Un régimen

Hace años que se denuncia que la consecuencia más grave del desafío separatista es la pérdida de derechos y libertades bajo las administraciones nacionalistas.

En 2015 se presentó el primer informe de SCC sobre déficits democráticos en Cataluña. Fue recibido con incredulidad. En aquel momento, en el que los secesionistas reiteraban el carácter escrupulosamente democrático de su movimiento (la palabra es significativa) el plantear que tras la revolución de las sonrisas se escondían prácticas contrarias a principios democráticos sonaba extraño, incluso para quienes no compartían la voluntad de ruptura constitucional que pretendían los nacionalistas.

Dos años después, en 2017, presentamos en el Congreso de los Diputados el segundo informe de SCC sobre déficit democráticos en Cataluña. Los datos allí estaban, todo se encontraba documentado; pero recuerdo la mirada escéptica de Meritxell Batet, ahora la ministra responsable de las relaciones entre el gobierno de España y el de la Generalitat.

Luego vino el golpe de septiembre/octubre de 2017, que fue fundamentalmente un atentado contra los derechos de los ciudadanos; pero siguió rehusándose esa perspectiva. Una visión deformada de la realidad ocultaba la sistemática vulneración de derechos individuales que resultaban del desafío a la Constitución y a la legalidad que protagonizaban los nacionalistas.

Ahora esta vulneración ya ha llevado a las primeras condenas judiciales por limitación de derechos fundamentales de los ciudadanos. Algo que debería escandalizar y preocupar; pero mucho me temo que el régimen nacionalista dispone de los mecanismos para fagocitar la repulsa democrática, y esto es muy mala señal.

Ayer se conocía la sentencia por la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona declaraba que la resolución de la rectora de la UAB que excluía del directorio de colectivos de la universidad a "Joves SCC-UAB" vulneraba:

- el derecho de los estudiantes a no ser discriminados por sus opiniones.

- la libertad ideológica de los estudiantes.

- la libertad de expresión de los estudiantes.

- el derecho a la educación de los estudiantes.

Casi nada...

Pero... ¿cuántas condenas han oído? ¿cuántos políticos se han pronunciado? Conservo los mensajes enviados a compañeros de la UAB anunciándoles la sentencia y que se han quedado sin respuesta.

El silencio ante la vulneración de los derechos fundamentales... y eso en una universidad pública.

No solamente el silencio. Hace un mes el Consejo de Gobierno de la UAB, estando pendiente el proceso y pese a que la rectora ya anunciaba que las perspectivas judiciales no eran buenas (o sea, que no se descartaba una condena a la UAB) ¡emite un comunicado de apoyo al equipo de gobierno de la UAB! Un comunicado de apoyo a quien anuncia que sus actos pueden llevar a una condena por vulneración de los derechos fundamentales.

A mi conocimiento ninguno de los integrantes del Consejo de Gobierno que tomó parte en ese comunicado, que en realidad era de reprobación a los estudiantes que habían reclamado judicialmente, ha dicho ni mú sobre la sentencia en la que por primera vez en democracia- que se me corrija si estoy equivocado- se condena a una universidad por vulnerar derechos fundamentales de sus estudiantes.

El silencio o, también, la crítica a la sentencia sin reparar en que estamos hablando de víctimas -estudiantes- que, de acuerdo con los tribunales, han visto vulnerados cuatro de sus derechos fundamentales por parte de la institución encargada de su educación.

El silencio y la complicidad propios de un régimen.

A esto hemos llegado, porque esto es solamente un caso que por circunstancias particulares ha podido llegar hasta sentencia, pero ¿cuántos casos no habrá como éste? Reparemos, por ejemplo, que la página web de la universidad de Girona aparece un lazo amarillo. La falta de neutralidad y la apropiación partidista de lo que es de todos resulta más que evidente.

La situación es grave, muy grave, porque ya no se trata solo de vulneración de derechos, sino del silencio y la complicidad ante esta vulneración, el silencio ante la evidencia de que la democracia está siendo laminada. Y todo es siniestramente coherente: la utilización de la escuela y de los medios de comunicación, el cierre del pleno del Parlamento cuando interesa, la criminalización de la víctima.

Y, sobre todo, la pasividad y contemporización de tantos que confunden diálogo con complicidad o, mejor dicho, que están dispuestos a sacrificar nuestros derechos por un apoyo parlamentario aquí o allí o por no sentirse excluidos de la comunidad que forman los nacionalistas y sus amigos.

Y quienes están dispuestos a sacrificar derechos por no sufrir las iras del poder y de quien tiene la hegemonía en la opinión ya debería saber cuál es el final que tiene todo ello.

Indignación

"La cólera puede ser loca y absurda, el hombre puede irritarse injustamente, pero no se indigna más que cuando, en el fondo, tiene razón por algún lado" (V. Hugo, "Los Miserables", trad. de A. Alemany de "Les misérables", Barcelona, Círculo de Lectores, 2004, vol. I, p. 97.

