Aprender de los errores (sobre el pacto entre el PNV y el PSE)

El PSE ha llegado a un acuerdo con el PNV que, entre otras cosas, plantea la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía para el País Vasco en el plazo de ocho meses. Leo el texto y no salgo de mi sorpresa. Entre las cuestiones que deberá estudiar la Ponencia de Autogobierno están:

- El reconocimiento del País Vasco como Nación.

- El reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco.

- La reforma de la Constitución.

A la vez este acuerdo hace un llamamiento a la búsqueda del consenso y del acuerdo.

Estoy estupefacto. Y lo estoy tanto por el procedimiento como por el contenido.

Comencemos por el contenido: en principio el partido socialista pretende tener un proyecto para toda España, supongo que ese proyecto no será la desmembración del Estado a partir del reconocimiento de la soberanía de cada una de las Comunidades Autónomas, que es a lo que conduciría el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco; objetivo que no solamente figura en el acuerdo entre el PNV y el PSE, sino que ya se recoge en las intervenciones de los representantes de este último partido, tal como tuve ocasión de comprobar en San Sebastián el viernes pasado (aquí y aquí).

Deberían saber los socialistas que ese derecho a decidir no puede reconocerse más que si nos encontramos ante un sujeto político con capacidad para pronunciarse sobre su configuración jurídica; esto es ante un sujeto soberano. Si el País Vasco alcanza esta condición dejará de tenerla el conjunto de los españoles, lo que supondría una alteración esencial de nuestro sistema político, claramente incompatible con la Constitución de 1978 en su redacción actual.

En nuestra democracia no es ilegal el plantear un proyecto político que suponga la destrucción de la soberanía nacional; pero ¿es esto lo que pretende el Partido Socialista? Sabemos que es el objetivo de los partidos nacionalistas, tanto en el País Vasco como en Cataluña y en otras Comunidades Autónomas; pero ¿lo es también de los socialistas? Y si no lo es ¿por qué concluyen un pacto que les obligará a poner en cuestión este elemento esencial de nuestro marco de convivencia actual?

Así pues, me parece incomprensible que desde el socialismo se haya concluido un pacto con este contenido. Las cosas esenciales han de estar más allá de la negociación partidista para conseguir ésta o aquella silla, y es de esperar que los socialistas tengan claro que la soberanía nacional reside en el conjunto de los españoles y que una parte de estos no pueden decidir la destrucción de nuestra comunidad política.

Pero no solamente el contenido del pacto me parece escandaloso, sino también el procedimiento que dibuja.

Estamos hablando de la reforma del Estatuto de Autonomía. Como es sabido, los Estatutos de Autonomía se integran en el "bloque de constitucionalidad", pues complementan lo que establece la Constitución y son esenciales para un elemento básico de nuestra arquitectura institucional: el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La reforma de estas normas ha de aprobarse en la Comunidad Autónoma de que se trate, pero también en las Cortes españolas. Esto es, no puede producirse la reforma del Estatuto si no es aprobado en el Congreso de los Diputados, aprobación que, además, ha de darse por una mayoría absoluta de diputados.

¿Con qué mayoría cuentan el PSE y el PNV para aprobar esta reforma del Estatuto en las Cortes españolas? Dadas las bases sobre las que se asienta es descabellado pensar que contaría con el apoyo del PP o de C's ¿pretenden sacarla adelante con los votos de Podemos y del resto de partidos nacionalistas (ERC, Bildu, PDC, etc.)? ¿Pretenden, de nuevo, aprobar una reforma estatutaria con tintes de nuevo pacto constitucional de espaldas al PP y a C's, un total de 11 millones de votos?

Me temo que ese es el propósito. Inspirándose en el ejemplo del proceso catalán, crear la expectativa de una reforma que será de difícil aprobación, pero que tensionará la política en torno al pretendido derecho a decidir. Con suerte creará un agravio que podría acabar resolviéndose en una Sentencia del Tribunal Constitucional que terminaría siendo utilizada como arma arrojadiza contra nuestro Estado de Derecho. Por desgracia todo parece indicar que éste es el propósito, un propósito que encaja perfectamente en la estrategia del PNV y, en general, de los partidos nacionalistas; pero que debería estar en las antípodas de lo que se esperaría de un partido como el socialista.

