Por qué Cataluña debería seguir siendo parte de España

BARCELONA, España — “García”, mi segundo apellido, es el más común en España. También es el apellido más común en Cataluña, en cada una de sus cuatro provincias. También culturalmente, Cataluña y el resto de España son básicamente lo mismo: en su mayoría vemos los mismos programas de televisión, escuchamos la misma música y disfrutamos de las mismas películas.

Nuestra historia compartida también es larga y profunda. Cataluña ha sido parte integral de España desde la fundación del país. Por supuesto, España también es un país con una historia compleja formada por la unión de diferentes reinos medievales. Los catalanes participaron activamente en ese proceso, pues ayudaron a elaborar la primera Constitución española, la de Cádiz, en 1812, que creó la nación española moderna.

  

Antes de eso, Cataluña, como parte del Reino de Aragón, era un elemento esencial en la unidad política que comenzó con los Reyes Católicos en el siglo XV. Incluso los comienzos de Cataluña, en el siglo IX, están vinculados con la creación de la Marca Hispánica por parte de Carlomagno, un baluarte defensivo del imperio franco contra el dominio del emirato de Córdoba. La historia de Cataluña es ininteligible fuera del marco español.

La compleja historia de España se refleja en la lengua. Mientras que el catalán, el gallego y el euskera (o vasco) son lenguas habladas por españoles, el castellano es la lengua materna de la mayoría de estos: del 82 por ciento de la población española, según una encuesta de Eurobarómetro de 2012. El español también es la lengua materna de la mayoría de los catalanes: del 55 por ciento aproximadamente.

En resumen, la sociedad catalana es parte innegable de la sociedad española, y es fácil para los catalanes identificarse como compatriotas de todos los demás españoles. La economía de España y la de Cataluña también están íntimamente relacionadas: cerca del 40 por ciento de las exportaciones de Cataluña se destinan al resto de España.

Insisto en estas ideas porque el movimiento separatista catalán quiere destacar las presuntas diferencias entre Cataluña y España, como si pudieran considerarse dos realidades diferentes. Solo una minoría de catalanes comparte esa opinión: según las encuestas, menos del 23 por ciento de la población se siente exclusivamente catalana; y más del 72 por ciento de los encuestados se identifican como españoles en cierta medida.

La actual Constitución de 1978 tuvo éxito en la creación de un país que, mientras mantenía la unidad, preveía la creación de “comunidades autónomas”, lo cual permitió que las diferentes regiones de España obtuvieran derechos limitados de autogobierno. La organización territorial española dista de ser simple, ya que no todas las comunidades autónomas gozan de los mismos poderes, y hay poderes compartidos entre el Estado central y las regiones. Pero el sistema político actual es, probablemente, el que mejor responde a las características del país.

Desde el establecimiento de la Constitución de 1978, la comunidad catalana ha adquirido una autonomía considerable. En la actualidad, el gobierno regional supervisa la educación, la salud, algunas infraestructuras, la vigilancia policial y las prisiones. El gobierno español conserva la autoridad en materia de aduanas, fronteras y relaciones internacionales, aunque esto no impide que el gobierno catalán realice lo que se denomina “acción externa” —lo que implica relaciones con otros países— siempre y cuando no interfiera con las prerrogativas del Estado. Muchos catalanes están perfectamente satisfechos con la situación actual, que incluye la pertenencia a la Unión Europea a través de España.

Es por eso que muchos catalanes como yo estamos preocupados por el movimiento secesionista que ahora controla al gobierno y al Parlamento regional. No queremos un movimiento hacia la independencia total que nos separaría de España y convertiría a Cataluña en algo diferente de lo que es ahora.

También nos preocupa que una separación como esa nos aleje de la Unión Europea. A pesar del mantra de los secesionistas de que la independencia de Cataluña no conduciría a la exclusión de la Unión Europea, en la práctica, si Cataluña se convierte en un nuevo Estado, no podrá ser miembro de la Unión Europea hasta que los Estados miembros aprueben su incorporación. Eso requeriría años de negociación, en el mejor de los casos… un escenario de incertidumbre y riesgo que no es ni justificado ni deseable.

Muchos catalanes también están preocupados por el uso que hace el gobierno regional de los poderes que ya tiene. En su impulso para crear un nuevo Estado, el gobierno regional ya está violando la ley, desafiando a los tribunales y usurpando los poderes del Estado. Las escuelas públicas dan la mayoría de las clases en catalán, por ejemplo, incluso a los niños que hablan español como lengua materna.

El poder que el gobierno regional ejerce en los asuntos exteriores se utiliza para intentar establecer relaciones diplomáticas con otros países con el fin de obtener el apoyo internacional para la secesión. En el proceso, se sospecha que el gobierno catalán utiliza fondos públicos para construir las estructuras que necesitaría un nuevo Estado. Esto ha implicado, según se ha alegado, la configuración de bases de datos, ilegalmente y fuera del marco regulador, para permitir la futura recaudación de impuestos que en este momento es gestionada en gran parte por el Estado español.

Estas acciones del gobierno regional amenazan las garantías democráticas que a los catalanes reconoce la Constitución española. Si los secesionistas en el Parlamento y en el poder ejecutivo de Cataluña continúan con su imprudente presión por la independencia, amenazarán todas las ventajas que proporcionan la estabilidad, la prosperidad y la seguridad que los catalanes han disfrutado durante décadas al formar parte de la Unión Europea y durante siglos al ser parte de España.

  

Rafael Arenas García es catedrático de derecho en la Universitat Autònoma de Barcelona.