No es probable que el desafío institucional que
supondrá la aprobación en el Parlamento de Cataluña de la propuesta de
resolución presentada por “Junts pel Sí” y las CUP tenga como resultado el que
sería lógico desde una perspectiva formal: una vez que el Parlamento d a por
cerrada de una forma expresa y solemne la etapa autonómica y renuncia a seguir
ejerciendo las competencias que le otorga la Constitución y el Estatuto de
Autonomía, lo coherente sería que el ordenamiento en su conjunto se diera por
enterado de tal propósito y a partir de ese momento dejara de considerar a las
personas que se reúnen en el Parque de la Ciudadela como un órgano constitucional
susceptible de ejercer aquellas competencias a las que explícitamente renuncia.
Esta consecuencia de la declaración que se
aprobará el lunes no es probable que se dé y, además, tampoco es deseable,
puesto que implicaría el fin de nuestro autogobierno y privar de representación
autonómica a todos los catalanes, tanto a los que han optado por la vía
rupturista como a quienes mayoritariamente decidieron el 27 de septiembre
apoyar opciones que no suscribían la hoja de ruta secesionista.
La tarea a la que nos enfrentamos como sociedad
y como Estado es la de dar una respuesta al desafío secesionista que,
manteniendo el autogobierno de Cataluña, impida que las instituciones
autonómicas sean utilizadas en contra de la ley, de los ciudadanos, de la
democracia y de las libertades; una respuesta que evite que la Generalitat y
las entidades locales sean puestas al servicio de un propósito que es contrario
a la Constitución a la vez que dejan de atender correctamente las competencias
que sí tienen legalmente atribuidas.
No es un problema sencillo, pero todos los
demócratas, cada uno desde su responsabilidad, debemos colaborar lealmente en
su resolución.
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