domingo, 31 de diciembre de 2017

Errores de perspectiva sobre lo que pasa en Cataluña

Milagros Pérez Oliva publicaba ayer, 30 de diciembre, un artículo en "El País" que creo que merece ser comentado porque es un compendio de errores comunes en ciertos sectores -especialmente de la autodenominada izquierda- en relación al "problema" que tenemos planteado en Cataluña.
El artículo presenta el conflicto como si se diera entre los soberanistas y -sorpréndase- "el Gobierno y sus aliados" (son palabras textuales de la articulista). De acuerdo con ella los soberanistas pretenderían un cambio y la otra parte no estaría dispuesta a llegar a la independencia de Cataluña. En absoluto es así.
En primer lugar, el conflicto no es entre soberanistas y el Gobierno (y sus aliados) sino entre catalanes nacionalistas y no nacionalistas; entre quienes desean homogeneizar la sociedad a partir del ideario nacionalista (el catalán como lengua que articula la sociedad y la comunidad política, reducción de los vínculos con otras partes de España, refuerzo de los "hechos diferenciales", etc.) y quienes no renuncian a su condición de españoles y ciudadanos de la UE. En realidad el Gobierno aquí juega un papel secundario, como demuestran los resultados electorales del partido que lo apoya en las últimas elecciones autonómicas. Si obviamos que este es un conflicto entre dos partes de la sociedad catalana y pretendemos que una de ellas es tan solo longa manu del Gobierno de España no acertaremos a encontrar soluciones. Es un fallo, por lo demás, extendido. Esta mañana la SER hacía un análisis de lo sucedido en Cataluña en los últimos meses en el que no se mencionaban las manifestaciones de los días 8 y 29 de octubre. Inexplicable salvo por lo que aquí se dice: hay quien rechaza visceralmente que éste sea un conflicto entre catalanes.


El fallo de análisis no solamente se refiere a las partes implicadas, sino también a lo que defienden. La presentación de Pérez Oliva va bien para la posición de Pedro Sánchez y del PSC, quienes mantienen que el problema se soluciona con una modificación de la Constitución; pero no responde a la realidad. Los soberanistas no quieren cambios, quieren la independencia; y la otra parte (que, insisto, no es el Gobierno) no solamente rechaza la independencia, sino que pretende que el nacionalismo deje de ser hegemónico en la sociedad, para lo que se precisan introducir cambios. De esta forma, una manera más ajustada de presentar el conflicto sería entre quienes desean la independencia y quienes ya no están cómodos en una Comunidad Autónoma que se ha convertido en un instrumento del nacionalismo. Evidentemente si se formula así es más difícil encontrar una solución, pero falsear los términos del problema no ayudará a resolverlo en la vida real.

Discrepo también en la insistencia con la que en el artículo se repite en que la confrontación se da entre "los catalanes de origen" y quienes no lo son (repasen el artículo que enlazo al comienzo de la entrada y comprobarán cómo se incide en este tema). Me parece importante hacerlo notar porque este es un tema del que no se habla, pero sin el que no podremos entender ni lo que está pasando ni la posición que han adoptado estas formaciones políticas que generosamente se proclaman de izquierdas.
En primer lugar, es cierto que entre los catalanes que tienen mayores vínculos familiares con otras partes de España hay menos independentistas o, en general, nacionalistas, que entre quienes carecen de estos vínculos; pero el conflicto no se centra en lo identitario más que desde la perspectiva de los nacionalistas. Precisamente se trata, desde el punto de vista de los no nacionalistas, de que la sociedad no se construya a partir de una pretendida identidad catalana basada en la historia (inventada en gran parte), la cultura y la lengua; y sí de mantener nuestra participación en el proyecto español y europeo. Supongo que esto último difícilmente puede llevarse a lo identitario y, sin embargo, uno de los elementos clave en la movilización y el argumentario contrario a la secesión es la continuidad de Cataluña en la UE.
Para algunos, sin embargo, es clave que esto sea percibido como un conflicto entre los catalanes "de primera" ("catalanes de origen" se les llama en el artículo) y los catalanes que no lo son de origen (catalanes de segunda podrían decir abiertamente). Y es clave porque aquí se cifra la mayor legitimidad que en ciertos sectores de la izquierda se da a los nacionalistas. Estos son los que tienen el derecho sobre la tierra, mientras que los segundos son intrusos que deberían adaptarse a las exigencias de los que habitaban aquí desde hace siglos. Bien, como hemos visto esto no es así, el conflicto no se plantea en estos términos; pero en caso de que así se hiciera ¿no verían extraño que se diera legitimidad a este planteamiento tan contrario a las ideas modernas sobre cómo deberían articularse las sociedades plurales unidas por valores cívicos y no por identidades religiosas o culturales? Entre los nacionalistas, no en los discursos oficiales, pero sí en su segundo nivel de argumentario, es fácil encontrar esta perspectiva que se hace casi expresa en el artículo de Milagros Pérez Oliva.
Finalmente, ha de destacarse que el artículo señala que el catalanismo había negado la existencia de dos comunidades en Cataluña. Discrepo de nuevo. El catalanismo ha asumido siempre estas dos comunidades. Detengámonos en el argumento que más se usa para justificar la inmersión: conseguir que todos conozcan bien el catalán. Este argumento no tendría sentido si no se asumiera que hay catalanes que lo conocen sin falta de un esfuerzo especial (los de origen, de primera categoría podríamos decir) y catalanes que no lo conocen de nacimiento y que deben adquirirlo por el sistema de inmersión con el fin de poder llegar a esa comunidad unida que, obviamente, no existe ahora porque de existir no sería necesario adoptar medidas para conseguirlo.
Pero va más allá, por supuesto. Siempre pongo como ejemplo el artículo de Antoni Puigverd del 10 de septiembre de 2012 en La Vanguardia, donde sin ningún pudor habla de los catalanes que no comparten los ideales catalanistas, se entusiasman con la Roja, tienen cultura telecinco, problemas para encontrar trabajo y no aceptan a la nueva inmigración (me ocupaba de ese artículo aquí). En realidad las dos comunidades han estado siempre ahí, lo que sucede es que había un pacto para no hablar de ello y actuar como si no existiera, lo llamábamos el Oasis catalán. Que ahora se pretenda mantener esa ficción me parece suicida, porque, de nuevo, nos aleja de la posibilidad de encontrar soluciones.
En definitiva, espero que en algún momento los opinadores y políticos vayan asumiendo la realidad. Lo necesitamos porque es preciso que miremos de frente a nuestra sociedad y al problema al que nos enfrentamos si queremos solucionarlo.

sábado, 30 de diciembre de 2017

De donde viene Tabarnia




Las calles, los aeropuertos
volverán a ser lo que eran,
lo que eran antes del solsticio,
antes de que la balanza dudara,
antes de que las nubes y el aire se alejaran,
se disiparan.
Lo que eran antes que las semanas
se alargaran como meses de invierno.
Antes de la gran desazón.
Antes de que supiéramos del temor.
Antes.
Cuando el  pie no sentía el frío de la piedra.
Cuando había lugar a la ironía.
Lo que eran antes que nosotros fuéramos.
Quizás entonces olvidemos
los días de la soledad;
las horas de la convicción
-puño en el pecho, desazón;
mercurio en la garganta, dolor.
Quizás entonces recordemos
quiénes sufrieron y dijeron,
quienes alzaron la cabeza,
quienes extendieron la mano.
También
los de puño y cerrado corazón.
También.
Ese día el verde cubrirá el blanco
de la nieve y la escarcha en las aceras.
y los que entonces vivan no sabrán
de la música y el olor,
del frío en días de calor,
del beso y del abrazo,
de las calles engalanadas
de los amigos y de los extraños.
No sabrán el sentido de las páginas.
La vida ya no habitará en relatos,
Las fotografías nada dirán.
Entonces nadie quedará
de quienes por unos meses
sentimos el suelo temblar,
de quienes vimos las puertas abiertas
al horror que todo lo acabará.
Los libros no explicarán
que el futuro una hora tenía, no más.
Callarán que la noche podía a mediodía
comenzar.
Dejad ahora que todo acabe de pasar,
abramos los ojos para empezar a soñar.

Tabarnia tiene nombre de sueño, de tierra mítica. Tabarnia se emparenta con Góndor y Rohan, con Colquidia y, claro, también con Ítaca. Tabarnia no es un lugar, sino una carcajada y una mano abierta. Tabarnia es el fruto de la angustia y la rabia, del temor y la desazón de años de proceso; pero, sobre todo, de los meses de septiembre y octubre. La espuma con la que la roca contesta a la ola que la golpea. Tabarnia es la respuesta de los que han callado, la voz de los que han sido ninguneados, la de los ignorados, de los minorizados. Tabarnia es una respuesta y una idea; pero no tiene límites, no tiene fronteras. El mapa de Tabarnia es tan solo un reflejo de la Tabarnia real, la que habita en cada rincón de Cataluña donde alguien se ha sentido avasallado por las esteladas y las AMIS, por los lazos amarillos y los gritos de "las calles serán siempre nuestras".
Tabarnia no es Tabarnia, Tabarnia es un juego y una bandera que nos ayudarán a levantar la cabeza, a mantener los pies en la tierra, a no callar, a continuar hasta que se recupere la sensatez en esta tierra nuestra.


jueves, 28 de diciembre de 2017

Que todos los votos valgan lo mismo

Hace poco me ocupaba de la inadmisible desigualdad entre los votantes catalanes. Mientras los habitantes de Barcelona estamos infrarrepresentados en el Parlamento catalán los residentes en las otras tres provincias catalanas están sobrerrepresentados. Lo trataba en esta entrada del blog.


Electores por escaño en cada una de las provincias catalanas en la actualidad.












Electores por escaño en cada una de
las provincias catalanas de acuerdo
con un sistema que respete la igualdad entre todos los votos.








Creo que hay que dar un paso más. Por eso esta mañana he redactado una propuesta de nuevo texto para la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña que pondría fin a la discriminación entre los barceloneses y el resto de catalanes. El resultado, inspirado en el art. 162 de la LOREG cambia ligeramente la propuesta que realizaba ayer, al fijarse en la población y no en los electores. De acuerdo con esta propuesta ahora mismo a Barcelona le corresponderían 100 diputados; a Gerona, 13, a Tarragona, 14 y a Lérida, 8.
He aprovechado la posibilidad que ofrece change.org para incluir el texto de la propuesta en una petición que he ubicado en esa plataforma y que puede consultarse aquí
En la petición he incluido un vídeo en el que explico las razones de la misma


Transcribo a continuación el texto de la petición, que incluye la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña a fin de poner fin a este tratamiento desigual de unos y otros catalanes.

"La discriminación que sufrimos los barceloneses en las elecciones autonómicas es clara. El voto de un residente en Barcelona vale menos de la mitad del voto de un residente en Lérida y también mucho menos que los votos emitidos en Gerona o Tarragona.
Durante décadas se ha rechazado modificar la normativa electoral catalana. Aquí se hace una propuesta concreta de reforma de esta normativa que cambiaría de forma inmediata la atribución de escaños asignados a cada provincia en el Parlamento de Cataluña.

Barcelona. Pasaría de 85 a 100 escaños.
Gerona. Pasaría de 17 a 13 escaños.
Lérida. Pasaría de 15 a 8 escaños.
Tarragona. Pasaría de 18 a 14 escaños.

Este cambio implicaría que los votos de los catalanes valdrían lo mismo con independencia de su provincia de residencia. Un cambio que pondría fin a la discriminación que ahora sufrimos los barceloneses.
Para conseguir este fin dirigiremos esta carta a los responsables de los diferentes grupos en el Parlamento catalán a fin de que inicien los trámites para modificar la normativa electoral que discrimina a los barceloneses, la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía.

"Apreciada Sra., apreciado Sr.

La Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto de Autonomía de 1979 (en vigor según lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía de 2006) fija el número de diputados regionales elegidos en cada provincia catalana. De acuerdo con esta norma en la provincia de Barcelona se elegirá un diputado por cada 50.000 habitantes con un máximo de 85. En las otras tres provincias catalanas se elige un diputado por cada 40.000 habitantes con un mínimo de seis. De acuerdo con esta norma la distribución de diputados es la siguiente:

-       Barcelona: 85.
-       Gerona: 17.
-       Lérida: 15.
-       Tarragona: 18.

La norma contiene una discriminación inicial hacia los ciudadanos de Barcelona, ya que, inexplicablemente, mientras el resto de los catalanes eligen un diputado por cada 40.000 habitantes, los barceloneses solamente tienen derecho a uno por cada 50.000 habitantes. Pero es que, además, al fijar de manera cerrada el número de diputados por provincia resulta que esta discriminación actualmente ha llegado al punto en el que se hace incompatible con valores constitucionales básicos, en concreto el de igualdad en las condiciones para la participación política.
Ahora mismo la distribución entre población y diputados es como sigue:

- Barcelona: un diputado cada 64.895 habitantes.
- Gerona: un diputado cada 43.561 habitantes.
- Tarragona: un diputado cada 44.034 habitantes.
- Lérida: un diputado cada 29.435 habitantes.

