento que hace -según el relato del Tribunal Supremo- que se pase de la desobediencia a la sedición se cifra en la llamada a que los ciudadanos "defendieran las instituciones" y "defendieran las urnas".
Creo que nadie puede negar que estas llamadas a la defensa de las instituciones o a la defensa de las urnas se hicieron por parte de los ya condenados.
¿Qué implicaban estas llamadas? Suponían intentar que por la presencia de la multitud fuera imposible que se realizara con normalidad el registro judicial de la Consejería de Economía (20 de septiembre) o se cumplieran las órdenes judiciales que obligaban a cerrar los locales habilitados como colegios electorales el 1 de octubre.
Creo que nadie podrá negar que este era el objetivo de las convocatorias de esos días. No se trataba simplemente de manifestarse, sino de impedir la acción de la policía y de los tribunales. Varios de los testigos ¡de la defensa! en el juicio que se desarrolló ante el Tribunal Supremo lo reconocieron tranquilamente. Cuando se les preguntaba por qué habían acudido tan pronto a los colegios electorales, antes de que abrieran, varios indicaron que lo hacían para poder organizarse y hacer imposible que la policía los cerrara. El "defensem les urnes" que tanto se nos repitió esos días.
Y eso, alzarse tumultuariamente para impedir al aplicación de las leyes o la actuación de los funcionarios, es delito. Así lo tipifica el artículo 544 del Código Penal
No creo que haya excesivas dudas sobre lo anterior: las convocatorias tanto del 20 de septiembre como del 1 de octubre tenían como fin afectar a la actividad de los funcionarios judiciales y de los policías que debían hacer cumplir órdenes judiciales. No se trataba tan solo de una manifestación, sino que pretendía conseguir un determinado efecto: que resultara imposible cumplir las órdenes judiciales.
El hecho de que este impedir se hiciera por la interposición de las personas entre los locales electorales y la policía, o mediante el mecanismo de rodear la Consejería de Economía no cambia las cosas. El propósito seguía siendo impedir o dificultar la actuación de la policía y de los funcionarios judiciales y, por tanto, caía en el tipo del delito previsto en el artículo 544 del Código Penal.
Ya sé que muchos creen incluso de buena fe que estas actuaciones están cubiertas por el derecho de manifestación; pero eso no es así. Pueden pensarlo o creerlo; pero es falso.
El derecho de manifestación es un derecho a eso, a manifestarse; pero el derecho no lleva ni implícita ni explícitamente el contenido de que ese derecho pueda utilizarse con el fin o de limitar otros derechos o impedir la actuación de la administración.
Es cierto que en la práctica el ejercicio del derecho de manifestación supone incomodidades (se hace preciso cortar la calle por la que discurre la manifestación, por ejemplo); pero crear estas incomodidades no puede ser el objeto directo de la manifestación. Una cosa es que como consecuencia de la afluencia de personas se provoquen alteraciones en la circulación y otra que provocar esas alteraciones sea el objeto directo de la actuación. Lo segundo no es admisible. Mucho menos, como digo, impedir que la policía cumpla con las órdenes judiciales.
Otra cosa es que se haya admitido cierta tolerancia en determinados supuestos. Así, por ejemplo, cuando un grupo pretende impedir un desahucio. En un sentido estricto en estos casos estaríamos también ante un supuesto de sedición, puesto que, como se ha indicado, una cosa es manifestarse y otra intentar impedir la actuación de la policía; pero los tribunales han venido admitiendo estas acciones como consecuencia de protestas. La Sentencia del Tribunal Supremo en relación a los líderes nacionalistas hace referencia a estos casos precisamente para negar que se trate de sedición cuando se trata de hechos aislados y que no suponen una especial gravedad (lo que es especialmente relevante para los activistas que se mueven en esa frontera entre lo legal y lo ilegal); pero no puede decirse lo mismo de los casos enjuiciados, en los que no se trataba de hechos aislados y en los que, además, el propósito era la imposibilidad de que pudiera aplicarse en Cataluña el ordenamiento jurídico español. Negar en estos casos que estamos ante el tipo de la sedición sería hacer perder sentido al tipo penal.
Y esto es lo que constata la sentencia: que existió un plan orientado a conseguir que una multitud impidiera el cumplimiento de las órdenes judiciales. ¿Alguien puede negar que este era el propósito de lo que pasó el 1 de octubre? ¿Alguien puede negar que lo que se pretendía era crear las condiciones para que la policía no pudiera cumplir las órdenes judiciales?
