El pasado 14 de mayo, el gobierno de la Generalitat aprobaba un decreto que tenía como finalidad excluir al castellano como lengua de la escuela en Cataluña. Su artículo 16 era muy claro:
"Art. 16El catalán como lengua oficial de la Administración educativa1. El catalán, como lengua propia de Cataluña y lengua propia de la enseñanza, lo es también de la Administración educativa. El aranés disfruta de esta condición en Arán.2. La Administración educativa de Cataluña y los centros deben emplear el catalán tanto en sus relaciones internas como en las que mantengan entre sí, con las administraciones públicas del resto del dominio lingüístico catalán y con sus entes públicos dependientes. El catalán será también la lengua de uso normal para la prestación de servicios contratados por el Departamento" (negritas añadidas)
Esta exclusión del español como lengua de la institución educativa se iba concretando en cada una de las materias reguladas por el Decreto. Por supuesto, la enseñanza debería impartirse en catalán (art. 6.1); pero es que también esa debía ser la lengua utilizada en las comunicaciones con las familias (art. 6.2), en los exámenes (art. 6.4) y en la rotulación de los centros (art. 6.7). También sería en catalán la acogida de los alumnos que se incorporaran al sistema educativo (art. 10); llegando al punto de exigir la utilización del catalán también en las comunicaciones informales que desarrollen los docentes (art. 6.1). También ha de ser el catalán (o en aranés en Arán) la lengua que se utilice en las actividades de proyección externa del centro (art. 14).
El castellano es oficial en Cataluña y, por tanto, no puede recibir el tratamiento de una lengua extranjera a efectos educativos. El español no solamente es una lengua que hay que enseñar en las escuelas, sino que tiene que considerarse como una lengua propia. Es, además, la lengua mayoritaria entre los catalanes; pese a lo mucho que eso molesta a los nacionalistas.
La exclusión del castellano es inconstitucional y supone una vulneración de derechos, implica consagrar la escuela como una herramienta de construcción nacional y utilizarla no para que los alumnos obtengan la mejor formación posible, sino para extender el uso del catalán entre aquellos que todavía emplean el castellano (véase el art. 6.5 del decreto: "Los centros educativos deben analizar los usos lingüísticos y la exposición de su alumnado a las diferentes lenguas del entorno para impulsar el conocimiento de la lengua catalana o del aranés en Aran, favorecer el uso entre todo aquel alumnado que tiene limitado el acceso por razón de su contexto sociolingüístico e impulsar las medidas necesarias para compensar las carencias en catalán o aranés".
El decreto es, llanamente, un insulto para todos los catalanes que defienden que las dos lenguas del conjunto de catalanes son el castellano y el catalán; y que ambas han de ser conocidas y apreciadas; que ambas nos identifican (junto con el aranés) y que ambas han de ser utilizadas con normalidad por la administración y la escuela. Una escuela bilingüe para una región bilingüe, que es lo que defiende la Asamblea por Una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB).
Y es por eso que la AEB ha llevado a los tribunales el Decreto de la Generalitat 91/2024 de 14 de mayo. Hace unas semanas presentó un recurso en tutela de derechos fundamentales alegando que el Decreto vulneraba los derechos lingüísticos de los alumnos, y que la vulneración era tan grave que se hacía preciso adoptar la medida cautelar de suspensión del mismo con el fin de no perjudicar tales derechos durante la tramitación del recurso.
Lo ha tenido que hacer la AEB porque el Gobierno de España está a otras cosas y, por supuesto, no iba a mancharse las manos con un caso así.
Hoy hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a la AEB en la solicitud de medidas cautelares y ha suspendido la aplicación del Decreto.
Lo exigible, de acuerdo con los estándares europeos del Estado de Derecho, sería que la Generalitat respetase la decisión judicial. Por supuesto, está en su derecho de recurrirla; pero no puede cuestionar el criterio de los tribunales y, menos aún, descalificarlos. Lo he repetido muchas veces, pero lo haré una más: de acuerdo con la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa del año 2010, el poder legislativo y ejecutivo, cuando comenten las decisiones judiciales han de hacerlo de manera tal que no ponga en riesgo la confianza de la opinión pública en los jueces
Para la Consejera estamos ante jueces que se extralimitan y admite con naturalidad que el poder legislativo y ejecutivo había adoptado normas para hacer frente a sentencias judiciales en las que se adoptan ideas "peregrinas"; en concreto, aquella decisión que estableció que al menos una cuarta parte de las materias tenían que impartirse en cada una de las lenguas oficiales.
