Manifiesto por la regeneración democrática elaborado por
Carles Górriz López y
Rafael Arenas García:
"El
movimiento 15M ha puesto de manifiesto que somos muchos los que pensamos que la
democracia española precisa reformas en profundidad. En los últimos treinta y
cinco años nuestra democracia ha sido fuerte, ha permitido que los españoles
viviéramos en paz y ha sido clave en el éxito más importante de los últimos dos
siglos: la incorporación a la
Unión Europea y con ello la plena participación de España en
el proyecto europeo del que nos habíamos sentido ausentes durante buena parte
de los siglos XIX y XX. Además, estos años han sido de desarrollo económico,
potenciación de las infraestructuras, mejora de la sanidad y de la educación.
España es a comienzos del siglo XXI un país desarrollado que participa
plenamente en las relaciones internacionales en plano de igualdad con los
países económica y socialmente más avanzados, y los españoles somos agentes
activos en la nueva sociedad global. Todo esto no hubiera sido posible sin el
sistema democrático al que da forma la Constitución de 1978, la más importante de las
que ha tenido España en su Historia.
El
reconocimiento de todos estos elementos postivos no debe, sin embargo,
apartarnos de la necesaria tarea de crítica permanente al sistema que permita
identificar sus puntos débiles y plantear propuestas para su mejora. En este
sentido, el 15M ha de entenderse como una llamada de atención a la clase
política que nos gobierna y cuya calidad se ha deteriorado peligrosamente en
los últimos años. Este deterioro puede trasladarse al conjunto del sistema y
producir una desafección en la ciudadanía cuyos primeros síntomas ya son
manifiestos desde hace años (aumento del voto en blanco, del nulo en las
últimas elecciones, altas tasas de abstención, etc.).
En
este contexto resulta imprescindible una regeneración de nuestro sistema;
regeneración que no será posible sin reformas de gran calado, algunas de las
cuales precisarán la modificación de la Constitución. Se
trata de reformas encaminadas a garantizar que las reglas del juego democrático
sean más justas, a mejorar la calidad de la clase política y a potenciar la
participación de la ciudadanía; se trata, por tanto de reformas en las que
todos los partidos podrían (y deberían) estar de acuerdo, pues no implica
opción alguna por políticas concretas.
En
primer lugar, es imprescindible una reforma electoral. No es asumible que, por
ejemplo, en las últimas elecciones generales celebradas el PNV con 303.000
votos consiguiera 6 escaños, mientras que UPyD con 303.000 votos obtuviera 1
solo e IU, con casi un millón de votos, sólo 2 –es decir, una tercera parte de
los escaños conseguidos por el PNV-. Resulta evidente que el sistema electoral
actual no consigue que el Congreso de los Diputados refleje las preferencias
políticas de los ciudadanos y, por esto, debe reformarse el sistema electoral.
La
reforma ha de pasar por la eliminación de la provincia como circunscripción
electoral.. La única forma de conseguir una representación adecuada de la
ciudadanía es tomar como circunscripción electoral en cada elección el
territorio al que se refirere dicha elección: si se trata de las elecciones al
Congreso la circunscripción ha de ser toda España; si las elecciones son
autonómicas la circunscripción ha de ser la Comunidad Autónoma;
si son europeas la circunscripción ha de ser Europa (lo que obligaría a la
creación de auténticos partidos europeos) y si la elección es municipal ha de
ser el municipio. Esta reforma es absolutamente imprescindible y debería,
incluso, adoptarse antes de las próximas elecciones, so pena de que éstas, de
nuevo, no ofrezcan una imagen fiel de la voluntad política de los españoles. Todo
ello sin perjuicio de que las diferentes sensibilidades, culturas, tradiciones
y lenguas se encuentren adecuadamente representadas por ser elementos
consubstanciales de la sociedad que tienen que tener su reflejo en las
instituciones públicas. El objetivo ha de ser conseguir una mejor
representación, no la uniformización.
Los
partidos políticos son imprescindibles para el funcionamiento de nuestra
democracia. Asumimos, además, que son, en general, estructuras democráticas y
abiertas. Por eso instamos a todos los españoles a integrarse y participar en
la vida de los partidos: cuanto mayor sea la participación mayor será la
proximidad de los partidos a los ciudadanos y mayores las posibilidades de que
desde dentro de los partidos se produzca la transformación de la forma de hacer
política. Ahora bien, en las circunstancias actuales es preciso realizar un
esfuerzo importante de apertura de los partidos a la sociedad; esfuerzo que ha
de concretarse en la abolición de las listas cerradas. Las elecciones deben
permitir que los ciudadanos elijan de entre los candidatos presentados por los
partidos aquellos que prefieran, sin tener que limitarse a optar por una u otra
lista. Las listas abiertas son un elemento que incrementa la participación
ciudadana y, a la vez, una limitación al poder de los partidos que, con el
sistema actual, tienen una incidencia determinante en la composición de los
distintos Parlamentos y demás órganos elegidos.