Pues si ese plan existió, los líderes del mismo son reos de sedición; y es claro que los integrantes del gobierno de la Generalitat lideraron ese movimiento orientado a hace ineficaces las órdenes judiciales. Convocaron el referéndum ilegal que había sido suspendido por el Tribunal Supremo y lo mantuvieron a la vez que creaban las condiciones necesarias para la movilización a la que alentaban desde su condición de autoridades públicas.
Suerte han tenido de que el Tribunal Supremo hubiera descartado el delito de rebelión, que hubiera requerido la prueba de que el plan incluía el ejercicio de la violencia con el fin de derogar la Constitución o provocar la secesión de una parte del territorio español. El Tribunal Supremo entiende que no se dieron los elementos que exige el tipo de la rebelión; pese a que existían indicios de que sí concurrían tales elementos. No entraré aquí en el comentario de esto, puesto que lo único que pretendo en esta entrada es mostrar que negar que se daba la sedición entra en el terreno de lo absurdo. Los hechos fueron conocidos por todos y creo que para todos resulta evidente que se pretendía evitar, mediante la acumulación de personas en los locales electorales, la actuación de la policía. Como digo, así lo declararon varios de los testigos de la defensa. En esas circunstancias ¿que base existe para negar la sedición?
Esta tarde he estado repasando algunos datos sobre las decisiones del Tribunal de Estrasburgo. Los que aquí compartiré están tomados de la página web del propio Tribunal; aunque la elaboración es mía y, por tanto, yo soy el responsable de los errores que pueda haber cometido al operar con la información que he encontrado en dicha página wet (y que puede consultarse aquí).
Mi interés actual por el tema se vincula, como no, con el tema de la Sentencia del proceso, las acusaciones de que se trataba de un juicio político y la amenaza por parte de los nacionalistas de acudir al Tribunal de Estrasburgo para que este denuncie la falta de calidad de la justicia española.
Como es sabido, el mantra de que es España es una democracia fallida y que presenta déficits en lo que se refiere a la protección y garantía de los derechos fundamentales es un clásico en el argumentario independentista, habiendo penetrado este argumento también en ciertos ámbitos fuera de España; donde pueden encontrarse acusaciones alegres sobre los pretendidos defectos de nuestra democracia.
No entraré aquí directamente en estas acusaciones, sino que me limitaré a considerar algunas cifras que pueden ser significativas (y no solo en relación a España). En concreto, las relativas a las sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal de Estrasburgo en relación a cada uno de los Estados miembros. A partir de aquí he elaborado los datos teniendo en cuenta la población de cada uno de los países y los años de vigencia del Convenio en cada país. El cuadro resultante con todos estos datos y con los países ordenados alfabéticamente (tomando como referencia el nombre en inglés) es el siguiente:
Este cuadro nos permite ver qué países tienen más condenas y cuáles menos. Si ordenamos este cuadro a partir del número de condenas de cada país, de menos a más condenas, nos encontraremos con el siguiente cuadro:
España se sitúa hacia la mitad de la tabla. Con 112 condenas está entre Letonia (111) y Macedonia (136). Como podemos ver por delante de países como Alemania (195 condenas), Reino Unido (315 condenas), Francia (736 condenas) o Italia (1830 condenas). En esta clasificación los países con menos condenas son Mónaco, Andorra y Liechtenstein.
No es sorprendente, porque es lógico que países pequeños (muy pequeños en realidad) tengan menos condenas que otros más grandes. Es por eso que creo más realista hacer una clasificación no a partir del número total de condenas; sino del número de condenas por cada millón de habitantes. De esta forma se tiene en cuenta el tamaño de los países y nos dará una imagen más real sobre el grado de cumplimiento del Convenio Europeo en cada uno de los Estados. El cuadro resultante es el que sigue:
Creo que este cuadro ya es más significativo. El país que, de acuerdo con este indicador, cumple mejor con el Convenio Europeo es Alemania, con tan solo 2,35 condenas por millón de habitantes. El segundo es España (2,38 condenas por millón de habitantes) y el tercero, Dinamarca. Los primeros diez países son, tras Alemania, España y Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Holanda, Noruega, Suecia y Francia. Los diez últimos en este ránking son Montenegro, Croacia, Grecia, Chipre, Bulgaria, Malta, Moldava, Eslovenia, Liechtenstein y San Marino. Si descartamos los países que tengan menos de un millón de habitantes (y en los que, por tanto, cualquier sentencia condenatoria supone una desviación importante sobre la media que se tuviera) y nos quedamos solamente con los países que superen ese millón de habitantes los diez con peores resultados serían los siguiente:
- Lituania.