La Consejera, además, carga también contra la AEB; una entidad de la sociedad civil; y se queja de que los jueces le hagan caso en vez de atender a lo que ella califica como consenso social y político mayoritario.
¿No tiene todo esto un tufo totalitario que debería repugnar? El gobierno debe encajar las derrotas judiciales con espíritu constructivo y, en su caso, intentar buscar consensos efectivos que, en ningún caso pueden pasar por la vulneración de derechos individuales y que, además, exigen escuchar a todos; en vez de quitar de en medio con desdén las opiniones que, según la Consejera, no se acomodan al "consenso social y político mayoritario".
Y cuando hablo de vulneración de derechos no es un recurso retórico. El procedimiento iniciado por la AEB es el específico para la tutela de los derechos fundamentales, y si se solicitó y ha sido concedida la medida cautelar de suspensión de la vigencia del Decreto en tanto se resuelve sobre el fondo, es porque se aprecia que existen visos de vulneración de derechos fundamentales de los alumnos catalanes (en la fase en la que nos encontramos no es posible más que un pronunciamiento provisional del Tribunal).
Hasta aquí, lo jurídico; pero me gustaría ir más allá. El Decreto de la Generalitat, el recurso de la AEB, la suspensión del decreto y muchas más cosas se insertan en un debate profundo que ha de ser explicitado.
Cataluña es una sociedad en la que hay dos lenguas: el castellano y el catalán. El aranés también es oficial, pero tiene unos pocos miles de hablantes que se localizan en una sola comarca del Principado. Catalán y castellano, sin embargo, son lenguas conocidas por prácticamente todos los catalanes y que muchos pueden usar indistintamente. Cataluña es una región bilingüe en la que la convivencia de catalán y castellano es lo normal.
Los nacionalistas catalanes, en cambio, lo que pretenden es una Cataluña donde la lengua preferente sea el catalán, de manera que en aquellos ámbitos controlados por el nacionalismo (la Generalitat, muchos ayuntamientos, el sistema educativo...) el castellano recibe el tratamiento de una lengua extranjera. Es una lengua que está ahí, pero que no tiene reconocimiento oficial.
Lo anterior no es una simple anécdota. A los niños en la escuela se les transmite que la lengua "normal" es el catalán (y no el castellano); que la lengua de Cataluña es el catalán (y no el castellano) y que ha de extenderse el uso del catalán (lo que implica la disminución del uso del castellano). Esta es la formulación de lo que la Consejera de Educación llama "consenso social".
Frente a esta imposición del catalán, todavía algunos defendemos lo que explicaba tres párrafos más arriba: catalán y castellano han de ser utilizados con normalidad y de acuerdo con las preferencias de cada uno, sin imponer desde el poder o desde la escuela una de las dos lenguas en detrimento de la otra. Esta es la línea en la que está la AEB, en la que está Impulso Ciudadano y en la que estoy yo mismo.
Defendemos el planteamiento anterior con pocos medios (prácticamente ninguno), tan solo espoleados por la convicción de que dejarse abandonar en los brazos del nacionalismo no es solución; pero sin contar con el apoyo del gobierno y, es más, muchas veces haciendo frente a la oposición expresa del gobierno de España.
Por cierto, en este caso que nos ocupa, no solo la Generalitat, sino también la Fiscalía se han opuesto a la petición de la AEB. Afortunadamente, en esta ocasión el Tribunal nos ha dado la razón (no pasa siempre, pero nosotros, a diferencia de lo que hace el gobierno de la Generalitat, somos moderados en las críticas a los tribunales cuando no nos dan la razón; y eso que sobre nosotros, particulares o asociaciones, no pesan los límites que el Consejo de Europa fija tan solo para quien ejerce el poder legislativo o el ejecutivo). Ahora bien, como digo, también la Fiscalía se ha opuesto a la adopción de la medida cautelar solicitada. Pero, bueno, ya se sabe, la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso
