martes, 31 de marzo de 2020

Blanqueamientos



Esta es la cuenta oficial del PSOE. No de un militante o de un simpatizante. La cuenta oficial.
¿No habíamos quedado en que íbamos a estar todos unidos luchando contra el virus y que ya sería momento de hablar de lo que pasó en los días previos?
¿Quiere el PSOE abrir este debate ahora?
Bueno, pues sea.
En la semana del 2 al 8 de marzo fueron muchos los que advirtieron del riesgo de no tomar medidas de contención y la conveniencia de evitar aglomeraciones. Seis días antes del 8-M la UE aconsejó evitar actos multitudinarios.
Fueron muchos, como digo, los que advirtieron de los riesgos de no tomar medidas. No me incluyo. En esa semana no tenía opinión formada sobre el asunto. En mi descargo diré que soy un simple ciudadano que no tiene más información que la que puede encontrar en los periódicos o en Internet (que hoy en día es mucha si se sabe buscar). Ahora bien, hubo muchas personas que aportaron datos, informaciones y comparaciones con lo que se había hecho en Asia y que mostraban los riesgos de no tomar medidas.
Y pasó el 8 de marzo, y llegó el 9 de marzo. El 9 de marzo era evidente que la situación, al menos en Madrid, estaba fuera de control y que había que adoptar medidas ya. El 9 de marzo en Madrid había 21 fallecidos. Wuhan se cerró en China cuando había 17 fallecidos.
Los días que se perdieron entre el 9 de marzo y el 15 de marzo fueron preciosos y pueden contabilizarse en vidas. La necesidad de adoptar medidas era tan clara que fueron los ciudadanos, alentados por los sanitarios quienes lanzaron una campaña de confinamiento voluntario #YoMeQuedoEnCasa ante la inacción del gobierno.
Los ciudadanos alentando un confinamiento que el gobierno no se atrevía a decretar.
La parálisis de aquellas semanas de marzo fue letal (en sentido literal) para las personas, pero también para la economía. Al no haber localizado y aislado los focos de la epidemia al final se tuvo que decretar el confinamiento de todo el país, lo que es y será también letal (aquí en sentido metafórico) para la economía.
Y llegamos al 13 de marzo. El presidente del gobierno anuncia ¡que al día siguiente decretará el estado de alarma!
¿Estábamos entonces para perder un día? ¿Cuánto cuesta un día? Ayer un día fueron 914 fallecidos. Eso es lo que cuesta un día hoy, veremos la semana que viene. Y el coste de aquel día que se perdió se mide por los fallecidos del día en el que tengamos más fallecidos; porque cuando estamos hablando de crecimientos exponenciales esas son las cuentas, no otras.
Y el 14 aún tuvimos que esperar a la noche para que los señores Ministros decidieran lo que los ciudadanos ya habían asumido cinco días antes: que había que quedarse en casa para evitar la propagación de la epidemia. 7 horas de Consejo de MInistros. Ayer en España fallecieron 38 personas a la hora por coronavirus.
Pese a todo lo anterior (y de lo que éramos muy conscientes) casi todos respiramos aliviados cuando al fin se adoptaron las medidas que podían conducir a controlar la enfermedad. Los mensajes de apoyo al gobierno fueron mayoritarios.
Han pasado quince días y se empiezan a hacer cosas raras. En vez de buscar un consenso amplio para encarar la enorme crisis económica que se nos avecina se opta por la confusión (el esperpento de que el boe con las nuevas medidas no se publicara más que minutos antes de la medianoche, las dudas sobre lo que se había hablado con los distintos sectores antes de la adopción de dichas medidas) y por reforzar el confinamiento, con el daño que eso hará a la economía, pese a que ahora, como era esperable, ya se están empezando a notar los efectos de las medidas adoptadas en la noche del 14 de marzo. Que no exija el gobierno que se le apoye en todo también en lo económico porque aquí es muy legítimo tener otras opiniones.
Más allá de lo anterior. Desde diciembre sabíamos que estábamos en ciernes de una pandemia. Pese a la competencia autonómica en materia de Sanidad, el Estado es el competente para la prevención de epidemias (art. 40.2 de la Ley General de Sanidad). ¿Qué medidas se adoptaron? ¿Qué protocolos se elaboraron? ¿Qué material se adqurió?
Simplemente ¿no se hizo nada ante una amenaza como ésta que ha costado, de momento, más de 7000 muertos?
Que no digan que no se sabía ni se podía saber porque hay pruebas de que muchos lo venían advirtiendo desde enero.
Que no digan que era inevitable porque era evitable que hubiera tenido la dimensión que ha adquirido.
Que no digan que no se podía hacer nada porque en sus manos estaba haber adqurido con tiempo tests, haber prearado protocolos para el seguimiento y aislamiento de los infectados, haber comprado equipos de protección y respiradores.
Y no estaría escribiendo esto si no hubiera visto, gracias al muro de Manuel Moriarti, esta miserable campaña de tergiversación a la que se ha lanzado el PSOE, el mismo PSOE que pide que miremos para otro lado en tanto no se supere la crisis.
No debería ser incompatible ser crítico con el gobierno y leal con las medidas que han de adoptarse para salir de la situación; pero seguir callados cuando el partido en el gobierno pretende blanquear sus errores ante el obligado silencio de los demás no es propio de un país democrático.
Más bien nos lleva a los sistemas autoritarios de uno y otro signo.
Mientras tengamos libertad para opinar, opinemos

domingo, 29 de marzo de 2020

Quince días de confinamiento

Quince días desde que empezó el confinamiento. E intentaré ser sincero con lo que pienso y siento. En primer lugar, lo que pienso.
El confinamiento era necesario, así que lo asumo como un mal inevitable. De hecho, en la semana del 9 de marzo yo era -junto con muchos otros- quien clamaba porque se tomaran medidas. Probablemente en aquellos días no había otra ya más que el confinamiento de todo el país; pero no puedo dejar de pensar en qué muchas cosas podrían ir de otra manera si se hubiera actuado a tiempo y se hubieran aislado inicialmente los focos de la infección. La desigualdad de la incidencia de la enfermedad en las distintas regiones no habla de una situción homogénea, sino de focos.