- Letonia.
- Eslovaquia.
- Rumanía.
- Macedonia Norte.
- Croacia.
- Grecia.
- Bulgaria.
- Moldavia.
- Eslovenia.
Aún puede matizarse lo anterior teniendo en cuenta los años de vigencia del Convenio Europeo en cada país. Si tenemos eso en cuenta la clasificación anterior cambia ligeramente. Sería la siguiente:
Aquí España ya no es el segundo mejor país, sino el tercero. En el resto de las primeras diez posiciones nada cambia. Y en lo que se refiere a las diez últimas posiciones tan solo hay también cambios de orden entre los diferentes países.
Creo que los datos anteriores pueden ser interesantes. No se trata de juicios de valor descalificaciones (o calificaciones) gratuitas; sino datos sobre los que comentar, debatir y discutir; pero que creo que resultan claramente incompatibles con una afirmación que se repite con frecuencia: España no es una democracia plena. Falso. En España el respeto a los derechos fundamentales, a partir de los estándares internacionales objetivos, se situá en los niveles más altas del mundo, pudiendo compararse ventajosamente con países que son referencia de democracia para todos.
Tras las imágenes de estos días en Barcelona, quizás algunos tengan la tentación de afirmar que los catalanes se han vuelto violentos; confundiendo así a los grupos que queman, destrozan y golpean con toda la población de la Comunidad Autónoma. Evidentemente esto no es así y conviene dejarlo claro, sobre todo de cara a la opinión pública internacional. Una opinión pública a la que hay que repetirle que Cataluña es una sociedad profundamente dividida en la que menos de la mitad de la población desea la secesión. La otra mitad está sufriendo estos días la violencia entre la indignación y el temor porque las iras de la masa se dirigen de manera directa contra aquellos catalanes que discrepan de los planteamientos nacionalistas. No se trata de que los catalanes se levantan contra España, sino de que los independentistas violentos amenazan a los catalanes que se oponen a la secesión. Esa es la realidad.
Así pues, no podemos identificar violencia con Cataluña; pero tampoco podemos hacer esta identificación con el independentismo. Es decir, igual que es erróneo afirmar que los catalanes son violentos también lo es sostener que los independentistas son violentos. No, la mayoría de los independentistas no actúan de manera violenta, y esto tiene también que quedar claro.
No debería sorprender tampoco la afirmación anterior. En ninguna circunstancia ni país son millones los que recurren a la fuerza para conseguir su propósito. Se trata siempre de una minoría. No tener en cuenta este principio puede llevar a algunos errores de importancia.
Por ejemplo. Con frecuencia, sobre todo en el último año y medio, se ha repetido que las cosas en Cataluña "estaban más calmadas": las instituciones habían renunciado a las formas más extremas de desobediencia, el apoyo a la secesión bajaba y la mayoría de la población daba muestras de fatiga por el largo proceso al que estábamos sometidos. Todo esto es cierto, pero -tal como se ha visto- esto no supone que haya desaparecido el riesgo de violencia. Unas pocas docenas de personas pueden provocar ya altercados; unos centenares son suficientes para crear disturbios de importancia y bastan unos miles para iniciar una revolución. Éstas, las revoluciones, no son obra de millones de personas, sino de unos miles con convicción suficientes si están bien coordinados y dirigidos.
Y en Cataluña hay unos cuántos miles de personas que están dispuestos a utilizar cualquier medio para llegar a la secesión. Lo vimos hace unas semanas, cuando se descubrió una célula que estaba preparando explosivos y lo estamos ratificando esta semana de violencia creciente. Esto había sido desatendido de una manera alarmante por la opinión pública, por los políticos y, lo que es más preocupante, parece ser que por el Gobierno, que no ha conseguido todavía poner fin a unos incidentes gravísimos que, como decía, tienen sumida en la desolación y en la impotencia a una parte muy importante de la población de Cataluña.
Así pues, no son los centenares de miles de personas que en Cataluña desean la secesión los violentos, sino dentro de este grupo un relativamente pequeño porcentaje el que está dispuesto a destruir o, incluso, matar, para llegar a la independencia.
¿Concluye aquí el análisis? No por desgracia.
Como digo, dentro de los independentistas (dentro de los independentistas, lo de los infiltrados no merece la más mínima credibilidad) hay un grupo violento; pero el problema no se limita a la existencia de este grupo.