Sin convicción para hacer frente al secesionismo, sin capacidad para defender el proyecto común español y el marco de convivencia que surgió de la Constitución de 1978, el Partido Socialista parece un juguete en manos de los independentistas, que saben perfectamente cómo atraerlo a los planteamientos que acabarán profundizando en la quiebra de nuestro Estado de Derecho.

Se me dirá que el pacto firmado por el PNV en múltiples ocasiones hace referencia al necesario respeto al marco legal vigente; pero permítanme que sea escéptico con esas referencias retóricas: es evidente que varios elementos del mencionado pacto, empezando por el derecho a decidir no encajan en nuestro marco constitucional actual y que la reforma de la Constitución exigiría mayorías que van mucho más allá de las que en el más optimista de los escenarios podrían conseguir PNV y PSE.

No aprendemos de los errores... o a lo mejor sí.

El derecho a decidir. Visiones desde San Sebastián

1- Introducción

Por recomendación de mi amigo Juan José Álvarez Rubio, catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad del País Vasco, fui invitado a participar en el "Global Forum on Modern Direct Democracy", un evento que durante cuatro días reunió en San Sebastián a ciudadanos comprometidos de todo el mundo para debatir sobre participación y democracia desde diversas perspectivas.

A mi me tocaba compartir mesa con representantes de partidos y de la sociedad civil para debatir sobre el "derecho a decidir". Fue un debate que me interesó y antes de que pase más tiempo quiero poner por escrito lo que allí intenté explicar.

El "derecho a decidir" es un término que ha tenido éxito. Más allá de la incoherencia de plantear un derecho a decidir sin especificar sobre qué se está decidiendo, tal como ponía de manifiesto hace ya más de tres años Sonia Sierra; hemos de reconocer que la expresión ha hecho fortuna y es utilizada de forma habitual, aunque con escaso cuidado en los matices. Más allá del propósito inicial con el que seguramente se planteó (dulcificar el pretendido derecho de autodeterminación en determinados territorios españoles) ahora se utiliza en el contexto de cualquier reforma de nuestras estructuras sociales o políticas. Pareciera un argumento que por sí solo legitimara cualquier cambio que se quisiera plantear y cuestionara a todos los que pusieran algún reparo a cambiarlo todo; empezando, por supuesto, por la estructura territorial. En estos debates no es infrecuente encontrar a quien te espeta "Pero ¿cómo es que estás en contra del derecho a decidir"?

Bien, es evidente que nadie está en contra del derecho a decidir; pero sí queremos que este derecho a decidir sea legítimo y útil hemos de tener en cuenta dos elementos que frecuentemente se pasan por alto: la determinación de quién decide y la concreción de en qué forma puede ser eficaz lo que se decida. El día 18 de noviembre, en San Sebastián, intenté explicar las razones de la importancia de ambas cuestiones, quién decide y la relación existente entre decisión y eficacia de la decisión.

2- ¿Quién decide?

La enorme fuerza argumentativa que tiene la apelación al derecho a decidir descansa en que su primer sentido es el derecho a decidir individual, pese a que en la mayoría de los casos se esta haciendo referencia no al derecho a decidir individual, sino al derecho a decidir colectivo. Cuando estamos hablando del derecho a decidir individual cualquier limitación al mismo requiere una enorme carga argumentativa. ¿Por qué cada uno de nosotros no ha de poder decidir lo que come, cómo se viste, qué estudia o lee, lo que piensa o en qué emplea su tiempo? Resulta lógico que el derecho a decidir individual sea amplísimo, y tan solo limitado por aquello que en la decisión pueda afectar a los demás (volveremos sobre esto); pero, como se ha adelantado, en la mayor parte de los casos en que se utiliza el concepto "derecho a decidir" se está haciendo referencia a un derecho a decidir colectivo; esto es, ejercido por una pluralidad de personas.

El derecho a decidir colectivo plantea diferencias esenciales con el derecho a decidir individual. En el derecho a decidir colectivo tan importante como la decisión es la delimitación del grupo que decide, porque la decisión afectará no solamente a quienes estén de acuerdo con ella, sino a quienes no la compartan. Es por esto que en este caso, la definición del grupo que tomará la decisión es esencial para la configuración del derecho.