Y si se desciende a niveles locales será aún más claro que con una actuación diversificada en los primeros momentos se habría podido abordar la enfermedad de otra manera, tal como se hizo en Corea del Sur y en Taiwan, y que no tendríamos que pasar por una experiencia que tan dura va a ser desde el punto de vista económico.
Pero eso ya es pasado. Lo cierto es que a mediados de mes ya no quedaba, seguramente, más opción que confinarse y hemos de asumirlo porque, además, ahora podemos ver cómo esta empezando a dar resultados.
Puede costar verlo cuando tenemos más de ochocientos fallecidos cada día; pero el escepticismo ante las señales de mejoría tan solo pueden deberse a no percibir adecuadamente la gravedad del problema que teníamos encima de la mesa.
Para empezar, tal como está siendo ya asumido de manera generalizada, el número de infectados es muy superior al de casos confirmados. De los datos que se tenían en los primeros días de marzo se derivaba un incremento exponencial de infectados con cifras que se doblaban cada dos días. Probablemente en el momento en el que se decretó el confinamiento habría del orden de 100.000 infectados, que si seguían doblándose sin control cada dos días nos hubiera llevado a varios millones de infectados en menos de dos semanas

14 de marzo: 100.000
16 de marzo: 200.000
18 de marzo: 400.000
20 de marzo: 800.000
22 de marzo: 1.600.000
24 de marzo: 3.200.000
26 de marzo: 6.400.000

Si todos pudieran ser atendidos podría esperarse más de 60.000 fallecidos (un 1%); pero cuando se hubiera colapsado el sistema sanitario la mortalidad subiría, al no poder salvar a pacientes que requieren hospitalización para superar la enfermedad; así que hubiera habido, quizás, centenares de miles de fallecidos.
Este es el escenario que tendríamos sin confinamiento, así que bienvenida la adopción de la medida; porque ahora la situación que tenemos es otra diferente; otra en la que el porcentaje del aumento de fallecidos ha comenzado a disminuir; lo que podría llevar a unos días en una disminución del número diario de fallecidos.


¿Habrá todavía miles de fallecidos más? Sí, pero eso ya lo sabíamos, lo sabíamos cuando veíamos pasar los primeros días de marzo sin adoptar medidas. Lo que ahora esperamos -y hay indicios para pensar que sucederá- es que no subamos de escala a varias decenas de miles de fallecidos o más. Es por eso que el confinamiento ha de ser asumido como un mal necesario.



Y el confinamiento y cómo lo estamos viviendo, lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo es una fuente enorme de sentimientos.
En primer lugar un sentimiento muy grande de agradecimiento a todos los que siguen saliendo de casa a trabajar estos días. A los sanitarios, por supuesto, pero también a los empleados de los supermercados y de las farmacias, a los transportistas, a los policías y a los que recogen las basuras y a todos los que hacen posible que podamos seguir comunicándonos y trabajando desde casa.
Ahora sabemos que el coronavirus no es una broma, que nos podemos contagiar y contagiar a otros y que aunque los que sean más jóvenes tienen pocas posibilidades de fallecer como consecuencia de la enfermedad sí se la pueden transmitir a algún ser querido. Además, en estos momentos los hospitales están saturados, y cualquier incidente o percance puede convertirse en un gran problema. Es por eso que quienes ponen su salud y su vida en riesgo para que el país siga funcionando merecen todo nuestro apoyo.
La actitud, además, está siendo de un compromiso grande. Mucha gente se crece ante el desafío y la necesidad. Los sanitarios, pero no solo los sanitarios, tienen que abordar situaciones en que no están suficientemente protegidos y aún así siguen con su trabajo. Se les exige más de lo que figura en su contrato y más de lo que sería exigible en una relación de trabajo normal y lo hacen. Mucha gente está dando lecciones de entrega estos días, y eso ha de valorarse muy positivamente.
Por otro lado, muchos se han adaptado (nos hemos adaptado) al teletrabajo. Estamos utilizando herramientas que hace unas semanas ni sabíamos que existían, y aprecio un compromiso también por intentar llevar a cabo el trabajo de la mejor manera posible en las circunstancias actuales, la voluntad de no dejarse derrotar por la pandemia, que implica también intentar mantener nuestra actividad de la mejor manera posible. Enconrtrar soluciones para los problemas que nos encontramos, dedicar probablemente más horas de las que dedicamos en circunstancias normales a ciertas tareas y trabajar de la manera más dedicada posible. Los profesores mandan tareas, en la escuela de música donde estudian mis hijos se dan clases a través de vídeos u online. Quien puede trabajar desde casa al menos lo intenta.
¿Todo el mundo? Bueno, no; es claro que no; pero no puede esperarse que todo el mundo aprecie la gravedad de la situación, la necesidad de esforzarse y la gratitud que se merecen quienes más se exponen.
Por otra parte, hay también voluntad de ayudar. Conozco casos de personas que desde casa hacen mascarillas o ponen sus impresoras 3D al servicio de hacer respiradores; empresarios que han adaptado sus instalaciones a las exigencias del momento y quienes han hecho donaciones a las buscan. Todo esto también es positivo.
Pero también hay momento de tristeza. Obviamente por los fallecidos y por la situación dramática que se vive en los hospitales, en los tanatiros... Es desolador ver cómo la enfermedad nos ha superado en no pocas batallas. La falta de respiradores, de material sanitario, de pruebas, las circunstancias en las que se encuentran las residencias de ancianos... es muy doloroso.
Y ante esta situación no podemos mirar para otro lado; y aquí hago dos reflexiones:
La primera tiene que ver con la solidaridad. Produce rabia ver que en estos momentos se plantean dudas en relación al apoyo que tenemos que darnos entre todos. La situación en Madrid es dramática (más arriba ponía los fallecidos por millón de habitantes en Madrid y en el resto de Comunidades Atuónomas) y que en estas circunstancias se planteen dudas sobre si hay que prestar respiradores a Madrid o si han de ser trasladados enfermos de Madrid a otras Comunidades Autónomas es desolador.
Veo, por ejemplo, esta noticia de Asturias