El problema es la tolerancia hacia la violencia, la idea de que existen formas de violencia que no son tales y la sumisión de las instituciones a los violentos. Iremos uno a uno.
En Cataluña existe tolerancia hacia la violencia cuando se dirige contra constitucionalistas. Lo he explicado muchas veces: los acosos a las carpas de Cs, de SCC o de S'ha Acabat! no han sido considerados como graves por las instituciones o por los políticos. El silencio ha seguido muchas veces a los ataques, cuando no la recriminación contra los atacados, a los que se ha acusado de buscarse problemas. Esta tolerancia hacia la violencia y la recriminación implícita hacia quienes discrepan del nacionalismo por mostrar públicamente sus opiniones es gravísima y la padecemos desde hace décadas, y ahí está el germen de lo que ahora está sucediendo. De insultar se pasa a boicotear, de ahí al lanzamiento de objetos y a los empujones, de esto a los golpes y lo siguiente es lo que nos estamos encontrando ahora: incendios, barricadas, levantamiento de vías, ataques a comercios, lanzamiento de cohetes caseros a helicópteros y lo que vendrá a continuación. No hay solución de continuidad entre unas cosas y otras, es una pendiente en la que cada vez se baja más rápido. Por supuesto, cuando ya no solamente se tolera, sino que se alienta desde las instituciones la violencia, el desastre está garantizado.
Lo segundo es que existen formas de violencia que son tomadas por otra cosa. Quienes el lunes intentaron colapsar el aeropuerto de Barcelona ¿piensan que no son violentos? Lo que en ocasiones se llama "protestas pacíficas" es, en realidad, violencia, porque restringe los derechos de los demás. Esto no está suficientemente asumido por la sociedad, donde muchos piensan que, por ejemplo, es legítimo cortar una carretera. No, no lo es. Todos tenemos derecho a circular si lo queremos, y si alguien se cree con derecho para cortar una carretera, habrá que asumir que quien no esté de acuerdo con el corte pueda hacer lo necesario para levantar las barricadas que se hayan colocado en la vía pública. Todos tienen derecho a protestar, pero no a impedir que los demás ejerzan sus derechos. Se tiene derecho a hacer huelga, pero no a impedir que otros trabajen o acudan a sus centros de estudio. Durante demasiados años, sin embargo, se ha dado por bueno que estas formas de protesta debían ser admitidas, lo que no implica más que asumir que quienes discrepan de quienes protestan han de someterse a su voluntad o a sus caprichos. No es así y cuando los ciudadanos pretenden ejercer sus derechos frente a quienes se lo quieren impedir se crean las condiciones para el conflicto; y no es justo evitar ese conflicto por la vía de exigir que se renuncie a derechos como el de circulación, trabajo o estudio.
Finalmente, es lamentable la sumisión de las instituciones a los violentos. En estos días estudiantes han ocupado rectorados y amenazado a los equipos de gobierno de las Universidades, quienes han acabado cediendo a estos violentos. Ver cómo la fuerza se impone a la dignidad de las instituciones es tremendamente doloroso, una muestra de la degradación de nuestra sociedad.
Así pues, no podemos conformarnos con afirmar que quienes queman y destrozan son unos centenares o unos miles. El respaldo social a la violencia, la admisión como protesta pacífica de actuaciones que en realidad son violentas y el achantamiento hacia los violentos construyen el contexto que permite situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo estos días. Sin una condena clara de la violencia, de todas las formas de violencia vayan dirigidas contra quien vayan dirigidas, tal como pedíamos hace poco con motivo de presentar el primer informe sobre violencia política en Cataluña, no se conseguirá recuperar la convivencia.
Trata de la esperada sentencia en el proceso contra los líderes del intento de derogación de la Constitución en Cataluña en septiembre y octubre de 2017.
No acaba de quedar claro del mismo si una sentencia "dura" sería ajustada a Derecho, pero entonces conveniente la clemencia o si, por el contrario, lo ajustado a Derecho sería una sentencia "blanda" (tan solo desobedecieron, todo fue un puro teatro, vaya) siendo cualquier cosa que pase de ahí un exceso que solo podría entenderse por el ánimo de venganza.
Diría que es lo segundo lo que en esencia se defiende; pero no puedo estar completamente seguro porque pasa de una cosa a la otra de una manera un tanto confusa.
