“Sabemos que la historia del Estado
español tiene una merecida fama en todo el mundo proveniente de su intolerancia
hacia todo aquello que no sean sus propias raíces culturales y nacionales, en
definitiva, hacia todo aquello que no es castellano”. “Es por todos conocidos
que este mismo espíritu agresivo, excluyente e inquisitorial apartó a España de
las corrientes científicas, políticas y humanísticas que se desarrollaban en
Europa y América”. “Sabemos que en Cataluña el trabajo, la ciencia, las artes,
el pensamiento siempre han estado en la vanguardia de la realidad y el
sentimiento del pueblo, en contraposición a la dedicación de las élites
españolas de habla castellana”.
El entrecomillado está extraído de los
estatutos de la AMI (Associació de Municipis per la Independència), una
asociación que reúne a ayuntamientos y otras entidades locales catalanas, y
cuyo objetivo es la independencia de Cataluña. Como vemos por sus estatutos, se
fundamenta en el nacionalismo supremacista (lo catalán es bueno y lo español
nefando), el enfrentamiento (España es nuestro enemigo) y la mentira (se
plantea que la relación de España y Cataluña es la de metrópoli respecto a un
pueblo oprimido).
No estamos frente a una legítima opción
independentista, sino ante una asociación que rompe la neutralidad de las
administraciones, las pone al servicio de opciones partidistas y fomenta el
enfrentamiento entre ciudadanos a partir de la agitación de pretendidos
agravios.
Me preocupa que los independentistas
hayan creado una asociación que rompe reglas básicas del Estado de Derecho. Se
ha de poder ser independentista y demócrata, no debería haber contradicción en
ello, aunque la existencia de una asociación como la AMI parece desmentirlo; pero
¿puede un partido aspirar al gobierno de España y contar entre sus aliados con
quienes apoyan o consienten la participación en esta asociación?
Pedro Sánchez debería responder a esto.
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