Seguramente la intención es buena; pero ¿nos damos cuenta de lo que implica ese "siempre que están garantizados los suministros sanitarios en la región para hacer frente al nuevo coronavirus"? ¿Somos o no somos un país? En una situación como ésta ¿tendrán un derecho mayor a la vida los asturianos frente a los madrileños, los andaluces frente a los gallegos o los valencianos frente a los catalanes?
Porque se trata de eso, de que unos vivan y otros no. No hay respiradores ni posibilidad de atención sanitaria para todos y, por tanto, hay que priorizar recursos ¿los priorizamos como país para todos igual o la priorización es por Comunidades Autónomas? ¿En unos lugares se facilitarán respiradores a quienes se los negarán en otras?
A esto hemos llegado. Pedimos la solidaridad de Europa, pero entre nosotros decimos que ayudaremos con lo que nosotros no necesitamos, cuando estamos en una situción en la que todo es necesario.
Y esto me lleva a la segunda reflexión.
La declaración del estado de alarma y el mando único debería haber servido para que todos los recursos del país se pusieran al servicio de todos los españoles. Y si las mayores dificultades están en Madrid, como sucede ahora, ahí es a donde hay que destinar los recursos. Todos ayudamos a Madrid, a Castilla La Mancha, a Castilla y León, a Cataluña, que es donde hay ahora mayores problemas igual que ayudaremos a cualquier Comunidad o lugar que tenga problemas. Eso es la solidaridad, eso es ser un país.
Y a mí lo que me gustaría es que la solidaridad fuera cada vez más amplia. Que hubiera solidaridad entre todos los españoles y también entre todos los europeos; aunque eso suponga que en un momento dado nos tendremos que sacrificar en Barcelona porque en Milán o en Atenas o en Berlín están en peor situación que nosotros.
Si en una situción como esta nuestras solidaridad depende de que tengamos recursos suficientes para los nuestros, pues dividamos ya el país en 17 trocitos y que cada uno se arregle como pueda.
He puesto el ejemplo de Asturias, pero hay más. En Galicia (17,4 muertos por millón de habitantes) se plantean dudas para ceder respiradores a Madrid (417,7 muertos por millón de habitantes).
No quiero más fronteras que las que ya existen; y si es posible quiero que las que existen no sean tan altas. Especialmente, me gustaría que la integración entre todos los europeos fuera mayor.
Y si hay motivos para rechazar las fronteras lo que estamos viviendo ahora en España nos da más razones para ello. Crear una frontera, aunque sea una frontera "menor", como la que hay entre las distintas Comunidades Autónomas, es crear insolidaridad y hacernos más débiles frente a las amenazas.
Entiendo que haya otros proyectos, pero no son el mío. Y no jugaré a legitimar un sistema que hace que tengamos que dar explicaciones para llevar respiradores a Madrid, un lugar donde ahora mismo están muriendo casi 15 personas a la hora.
Estoy, como digo, triste, porque veo hasta qué punto nos ha perjudicado el haber propiciado enfrentamientos y falsos conflictos. No estoy hablando de Cataluña, estoy hablando ahora de todo el país, dividido ante una crisis que debería servir para unirnos.
Y tras la crisis sanitaria vendrá la crisis económica; y aquí también será preciso estar unidos; estar unidos y encontrar a la gente más capaz que tengamos para afrontar los enormes desafíos que tenemos como país.
¿Sucedrá?

domingo, 15 de marzo de 2020

Coronavirus: lecciones de los primeros 43 días

I. Hasta el 9 de marzo

El 31 de enero tuvimos el primer caso de coronavirus en España; y el 13 de febrero, el primer fallecido, aunque no lo supimos hasta principios de marzo. Hace tan solo dos semanas, el número de casos (confirmados) en toda España era de menos de 100 y el número de fallecidos seguía siendo 1. Creo que pocos pensaban hace tan solo 15 días que el problema sería lo que hoy es; aunque justo es  señalar que ya entonces había quien, con datos en la mano, advertía del riesgo que suponía la enfermedad.
Los mensajes oficiales eran, sin embargo, de tranquilidad. Necesidad de prevención pero tranquilidad. Véase, por ejemplo, la comparecencia de Fernando Simón, el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias del ministerio de sanidad, el 1 de marzo:


En el minuto 9 de la comparecencia dice que en España la situación era de contención y que no era necesario aumentar el nivel de alerta.
Esa tranquilidad fue perdiéndose a lo largo de esa primera semana de marzo. El virus seguía avanzando. El día 2 de marzo había 120 casos declarados en España, pero el 6 de marzo, el viernes, ya había más de 300 casos y el número de fallecidos había ascendido a 8. Preocupante, sin duda.
Pese a ello, no se adoptaron especiales medidas de protección ante la situación. De hecho, no solamente se mantuvieron convocatorias multitudinarias, sino que miembros del gobierno animaron a participar en ellas. Veamos la comparecencia del mismo Fernando Simón el sábado 7 de marzo


Vean el minuto 22, donde Fernando Simón minimiza la importancia del aumento de casos en Madrid. Y, sobre todo, miren a partir del minuto 28:30 donde valora el riesgo de la manifestación del 8-M. Vamos, el mensaje era, tranquilidad. No puede dejar de decirse que días antes la el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de la UE ya había advertido de que se desaconsejaban las reuniones multitudinarias por el riesgo de transmisión de la enfermedad.
En aquel momento ya existía un debate en la calle sobre lo razonable de mantener tales convocatorias para el domingo 8 (no solo la manifestación feminista, sino también un acto político de Vox) estando como estábamos en una fase expansiva del virus. Ahora bien, como decimos, el mensaje de las autoridades seguía siendo de tranquilidad. Y estamos hablando de hace 8 días (escribo esto el 15 de marzo).
Ese fin de semana del 7 y 8 de marzo, el avance del coronavirus en España fue grande. Creo que fueron los días en que muchos nos dimos cuenta de que aquello iba en serio. Bastaba hacer unos pocos números, y sin necesidad de acudir a fórmulas complicadas, para darse cuenta de que estábamos ante una situación que implicaba un alto riesgo.


Colocaba Las Fallas una semana antes de su fecha correcta, pero la idea era que si no se hacía algo el viernes 13 habría 4000 casos y el domingo 15, 8000.
La realidad es que el viernes teníamos 5232 casos confirmados y este domingo ya tenemos 7753 casos confirmados, y todavía no ha acabado el día.
Y los míos eran números sin ninguna base. Había ya bastantes estudios rigurosos que alertaban de gravedad de la situación.


Tixtxo Benitez pronosticaba el 9 de marzo que el día 13 habría 4135 casos y el 15 de marzo 8186.
Y Vicente Ríos compartía un artículo muy interesante con proyecciones que hablaban también de la gravedad de la situación.


Como puede verse, la previsión de este estudio sobre el número de infectados el día 13 de marzo oscilaba entre 3679 y 5097; lo que conduciría para el domingo a tener un número de infectados entre 6400 y 9991. Aterrador ¿verdad?
Pues aquí tienen, si quieren verlo, lo que decía el Gobierno de España todavía el lunes 9 de marzo


Esto todavía el lunes 9 de marzo.
La irresponsabilidad del gobierno es aterradora. El brote en China se conocía desde diciembre de 2019 y en enero ya fue motivo de preocupación mundial. Lo lógico sería haber seguido lo que se estaba haciendo en China y en otros países asiáticos (Corea del Sur) para evitar la propagacion de la enfermedad. Por ejemplo, en ambos países se utilizaron aplicaciones móviles con el fin de monitorizar a la población a fin de controlar lo antes posible los brotes que fueran surgiendo. Una aplicación de móvil de la que nada sabemos aquí y que ahora estaba intentando conseguir la Comunidad de Madrid. En China se habían probado medidas de aislamiento de los focos y en Taiwan se habían adoptado con éxito medidas para evitar el desarrollo de la enfermedad. Se trataba de copiar lo que estaban haciendo otros países, adquirir kits para la prueba de la enfermedad (en Corea del Sur se han hecho más de 200.000 pruebas, mientras que en España estas pruebas no llegan a 20.000), mascarillas, y tener preparados planes de contingencia para la sanidad pública.
Porque el riesgo mayor del coronavirus no es su mortalidad, seguramente bastante baja, sino la facilidad en su contagio (que ha sido probada por su rápida extensión) y que una parte significativa de los pacientes precisan asistencia hospitalaria. Si no tuviera un desarrollo tan rápido y los pacientes fueran pasando la enfermedad de forma escalonada el sistema sanitario podría absorber los casos de ingreso hospitalario sin colapsar; pero una expansión rápida llevaría a una necesidad de camas de hospitalización y de cuidados intensivos que el sistema no podría absorber, lo que implicaría un aumento muy significativo de la mortalidad derivada de la enfermedad.

(Los casos por encima de la capacidad del sistema sanitario darían una mortalidad mayor que los casos por debajo de la capacidad del sistema sanitario)

Todo lo anterior era conocido por los científicos y por el público en general. Bastaba consultar las redes sociales para ver la cantidad de análisis y estudios que adverttían de lo que está pasando. El desdén mostrado hacia tales planteamientos "alarmistas" fue, sin embargo, grande, como podemos ver, lo que nos hizo llegar a esta semana en una situación que parecía de descontrol. Ni siquiera la experiencia italiana, con una epidemia completamente descontrolada, hizo recapacitar a las autoridades.
Asi pues, la primera lección que podemos extraer de lo sucedido es que no hay que dejar pasar las señales de alerta que nos facilita la situación en otros países, no pensar que las cosas van a ir de la mejor manera posible, sino estar preparado para el peor de los escenarios y que han de adoptarse medidas que nos permitan estar preparados. En este caso se trataría de la preparación de apps para controlar la evolución de la enfermedad, la adquisición de material necesario y la elaboración de planes de contingencia para la sanidad pública. No se hizo nada de eso y luego tendremos que ver las razones que lo explican.