En cualquier caso, desliza algunas críticas sobre el desarrollo del proceso que pudieran poner en duda la corrección de lo actuado. No se preocupe, señor Puigverd, España, como Estado democrático que es, da la oportunidad de que sus decisiones sean revisadas en el Tribunal de Estrasburgo, por lo que si se ha producido alguna vulneración del proceso debido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos podrá identificarlo y eso podría conducir, incluso, a una revisión de la sentencia que dicte el Tribunal Supremo.
Por cierto, este recurso al tribunal de Estrasburgo no sería posible en la República Catalana que se hubiera implementado de no haber actuado el Estado en el mes de octubre de 2017. Quizás esto le permita apreciar la preocupación con la que algunos vivimos aquellas semanas que para nosotros no fueron en absoluto de teatro, pues estaban en juego nuestros derechos y se vulneraron de manera evidente algunos de una cierta importancia, como es, por ejemplo, el derecho a que nuestros datos personales no sean usados para fines ilegales.
Esta es, quizás, una primera discrepancia con el señor Puigverd: lo que sucedió en septiembre y en octubre no fue una representación teatral, sino algo de una enorme gravedad porque el poder público desobedeció leyes y sentencias e intentó romper nuestro marco de convivencia derogando la Constitución en Cataluña.
Quizá esto a Antonio Puigverd no le parezca importante; pero sí que lo es para muchas personas -entre las que me incluyo- y, curiosamente (lo de curiosamente lo digo por lo que él parece pensar) también es considerado de una enorme gravedad por el ordenamiento jurídico español que, ¡fíjate tú! considera que es delito intentar derogar la Constitución por la vía de hecho. Si esa derogación se sirve de la fuerza el delito podría ser rebelión, con penas de una cierta entidad.
Esto es lo que ahora están intentando determinar los tribunales: si se dieron las circunstancias para que pudiéramos hablar de un delito de rebelión o de sedición. El señor Puigverd parece ya haber juzgado y creo entender que considera que no es así. Yo debo confesar que tengo mis dudas en lo que se refiere al concreto tipo aplicable; pero me parece que carece de lógica pretender que aquí no ha pasado nada y que lo único que hay es una desobediencia. Cuando se pone a toda una administración al servicio de un propósito ilegal que se concreta en la derogación por la vía de hecho de la Constitución defender que estamos ante una fruslería o es estúpido o es cínico. Creo que tan solo la imagen de los Mossos d'Esquadra, pistola al cinto, saludando marcialmente a quienes les agradecían su pasividad el 1-O mientras todos cantaban el "Bon colp de falç" sería suficiente como para que surgieran dudas más que fundadas sobre el carácter pacífico de lo acaecido.
El señor Puigverd no parece verlo así, sino que atribuye la dureza de la sentencia -en caso de que se produzca una sentencia dura- a la sed de venganza y no a la búsqueda de la justicia; y este es, creo un error de una cierta entidad.
Pero para darse cuenta de que es un error hay que asumir la perspectiva de quienes nunca somos considerados por el señor Puigverd: aquellos catalanes que no compartimos los ideales catalanistas, y a quienes nos dedicó un hermoso párrafo en septiembre de 2012 que debería incluirse en los anales de la indigencia moral. Desde la perspectiva de estos catalanes, lo que sufrimos desde hace décadas, pero especialmente desde 2012, es la constante vulneración de nuestros derechos por parte del poder público. ¿Repara el señor Puigverd en lo que eso significa? ¿en lo que sientes cuando ves que una y otra vez aquello a lo que tienes derecho es negado por las instituciones quienes displicentemente te remiten a los tribunales sabedoras de que el esfuerzo, tiempo y dinero que supone acudir a los tribunales disuadirá a la mayoría?
Este es el contexto del golpe de Estado de 2017: un poder público que llevaba tiempo desobedeciendo, incumpliendo y vulnerando nuestros derechos (sí, sí, nuestros derechos) incrementaba su desafío y nos amenazaba con privarnos de nuestra condición de españoles en España en cuestión de días.
Si en ese contexto, al final, el mensaje es que no merece reproche penal la actuación de quienes pretendieron apartarnos del país en el que nos integramos, o que ese reproche penal es mínimo ¿cuál es el mensaje que nosotros recibiremos? Pues que lo justo es que estemos sometidos a este poder que actúa al margen de la ley.
Esto el señor Puigverd no lo entiende. Si deseamos que se haga justicia no es por venganza, sino por evitar que ese sometimiento, esa bota en nuestro cuello, apriete un poco más.