Resulta de todo punto injustificado que el voto de cada ciudadano de Barcelona valga menos de la mitad que el de un residente en Lérida y también mucho menos que el de un habitante de Gerona o Tarragona.
Para evitar esta discriminación se propone modificar la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña con el fin de que tenga la siguiente redacción:

Disposición transitoria segunda

1. Las disposiciones transitorias tercera y sexta de la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña, mantienen, en lo que corresponda, la vigencia como regulación transitoria.

2. En tanto una Ley de Cataluña no regule el procedimiento para las elecciones al Parlamento, éste será elegido de acuerdo con las normas siguientes:

1. Las circunscripciones electorales serán las cuatro provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. El Parlamento de Cataluña estará integrado por 135 diputados.
2. Para la determinación de los diputado que corresponderá elegir en cada circunscripción se procederá de la manera siguiente:
a) Se dividirá el número total de habitantes de Cataluña, determinados por el censo vigente en el momento de la convocatoria de las elecciones, por 135, obteniendo así una cifra que se denominará “cuota de reparto”.
b) Se dividirá el número de habitantes de cada circunscripción (determinado igualmente por el censo vigente en el momento de la convocatoria de elecciones) por la cuota de reparto, obteniendo así una cifra que se denomina “índice de la circunscripción”.
c) En cada provincia se elegirá el número de diputados correspondiente a la parte entera de su índice de circunscripción.
d) Los diputados restantes se atribuyen asignando uno a cada provincia cuyo índice de circunscripción tenga una fracción decimal mayor.
c) El decreto de convocatoria de las elecciones fijará el número de diputados que corresponderá elegir en cada circunscripción, determinados según las normas anteriores.
3. Los diputados serán elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, de los mayores de dieciocho años, según un sistema de escrutinio proporcional.
4. Las Juntas Provinciales Electorales tendrán, dentro de los límites de sus respectiva jurisdicción, la totalidad de competencias que la normativa electoral vigente atribuye a la Junta Central.
Para los recursos que tuvieren por objeto la impugnación de la validez de la elección y la proclamación de diputados electos será competente la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que también entenderá de los recursos o impugnaciones que procedan contra los acuerdos de las Juntas Electorales Provinciales.
Contra las resoluciones de dicha Sala del Tribunal Superior de Justicia no cabrá recurso alguno.
5. En todo aquello que no esté previsto en la presente disposición serán de aplicación las normas vigentes para las elecciones legislativas al Congreso de los Diputados de las Cortes Generales.”

De acuerdo con esta propuesta en cada elección la igualdad de todos los ciudadanos catalanes queda garantizada. En concreto, actualmente la implementación de esta propuesta implicaría que dejaría de darse la inadmisible discriminación que ahora padecen los más de cinco millones de habitantes de la provincia de Barcelona.

De acuerdo con la población actual de Cataluña el reparto de diputados entre las distintas provincias se calcularía así:

Total de la población de Cataluña:

7.441.176 habitantes. Dividido entre 135=55.119,82 (cuota de reparto)

Determinación del índice de circunscripción:

- Barcelona: 5.523.784:55.119,82=100,21
- Gerona: 740.537:55.119,82=13,43
- Lérida: 443.032:55.119,82=8,03
- Tarragona: 792.619:55.119,82=14,37

De esta forma se asignarían inicialmente los siguientes diputados:

- Barcelona: 100.
- Gerona: 13.
- Lérida: 8.
- Tarragona: 14.

La suma de todos ellos es de 135 por lo que no sería necesario recurrir a la regla d) del número 2.

El resultado sería un parlamento en el que no se produciría la sangrante desigualdad de que el voto de un barcelonés valga mucho menos que el de un residente en Lérida, Tarragona o Gerona. De acuerdo con esta distribución de escaños la relación entre población y diputados atribuidos sería la siguiente:

- Barcelona: 55.237 habitantes por escaño.
- Gerona: 56.964 habitantes por escaño.
- Lérida: 55.379 habitantes por escaño.
- Tarragona: 56.615 habitantes por escaño.

No podemos mantener por más tiempo una discriminación injustificada de los barceloneses cuando resulta tan sencillo conseguir un Parlamento que realmente represente por igual a todos los catalanes.
Un saludo cordial"

Creo que debemos comprometernos todos en conseguir que el Parlamento de Cataluña represente por igual a todos los catalanes y poner fin a la inaceptable discriminación de Barcelona y lo que representa.



miércoles, 27 de diciembre de 2017

La ley electoral y Cataluña

Una de mis obsesiones es la regulación electoral. En este mismo blog escribí varias veces sobre lo relativamente poco representativo que llega a ser el Congreso como consecuencia de optar por la provincia como circunscripción electoral (aquíaquí, por ejemplo, tras las elecciones de marzo de 2008; y aquí tras las elecciones generales de 2011). Mi tesis es la de que el sistema electoral ha de intentar ser lo más representativo posible; esto es, que su configuración se ajuste en la mayor medida que podamos alcanzar a la que ha manifestado la sociedad en las elecciones; y que otras consideraciones (facilitar la gobernabilidad o sobrerepresentar a las zonas menos pobladas) en caso de que hayan de ser potenciadas (personalmente no veo por qué han de sobrerepresentarse las zonas menos pobladas, por ejemplo) deberían supeditarse a conseguir una representación adecuada del conjunto de la sociedad. Aquí me ocuparé de este tema en relación a las recientes elecciones autonómicas catalanas.

Cataluña está dividida en cuatro circunscripciones. En total se eligen 135 diputados, correspondiendo 85 a Barcelona, 17 a Gerona, 18 a Tarragona y 17 a Lérida. No discutiré ahora la provincia como circunscripción electoral (aunque defiendo que la circunscripción electoral se corresponda con el ámbito de la elección, por lo que la circunscripción ideal -para mí- en unas elecciones catalanas sería el conjunto de Cataluña); sino sobre la distribución de escaños en cada provincia. Y para eso vamos a utilizar un sencillo gráfico:


Este gráfico representa los votos que, idealmente, son necesarios en cada provincia para elegir un diputado. Es el resultado de dividir el número de electores de cada provincia por los escaños que esta provincia tiene asignados. El resultado es el siguiente:

- Barcelona: 3.975.943 electores y 85 escaños. 46.775 electores por escaño.
- Gerona: 429.740 electores y 17 escaños. 29.396 electores por escaño.
- Tarragona: 548.710 electores y 18 escaños. 30.483 electores por escaño.
- Lleida: 297.876 electores y 15 escaños. 19.854 electores  por escaño.