En el caso del derecho a decidir como sinónimo del derecho a la autodeterminación (el sentido en el que se usa habitualmente en el País Vasco y en Cataluña) el debate no es tanto lo que se puede decidir, sino quién ha de decidirlo. Nadie duda de que el País Vasco y Cataluña pueden ser Estados independientes de España; el debate está en si esto lo han de decidir todos los españoles o solamente los residentes en el País Vasco o Cataluña (o incluso los que sean considerados "pueblo vasco" o "pueblo catalán", excluyendo quizás a quienes residen en esos territorios pero no son considerados integrantes de esos pueblos). Este debate, a su vez, ha de ser abordado desde dos perspectivas distintas. Por una parte a partir de lo que establece actualmente nuestro sistema jurídico y político; por otra parte desde una perspectiva valorativa, lo que quizás nos permita extraer alguna conclusión que vaya más allá del derecho a la autodeterminación.

Empezando por la primera de estas perspectivas, no existe mucha duda de que actualmente la decisión sobre las fronteras del Estado español corresponde a todos los españoles, quienes en su conjunto gozan de una soberanía plena que les permite adoptar, incluso, la decisión de fraccionar el país dotando del derecho a la autodeterminación a cualquier colectivo dentro del mismo. Juntos todos los españoles, y a salvo de las limitaciones que pudieran derivarse del Derecho internacional o del Europeo, podemos decidirlo todo y cambiarlo todo, desde modificar nuestro sistema político, transformar España en una República o romper la unidad de la Nación permitiendo la secesión de cualquier territorio. Ahora bien, igual de claro que es esto, también lo es que esta decisión solamente corresponde al conjunto de los españoles, no a ninguna parte de ellos, y que, además, la decisión ha de tomarse de acuerdo con los procedimientos previstos en los que es la norma que organiza nuestra convivencia, la Constitución de 1978.

Es cierto que en España hay propuestas políticas que no se corresponden con lo que acabo de exponer; pero se trata de eso, de propuestas, que solamente se convertirán en base para "el derecho a decidir" si son aceptadas por el conjunto de los españoles. Entretanto se trata de planteamientos que han de ser respetados; pero que no pueden imponerse ni pretender ninguna superioridad moral sobre el que es fruto del consenso original sobre el que se basa nuestra comunidad política. En tanto este consenso no se altere sigue vigente y quienes lo defendemos no hemos de estar en peor situación que los que pretenden cambiarlo.

No se trata, además, de un planteamiento que sea meramente formal. No debería parecer dudoso que lo deseable es que el ejercicio del derecho a decidir colectivo se extienda a todos los que quedarán afectados por la decisión. En principio la carga de argumentar correspondería a quienes pretenden excluir a quien se verá afectado por la decisión, en caso de que ésta sea adoptada. Soy consciente de que la concreción de este principio puede resultar problemático en alguna ocasión, pero si nos tomamos en serio el derecho a decidir la consideración de este punto no debería ser obviada. Así, por ejemplo, en el caso de la secesión de una parte del territorio español, esta separación supondría privar de los derechos de ciudadanía en el territorio secesionado a todos los ciudadanos españoles que ahora disfrutan de él. Esta perspectiva fue puesta de relieve con mucho acierto por Juan Claudio de Ramón durante su intervención en el acto organizado por Societat Civil Catalana para celebrar la Fiesta Nacional de España en el año 2015, como puede verse en el principio de su intervención

Resulta curioso que pese a que los secesionistas basen formalmente el "derecho a decidir" en el principio democrático obvien que el ejercicio de este derecho a decidir por parte de tan solo una parte de los españoles supone privar a millones de compatriotas del derecho de ciudadanía en el territorio de su país sin ni siquiera dales la oportunidad de participar en la decisión. Injustificable a partir de un razonamiento que excluye el componente histórico, cultural, lingüístico o cualquier otro elemento identitario propio del nacionalismo y que, en principio, debería ser ajeno a quienes pretenden basar su actuación política en la democracia, la libertad (individual), la justicia social o la solidaridad.

Aún se podría ir más allá en el desarrollo de este punto, intentando diferenciar entre afectaciones directas e indirectas y en la identificación de justificaciones que permitieran en determinados casos excluir a algunos afectados de la toma de la decisión; pero aquí no quiero ir mucho más allá de lo que expuse en San Sebastián, y que se pretendía tan solo llamar la atención sobre algo que me parece evidente: en el derecho a decidir colectivo es esencial determinar el grupo que decide y esta definición ha de incluir, como principio, a todos los afectados por la misma.