Pero claro, para el señor Puigverd esto es ininteligible; el no puede entender el valor que tiene la ley para los débiles, para aquellos que tan solo tienen a los tribunales para ver garantizados sus derechos. Él, sin duda, pertenence al grupo de aquellos que no se han sentido humillados por el poder público en Cataluña, el grupo de quienes aún siendo críticos con los excesos del nacionalismo, no abandona el consenso catalanista. Es, en definitiva, "uno de los suyos" y, por tanto, difícilmente entenderá lo que es ser catalán no catalanista. Para él el Derecho es un incómodo mecanismo que perturba ese natural fluir de la sociedad en el que unos pueden hacer lo que deseen y sus incumplimientos han de ser amparados por la "clemencia"; porque, claro, no todos somos iguales.
Hace año y medio se dictaba una sentencia (que todavía no es firme) por la que se condenaba al partido en el gobierno como partícipe en una trama corrupta destinada a desviar dinero público a fines ilegítimos. En esa misma sentencia se indicaba que el testimonio del presidente del Gobierno entonces, señor Mariano Rajoy, no era completamente creíble. Un escándalo, sin duda. Todos debemos ser veraces cuando testificamos y que el Tribunal deje caer que el testimonio dado por la segunda autoridad del país (tan solo tras el Rey) no resulta creíble merece un reproche político de cierta entidad. Si a esto se une que ese mismo presidente del Gobierno es el máximo responsable de un partido condenado por corrupción, no creo que haya muchas vías para eludir un severo reproche político. Un reproche político que se tradujo en una moción de censura que acabó suponiendo el cese de Mariano Rajoy y que Pedro Sánchez alcanzara la presidencia del gobierno.
Pocos días después de conocerse la sentencia que condenaba al Partido Popular, Pedro Sánchez presentaba una moción de censura con el objetivo de destituir a Mariano Rajoy. Todos los partidos coincidían en la gravedad del daño democrático que suponía la condena al PP por corrupción y la implicación de Mariano Rajoy en dicha trama. Una implicación que no merecía reproche penal pero sí, a juicio de todo el arco parlamentario -excepto el propio PP-, una censura política.
Y en este contexto es en el que Pedro Sánchez presenta su moción de censura. El PSOE tiene 85 diputados, tan solo el 24% del hemiciclo, y no cuenta con apoyos suficientes para que la moción de censura salga adelante; pero Pedro Sánchez es el líder del primer partido de la oposición y cree su obligación dar los pasos necesarios para censurar el gobierno de Rajoy.
El resto es conocido.
Año y medio después nos encontramos en Cataluña con una situación difícilmente calificable. El presidente de la Generalitat hace explícito que solamente es un vicario de un pretendido presidente en el exilio, el señor Puigdemont. El Parlamento permanece paralizado, los medios públicos de comunicación realizan propaganda de manera indisimulada, la exigencia constitucional de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza es incumplida por la Generalitat de manera explítica y arrogante, a la vez que los derechos de quienes se oponen al nacionalismo son sistemáticamente vulnerados.
Ya sé que todo esto es grave; pero aún habrá que es discutible mi valoración. Estoy acostumbrado a que se minimice la importancia de cosas como la vulneración de derechos fundamentales o el incumplimiento de la obligación constitucional de la enseñanza en castellano en Cataluña. En las últimas semanas, sin embargo, a todo lo anterior se ha añadido algo que es nuevo, radicalmente nuevo en España: tras la detención por la Guardia Civil de varios activistas acusados de preparar bombas para la comisión de atentados; el presidente de la Generalitat, señor Torra, en vez de condenar la violencia y desmarcarse de las acciones que pudieran cometer los detenidos (vinculados a unos grupos, los CDR, a los que el señor Torra había mostrado abiertamente su simpatía) critica la acción de la policía y pide la libertad de los detenidos.
Difícilmente puedo imaginar una situación que merezca un reproche político mayor que el apoyo explícito a quienes han sido detenidos por la preparación de atentados terroristas. Se trata de una línea que, por ejemplo, nunca -a mi conocimiento- fue sobrepasada en el País Vasco por los gobiernos nacionalistas. Que en un país como España, que ha sufrido la violencia terrorista interna y también la que tiene su origen en el extrajero, las autoridades públicas muestren su solidaridad con quienes son acusados por policía y tribunales de estar implicados en la preparación de atentados supone una quiebra tan evidente y grave de principios democráticos básicos que a su lado los casos de corrupción parecen poca cosa. Y entíendaseme, la corrupción es grave, muy grave y merece todos nuestros reproches; pero ¿merece menos solidarizarse con quienes han optado por recurrir a la violencia para conseguir sus objetivos políticos? Desafío a nadie que me diga que sí, que merece un reproche político mayor participar en un caso de corrupción que pedir la libertad de quienes han optado por perseguir sus fines políticos mediante el recurso al terrorismo.