Nadie se indigna si no tiene razón por algún lado...

Y esa razón puede que no justifique la indignación, que puede ir más allá de lo razonable o de lo que resulta proporcional; pero sería estúpido no fijarse en esas causa que anidan en el fondo de la indignación puesto que, como dice el mismo Víctor Hugo un poco antes de lo que se acaba de citar "Es preciso que la sociedad se fije en estas cosas, puesto que es ella quien las produce" (ibidem, p. 95).

Y en Cataluña hay mucha indignación, cada vez más.

¿Por qué? Hay tantos motivos. Quizás no podamos explicarlos todos, o quizás no seamos capaces de hacernos entender, pero lo intentaré, porque es importante y el tiempo se acaba. Sería propio de necios no darse cuenta de ello.

Estamos indignados porque la ley ha dejado de protegernos. La administración desobedece impunemente la Constitución y las leyes. Nuestros hijos no reciben aquella educación a la que tienen derecho, sino una en la que se excluye nuestra otra lengua oficial, la que es materna de muchos de nosotros, con total desprecio de las sentencias judiciales y de lo que establecen las normas que a todos nos vinculan. No son pocos los casos de adoctrinamiento en escuelas e institutos, los ayuntamientos y la Generalitat se adscriben impunemente a una ideología política y hacen propaganda de la misma. Las instituciones que deberían ser de todos y los medios públicos de publicación que entre todos sufragamos nos han excluido de la condición de ciudadanos. Tan solo representan a una parte de la población y la otra es tratada como forasteros sin derecho a participar plenamente en nuestra vida política.

Los actos políticos de quien ganó las últimas elecciones autonómicas (pero lo mismo da que las haya ganado o que no, la infamia sería la misma) son prohibidos por los ayuntamientos que, sin embargo, dejan que las plazas más emblemáticas de nuestras ciudades sean ocupadas por la propaganda nacionalista; una propaganda que traslada una permanente sensación de supremacismo y exclusión.

Esto último es importante para entender la indignación.

España es un país democrático desde hace más de cuarenta años. La mayoría de la población no tiene recuerdos significativos de una época anterior a la democracia; estamos acostumbrados a las manifestaciones y las protestas en la calle. No hace tantos años vimos como nuestras plazas eran ocupadas por los manifestante del 15-M. Podíamos no compartir sus peticiones; pero sabíamos que tenían derecho a expresarlas; podía molestarnos que tuviéramos que desviar nuestro camino para sortear sus campamentos; pero no sentíamos la indignación que ahora nos embarga cuando vemos las cruces en las playas o en las plazas ¿por qué?

Hay una diferencia, el 15-M y otras protestas eran manifestaciones contra el poder, las cruces amarillas representan al poder. Las cruces y los lazos representan lo mismo que las pancartas en el edificio de la Generalitat o en tantos ayuntamientos, lo mismo que se inculca a nuestros niños en las escuelas e institutos o lo que nos trasladan desde los medios públicos de comunicación. Y quizás no todos seamos expertos en derecho constitucional; pero intuimos la diferencia que existe entre una protesta popular y la manifestación de la ideología oficial, la que han hecho suyas las administraciones que controlan escuelas y hospitales, policía y prisiones, transportes y televisiones.

Nos damos cuenta de lo que empieza a ser un régimen que penetra asociaciones y partidos, administraciones y sindicatos; sentimos que los permisos que alegremente concede el ayuntamiento para plantar cruces en las plazas, a la vez que niega los actos políticos de quienes no son nacionalistas, son ya una manifestación de un régimen que comienza a ser totalitario. Y de ahí nuestra indignación.

Pero la indignación no viene solo de ahí, quizás lo que más nos indigna es que en estos momentos difíciles nos hemos sentido solos. Hace unos meses se dio un golpe de Estado de manual y la reacción del gobierno fue advertirnos de que cometeríamos una ilegalidad en caso de que acudiéramos a las mesas electorales en las que nos reclamaban los golpistas. ¿Alguien se puede sorprender de los escasos resultados de Sáenz de Santa María en Cataluña? Nos sentimos abandonados por el gobierno que solamente utilizó los mecanismos que tenía para defender la Constitución y la democracia cuando estábamos a horas de perderlo todo; pero no se inmutó cuando nos robaron nuestros datos personales o nos amenazaban con un "paro de país" mientras se bloqueaban carreteras y nos intimidaban para no acudir al trabajo.

Y ahora tenemos un gobierno que mira descaradamente para otro lado mientras nuestros derechos son pisoteados, mientras las familias que piden el cumplimiento de la ley en materia educativa son acosadas, mientras los estudiantes que en las Universidades se oponen al nacionalismo son expulsados de las listas de colectivos con derecho a hacerse oír en los campus. Un gobierno que resta importancia a los boicots que sufren quienes defienden la Constitución y la igualdad de todos los españoles.

