El mes pasado se ponía en marcha en Cataluña el proyecto de ley del cine. Levantó una pequeña polvareda en el momento de su aprobación por el Gobierno de la Generalitat y en pocos días el polvo se fue depositando en el suelo, sin que hayan tenido tampoco demasiado eco en la sociedad los cierres de salas que se han llevado a cabo para protestar contra la mencionada Ley. Me extraña la relativa paz que rodea todo el asunto; o, por mejor decir, contrasta esta aparente paz con la transcendencia del contenido de la norma. Transcendencia que se deriva no tanto de las consecuencias directas de la misma, sino de lo que supone de legitimación de una forma de hacer que, a mi al menos, me parece muy cercana a la de los regímenes totalitarios. Y la frase anterior no es ninguna metáfora ni exageración, sino que pretende ser entendida en sentido literal. A continuación intentaré explicar las razones que me llevan a una consideración tan extrema.
El motivo de mi preocupación no es la parte del proyecto de ley que se refiere a la obligatoriedad de que la mitad de las copias de las películas que se exhiban en Cataluña deban estar dobladas o subtituladas en catalán. No es que esté de acuerdo con esta exigencia (más bien, no lo estoy); pero no es ésta la parte que me parece más preocupante de la ley, más escandalosa. Lo que realmente me perturba es la previsión del art. 17.1.c) de la norma. De acuerdo con este precepto, las películas que se distribuyan en Cataluña por canales diferentes a las salas de exhibición (los DVD que compramos o alquilamos, vaya) deberán incluir la versión catalana en su menú lingüístico.
Dicho así quizás no parezca tan escandaloso como adelantaba; pero eso es porque las normas siempre se pueden formular, al menos, de dos maneras. En el proyecto de ley del cine esta norma está formulada en positivo (podrán distribuirse en Cataluña las películas que incluyan la versión catalana en su menú lingüístico); pero, claro, la misma norma también puede leerse así: "está prohibida la distribución en Cataluña de películas que no incluyen en su menú de idiomas el catalán". Aclaro que la prohibición no es general, puesto que las películas que no hayan sido exhibidas en los cines de Cataluña no están afectadas por esta prohibición, y tampoco lo están aquéllas que tengan como lengua original el castellano; así como algunas películas europeas; pero hecha la aclaración quisiera que nos fijáramos otra vez en el contenido de la norma:
Está prohibido distribuir en Cataluña películas que no incluyan la versión catalana en su menú lingüístico.
A mi esta norma me parece escandalosa. Pensemos, por ejemplo, en su equivalente en el campo de los libros:
Está prohibido distribuir en Cataluña libros que no vayan acompañados de su correspondiente traducción al catalán.
¿Qué nos parecería? Escandaloso, no; pues con las películas ha de ser lo mismo que con los libros porque, al fin y al cabo también las películas son productos culturales, portadores y transmisores de ideas; y cualquier limitación en su acceso debe ser meditada cuidadosamente y justificada de una forma exhaustiva.
Que los poderes públicos se crean legitimados para limitar el acceso de los catalanes a determinados contenidos culturales es, para mi, muestra de una falta de conocimiento y aprecio de las libertades que raya lo inadmisible, pues toca elementos básicos del sistema político que se ha ido construyendo laboriosamente desde el siglo XVIII.
Es por lo anterior que la relativa tranquilidad con que se ha asimilado el proyecto de ley me parece preocupante ¿estamos dejando de ser ciudadanos para convertirnos en súbditos? ¿estamos ya en disposición que nos guíen los que más saben dejando en sus manos que decidan lo que debemos leer o lo que debemos ver? ¿Estamos dispuestos, en fin, a dejar de ser una sociedad libre y democrática? Por desgracia, parece que así es.