II. La última semana

A partir del lunes la situación cambia. El lunes 9 de marzo ya hay más de 1200 casos y 30 fallecimientos. Además, la concentración de casos en Madrid es extraordinariamente alarmante. Madrid, con una población de algo más de seis millones y medio de habitantes tenía ya más casos declarados (a saber los reales) que Wuhan cuando fue aislada, y eso que la población de Wuhan es de más de 11 millones de personas (40 millones si se cuentan todas las ciudades cercanas que también fueron aisladas).
El lunes ya debía ser claro para cualquier observador imparcial que la situación requería la adopción de medidas excepcionales, tales como aislar la capital, si se quería evitar el estallido de la pandemia. Olvidémonos ya del número oficial de contagios porque cualquier parecido con el real sería ya pura coincidencia. Fijémonos en el número de fallecidos:

Lunes 9: 30 fallecidos.
Martes 10: 36 fallecidos.
Miércoles 11: 55 fallecidos.
Jueves 12: 86 fallecidos.

El incremento de fallecidos en tanto por ciento fue el siguiente:

Lunes 9: 76%
Martes 10: 20%
Miércoles 11: 52%
Jueves 12: 60%.

Es decir, el número de fallecidos se doblaba cada dos días. El jueves teníamos 86 fallecidos y, por tanto, podría esperarse que el sábado tuviésemos 172 (tuvimos 193) y al lunes siguiente, 16 de marzo, más de 340 (hoy domingo, y sin que haya acabado el día tenemos ya 291 fallecidos).
El lunes o todo lo más el martes deberían haberse adoptado medidas, pero no se hizo nada. No fue hasta el viernes cuando el presidente del gobierno anunció que ¡al día siguiente! reuniría al consejo de ministros para decretar el estado de alarma. El sábado tuvimos que esperar hasta última hora de la tarde para tener la decisión sobre las medidas a adoptar que, inicialmente, se preveía que comenzarían a aplicarse el lunes, aunque finalmente tales medidas entraron inmediatemante en vigor.
La medida más significativa es el confinamiento de la población en sus casas; una medida que ya había sido adelantada por los ciudadanos de manera voluntaria a través del hashtag #YoMeQuedoEnCasa, promovido por médicos de Madrid y que pretendía concienciar a la población de la conveniencia de no salir de sus casas a fin de no extender la enfermedad.


Una situación inaudita: los ciudadanos adoptando por su cuenta medidas de contención que las autoridades no adoptan ¿cómo puede ser esto? Tendremos que volver sobre ello.
Finalmente, como se ha dicho, el sábado se declaró el estado de alarma y se publicó en el BOE el decreto que lo regula (RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19).
Causa indignación y estupor el retraso en la aprobación del estado de alarma. Como digo, era claro desde el principio de la semana que había que dar ese paso. Sin embargo no es hasta el viernes cuando el presidente anuncia que lo declarará, y no es hasta última hora del sábado que se aprueba. Ya sin contar que la decisión tenía que ser anterior, desde que el presidente del gobierno decide que ha de declararse el estado de alarma hasta que finalmente lo declara transcurren más de 36 horas. Treinta y seis horas en el desarrollo de la enfermedad, en la situación en la que nos encontramos ahora son miles de infectados y docenas de muertos. ¿Cómo es posible ese retraso?
Por lo que sabemos, hubo tensiones en el gobierno de coalición en lo que se refiere a las medidas que debían aprobarse. No tanto, parece ser, por las destinadas directamente a la contención de la infección como aquellas otras relativas al control de ciertos medios privados y a la necesidad, expresada por algunos, de que el País Vasco y Cataluña fueran excluidos del mando conjunto que, por definición, ha de constituirse en un estado de alarma.
Ciertamente, esto es de una enorme gravedad. Por una parte, se dilatan las medidas de contención por discrepancias políticas sobre el modelo de sociedad (el del PSOE y el de Podemos no son coincidentes, obviamente) y por las presiones de los nacionalistas. En este sentido, no hemos de perder de vista que en el momento de máxima tensión, en la tarde del viernes, el presidente de la Generalitat de Cataluña decidió el confinamiento de Cataluña, con el control de los accesos a la Comunidad Autónoma. Se trata de una medida que no tiene sentido epidemiológico (¿qué tiene que ver el área metropolitana de Barcelona con el Valle de Arán o la Cerdanya con el Camp de Tarragona a efectos de la contención de la enfermedad?) sino claramente político: se trataba de aprovechando la situación de crisis y descontrol hacer avanzar la pretensión secesionista visibilizando un aparente control de fronteras por parte de la Generalitat.
Esta pretensión nacionalista de reducir la presencia del Estado y transmitir que las únicas administraciones competentes en el territorio de la Comunidad Autónoma son las autoridades autonómicas está detrás de las reticencias mostradas a la declaración del estado de alarma, reticencias que han sido expresas en la reunión a distancia mantenida esta mañana por los presidentes de las Comunidades Autónomas con el presidente del Gobierno.
No entraré en los calificativos que merece esta utilización miserable de una crisis sanitaria para avanzar en el plan nacionalista. Nada que nos debiera sorprender, porque ya lo vivimos hade tres años como consecuencia del trágico atentado en las Ramblas que tuvo su continuidad con los hechos de Cambrils.
De haber conseguido su propósito de fraccionar el mando único en relación a la situación de alarma, los nacionalistas habrían conseguido avanzar significativamente en sus objetivos politicos, aunque fuera a costa de dificultar la lucha contra la enfermedad que avanza y que ahora nos mantiene en nuestras casas por no se sabe cuánto tiempo.
Así pues, esta última semana nos muestra que decisiones transcendentes para el interés general pueden retrasarse, con los costes que esto supone, como consecuencia de tensiones políticas que nada tienen que ver con la salud pública. Además, hemos estado en riesgo de que la declaración del estado de alarma se hubiera adaptado a las exigencias nacionalistas, con los efectos que ello tendría. Un riesgo que, finalmente, no se ha concretado.