3- La efectividad de la decisión

La efectividad del "derecho a decidir" implica que la decisión que se adopte no sea puramente formal, sino que exista la capacidad de que dicha decisión pueda convertirse en realidad. Y este factor depende también del grupo que toma la decisión. La adecuada configuración de la comunidad política que ha de tomar la decisión no solamente es una cuestión de justicia, como pretendía mostrar en el punto anterior, sino también de eficacia del derecho, pues es claro que en función del contenido de la decisión el grupo que lo adopte ha de ser uno u otro y, además, disponer de los mecanismos necesarios para poder convertir en realidad el contenido de la decisión.

Esto es especialmente relevante cuando se trata de adoptar decisiones que afectan a la configuración de la sociedad o de la economía. ¿Podemos decidir que suban los salarios, que se ponga freno a las deslocalizaciones de empresas, que se eliminen los paraísos fiscales? Es claro que algunas de estas decisiones no pueden ser adoptadas a nivel local o regional, y ni siquiera en el marco de la mayoría de los Estados.

Sería conveniente que el derecho a decidir fuera dotado de algún componente de realidad. La simple afirmación de que la decisión de un grupo de individuos puede conducir a este o aquel resultado ha de ser contrastado con las capacidades reales de la comunidad política en el seno de la cual se adopta la decisión.

Creo que en el mundo globalizado que nos ha tocado vivir es difícil que determinadas decisiones de contenido económico puedan ser adoptadas eficazmente a ciertos niveles. Tan solo los países más grandes del Mundo (Estados Unidos, China, quizás también la India o Rusia) y la Unión Europea, como organización de integración singular y formada por algunos de los países todavía más ricos del Planeta, tienen capacidad real de poder influir en la globalización y por ello el auténtico derecho a decidir sobre las cuestiones más relevantes desde la perspectiva económica y social puede hacerse en tanto que ciudadanos que participan en dichas comunidades políticas.

Esta es una perspectiva que tiene que tenerse en cuenta si no queremos que el derecho de participación y de decisión acabe convertido en un mero populismo, que quizás ayudará a algunos a llegar al poder, pero no a resolver los problemas "de la gente".

Hablemos de símbolos (a propósito de los utilizados en el último congreso del PSC)

Cuando se plantea la necesidad de retirar esteladas de los ayuntamientos o de las rotondas públicas, o devolver las banderas españolas a las fachadas de las casas consistoriales no es infrecuente encontrarse con el reproche de que esas cosas de "trapos" o, en general, de símbolos, no son relevantes y que preocuparse por tales nimiedades es más bien propio de personas todavía primitivas, cuando no con una cierta tendencia "facha". Este reproche suele venir más de sectores autocalificados de izquierdas que de otras posiciones ideológicas.

Mi hipótesis es que los símbolos importan, y mucho. Intentaba desarrollar la idea hace unos meses en un artículo publicado con ocasión del inicio por parte de Societat Civil Catalana de una campaña dirigida a recuperar los símbolos comunes en Cataluña y que llevaba por título "Nuestros símbolos, nuestros derechos".

El propósito de dicha campaña era denunciar que la retirada de banderas españolas y europeas en lugares públicos de Cataluña y su sustitución por banderas esteladas tenía efectos reales: contribuía a romper los vínculos emocionales con los proyectos español y europeo e instalaba la idea de que el triunfo del independentismo resultaba inevitable. Querámoslo o no somos una especie que se caracteriza por una enorme capacidad simbólica y con frecuencia quienes pretenden restar importancia a los símbolos es porque sutilmente pretenden imponer... otro símbolo.

En el caso del secesionismo catalán esto es bastante claro. La ausencia de banderas españolas en los ayuntamientos es un símbolo en sí mismo. Un símbolo del alejamiento de España como entidad política y, por tanto, también un acicate para la búsqueda de otros símbolos que sustituyan el propio de la comunidad política en la que todavía nos integramos todos los catalanes. Cuando consideremos el símbolo no solamente tenemos que pensar en el que está, sino también en el ausente, porque ambos  forman en cierta forma una unidad de significado. Y cuando se ve de esta forma las cosas aparecen mucho más claras.