Estamos indignados porque sentimos la opresión del nacionalismo y cada lazo en una administración, en la solapa de un servidor público, en un lugar que debería ser de todos y en el que nosotros nos sentimos expulsados es un recordatorio de que hay quienes quieren convertirnos en extranjeros en nuestro propio país, un recordatorio de que quienes derogaron la Constitución en Cataluña siguen amenazándonos con continuar con su golpe contra las instituciones.

Hay indignación y sería irresponsable no preguntarse por las causas, no preguntarse, como hacía Víctor Hugo, por la razón que hay en el fondo de todo ello.

El lazo amarillo es la centralidad política

Sánchez recibió a Torra en La Moncloa y la buena noticia es que Torra, de momento, no dará otro golpe de Estado. Eso sí, a cambio se ponen en marcha las comisiones bilaterales que prevé el Estatuto de Autonomía, el Gobierno retira varios recursos de inconstitucionalidad y Pedro Sánchez asistirá a los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de agosto pasado; actos a los que, según informa "El País", no se invitará al Rey.

Un despropósito. El Gobierno no ha de ir a donde no puede ir el Rey, o, mejor dicho, el Gobierno debe garantizar que el Rey vaya a cualquier parte de España sin que nadie imponga vetos. Parece lógico. Pero, más allá de esto la pregunta es ¿a qué se ha comprometido Torra en su encuentro con Sánchez?

Torra entró en La Moncloa con el lazo amarillo, símbolo de los nacionalistas, y salió dando mensajes que inciden en lo ya sabido: para ellos Cataluña son ellos y nada más que ellos. El resto de los catalanes, los que no comulgamos con el lazo amarillo, no existimos o si lo hacemos es tan solo como molestia que más tarde o más temprano deberá ser extirpada de esa pura sociedad catalana que el supremacista Torra defiende.

Quedaba la esperanza de que el Gobierno de España hablara de lo que no quiere hablar Torra. Cosas como, por ejemplo, el requerimiento del Parlamento Europeo para que en Cataluña se cumpla la ley y las sentencias judiciales en lo que se refiere a la presencia mínima del castellano en la educación; el sistemático incumplimiento de las decisiones de las Juntas Electorales que denuncian la parcialidad de las administraciones en época electoral -una minucia, vaya-, o el adoctrinamiento en las escuelas, documentado sobradamente y sobre el que, incluso, hay procesos judiciales abiertos. En definitiva, quedaba que Sánchez hablara de los déficits democráticos en Cataluña, del acoso a los no nacionalistas, de la ocupación del espacio público por símbolos partidistas, de la prohibición de actos políticos de los partidos no nacionalistas... Temas que deberían producir escalofríos a cualquier demócrata, pero que para el Gobierno de España simplemente no existen.

La entrevista de ayer entre Sánchez y Torra dio carta de naturaleza al lazo amarillo y dejó claro que todo el terreno ocupado por los nacionalistas seguirá siendo suyo y que solamente nos queda esperar a su nuevo intento de avance hacia la independencia, lo que hizo expreso Torra en su comparecencia posterior al advertir que no renunciaban a la República Catalana.

¿Podría haber pedido Sánchez que cualquier avance o concesión por parte del Gobierno se condicionara al compromiso de la Generalitat de ajustar su comportamiento a la legalidad? Creo que no solamente podría, sino que debería; pero no parece que haya sido así y, en cualquier caso, esta exigencia -si existió- no se transmitió a la opinión pública por lo que los efectos letales de una tolerancia con el nacionalismo supremacista y enfrentado a la ley que representa Torra ahí están.

En Cataluña, lo hemos dicho muchas veces, no se vive una situación normal. El Estado de Derecho ha sido laminado en buena medida como resultado de la imposición del régimen nacionalista y no se trata de guardar silencio para que parezca que no pasa nada, sino de llevar a cabo políticas (sí, política, no solo de tribunales vive el hombre) que pongan fin a una situación de excepcionalidad que el Gobierno de España no quiere reconocer.

En vez de ello ha dado carta de naturaleza al lazo amarillo, la nueva centralidad política, por lo que parece. Una centralidad política en la que lo que hacen los nacionalistas no tiene sanción política y en la que, en cambio, quienes defienden el respeto a los derechos fundamentales, los principios democráticos y la igualdad entre todos los ciudadanos simplemente no existen. Una centralidad política en la que el supremacista Torra es una persona dialogante y quienes vemos vulnerados sistemáticamente nuestros derechos "provocamos".

Una centralidad política en la que las propuestas para los catalanes no nacionalistas se resumen en una frase: "traga, calla y no molestes".

Es lo que hay.