Como puede observarse, el voto de un barcelonés vale bastante menos que el de cualquier otro ciudadano de Cataluña. Así, por ejemplo, un solo ciudadano de Lérida tiene más del doble de "capacidad electoral" que uno de Barcelona (exactamente, un 235% más). ¿Alguna justificación para esta desproporción?

En el gráfico hay una línea horizontal un poco por debajo de la línea de los 40.000 electores. Representa la media de electores necesarios para obtener un diputado en el conjunto de Cataluña. Si dividimos los 5.322.269 electores que hay en Cataluña entre los 135 diputados que se eligen en el Parlamento regional resulta que el resultado es 39.424 electores. Como puede apreciarse para que los ciudadanos de Tarragona, Lérida y Gerona dispongan de una "capacidad electoral" superior a la media de Cataluña, los de Barcelona debemos tener una capacidad electoral inferior a esa media. Si la "capacidad electoral" media es de 100 (la que se correspondería a un sistema en el que se precisarían 39.424 votos para elegir un diputado si la participación es del 100%) esta "capacidad electoral" en la actualidad de los ciudadanos catalanes quedaría así:

- Ciudadanos de Barcelona: 84%
- Ciudadanos de Gerona: 134%
- Ciudadanos de Tarragona: 129%
- Ciudadanos de Lérida: 198%

La pregunta es ¿por qué no se cambia esta situación para hacerla un poco más... ¿nos atrevemos a utilizar la palabra?... un poco más justa? No parece muy complicado. Aquí va una propuesta.
Tal como hemos visto, si dividimos los 5.329.269 electores por 135 escaños en el parlamento regional el resultado es 39.424.
Ahora dividamos en cada provincia el número de electores por 39.424 a ver que sale. El resultado es el siguiente:

Barcelona: 100,85
Gerona: 12,67
Tarragona: 13,91
Lérida: 7,55

Si tomamos la parte entera de la división los diputados por Barcelona serían 100; los de Gerona, 12; los de Tarragona, 13 y los de Lérida, 7. En total 132. Nos faltan tres para llegar a los 135, que se lograría añadiendo un diputado en aquellas provincias cuya parte decimal sea más alta. De acuerdo con esto el resultado final sería:

- Barcelona: 101 diputados.
- Gerona: 13 diputados.
- Tarragona: 14 diputados.
- Lérida: 7 diputados.

De esta forma el voto de cada catalán valdría casi lo mismo. Las diferencias entre dividir el número de electores en cada provincia por el número de diputados que se eligen sería mucho menor que la actual:

- Barcelona: 39.365
- Gerona: 33.056
- Tarragona: 39. 193
- Lérida: 42.553

En un gráfico quedaría así:


Creo que no hay color entre el gráfico anterior y éste. De acuerdo con esta propuesta la igualdad del voto de todos los ciudadanos -que me imagino que es un valor a cuidar- se respeta mucho más que en el sistema actualmente vigente.

¿Afectaría este cambio a los resultados de las elecciones del día 21? Pues sí, también. En estas elecciones, como es sabido, el resultado fue el siguiente:

Cs: 36 escaños.
JXCat: 34 escaños.
ERC: 32 escaños.
PSC: 17 escaños.
CatComú-Podem: 8 escaños.
CUP: 4 escaños.
PP: 4 escaños.

Con la distribución de escaños por provincias que aquí se propone el resultado hubiera sido el siguiente:

Cs: 37 escaños (gana 1).
JXCat: 32 escaños (pierde 2).
ERC: 31 escaños (pierde 1).
PSC: 19 escaños (gana 2).
CatComú-Podem: 8 escaños (queda igual).
CUP: 4 escaños (queda igual).
PP: 4 escaños (queda igual).

Es decir, los partidos independentistas perderían 3 escaños que ganarían los partidos constitucionalistas. Los independentistas se quedarían por debajo de la mayoría absoluta al tener tan solo 67 escaños (la mayoría absoluta está en 68) y los constitucionalistas llegarían a los 60 escaños.
No cabe duda de que en las circunstancias actuales, el hecho de que no todos los votos valgan igual condiciona de manera determinante la configuración del Parlamento. Quizás no sea extraño que quienes se saben infrarrepresentados manifiesten de formas diversas su indignación.
Creo que tenemos una asignatura pendiente con este tema tan delicado, la normativa electoral, y no podemos seguir mirando para otro lado.
¿Nos ponemos a ello?

lunes, 25 de diciembre de 2017

El discurso del Rey

Dice Lluís Bassets que el Rey será Rey de Cataluña o no será. Evidentemente, Bassets no se refiere a la perspectiva legal (y real), al hecho indudable que el Rey lo es en Cataluña (que no de Cataluña) como en el resto de España; sino a la aceptación de su figura y papel por parte de una mayoría de los ciudadanos catalanes.
En una democracia que no tuviera los problemas que ahora tiene España el planteamiento de Bassets sería extemporáneo: el Rey es una figura simbólica que idealmente ha de pasar lo más desapercibido posible. Algo de esto decía cuando comentaba su discurso navideño de hace dos años. El Rey en una monarquía parlamentaria no debe ser un agente de la política, sino ejercer bien su función simbólica, lo que en circunstancias normales no va más allá de cortar cintas, inaugurar congresos, presidir desfiles y realizar visitas de Estado en las que el arte será decir lo mínimo posible.
En circunstancias excepcionales, sin embargo, las cosas cambian. Esta es la situación que vivimos en España, y en concreto en Cataluña y esto explica que reflexiones como la de Bassets no sean inoportunas, sino necesarias. Y esto explica también la relevancia de los mensajes públicos y gestos del monarca. Al mismo tiempo es necesario ya adelantar que esta inesperada relevancia del soberano es muestra de un fracaso de la clase política española, tal como intentaré demostrar.