Asumiendo lo anterior, resultará que el apoyo del señor Torra a los detenidos por la preparación de explosivos con el fin de preparar atentados merecería un reproche político al menos equivalente al que sufrió el señor Rajoy tras la sentencia en el caso Gürtel.
Pero ¿quién ha de liderar ese reproche político al presidente de la Generalitat. Aplicando el mismo principio que el partido socialista utilizó hace año y medio en relación al señor Rajoy, resultaría que esa respuesta debería ser liderada por el primer partido de la oposión en el Parlamento de Cataluña. Es decir, Cs, que tiene 36 de los 135 escaños del Parlamento catalán, un 26% de los escaños del Parlamento catalán (recordemos que en 2018 el PSOE tenía solamente el 24% de los escaños en el Congreso de los Diputados).
Aplicando, por tanto, la misma lógica utilizada por el partido socialista en la moción de censura a Mariano Rajoy, Cs debería plantear también una moción para destituir al presidente de la Generalitat. Y así lo hizo la líder en Cataluña de Cs, Lorena Roldán.
Ciertamente, esta moción de censura podía articularse de distintas formas; lo mismo que en su momento pudo pasar con la moción presentada por Pedro Sánchez. Si recordamos lo sucedido hace año y medio, veremos que el planteamiento inicial era el de una moción que condujera a un gobierno comprometido a convocar unas elecciones inmediatamente. El debate sobre esto condicionó la posición de Cs sobre la moción, pues este partido no se negaba en redondo a promover esa moción; al contrario, en un principio pareció promoverla, discrepando respecto al PSOE en el nombre del candidato a presidente del gobierno.
Esto mismo podría haber pasado en la moción de censura presentada por Lorena Roldán: podría haber sondeado a otros partidos y ver la receptividad a una moción de censura, pudiendo valorarse que el nombre del candidato fuera uno diferente de la de la líder de Cs con el fin de conseguir más apoyos. Esto, sin embargo, no sucedió, y creo que hay que reprochar a Cs que no hubiera buscado más acuerdos en el Parlamento con el fin de aislar a los que apoyaban la violencia y mostrar la efectiva división entre partidos a favor de la convivencia y partidos comprometidos con la violencia.
Nada de lo anterior se hizo, sin embargo, lo que condujo a que la moción presentada por Cs se presentase prácticamente como un "o lo tomas o lo dejas" hacia los grupos de la oposición. Un "lo tomas o lo dejas" que tan solo aceptó el Partido Popular.
Asi pues, mal Cs por no haber buscado otros acuerdos en la Cámara con el fin de deponer a Torra; pero una vez presentada la moción ¿qué decir de la actitud del resto de partidos?
El PP, como se ha adelantado, apoyó la moción, teniendo, además, su jefe de filas, Alejandro Fernández, una intervención sobresaliente que merecería ser enmarcada para que fuera guía de la política constitucionalista en Cataluña.
El PSC, sin embargo, optó por abstenerse, intentando mostrarse como equidistante tanto de Torra como de Roldán. Creo que esta es una actitud claramente reprobable, porque siendo cierto que, como acabo de indicar, hubiera sido deseable que Cs hubiera buscado complicidades con el PSC; una vez presentada la moción ¿cómo es posible que no se apoye la posibilidad de destituir a un presidente de la Generalitat que ha hecho lo que Torra ha hecho? ¿No asumirán los socialistas que no apoyar la moción es tanto como apoyar a Torra, que pretender que Torra y Roldán son dos caras de la misma moneda no hace más que banalizar las gravísimas quiebras de la democracia protagonizadas por Torra y su gobierno, quiebras que en ningún momento pueden ser atribuidas a Cs? ¿No es verdad que hace año y medio los socialistas planteaban que no apoyar la moción de censura a Rajoy era lo mismo que apoyar a éste, que ligar su suerte política a la del líder del PP? ¿Es que este razonamiento no debería proyectarse también a la situación creada por Torra y por la presentación de la moción de censura orientada a derribarlo?
