Siempre había pensado que cuando varios
se conjuran para dar un golpe de Estado procuran mantenerlo en secreto y
disimulan sus intenciones. En España, en cambio, se puede acceder a los planes
de los golpistas a través de cualquier periódico, pues aquellos, en vez de
ocultar sus propósitos, hacen alarde de ellos y los ponen a disposición del
público.
Hace pocos días se difundía una hoja de
ruta soberanista que aparece firmada por CDC-Reagrupament, ERC, ANC, AMI y Òmnium.
En ella se detalla cómo se pretende dinamitar el orden constitucional y se hace
expreso que los planes no se detendrán por la falta de vigencia jurídica o la
impugnación del contenido de dicha hoja de ruta. Se prevé y asume, por tanto,
la desobediencia y la vulneración de la ley.
Tal claridad solamente se entiende si
quienes diseñan el golpe piensan que el Estado no va a actuar para frenar sus
planes o calculan que esta actuación agravaría el conflicto y lo que buscan,
precisamente, es este agravamiento.
En la hoja de ruta no se implican de
forma expresa las instituciones de la Generalitat; aunque sí la AMI, integrada
por varias administraciones locales. Es claro, sin embargo, que el plan supone
la utilización del Parlamento Catalán y del Gobierno de la Generalitat,
instituciones que desde hace tiempo participan en el proceso de secesión
iniciado formalmente con la declaración de soberanía de enero de 2013.
Sorprende que se asuma con naturalidad
esta apropiación de órganos y administraciones con propósitos contrarios a sus
funciones legales y constitucionales. De hecho, tanto unos como otras ya no
pretenden siquiera estar sometidos al orden legal del que derivan sus
competencias, sino que actúan como órganos de un nuevo protoestado catalán.
Conviene recordar que en las relaciones
internacionales el hecho, si consentido, acaba convirtiéndose en Derecho.
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