Comenzaré diciendo que el Rey, con su discurso del día 3 de octubre y -creo- con el de ayer se ha ganado a una parte muy importante de la sociedad catalana. Su intervención aquel día fue vista como un gesto de apoyo a la legalidad y al orden constitucional que muchos catalanes necesitábamos. Difícilmente percibirán quienes no lo hayan vivido la angustia que pasamos aquellos días, cuando esperábamos que en cualquier momento la bandera española fuera arriada de los cuarteles de los Mossos d'Esquadra y de las instituciones, cuando fue arriada en algunos ayuntamientos y las calles fueron tomadas por quienes acosaban a la policía y a los partidos constitucionalistas, cuando desde las administraciones se llamaba a participar en una huelga de país que era -habría que ser muy ingenuo para no verlo- el preludio de la separación efectiva de Cataluña. En aquellos días de incertidumbre el mensaje del Rey nos dejó claro a los catalanes (y también al resto del mundo) que Cataluña seguiría siendo parte de España y que el problema generado por la rebelión secesionista no era -todavía- un problema internacional; al menos desde la perspectiva española.
Agradecimos mucho entonces que, por primera vez, se dijera desde la instituciones con claridad que lo que estaba sucediendo era consecuencia de la inadmisible deslealtad de la Generalitat y que esa deslealtad no podría quebrar el orden constitucional español. Ese era el mensaje necesario, el que debía darse en ese momento y, además, el único que podía dar el Rey.
Porque pese a su dureza, el mensaje de aquel día 3 de octubre lo único que hacía era verbalizar lo que estaba sucediendo, llamar a las cosas por su nombre y afirmar que el orden constitucional no cedería ante quienes querían violentarlo. Si sonó duro fue porque, inexplicablemente, nadie antes que el Rey había hablado con esa claridad de lo que estaba sucediendo en Cataluña. Por eso digo que aquel mensaje fue también la muestra de un fracaso de nuestra clase política, que no había diagnosticado correctamente lo que pasaba en Cataluña, lo que había provocado que aún no se hubiera salido de la "fase de negación" y que, incluso, se pretendiera justificar o explicar el golpe contra nuestras instituciones. El Rey dijo lo que era y las cosas comenzaron a cambiar. Muchos catalanes se hicieron monárquicos ese día, porque -repito- aquel era un mensaje que necesitábamos. Escuchamos (escuché) su mensaje con la misma atención y angustia con la que había escuchado el de Juan Carlos I el 23 de febrero de 1981.


Cierto que el mensaje de octubre no gustó a muchos catalanes, que esperaban un gesto de aceptación de la rebelión; pero, como digo, ese mensaje que algunos esperaban no era ni deseable ni posible: ¿nos imaginamos que el 23 de febrero de 1981 el Rey Juan Carlos hubiera dicho que invitaba a los golpistas a dialogar con el Gobierno a fin de encontrar una solución al problema? Se dirá que no es lo mismo sacar tanques a la calle que tractores, familias que ocupan colegios o Mossos d'Esquadra; que no es lo mismo entrar con pistolas en el Congreso que saltarse todas las normativas para aprobar en el Parlamento de Cataluña normas claramente contrarias a la Constitución; y es cierto que no es lo mismo; pero no es menos grave lo segundo, el intento de convertir toda la administración en una Comunidad Autónoma en la administración de un Estado denominado "República Catalana" (véase en este sentido la Ley de Transitoriedad, que es lo que establece) que lo primero, el plan el de subvertir el orden constitucional mediante la presencia intimidatoria de tanques por las calles.
También algunos dirán que en este caso son dos millones de catalanes los que esperaban ese gesto; pero ¿alguien no se da cuenta de que en 1981 muchos españoles estaban expectantes ante el golpe porque lo de la democracia y cómo iba no les acababa de convencer? La diferencia en estos casos no puede cifrarse en el apoyo popular, sino que está únicamente en la convicción con la que se defienden los valores democráticos; y mientras en 1981 los partidos políticos gozaban de esta convicción, no es esta la situación que vivimos actualmente, con un partido como Podemos que alienta la insurrección contra "el régimen del 78" y otro partido, el PSOE que, pese a su apoyo final al art. 155, sigue manteniendo una peligrosa equidistancia con quienes pretenden subvertir el orden constitucional. Incluso el PP, que parece querer aparentar un mayor compromiso con la Constitución, tardó en llamar a las cosas por su nombre y todavía hace unos pocos meses parece ser que la Vicepresidenta del Gobierno manifestó que Junqueras le había "decepcionado", lo que muestra un escaso conocimiento de la magnitud del desafío que se estaba fraguando desde hacía años.
Ante esta falta de convicción de la clase política el discurso del Rey permitió que se hicieran visibles algunos de los elementos estructurales más básicos de nuestra democracia. No alteró el Rey su función simbólica, lo que sucede es que lo que deberían ser obviedades (en el marco constitucional todo puede ser discutido, incluso su reforma; fuera del marco constitucional no es posible el diálogo; la actuación de la Generalitat había sido desleal y no conseguiría su propósito) no lo fueron en el contexto de una clase política que había perdido el norte.


Su discurso de ayer confirmó la sensatez de su mensaje: debemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido juntos, nuestra democracia ya es madura y respetada en el mundo; debemos afrontar los desafíos que tenemos como sociedad, y ahí hizo mención de algunos temas clave como la necesidad de que el empleo que se cree sea estable, que se luche contra la corrupción, el cambio climático y la violencia de género. Llamó al terrorismo yihaidista por su nombre (algo que a algunos políticos se les resiste) y en cuanto a Cataluña recordó que se había elegido un nuevo Parlamento que debería buscar la recuperación de la convivencia a la vez que recordó que, tal como se había demostrado, las vías de hecho no llevan a buen puerto.
Obviamente ni rectificación del discurso del día 3 ni mención al 155 ni al Gobierno cesado de la Generalitat y a sus estrambóticas peticiones desde Bruselas. El camino de la democracia es uno y en él caben todos, pero pervertirlo para permitir imposiciones no es admisible. Como bien recordó el Rey, en democracia todos pueden plantear lo que quieran, pero no pueden imponerlo; ni por los tanques ni por el recurso a decir que "somos dos millones".
Quizás los muchos catalanes que no se indignaron por el atropello a la legalidad los días 6 y 7 de septiembre, que no se escandalizaron por la sustracción de nuestros datos personales o por la utilización de la policía autonómica para hacer seguimientos a políticos y ciudadanos no nacionalistas, que no protestaron cuando nuestros colegios fueron tomados para la realización de un acto ilegal, que no mostraron su desacuerdo con la huelga de país o que siguen pensando que quienes ahora están en prisión permanecen en ella por sus ideas políticas y no por estar investigados por delitos graves que en cualquier país democrático son perseguidos (utilizar recursos públicos para fines ilegales, impedir la actuación de la policía y de los tribunales, pretender derogar por la vía de hecho la Constitución...); quizás todos estos catalanes discrepen del discurso del Rey; pero somos muchos los que sabemos que la democracia ha de defenderse con convicción y que en todos los países y épocas ha tenido opositores; opositores a los que hemos de escuchar y convencer; pero ante los que no podemos ceder.
Me da la sensación de que el Rey lo tiene claro. Ojalá todos lo tuvieran igual de claro.