III. ¿Por qué este desastre y qué hacer?

Estamos ante un desastre. No creo que haya manera de endulzar esta conclusión. La población ahora mismo está recluida en sus casas y una gran parte de la actividad económica está paralizada, además de la enseñanza y otros servicios. No sabemos cuánto tiempo deberemos permanecer así y cuáles serán las consecuencias sociales y económicas de ello. La imagen de nuestro país quedará tocada y nos costará recuperarnos en todos los aspectos, y especialmente en nuestra principal industria: el turismo.
Todo lo anterior, sin embargo, se queda pequeño ante el desastre humano: estamos hablando de miles de infectados cada día, de personas que han de ser ingresadas en centros sanitarios saturados, de profesionales que han de luchar contra una situación enormemente exigente y que puede superar -si no lo ha hecho ya- la capacidad de nuestro sistema sanitario. Y estamos hablando de muertos. No creo que sea previsible una reducción del crecimiento de los fallecidos en los próximos días. Si los efectos de las medidas adoptadas comienzan a verse dentro de una semana, habremos llegado, probablemente, a más de mil fallecidos; si se trata de dos semanas para ver los efectos los fallecidos serán ya del orden de 10.000 (fallecidos, no infectados). Ahora mismo ya hay solamente tres países con más fallecidos que nosotros en el mundo: China, Italia e Irán. En Irán el número de fallecidos aumenta del orden de un 18% diario. En España, como hemos visto, este aumento es del orden del 50% diario. Terrible, como digo.
Estas cifras dan cuenta de lo que implica un retraso de unos días. Un retraso de días en la adopción de medidas supone, en función de lo que tarden en ser efectivas, una variación de centenares o miles de fallecidos. Las siete horas del consejo de ministros de ayer costarán vidas. No podemos olvidarlo.
Ahora tenemos que ver por qué se ha producido ese desastre y qué podemos hacer.
Como hemos visto, en la primera fase, hasta hace una semana, se pecó de falta de previsión. Parecía que el asunto no iba con nosotros y que no sería preciso adoptar especiales medidas de protección. Aquí, evidentemente, hay una responsabilidad política. Quienes están al frente de los países han de ser capaces de identificar estos peligros y obrar con decisión.
Y que nadie salga con lo de los criterios científicos. Hace mucho tiempo que los científicos explicaban los riesgos de la situación y de la necesidad de adoptar medidas. Tan solo había que hacerles caso y copiar a los chinos y a los coreanos. No se hizo y, como digo, eso implica una responsabilidad política que en algún momento habrá de exigirse.
Ahora bien, también hay algo más.
Cuando hablamos de responsabilidad política, responsabilidad política ¿de quién?
Porque las competencias en materia de sanidad en España residen, básicamente, en las Comunidades Autónomas. ¿Pensarían los responsables de sanidad de La Rioja, Murcia, Madrid, Valencia o Cataluña que debían preocuparse por el coronavirus y adoptar medidas estratégicas para prevenirlo? ¿Goza el Miniserio de Sanidad de las competencias y medios suficientes para afrontar una crisis como ésta? No lo sé, pero mi intución, como veremos enseguida, es que no a las dos cosas. Esto es, ni la mayoría o todas las Comunidades Autónomas asumen que su competencia en materia de sanidad llega a preparar con antelación situaciones como ésta ni el Ministerio de Sanidad goza de las competencias suficientes como para afrontarlas. Recordemos esa imagen tan gráfica de la semana pasada: España es el único país de la Unión Europea en el que la información sobre el coronavirus no estaba centralizada