Por ejemplo, a la entrada de mi pueblo, Santa Perpètua de Mogoda, en el Vallès Occidental, se ha instalado una señera. No se trata de una estelada como en otros municipios, sino una bandera legal y constitucional que es símbolo de nuestra Comunidad Autónoma. Bien, pero ¿por qué no hay también una bandera española? La pregunta, que no es nada ingenua, la contestó en la entrega de unos premios infantiles la alcaldesa de Santa Perpètua, quien dijo algo así como que Cataluña era nuestro país. Esta idea, la de que nuestra nación es Cataluña y la participación en España algo ocasional que puede cambiar o no se ve bien reflejada en la presencia de una señera a la entrada del pueblo que nos recuerda cuál ha de ser nuestro principal punto de identificación. Esa señera y la paralela ausencia de la bandera española es símbolo de que la pertenencia a Cataluña no se discute, pero que la integración en España sí. Se podrá decir que especulo, y es cierto; pero creo no equivocarme mucho. La diferencia entre la presencia de una estelada a la entrada del pueblo y la presencia de una señera es la que hay entre quienes ya están dispuestos a romper unilateralmente con el Estado español y los que asumen que nuestra nación es Cataluña, pero todavía puede discutirse la permanencia de Cataluña en España.

Ninguna de estas dos posturas se ajusta, sin embargo, a la situación política y jurídica real en la que nos encontramos. Desde una perspectiva política y jurídica nuestra nación es España, pues es al conjunto de los españoles a quien corresponde la soberanía nacional. Sí que es coyuntural que España se organice en Comunidades Autónomas, pero no esa soberanía que corresponde al conjunto de los españoles y no a una parte de ellos.

Este pretendido carácter originario de la nación catalana, que encuentra su reflejo en la presencia de banderas catalanas que no van acompañadas de la bandera española responde a un planteamiento político que nos permite identificar a varios partidos con representación parlamentaria. En concreto, de los que ahora ocupan escaños en el Parlamento de Cataluña, a todos menos el PP y C's. Reparaba en ello estos días al ver algunas de las fotos del último congreso del PSC.

Aquí puede verse como, en lugar destacado, se encuentra la bandera del partido y la bandera catalana. Ni rastro de la bandera española. Es una opción, desde luego, y no la critico. Es, además, una opción coherente con el planteamiento del PSC, que pretende ser tan solo un partido catalán con un proyecto para Cataluña, no para el conjunto de España. Ahora bien, lo indico aquí porque en ocasiones han sido socialistas lo que han recriminado esta preocupación por los símbolos con la que me identifico, y quiero llamar la atención sobre la circunstancia de que el PSC parece también muy preocupado por los símbolos, ya que esas banderas que ahí figuran se encuentran destacadas y, además, me parece que su significado está bien pensado y calculado.

No debería sorprender tampoco esta opción simbólica en el PSC. Es coherente con sus políticas, destinadas a contemporizar con los nacionalistas en temas de cierto calado; como es, por ejemplo la política educativa. Existe una sintonía evidente entre el discurso del PSC, las políticas que defiende, los acuerdos a los que llega (adscripción de ayuntamientos a la AMI, por ejemplo) y los símbolos que utiliza. Y, repito, no es criticable (aunque, obviamente, no me guste); pero creo que se trata de opciones que, por una parte, deberían hacer reflexionar a su partido hermano, el PSOE y, por otra, a sus electores. Conozco muchos de estos que para nada comparten este planteamiento, pero acaban dando un voto de confianza a la formación cuando, llegado el momento electoral, sus mensajes se vuelven más confusos en ese intento generalizado (afecta a todos los partidos) de intentar atraer a todos los votantes posibles con mensajes que pueden ser interpretados como una cosa y la contraria.

Me gustaría que en las próximas elecciones que tengamos, sean cuando sean, ningún voto de quienes son contrarios a la secesión fuera a parar a partidos que pretenden que Cataluña se convierta en un sujeto soberano originario (una nación, vamos). Sería muy sano que existiera gran claridad sobre este punto, y para eso los símbolos también cuentan. Mucho.

El PSC y el nacionalismo

Escribe Joaquim Coll un estupendo artículo sobre los desafíos a los que se enfrenta el PSC. En él advierte que este partido no podrá ser equidistante o ambiguo ante el desafío separatista. Cierto, pero estoy casi seguro que el PSC no hará lo que debería hacer y mantendrá esa equidistancia que se ha convertido en su única seña de identidad en los últimos años, al menos en lo que se refiere al debate territorial.