Los
partidos hasta ahora, y con evidentes excepciones, no han sido mecanismos que
llevaran a los mejores a las más altas cotas de responsabilidad. Una tarea
fundamental de los partidos es la selección de las personas que han de
desempeñar los cargos de más responsabilidad en nuestra vida política
(Presidente del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, Ministros y
Consejeros, Diputados y Senadores, etc.). En los últimos años hemos visto como
personas imputadas asumían y asumen dichos cargos; cómo personas sin formación
académica ni curriculum personal son designados para puestos de una altísima
responsabilidad. Esta situación pone en evidencia un fallo en el funcionamiento
de los partidos que debe ser objeto de enmienda. Una mayor participación
ciudadana y la sustitución de las listas cerradas por listas abiertas pueden
ser un acicate para que los partidos opten por la vía del rigor y la excelencia
en la confección de sus listas y en la elección de las personas que han de
ejercer cargos de responsabilidad, tanto en los partidos como en las distintas
administraciones, en los órganos legislativos y en las altas magistraturas
judiciales. Solo así se conseguirá lograr una revalorización de la política y
devolver el prestigio que merece la tarea que llevan a cabo los políticos.
Ahora
bien, esta transformación tiene que ir acompañada de un cambio en la forma de
hacer, en la que el debate sobre las ideas y actuaciones tiene que ser el único
eje. Rechazamos que la política sea utilizada para la descalificación personal;
vía fácil para exaltar emociones y hurtar a los ciudadanos debates
sustanciales. No debería nunca votarse a un partido más que a partir de sus
propuestas y planteamientos, lo que exige que todos los ciudadanos asuman la
obligación de votar responsablemente, atendiendo a programas y teniendo en
cuenta las propuestas que hacen unos y otros. Cualquier medida de gobierno que
no estuviera incluida en el programa electoral solamente debería poder ser
adoptada tras someterla a la consideración de la ciudadanía por medio de
referendum, pues supone una actuación más allá de la representación otorgada
por medio del voto. Este principio, que –evidentemente- puede admitir
excepciones, es básico para que la ciudadanía asuma la necesidad de valorar
programas y contenidos y no meras simpatías. Es una medida que contribuiría a
elevar el bajísimo nivel actual del debate político.
La Administración ha de estar al
servicio de los ciudadanos y no de los partidos. La proliferación de
administraciones más parece justificada por la necesidad de colocar afines que
por objetivos intereses generales. No sólo debe evitarse la proliferación de
nuevas instituciones supérfluas e infructuosas
sino que debe estudiarse una reducción de la Administración y de
las administraciones existentes, con criterios de eficiencia y racionalidad.
Además,
deben eliminarse todos los cargos de designación política. La Administración ya
está servida por empleados públicos que acceden –y debe velarse porque así sea-
a sus cargos través de los criterios de mérito y de capacidad y que han de ser
siempre leales con aquéllos a quien la voluntad popular ha puesto al frente de
los designios públicos. Estos empleados públicos han de ser suficientes para la
llevanza de los asuntos públicos, por lo que el recurso a cargos de designación
directa no se encuentra justificado.
Igualmente
debe revisarse el sistema de financiación de los partidos políticos. Dado que
son una pieza fundamental del engranaje democrático, deben recibir una
financiación pública suficiente, que puede venir dada por los resultados
electorales obtenidos. El recurso al crédito debería estar prohibido, así como
las donaciones anónimas. Los partidos deberían ser restrictivos en sus gastos y
austeros. Las campañas electorales deberían ser igualmente austeras; la
ocupación del espacio público por pancartas y la realización de mítins no se
encuentra justificada hoy en día para la transmisión del mensaje político,
debiendo optarse por vías menos gravosas y más sostenibles para la difusión de
las ideas propias tales como la organización de debates y encuentros tanto en
los medios de comunicación tradicionales como a través de internet. El envío de
propaganda electoral a los domicilios debería estar prohibida. El objeto y fa
función de los partidos políticos, esencial en una democracia parlamentaria,
justificaría además que las cuentas de los partidos políticos fueran
transparentes y estuvieran a la disposición del público.
Por
último, España debe formar parte de la Unión Europa, y no sólo por razones
económicas, sino también sociales, culturales e históricas. Pero no sirve una
Europa cualquiera. Por consiguiente, debería aspirarse a una regeneración
democrática de mayor alcance. En este sentido, es necesario construir una Unión
Europea fuerte, democráctica, solvente, que constituya un referente esencial en
las relaciones internacionales y sin la que sea concebible el futuro mundial."
