Una de las ideas más repetidas los últimos meses en Cataluña es la de
que «queremos ser un país normal». Es un eslogan que incide en un planteamiento
del nacionalismo decimonónico de acuerdo con el cual a toda nación debía corresponder
un Estado. Es decir, expresa el deseo de que Cataluña se convierta en un Estado
independiente.
A este fin se están sacrificando muchas cosas, una de las más
importantes es el carácter abierto y plural del debate público. Desde hace años
y de diversas maneras se construye en Cataluña un discurso del que quedan
excluidos aquellos que no asumen las ideas centrales del mismo (Cataluña y
España son realidades separadas, el catalán está en peligro, la inmersión es un
modelo de éxito, la Guerra de Sucesión supuso la pérdida de las libertades
catalanas y un largo etcétera que configura el armazón de una auténtica
realidad paralela que quiere ser la oficial).
Los medios públicos de comunicación son un instrumento esencial para la
construcción de este discurso. Ver con asiduidad TV3 permite asumir los
elementos esenciales de la concepción «correcta» de la historia y la sociedad
catalanas. Dentro de ese marco conceptual es posible el debate; pero quienes se
resisten a asumirlo no tienen espacio en el mismo.
El pasado mes de abril se presentó Societat Civil Catalana, asociación
creada por un grupo de catalanes que no queremos la independencia y sabemos que
no nos conviene. Desde entonces, intentamos dar voz a quienes, fuera del
discurso oficial, afirman que los catalanes somos españoles y queremos que
Cataluña siga participando tanto en España como en Europa.
Tras pedir una entrevista con el presidente de la Generalitat, una
representación de Societat Civil Catalana fue recibida el pasado lunes por
Artur Mas en el Palau de la Generalitat. Al día siguiente, en TV3, y al hilo de
la noticia de ese encuentro, un grupo de tertulianos se dedicó a denigrar y
atacar a Societat Civil Catalana. La pluralidad en sentido auténtico brilló por
su ausencia en la composición de la tertulia, pues todos eran contrarios a los
planteamientos de la entidad: unos reforzaban las críticas que hacían los otros
para así añadir nuevas acusaciones. ¿Es admisible que una televisión pública
plantee espacios con una sola opinión en relación al debate soberanista? Así es
TV3.
Pero más allá de esto, lo que resulta especialmente grave son las
acusaciones contra Societat Civil Catalana por actuar como «quintacolumnista»
en Cataluña. Que al discrepante se le trate como enemigo, como traidor
escondido que actúa al servicio del considerado extranjero es gravísimo. Es la
explicación de la exclusión del disidente, de la pretensión de que el discurso
público se mueva solamente en los parámetros marcados por el poder.
Este propósito se hizo más evidente aún cuando Marta Alòs, tertuliana
ese día, exdiputada de CiU en el Parlament y teórica del supuesto
«quintacolumnismo» de Societat Civil Catalana, y después de que la presentadora
indicara que una cosa es el titular («quintacolumnismo») y otra el derecho a
discrepar, afirmase que el derecho a discrepar es proponer el «no» en la
consulta, pero no lo es oponerse a que la consulta se realice; esa oposición a
la consulta, por lo que se ve, no forma parte del derecho a discrepar.
Esta es la situación en Cataluña. Hay quienes deciden sobre qué se
puede discrepar y sobre qué no. Está admitido (de momento) oponerse a la
independencia de Cataluña, pero no a la consulta aún no convocada. Los límites
de la discrepancia están cuidadosamente estudiados. Y todo esto en una
tertulia… ¡en una televisión pública!
El secesionismo reclama «un país normal» y somos muchos los ciudadanos
que reclamamos justamente eso, un país normal en el que el Estado de Derecho
sea respetado, en el que las instituciones ejerzan las funciones que tienen
atribuidas y no las que serían propias de un Estado independiente y donde los
medios públicos de comunicación estén al servicio de la sociedad y no de la
propaganda. Pero, por desgracia, no es esta la situación que vivimos los
catalanes, pues unos nos tildan de enemigos («quintacolumnistas») y deciden
sobre qué podemos debatir.
Si todo esto se hace desde una televisión pública, que hace tiempo que
ha olvidado la neutralidad para convertirse en un mero instrumento al servicio
del secesionismo, podemos sospechar, como mínimo, que las instituciones en
Cataluña no funcionan. Estas no son capaces de garantizar, ni siquiera en los
medios que están pagados con el dinero de todos, un debate público plural
basado en el respeto y en el rigor.
Rafael Arenas García, vocal de la junta directiva de Societat Civil
Catalana y catedrático de Derecho Internacional Privado.
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