La equidistancia como elemento elegido para diferenciarse en la política catalana. Un estar siempre en el medio que ha hecho que en alguna ocasión hubiera tenido que variar sus planteamientos al hilo de la evolución política general. "¡Cuidado! ¡Que ya no estamos en el medio! "Pareciera que gritaran algunos en el PSC. E inmediatamente se levantaba el campamento para intentar situarse justamente en la posición que ellos entendían equidistante entre el PP y los nacionalistas.

La equidistancia... un problema no menor para el PSC desde que comenzó la fase aguda del proceso separatista.

Los socialistas fueron parte fundamental del consenso que acabó en la Constitución de 1978. Esa Constitución y su desarrollo, que incluye el Estado de las Autonomías, marca el escenario en el que se ha de mover la política española hasta que surja un nuevo consenso que permita introducir cambios; pero sin que se haya de sentir como una obligación que esos cambios tengan que aparecer. Hay países que llevan siglos con la misma Constitución y no pasa nada. España podría ser uno de ellos también ¿por qué no?

En un análisis mínimamente cabal de lo que interesaría al socialismo (soy conscientemente ambiguo con el término, todavía no hablo de partidos) debería estar claro que no es conveniente la destrucción del sistema constitucional actual. A quien sí interesa, y mucho, es a los nacionalistas/independentistas y en ello están desde hace ya unos cuantos años.

El PSC, en tanto que socialista, debería haber mirado con estupor a los nacionalistas que plantearan una reforma del marco constitucional y, sin embargo, y para asombro de muchos, fue el PSC quien impulsó una reforma estatutaria que acabó siendo una reforma constitucional encubierta (no son palabras mías, lo son de Francesc Vallès, entonces diputado del PSC en el Congreso, tal como explicaba hace unos años).

De aquellos polvos, estos lodos. El PSC, que nunca había sabido eludir con rotundidad el marco mental nacionalista, acabó asumiéndolo plenamente durante los tripartitos y terminó siendo el que diera el pistoletazo de salida al independentismo con la reforma del Estatut que, como reconocían los propios socialistas, tal como acabamos de ver, en realidad pretendía ser una reforma constitucional encubierta.

Es lógico que a partir de ahí no supiera plantar cara de forma decidida al nacionalismo y acabara intentando buscar vías intermedias entre el independentismo y la defensa del marco constitucional actual. Ahí está su apuesta por el derecho a decidir -aunque sea para votar que no a la secesión- la participación en la AMI de varios ayuntamientos con los votos socialistas y la crítica reciente a algo tan obvio como que un cargo público que está siendo investigado por la justicia y se niega a declarar sea conducido por la policía ante el Juez (en relación a la detención de la alcaldesa de Berga). Creo incluso que la actual apuesta por una reforma federal de la Constitución tiene más de búsqueda de esa equidistancia que de auténtico convencimiento en las bondades de un modelo federal para España.

No se trata, sin embargo, tan solo de la mera pretensión de evitar identificarse con cualquiera de las posiciones en conflicto. El que con tanta ansia se pretenda estar siempre en el justo punto medio de "dos trincheras" tiene mucho que ver con la falta de aprecio de algunos socialistas en Cataluña, cuadros especialmente, por el proyecto común español. Siendo en el fondo nacionalistas catalanes (tal como mostró, por ejemplo, Montserrat Tura cuando todavía era diputada del PSC en algún discurso en el Parlamento de Cataluña), no es de extrañar que vean con reticencia cualquier posicionamiento claro y contundente contra el nacionalismo, y no ha de sorprendernos, por tanto, que busquen esa posición de equidistancia que les permita no romper vínculos con una ideología con la que en el fondo simpatizan. De esta forma la equidistancia no es tan solo una estrategia política, sino consecuencia de la desazón que produce la participación en un proyecto político que no se considera propio (recordemos que el PSC es un partido únicamente catalán, sin una propuesta específica para el conjunto de España).

Y esta especial forma de abordar el problema nacionalista ha acabado contaminando también al PSOE. La entrevista de Pedro Sánchez en "La Sexta" no podría haber sido hecha más que por alguien que comparte los planteamientos nacionalistas ("nación de naciones", dijo que era España). La falta de una reflexión rigurosa sobre el papel de la socialdemocracia en el mundo globalizado se ha sustituido por unos cuantos eslóganes entre los que el apoyo a los nacionalistas ¡como si esto fuera progresista! ha encontrado un hueco.