viernes, 22 de diciembre de 2017

Dos Cataluñas

No acabamos de asumir la fractura de la sociedad catalana. No es solo que votemos cosas diferentes (eso sucede en todos los lugares en los que se puede realmente votar), ni siquiera que votemos cosas antagónicas; sino que cada vez con más claridad esta sociedad está dividida en dos bloques que examinan cada una de las cuestiones o problemas desde perspectivas diametralmente opuestas. Lo que para unos es deleznable para otros es excelente; lo que para unos es merecedor de oprobio es alabado como bondad suprema para los otros. Las elecciones del día 21 han sido otra vez prueba de ello.
Unas elecciones extraordinarias, convocadas por la vía del art. 155 de la Constitución, tras el golpe de septiembre/octubre, tras el 1-O, las declaraciones de independencia de los días 10 y 27 de octubre, tras el art. 155, tras la entrada en prisión de Sánchez y Cuixart, de Junqueras y de los miembros del gobierno; tras la huída de Puigdemont; tras la fuga de las empresas y de los ahorros, tras el discurso del Rey y las declaraciones de la UE. Tras todo esto lo que para unos ha sido acicate para votar a los partidos independentistas para los otros lo ha sido para depositar una papeleta con la lista de Cs, el PSC o el PP. Al final, como dos competidores en un pulso, apenas unos centímetros se han movido las manos que empujan en sentidos contrarios.



Durante años los gobiernos españoles y los dos grandes partidos (PP y PSOE) han rechazado adoptar medidas que resultaban necesarias para evitar los desmanes de los nacionalistas con el argumento de que acentuarían el victimismo y se convertirían en ventajas electorales para los secesionistas. El tópico de "la fábrica de independentistas" que, me parece, donde más se creen es en La Moncloa, en Ferraz y en Génova.
Pues bien, tras hacer más de lo que algunos hubieran siquiera imaginado hace cuatro meses. Tras poner en marcha el temido 155 y llevar hasta la cárcel al gobierno en pleno la famosa "fábrica" produjo ¡106.103 votos! Tan solo 2 de cada 100 catalanes con derecho a voto se sumaron al bando independentista como consecuencia de la destitución de todo el gobierno de la Generalitat, el encarcelamiento de los consellers y los procesos penales abiertos. Poca cosecha para quienes pretendían que los catalanes "com un sol poble" reaccionarían ante la "supresión" de sus instituciones y la "persecución" de sus líderes. Y eso en un contexto de altísima participación que llevó a que esa subida en votantes supusiera una disminución en el porcentaje de votos a favor de la independencia. De hecho, antes de la aplicación del art. 155 los independentistas tenían 72 diputados en el parlamento regional; ahora tendrán solamente 70.
Pero ahora veamos las cosas desde el otro lado: tras la perpetración de un golpe de estado fallido, tras haber pisoteado los derechos de los diputados y haberse apropiado ilegalmente de los datos personales de los catalanes, tras haber conseguido que miles de empresas huyeran y que miles de ahorradores hubieran sacado sus fondos de las oficinas bancarias en Cataluña, tras haber recibido el sonoro "no" de las instituciones europeas; tras haber creado una situación de crisis sin precedentes; tras todo eso aún así los independentistas mantienen su mayoría absoluta en el Parlamento regional.
Es cierto que el voto a los partidos constitucionalistas, o como dirían los nacionalistas, el tripartito del 155 (Cs, PSC y PP), se ha incrementado de una forma considerable (de 1.605.563 en 2015 a 1.889.176 en 2017, 283.613 votos más); pero, incomprensiblemente -para los constitucionalistas- esta subida no ha sido suficiente para impedir la mayoría absoluta de los independentistas, básicamente porque los independentistas, como hemos visto, no solamente no han visto reducidos sus votantes, sino que los han incrementado ligeramente ¿cómo es esto posible?
Como decía antes los mismos hechos; los vividos entre septiembre y octubre, pero que traen su causa de todo lo preparados desde el comienzo de la legislatura y aún antes; son percibidos y valorados de formas antitéticas por unos y otros catalanes. Mientras para unos les reafirman en su independentismo, para otros han sido un argumento para votar al partido que con más claridad y contundencia ha exigido la aplicación del art. 155, Cs, el partido antinacionalista ganador de unas elecciones en las que los independentistas han revalidado su mayoría absoluta en el parlamento regional.
Como avanzaba al comienzo, lo sucedido en estas elecciones no es una rareza, sino la consecuencia lógica de esa fractura entre los catalanes que hace que la misma realidad sea percibida de forma radicalmente diversa.
El día 9 de octubre, la víspera de la suspendida declaración de independencia, comentaba con unos conocidos la actualidad política. No nos poníamos de acuerdo y salió el tema del discurso del Rey. Mi interlocutor comentó que el discurso había sido lamentable. Lo decía como una evidencia que no admitía discusión, con la misma suficiencia que tantas veces había percibido. Tentado estuve de hacer aquello que había aprendido en tantos años de nacionalismo: no negar frontalmente sino intentar apuntar un matiz; pero finalmente no lo hice, sino que con claridad le dije que a mí el discurso me había parecido maravilloso. El gesto de sorpresa de aquel con quien hablaba fue genuino. Parecía sorprendido de que pudiera existir una opinión tan radicalmente diferente a la suya; pero continué. Le dije que el que a él le pareciera lamentable y que, sin embargo a mí -y a otros muchos- le pareciera excelente debería hacernos reflexionar; añadí que una sociedad en la que convivíamos quienes hacíamos valoraciones tan divergentes de un mismo hecho estaba claramente fracturada y que deberíamos hablar mucho entre nosotros para que él fuera capaz de entender por qué a mí me había parecido maravilloso el discurso y, en cambio, a él le había decepcionado. Solamente hablando y escuchando podríamos, en algún momento, comenzar a entendernos.