Esto, por tanto, explicaría la falta de acción en aquellos meses de enero y de febrero que eran tan importantes.
Y creo que se confirma con lo pasado en los últimos diez días. La situación en Madrid es crítica, pero ¿quién adopta las medidas necesarias? A comienzos de esta última semana hemos visto cómo las Comunidades Autónomas iban adoptando medidas -y las corporaciones locales- sin que se tuviera claro siquiera si realmente tenían las competencias para ello. En Cataluña se llegó a decretar el aislamiento de la Comunidad ¿puede decidir eso un gobierno autónomico? ¿lo puede decidir el Ministro de Sanidad?
Creo que la semana que hemos perdido hasta la adopción del estado de alarma es en buena medida culpa de esas dudas entre el ámbito de responsabilidad autonómico y central.
Así que una lección que hemos de aprender es que hemos de delimitar bien las competencias autonómicas y central y atribuir al Estado los medios suficientes como para afrontar crisis como éstas. Si el único recurso que le queda al gobierno central para abordar un tema como éste es el estado de alarma es que, quizás, nuestra arquitectura competencial es mejorable.
Personalmente, incluso, abogaría por la recuperación de la competencia en materia de sanidad por el Estado, lo que no sería incompatible con cierta competencia de gestión por las Comunidades Autónomas; pero admito que es un tema discutible. En lo que no creo que haya duda es que lo sucedido obliga a analizar con detalle los papeles y medios del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de sanidad; y deja claro que pretender que el Ministerio de Sanidad sea solo una fachada para coordinar competencias autonómicas es una muy mala opción.
Pero todavía hay más.
Llevo años insistiendo en que los partidos nacionalistas utilizan las competencias autonómicas no con el fin de darles cumplimiento en el marco de un Estado complejo, pero unido, como es España según del diseño constitucional; sino para debilitar el Estado y avanzar hacia la secesión. En el caso de Cataluña es tan evidente que hasta se ha declarado la independencia.. varias veces.
La crisis del coronavirus ha vuelto a mostrarlo. Tal como ya he adelantado, en el momento de máxima debilidad para el país; cuando el viernes se había anunciado la declaración del estado de alarma, pero ésta aún no se había concretado, en medio de una crisis que, por lo pronto, impide que pueda salirse a la calle, el gobierno de la Generalitat ha actuado de nuevo deslealmente rebelándose contra una actuación del gobierno de España que es claramente legítima desde la perspectiva constitucional -donde se prevé el estado de alarma que luego se regula con más detalle en la Ley Orgánica 4/1981- y planteando dudas sobre su aceptación de las medidas adoptadas.
Y esto cuando estamos en medio de una pandemia que cuesta vidas cada día.
Esta actitud desleal en un momento como éste debería tener consecuencias políticas y, en primer lugar, desconfiar de cualquier cesión competencial que acabe beneficiando a gobiernos autonómicos que utilizarán dichas competencias no con el objeto de perseguir el interés general, sino para debilitar al Estado hasta llegar a la secesión.
Se trata, además, de una actitud que contribuye decisivamente a dividir a la población. No me extenderé mucho en este punto, pero no puedo dejar de señalar que el sábado muchos vivimos horas de angustia ante las noticias de que el estado de alarma que pudiera decretar el gobierno podría dejar fuera Cataluña y el País Vasco, tal como parecía que era la pretensión de los nacionalistas y de Podemos.
Preocupados como estábamos por el coronavirus se nos añadía otra angustia: el vernos abandonados por la administración española en manos de quienes hacen expreso que tan solo están esperando el momento oportuno para romper sus vínculos con España. El que al final el estado de alarma sea para todo el Estado igual supuso un enorme alivio para nosotros.
Ahora bien, precisamente por la división existente ese alivio nuestro se convirtió en rabia o angustia para los nacionalistas, quienes por medio del estado de alarma ven como ese Estado al que detestan se hace más presente en Cataluña y aleja esa ilusión de una Cataluña independiente. Os puedo asegurar que les entiendo, puesto que me imagino que están pasando por la misma angustia y rabia por la que pasaría yo de haber cedido el gobierno a las pretensiones de quienes querían una excepción para Cataluña y el País Vasco. Lo dejo aquí, porque en este caso lo vivido no es más que una manifestación más de esa profunda división en Cataluña que tanto daño nos hace, una división que cada nueva deslealtad de los nacionalistas hace más profunda.

IV. Conclusión

De lo que hemos visto se pueden extraer algunas conclusiones.
1) Debemos aprender que hemos de atender a las señales de peligro que nos lleguen desde el exterior y actuar con previsión y rapidez.
2) Hemos de fortalecer las competencias del Estado en materia sanitaria
3) Se ha de exigir a los políticos responsabilidad por sus retrasos y negligencias.
4) Hemos de desconfiar de los nacionalistas que ni siquiera en los momentos más difíciles son capaces de dejar de lado sus pretensiones de división sin importarles el coste en vidas y salud que eso pueda suponer.

domingo, 8 de marzo de 2020

Octubre de 2017 en Bruselas

La semana pasada tuve el gusto y el honor de participar en un acto de S'ha Acabat! en la Universidad Pompeu Fabra. Compartí tarima con Joan López Alegre y Beatriz Becerra para hablar de separatismo y Unión Europea


Hubo un intento de boicot del acto por parte de los intolerantes de siempre; pero sin éxito. Pudimos exponer nuestras opiniones, dialogar y tener un intercambio fructífero.


Mis dos compañeros expusieron ideas muy interesantes tanto sobre el papel de los medios en el "procés" (Joan López Alegre) como en relación a los ecos en Europa de los acontecimientos de 2017 en España (Beatriz Becerra).
Aquí quiero detenerme en esto último.
Beatriz Becerra explicó cómo tras el 1 de octubre no estaba clara cuál sería la posición que adoptaría la UE. El presidente de la Comisión, Juncker, no veía con malos ojos una mediación por parte de la UE y también se valoró que el Parlamento Europeo condenara la utilización excesiva de la fuerza por parte de la policía. Finalmente, como sabemos, nada de esto paso, pero no fue por casualidad sino por el trabajo intenso de eurodiputados, como la propia Beatriz Becerra, funcionarios, diplomáticos y el gobierno español. En aquellos primeros días de octubre cualquier cosa podría haber pasado.
Pensemos en lo que hubiera supuesto una oferta de mediación por parte de la UE. El gobierno español tendría difícil negarse a tal cosa. Se necesitaría mucha convicciónn para ello. Y de producirse esa negativa, el escrutinio por parte de la comunidad internacional sobre lo que estaba sucediendo en España sería intenso y continuo.
Y si se aceptaba la mencionada mediación con lo que nos encontraríamos es que España ya no sería dueña de la aplicación de su propio sistema de articulación territorial. Cualquier medida que tuviera que adoptarse en relación a la Comunidad Autónoma de Cataluña debería ser informada a la instancia mediadora y ésta tendría al menos voz para pronunciarse sobre, por ejemplo, la aplicación del artículo 155 de la Constitución. ¿Nos damos cuenta de en qué forma hubiera debilitado eso a España, qué fuerza tendrían los nacionalistas con esta mediación, cómo, a medio plazo, esta mediación no conduciría más que a la semiindependencia de Cataluña cuando no a la independencia total? Un desastre absoluto.
Esta información sobre la posibilidad de una oferta de mediación por parte de la UE convierte en ridícula (elijo bien la palabra) la afirmación del Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de octubre de 2019 de que el proceso no fue más que una ensoñación que en ningún caso podría haber llevado a la independencia.