En su intervención, el líder del PSC, Miquel Iceta, dio por sentado que la moción era inútil porque carecía de los apoyos necesarios. Presuponiendo así que todos los diputados de los grupos nacionalistas votarían en contra de ella. Bien, nada en política es absoluto, como demostró el trifunfo de Sánchez en 2018; pero, más allá de eso ¿es que los políticos solamente han de apuntarse a lo que creen que será ganador? ¿que no han de actuar por convicción incluso aunque esta convicción lleve a una derrota?
Bien, creo recordar que en su intervención en el Parlamento durante la moción de censura Iceta algo dijo de esto, de que él no se apuntaba a causas perdidas (o parecido, no son sus palabras literales) y no pude menos de acordarme de su ausencia en la manifestación del 8 de octubre de 2017. Aquí están la primera y segunda cabecera de la manifestación (recuperadas gracias a una publicación en facebook de Chari Gálvez).
Como puede (no) verse, Iceta no estuvo. Sí que acudió a las del 29 de octubre, cuando ya se había constatado que sería un éxito. ¡Cómo hubiéramos agradecido que hubiera estado en aquellas que prepararon el terreno de ésta, especialmente en la de "Aturem el Cop" del 19 de marzo de 2017!
Pero no, claro, era un riesgo grande y se pensaba que eran manifestaciones que fracasarían. Como decía hace un momento, ¡cuánto ganaríamos en política si las cosas se hicieran por convicción y no por cálculo!
No es el caso, sin embargo, y los socialistas en octubre de 2019 volvieron sobre lo que habían hecho en mayo de 2018. Ante un escándalo político mayúsculo en vez de apoyar o liderar una moción de censura optaron por ponerse de perfil; pero no ante un caso de corrupción política, sino ante la utilización de medios violentos para conseguir fines políticos.
Y repito, no hago más que trasladar a la situación que padecemos en Cataluña el modo de razonar del PSOE hace tan solo año y medio: ante una situación de quiebra democrática ha de haber una responsabilidad política en forma de moción de censura. ¿Por qué esa fue la actitud ante Mariano Rajoy no ante Joaquim Torra? ¿Por qué en el caso de Rajoy se podía ganar y en el de Torra no? Pues lo dicho: para políticos que solamente actúan cuando calculan que ganaran y renuncian a plantear las batallas que pueden perder, mejor poner peritos contables al frente de nuestras instituciones, que al menos han estudiado para eso.
Y del PSC pasamos a los Comunes que, directamente, votaron en contra de la moción de censura; convirtiéndose así en un apoyo claro no solamente a Torra, sino a la comprensión de éste por la utilización de vías violentas para conseguir objetivos políticos.
Creo que sobran los comentarios.
Indecente.
Ante este panorama ya no debería sorprender que ningún diputado independentista se apartara de la disciplina de sus respectivos partidos. La abstención socialista y el voto en contra de los Comunes permitía votar en contra con mucha mayor tranquilidad, porque el blanqueamiento del nauseabundo apoyo a la violencia que había realizado Torra había empezado en otra parte del hemiciclo catalán. Si la línea del resto de partidos hubiera sido de condena clara de lo que es claramente condenable la presión sobre los independentistas hubiera sido mayor; porque esto no solamente se juega en el Parlamento, sino también en la opinión pública, y ante esta la visibilización de que es inadmisible apoyar la violencia es muy importante. Como dijo Alejandro Fernández, puede perderse la votación y ganarse el debate; y esa victoria en el debate adelanta la victoria en la próxima votación. Cuando se hace política a medio plazo es más importante esa batalla por el relato que ésta o aquélla victoria táctica.
Si se hace política a medio plazo...; esto es, necesariamente guiada por la voluntad de que determinadas convicciones acaben calando en la sociedad. Es decir, política de verdad y no simple gestión de elecciones para conseguir puestos que repartir dentro del grupo del que depende tu posición de poder.
Política ficción en España.
O no, fíjense en la foto de la cabecera de la manifestación del 8-O. Sobre una "R" y una "E" aparece un hombre con una camisa gris de manga corta. Es un político que lo había sido todo y que había apoyado a SCC cuando el proyecto estaba empezando. Que rellenó su hoja de colaborador y vino siempre que se le llamó para apoyar actos en los que no reuníamos ni a un centenar de personas. Cuando se le pidió que acudiera a la manifestación del 8-O se lanzó a la piscina sin calcular si aquello sería un éxito o un fracaso.
Ahora está a un paso de asumir una de las posiciones más relevantes en la política mundial: responsable de la política exterior de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea.
