De crisis y prioridades

Decir que estoy estupefacto es poco. Si vives en España y, más en concreto en Cataluña, la presión permanente que sientes por la presencia constante de la crisis es insoportable. Recortes y más recortes, y la amenaza constante de nuevos recortes. Permanentes llamadas a la austeridad y a la responsabilidad; medidas absolutamente excepcionales como es el recorte de la mitad de la paga extra de Navidad a un colectivo tan importante para la sociedad como son los profesionales sanitarios. Recorte que se anuncia a finales de septiembre sin que haya acuerdo ni nada que se le parezca con el sector. Una auténtica expropiación de varios cientos de euros a médicos, enfermeros y demás personal de la sanidad pública. Un atraco, vaya; justificado, de acuerdo con el Gobierno, por la situación excepcional que vivimos.

Y en medio de este panorama, junto a la noticia del mencionado atraco al personal sanitario, y del retraso en el pago a las residencias concertadas, leemos la noticia de que se va a dedicar un millón cuatrocientos mil euros al doblaje de películas en catalán. Va a aumentar, se dice, el número de espectadores de películas en catalán. Pero, ¿se dan cuenta de que no habrá quien vaya al cine? ¿Se dan cuenta de que cada vez hay más personas en paro, más personas que han perdido el subsidio y que caen rápida e inexorablemente en el pozo de la exclusión social? ¿Se dan cuenta de que mientras hablan de aumentar el número de espectadores en los cines gracias al dinero de todos hay personas que ven retrasados meses su operación, que disminuye el número de maestros, profesores de instituto y de universidad? ¿Se dan cuenta de que es inmoral dedicar dinero a una distracción que ya solamente está al alcance de una porción de la clase media (unos sesenta euros por familia para una tarde de cine tirando para abajo)?

¿Cómo se nos puede convencer de que estamos prácticamente en una economía de guerra, en una situación excepcional en la que se nos asusta con que los empleados públicos no cobrarán la nómina del próximo mes, con que los recortes en la sanidad y en la educación no han hecho más que empezar, o con la insostenibilidad del sistema público de pensiones y, a la vez, introducir ayudas millonarias para el cine o mantener las existentes a espectáculos reservados a una muy pequeña parte de la población como son ciertas programaciones de ópera? ¿Cómo se puede reducir el presupuesto de educación o las ayudas a las escuelas municipales de música y mantener la ayuda pública al Liceo (11 millones de euros por parte de la Generalitat de Catalunya en la temporada 2008/2009), que se recorta en un 15%, muy por debajo del recorte que se aplica a las escuelas de música (23%) y no sensiblemente superior a los recortes que se están aplicando en sectores mucho más transcendentales como puede ser la sanidad?

Hace unos meses ya indicaba que CiU era un partido tremendamente coherente. Lo malo es que su coherencia nos acabará hundiendo a todos.

De sentencias y leyes

Parece que el virus de Zapatero se extiende a los miembros de su Gobierno. Hoy me han sorprendido las declaraciones del Ministro de Justicia en relación al auto del TSJC que establece un plazo de dos meses para que la Generalitat de Catalunya adopte las medidas precisas para que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza en esa Comunidad Autónoma. Según recoge entrecomillada La Vanguardia, el Ministro dijo que "las sentencias son para casos concretos" y que "lo que regula la conducta general de todos se llama ley, no sentencia".

Vamos por partes. Es cierto que lo que regula la conducta general es la ley, entendida "ley" no en sentido estricto (las leyes que elaboran las Cortes españolas y los Parlamentos de las Comunidades Autónomas) sino en sentido amplio, incluyendo junto a las leyes en sentido estricto las normas generales que dictan las Administraciones, lo que se conoce como Reglamentos. Tanto la ley en sentido estricto como las normas reglamentarias regulan la conducta general. Hasta aquí nada que objetar (así interpretado).

Lo que causa estupor es que este carácter general de la ley se utilice para hacer resaltar que las sentencias son para casos concretos, como queriendo excluir que por una sentencia se pueda modificar lo que establece una norma general. En el contexto en el que se dice la frase parece dirigida a mantener que el auto del TSJC (y la sentencia del TS que se ejecuta por medio de ese auto) solamente tendrá relevancia para las concretas familias que impugnaron, pero sin que pueda afectar al sistema educativo catalán en su conjunto, pues este está regulado por ley y no puede ser cambiado por una sentencia. Este, como digo, parece ser el sentido de la contraposición que hace el Ministro entre lo que hace la ley (regular la conducta general de todos) y lo que hace la sentencia (resolver los casos concretos).

Pues si esto es lo que quería decir el Ministro se olvida (y es mucho olvidar) que la jurisdicción contencioso-administrativa (la que dictó la sentencia de la que trae origen todo este follón) puede anular disposiciones reglamentarias, esto es, leyes en el sentido en el que utiliza la expresión el ministro. O sea que sí que es posible que una sentencia afecte a la conducta general; no regulándola directamente, sino anulando la norma que hasta la sentencia regulaba esa conducta general. Además, tampoco hay que olvidar que en nuestro sistema jurídico incluso las leyes en sentido estricto pueden ser anuladas por el Tribunal Constitucional. Cuando se trata de una ley en sentido estricto (no una norma reglamentaria) los tribunales no pueden anularla, tan solo el Tribunal Constitucional tiene esa potestad; pero esta posibilidad de anulación de la ley por el Tribunal Constitucional (del que fue Letrado el Sr. Caamaño) bien claro deja que las sentencias pueden afectar a la conducta general.

Por si lee esto alguien que no haya estudiado Derecho, le diré que todo lo que he explicado hasta aquí es materia más que sabida por los alumnos que hayan completado el primer curso de la carrera; se trata de cuestiones que, con frecuencia son explicadas en los primeros meses de la materia Derecho Constitucional. Creo que ahora se entenderá el estupor que me causaron las palabras del Ministro; y no tanto por su condición de Ministro; sino porque el Dr. Caamaño ha sido Letrado del Tribunal Constitucional y es Catedrático de Derecho Constitucional. ¿Será que la cercanía con el Sr. Zapatero tiene  el efecto de eliminar los conocimientos que se tuvieran con anterioridad al contacto con el todavía Presidente del Gobierno?