No se trataba de ninguna ensoñación y en los primeros días de octubre la independencia fue una posibilidad real. Aquí intentaba explicar por qué:


La intervención de la UE, como digo, hubiera cambiado para siempre el escenario de las relaciones en España entre las Comunidades Autónomas y el Estado (¿piensan que lo que se dijera para Cataluña no sería aprovechado por los nacionalistas en otros lugares?) y hubiera supuesto un riesgo cierto de desintegración del país a medio plazo. Es la realidad y los hechos lo confirman. Creo que basta ya de mirar para otro lado.
Pero la reflexión sobre lo sucedido en 2017 no es un mero ejercicio melancólico, sino que es imprescindible para determinar qué medidas han de adoptarse para alejar el riesgo que vivimos hace tres años.
En el vídeo que se inserta un poco más arriba ya indicaba que esas medidas pasarían por:

- Intensificar la presencia del Estado en Cataluña.
- Limitar el trato con las instituciones autonómicas al que resulta de lo que prevén la Consittución y el Estatuto de Autonomía.
- Impedir que la Generalitat utilice sus competencias en materia de acción exeterior para debilitar a España y construirse una posición como actor internacional independiente del Estado.

Pero hay que ir un paso más allá y pensar en cómo se ha llegado a una situación en la que la UE (y los gobiernos extranjeros) no ven ni las ilegalidades cometidas por la Generalitat ni la justificación de las medidas adoptadas por el gobierno español. Entender esto, entender por qué en el exterior el Estado se encuentra a la defensiva, no solo ante la opinión pública internacional, sino también ante gobiernos y organizaciones internacionales, es necesario para que podamos evitar los errores cometidos en el pasado y eludir así el desastre que en cualquier momento puede producirse.
Creo que la clave para entenderlo es que la apariencia de legitimidad del poder público se acaba convirtiendo en legitimidad y, finalmente, en legalidad. Intento explicarme.
Tal como he insistido en múltiples ocasiones, la Generalitat actúa como poder soberano en Cataluña. Las instituciones hacen expreso que ni acatan ni piensan acatar la legalidad española y fundamentan su actuación no en la Constitución, sino en la historia y en las leyes antiguas que habían sido, según estas instituciones, injustamente derogadas por Felipe V.
Ante esto, la reacción de los partidos políticos españoles y del propio gobierno de España, tanto el actual como el anterior, es la de que se trata solamente de palabras, pero que no revisten mayor importancia.
Esto es un error mayúsculo.
Las palabras son solamente meras palabras si no van acompañadas de actos; pero en Cataluña los actos dan un contexto a las palabras que no puede ser obviado. Cuando nos encontramos ante un gobierno que controla policía, escuelas y medios de comunicación, hasta el punto de que le es posible llevar a cabo una consulta contra la expresa prohibición del Tribunal Constitucional, desde el exterior ya surge la duda de quién goza de legitimidad en Cataluña, si es el Estado español o el gobierno de la Generalitat. Lo que sucede aquí ya es percibido como un conflicto entre poderes públicos en el que ambos reclaman su carácter soberano; y esta percepción es relevante no solamente para la opinión pública, sino también para organizaciones internacionales y gobiernos.
Sí, lo que hizo la Generalitat es ilegal, pero solamente desde la perspectiva española; desde la perspectiva nacionalista era legal y así se repite sin cesar. Ante esta situación de conflicto fáctico el resto de Estados permanecen expectantes para constatar de qué lado se inclina la balanza. Lo que hace la Genralitat no es contrario al Derecho internacional, tan solo es ilegal desde la perspectiva del Derecho español; pero ni Estados Unidos ni Finlandia, ni Francia ni Rusia tienen por qué aplicar o conocer el Derecho español; estos Estados lo que conocen es que en Cataluña hay policías con una señera en la manga y otros con una bandera española y que habrá que ver cuáles prevalecen.
Desde la perspectiva de la UE la situación es un tanto diferente como consecuencia del mecanismo de integración europeo; pero aquí no estamos hablando todavía de consecuencias jurídicas estrictas, sino de la percepción del problema por parte de los actores extranjeros; y para esta percepción la apariencia de legitimidad con la que actúa la Generalitat es relevante. Muy relevante.
Ahora nos daremos cuenta con más claridad de lo nefasto que fue el "marianismo" de esperar que todo se resolviera solo. Las consecuencias de aquello las vimos hace tres años y tan solo la gestión eficaz de los días posteriores al 1 de octubre evitó un desastre que ya se mascaba y que, de todas maneras, tuvo un coste enorme para España en términos de credibilidad internacional.


Y, por tanto, apreciaremos lo que supone el engendro de la mesa de diálogo puesta al servicio del nacionalismo. Un gobierno que negocia de tú a tú con quienes han intentado derogar la Constitución en Cataluña está dando ya cuenta cabal al mundo de la debilidad del Estado. No esperemos ningún apoyo de fuera si es necesario volver a utilizar la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Si en 2017 la mediación internacional estuvo cerca en 2020 o 2021 sería mucho más difícil de evitar... asumiendo que hubiera voluntad para evitarla.
Me preocupa mucho la forma en que se eluden este tipo de análisis en España. No somos conscientes del peligro en que vivimos, no asumimos que con la política que se está siguiendo se deja en manos de la Generalitat la posibilidad de crear cuando tenga conveniente una nueva crisis internacional y, sobre todo, no asumimos que todo esto debilita enormemente al Estado.