Mucho queda por andar para que el socialismo se libre en España de su dependencia del nacionalismo. El PSC puede hacer mucho por ello; pero para ello tiene que atreverse a dar el paso de mirar a los nacionalistas a la cara y decirles: "no tenemos nada que ver con vosotros".

Mientras esto no pase muchos votos socialistas en Cataluña seguirán siendo utilizados para apoyar directa o indirectamente a los nacionalistas.

La detención de la alcaldesa de Berga

La maquinaria de la Justicia, una vez que se pone en marcha, es difícil de parar.

Esta mañana se detenía a la alcaldesa de Berga por no haber comparecido ante el Juez que investiga los delitos que podría haber cometido al desobedecer las órdenes de la junta electoral que la obligaban a retirar del ayuntamiento la bandera estelada que allí ondeaba, incluso en período electoral.

Recordemos:

1) El 13 de mayo de 2015 la Junta Electoral Central hizo expreso, a petición de Societat Civil Catalana, que  la bandera estelada era una bandera partidista y que, por tanto, no podía lucir en edificios públicos ni colegios electorales.

2) A partir de aquí, en las diferentes campañas electorales que siguieron las Juntas Electorales ordenaron a los Ayuntamientos que retiraran las banderas esteladas que lucían en edificios públicos. Una retirada que no debería esperar a una orden expresa, pues es tan aberrante que en un Ayuntamiento luzca una estelada como que lo haga la bandera del partido que gobierna el ayuntamiento, por ejemplo.

3) Esta orden llegó también a Berga, y su alcaldesa se negó a cumplirla. Es decir, siguió poniendo al servicio de una opción política concreta el ayuntamiento que debería ser de todos: independentistas y no independentistas.

4) Como es normal, esta utilización partidista de las instituciones y la desobediencia a las órdenes de la junta electoral implican la apertura de un procedimiento judicial. En un Estado de Derecho no es posible que las autoridades públicas obren según su capricho, sino que han de estar sometidas a la ley y obedecer las resoluciones judiciales.

5) Citada por dos veces para comparecer ante el Juez la alcaldesa de Berga hizo expreso que no acudiría. También lógicamente, ante esta negativa al Juez no le queda más remedio que ordenar que la policía la traslade al juzgado para comparecer.

6) No hay nada de escandaloso ni en la orden del Juez ni en la actuación de la policía, lo que es escandaloso es:

A) La actuación de la alcaldesa, que utiliza su cargo para favorecer a determinadas opciones políticas y se niega a cumplir las órdenes del árbitro en periodos electorales: la Junta Electoral. Si no respetamos ni siquiera las época electorales nos cargaremos la democracia.

B) Que el Presidente Puigdemont, el mismo del que dependen los Mossos d'Esquadra que se llevaron detenida a la alcaldesa, le muestre su apoyo y mantenga que se la persigue por sus ideas. Por una parte, no se la persigue por sus ideas, sino que ha de comparecer ante el Juez por haber utilizado su cargo para beneficiar a una determinada opción política, incumpliendo el deber de neutralidad de las administraciones, especialmente en época electoral, y haber desobedecido las órdenes de la junta electoral. Por otra parte ¿qué falta de coherencia es ésta de que los Mossos que dependen de la Generalitat detengan a la alcaldesa y, sin embargo, el Presidente de la Generalitat y otros miembros de su gobierno reprueben la detención? Es la incoherencia básica de todo el proceso secesionista.

C) Las reacciones de otros líderes políticos, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau o Xavier Domènech, que en estos momentos difíciles, en vez de apoyar la democracia y el Estado de Derecho se solidarizan con quienes utilizan los cargos públicos para beneficiar a sus opciones partidistas, a quienes desafían a la ley, no obedecen a la Junta Electoral y ponen en riesgo nuestro sistema democrático. La crítica de Ada Colau a la judicialización de la política debería ir dirigida a quienes, como la señora Venturós, incumplen la ley debiendo ser conscientes que su actitud no deja alternativa a los tribunales más que actuar. Estos son quienes judicializan la política, quienes han iniciado una rebeldía institucional que tanto nos perjudica a todos.

Esto es lo escandaloso.