Creo que las elecciones del día 21 confirman esta perspectiva: la división de la sociedad es tan nítida y, aparentemente, insalvable, que sin dejar de intentar convencer al otro, deberíamos ocuparnos también de formular propuestas de convivencia útiles para una sociedad partida como la nuestra. Rota la hegemonía nacionalista -y la quiebra de esta hegemonía es también una consecuencia de las elecciones del día 21, no perdamos de vista que el ganador ha sido Cs, que los secesionistas han fracasado de nuevo en su propósito de conseguir más del 50% de los votos y que constitucionalistas y secesionistas están separados por menos de 200.000 votos-, es preciso que cada uno de nosotros presente con convicción sus planteamientos sin complejos y sin pretender agradar. Se trata de que todos nos conozcamos, y eso no lo conseguiremos si pretendemos "caer simpáticos" a este o a aquel sector. Tanto los ciudadanos como los partidos políticos deben ser honestos en sus planteamientos y presentar con sinceridad cuáles son sus propuestas para la sociedad.
Quizás alguno piense que soy críptico; pero me explicaré -para dar ejemplo-: no tengo en absoluto claro que el discurso del PSC en esta campaña electoral responda a una propuesta coherente. Insistir en los indultos a quienes han quebrado el Estado de Derecho no se compadece con haber apoyado la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Negar la evidencia del adoctrinamiento y enrocarse en la defensa de la inmersión ¿tiene algo que ver con la perspectiva de la mayoría de sus votantes o se trata simplemente de tender falsos puentes con los nacionalistas? Bien, hemos visto el resultado. En estos momentos estos ejercicios versallescos carecen de sentido. No se trata de cerrar en falso las heridas (como bien apuntó Borrell), sino de que cada uno de nosotros tenga la dignidad de decir lo que piensa y que entre todos nos respetemos lo suficiente como para admitir la discrepancia del otro.
Creo que hasta ahora nos ha faltado convicción en esta tarea de explicación. El temor a enfrentarse al relato nacionalista ha llevado a incomprensibles edulcoraciones (está reciente todavía la negativa del ministro Méndez de Vigo al adoctrinamiento en la escuela catalana). No es esta la vía, tal como ha demostrado Cs: igual que los nacionalistas no tienen empacho en presentar sus argumentos como los únicos válidos, los constitucionalistas tenemos que afirmar con rotundidad la validez de los nuestros, aunque sea, como creo recomendable, siempre dejando abierta la puerta al diálogo, pero sin negar nuestras convicciones.
El objetivo a largo plazo es reconstruir la convivencia; pero a corto hay otro más inmediato: establecer reglas para la coexistencia. Adelanto ya algunas de las propuestas que hay que poner encima de la mesa:
- El respeto a la ley no es negociable. Es una obligación ineludible.
- Las administraciones han de ser neutrales.
- No es de recibo que se imponga un 100% de catalán (como lengua vehicular) a todas las familias. Si no podemos llegar a un acuerdo para que castellano y catalán estén presentes en la educación como lenguas vehiculares habrá que crear un doble sistema educativo. No es lo que quiero, pero si los nacionalistas siguen negando la presencia del castellano no quedará otro remedio que desdoblar el sistema.
- Los medios públicos de comunicación han de dejar de ser instrumentos de propaganda nacionalista.
No miremos para otro lado: las instituciones que ahora tenemos respondían a un sistema de hegemonía nacionalista. ¿Verdad que ya no admitimos esa hegemonía? Pues habrá que hacer propuestas para adaptar las instituciones a la realidad: una sociedad dividida.
Aún nos falta dar este paso: mirar de frente las Cataluñas que nos deja el proceso. Todos parecemos todavía descansar en que de alguna forma se recompondrá la convivencia. Abandonemos esa idea. De la noche a la mañana ni desaparecerán los dos millones de votantes nacionalistas ni el casi millón novecientos mil que han votado por los partidos que han apoyado el 155. Tendremos que acostumbrarnos a vivir unos con otros.
El Oasis se ha secado. Lo que algunos ven -el PSC, por ejemplo- no es más que un espejismo.

martes, 19 de diciembre de 2017

Votar para defender la democracia

Los independentistas lo han dejado claro: su propósito es volver a la vía unilateral, aplicar la Ley de Transitoriedad -anulada por el Tribunal Constitucional- y poner en marcha la república catalana. Hace poco lo indicaba Marta Rovira, la candidata de ERC.
En algunos países escrupulosamente democráticos no sería posible plantear abiertamente que el objetivo de ganar las elecciones sería destruir el orden constitucional. Precisamente por coherencia con los valores democráticos no resulta posible amenazar con la derogación por la vía de hecho del ordenamiento constitucional, ni comprometerse con los electores a hacerlo. Una reflexión que deberíamos hacer también en España, tal como propone hoy Joaquim Coll en El País.
En España, sin embargo, sí es posible realizar tales propuestas en la campaña electoral, lo que traslada a los electores la carga de la defensa de nuestros valores democráticos. No se trata de ninguna exageración o de un recurso retórico: lo que proponen los independentistas, e intentaron llevar a cabo durante el golpe de septiembre/octubre de este año fue: 

- derogar al margen de la ley la Constitución y el Estatuto de Autonomía
- imponer un nuevo ordenamiento jurídico en el territorio de Cataluña
- separarnos de España y de la Unión Europea
- vincular la administración y sus funcionarios a la administración del Estado que quieren crear
- y someternos a las obligaciones que impusieran quienes rigieran esa "república catalana".

Para conseguir sus fines hemos visto que recurrieron no solamente al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento, sino a la movilización en la calle orientada a impedir el cumplimiento de las órdenes judiciales y la actuación de la policía, apoyando dicha movilización con los Mossos d'Esquadra, que también destinaron a labores de espionaje de aquellos que disentían del credo nacionalista, tal como se ha constatado recientemente. En este contexto casi (casi) resulta menor que se hubieran apropiado de los datos personales de los catalanes y los hubieran puesto en riesgo con el fin de construir el censo que pretendían utilizar el día 1 de octubre.

Ahora nos amenazan de nuevo con volver a intentar el secuestro de las instituciones y con la quiebra en la convivencia, con devolvernos a la inseguridad que provocó la huida de empresas, la fuga de los ahorros, la descalificación para coger la Agencia Europea del Medicamento y la incerteza social y económica en la que vivimos.
Cuanto menores son los límites al discurso público mayor es la responsabilidad de los ciudadanos. Como acabamos de ver, en España todas las propuestas son posibles, así que nuestra responsabilidad como votantes es mayor. El día 21 tendremos que asumirla, porque está en nuestras manos poner fin al proceso o, por el contrario, dejar que los que nos han conducido hasta el desastre presente vuelvan a alcanzar el poder.
Votaré el 21, y ya expliqué que votaría Cs. Otros que comparten las preocupaciones que acabo de expresar optarán por otros partidos (PSC o PP); y también habrá conciudadanos que votarán a quienes proponen esta destrucción de nuestro marco de convivencia o están dispuestos a pactar con ellos. Evidentemente esta última opción también debe respetarse; pero, por desgracia, no puedo menos de lamentar que en este caso se opte por quienes nos amenazan con volver a delinquir contra todos nosotros. En una situación de división como la que vivimos no dejaré de contar también como míos los votos que reciban PSC o PP, mientras que los que reciban otras formaciones serán vistos como ajenos. Me imagino que entre los independentistas sucederá lo mismo: un votante de ERC podrá tener simpatía por quien vote a la lista de Puigdemont o la CUP, pero probablemente ninguna por quienes voten lo que ellos llaman "el tripartito del 155".
Por desgracia esta es la situación que tenemos en Cataluña, una división con la que tendremos que aprender a coexistir antes de intentar superarla; pero para poder hacerlo, para poder superarla, es imprescindible que contemos con las herramientas para ello, y la principal es nuestro marco común de convivencia, la Constitución que permite acoger a todos y también ser reformada para que puedan perfeccionarse los consensos. Si perdemos la Constitución y la sustituimos por la imposición de los independentistas habrá desaparecido la posibilidad de volver a ser una sociedad unida. Es por eso que pasado mañana nos toca votar para defender esa Constitución y, a partir de ahí, comenzar a recuperar la convivencia.



sábado, 9 de diciembre de 2017

Mi voto el 21-D

Nunca le he dado publicidad a mi voto. Hoy romperé esa costumbre.
No he sido excesivamente fiel a las siglas. Creo que en estos últimos 30 años he votado al menos a cinco partidos o coaliciones diferentes, y nunca he comentado ese voto casi ni a los familiares; pero en estas elecciones del próximo 21 de diciembre se dan unas circunstancias excepcionales que hacen que me parezca conveniente hacer explícito en quién depositaré mi confianza.
Se trata de Cs. Votaré a Cs y explicaré por qué.



En los últimos meses hemos vivido una situación de extraordinaria gravedad que nos ha afectado a todos y, lo que es peor, nos continuará afectando durante más tiempo del que nos gustaría: la fractura social y el daño a la economía y a la confianza, no solamente en Cataluña sino en el conjunto de España ha sido enorme, mayor quizás del que a veces imaginamos y mi primera preocupación es que no se vuelva a dar una situación semejante: que no volvamos a vernos privados del Estado de Derecho, con la amenaza inminente de una secesión, padeciendo la huida de miles de empresas y la fuga de los ahorros de los bancos. Que no volvamos a encontrarnos en medio de la anormalidad democrática que suponen los "paros de país" o los comités de defensa de la república, que no volvamos a sentirnos amenazados por nuestra propia policía y sin el amparo de nuestras instituciones. Mi primera preocupación es que recuperemos una normalidad institucional que va más allá del nombramiento de un nuevo gobierno, sino que implica que las diferentes administraciones dejen de estar al servicio de la construcción nacionalista y se pongan lealmente a trabajar por la mejora de nuestra sociedad. Aspiro a que la Comunidad Autónoma actúe como una institución constitucional española y busque lo mejor para los catalanes en el marco del proyecto español y europeo. Rechazo cualquier intento de secesión y también cualquier pretensión de la necesidad de un "encaje" especial o privilegiado; quiero para mí lo mismo que para cualquier otro español: ni más ni tampoco menos.
En definitiva, quiero que superemos el nacionalismo que nos ha traído hasta aquí, quiero que dejemos de vivir dándonos golpes de pecho, recreando pasados remotos y pretendiendo que todos conspiran para apartarnos del lugar que nos correspondería. Quiero una sociedad normal que disfrute del privilegio de formar parte de una de las áreas más desarrolladas en los económico y lo político del Mundo: Europa. Quiero que nuestras preocupaciones se orienten a la búsqueda de una mayor justicia social, una mayor riqueza, un mayor desarrollo, mejores escuelas y universidades, mejores hospitales para todos y una sociedad más abierta y feliz. Quiero todo eso y no continuar dándole vueltas al "proceso"; a este o a cualquier otro que se invente un nacionalismo siempre mutante.
Evidentemente los partidos nacionalistas y los Comunes (llámense ahora como se llamen) no me permitirán salir de este bucle perverso. Los independentistas seguirán con su cantinela de los presos políticos, la falta de libertades, la implementación de la República y la desobediencia; y dentro de los partidos que podríamos denominar "constitucionalistas" ninguno me ofrece mayor confianza que Cs.
Cuando Cs nació algo comenzó a cambiar. Su llegada al Parlamento de Cataluña hizo que el castellano comenzara a ser usado en aquella institución. A alguno quizás le sorprenda; pero es a Cs a quien debemos que ahora se utilice con una cierta normalidad el castellano en el Parlamento catalán. Antes de ellos el recurso al castellano en la Asamblea que nos representa a los catalanes era esporádico o anecdótico, como si se mancillaran aquellas piedras por la reverberación del sonido de la lengua que es materna de más de la mitad de los catalanes. Fue con ellos con quien a nuestra institución llegó lo que es normal en Cataluña: que el castellano y el catalán se utilicen de forma natural mezclándose y complementándose. Se negaba así uno de los dogmas del nacionalismo: la inevitable prevalencia del catalán en Cataluña; y se ponía en valor la necesidad de entender Cataluña como una tierra en la que catalán y castellano (y aranés) conviven y se enriquecen mútuamente.
Desde entonces Cs ha trabajado de forma constante y firme para esa recuperación de la normalidad no solamente en las instituciones, sino también en la escuela, donde se ha opuesto al monolingüismo en catalán y a la utilización de la escuela para el adoctrinamiento político. Lo ha hecho, creo que es justo reconocerlo, con más contundencia y continuidad que cualquier otra fuerza.
Pero es que además Cs ofrece una visión nueva de los problemas de nuestra sociedad. En las recientes elecciones generales plantearon por primera vez -a mi conocimiento- una medida que apunta a un problema clave para nuestra economía que me preocupa enormemente: la bajada de los salarios. Su medida de un complemento salarial no respondía plenamente a lo que yo propondría en ese ámbito, pero hay que reconocer su mérito de comenzar a trabajar en una línea diferente de las para mí agotadas relativas a políticas activas de empleo, salario mínimo y demás recetas del siglo XX. Cs es un partido nuevo y abierto que creo que puede responder bien a las exigencias de una sociedad moderna que debería orientarse a un rechazo frontal de la corrupción, negar cualquier tentación "antimoderna" y, a la vez, preocuparse porque los perdedores de la globalización y de la modernización no queden descolgados del avance general de la sociedad. Creo que esto Cs lo ha entendido mejor que otros partidos.
Finalmente, votaré a Cs por una cuestión meramente táctica; pero que podría tener una gran transcendencia: Cs tiene la oportunidad de ganar las elecciones autonómicas. No me fío de las encuestas; pero todas las que van saliendo nos indican que no está lejos de ERC, la fuerza favorita para ganar las elecciones autonómicas. Si esa distancia se acorta y Cs llega a superar a ERC se lanzaría un mensaje muy importante al mundo: un partido claramente no nacionalista, claramente contrario a la secesión habría ganado las elecciones regionales en Cataluña. Ya nadie volvería a confundir a los catalanes con los nacionalistas, una confusión que a mi me duele profundamente y que sería completamente ridícula si el primer partido en votos y escaños en el Parlamento regional es Cs. Es Cs quiene tiene esta oportunidad histórica y me gustaría contribuir con mi voto a que se hiciera realidad.