El error del "en Cataluña todo está bien"

Hace unos pocos días el ministro de asuntos exteriores, Josep Borrell, abandonó una entrevista en la televisión pública alemana enfadado por la ignorancia que el presentador mostraba acerca de la situación en Cataluña. Para el presentador la prisión de quienes lideraron el intento de secesión en 2017 no estaba justificada y España le parecía un estado autoritario incapaz de dar una salida democrática al problema catalán. En definitiva, una historia de buenos y malos en la que los buenos son los nacionalistas catalanes (a los que se identifica como "catalanes" sin tener en cuenta todos los catalanes que no comparten los planteamientos nacionalistas) y los malos los españoles (obviamente, los españoles no catalanes).

He escuchado esa historia muchas veces en foros diferentes. Es el relato nacionalista, lleno de mentiras, tergiversaciones y olvidos; pero un relato que ha cautivado a muchas personas, medios y políticos en medio mundo. Sería razonable preguntarse por qué.

Las razones son varias y aquí no pretendo dar una explicación completa; sino tan solo fijarme en uno de los aspectos que inciden en este éxito del mensaje nacionalista. Y este aspecto está relacionado con la respuesta a unas preguntas largas, pero sencillas: ¿cómo esperamos que en un relato de buenos y malos, como al final son todos los relatos, los nacionalistas asuman el papel de malos si nos negamos a denunciar la forma en que incumplen la ley, atacan la convivencia y vulneran los derechos fundamentales del conjunto de los ciudadanos y, especialmente, de los catalanes no nacionalistas? ¿Cómo esperamos que en el extranjero el estado español sea considerado "bueno" si nos negamos a admitir que quien se enfrenta frontalmente con ese estado, quien constantemente lo acusa de antidemocrático, injusto y autoritario obra de mala fe, con abuso de los poderes y de manera arbitraria? ¿Cómo podemos esperar que en el extranjero se entiendan juicios y medidas extraordinarias si el propio gobierno español afirma que en Cataluña "todo está bien"?

Las preguntas anteriores suponen una serie de hechos y circunstancias que podrían ser discutidos, pero en los que no me pienso detener excesivamente. Comenzando por lo último ¿no es verdad que el gobierno español mantiene que la situación en Cataluña está tranquila, que quitando elementos puntuales de tensión la Generalitat cumple con el ordenamiento jurídico, no se afectan los derechos de los ciudadanos, la escuela cumple su labor de acuerdo con lo que es constitucionalmente exigible y las administraciones sirven con objetividad los intereses generales? Creo que si se hace un repaso a las declaraciones de los miembros del gobierno en los últimos meses esta es la impresión que se extraería de ellas.

Ahora bien, ¿es esto cierto o, por el contrario, es "más cierto" -que se diría en un interrogatorio- que las administraciones catalanes no actúan de acuerdo con la obligada neutralidad que deberían respetar, que los derechos fundamentales son vulnerados y que la escuela no actúa de acuerdo con los que es constitucionalmente exigible?

Por desgracia, lo que resulta más ajustado a la realidad es lo segundo. Sobre la falta de neutralidad de las administraciones catalanas hay pruebas abundantes, incluso en forma de sentencias judiciales (orden de retirada de banderas esteladas ubicadas en espacios de titularidad pública, condenas por la adscripción de administraciones locales a la Asociación de Municipios por la Independencia, declaración de que la suscripción por parte de corporaciones de derecho público del Pacto Nacional por el Referéndum o por el derecho a decidir vulnera la libertad ideológica de los asociados, etc.).

No menores son las evidencias de la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, especialmente, de los constitucionalistas. Así, por ejemplo, la declaración por los tribunales de que la UAB había vulnerado el derecho de los alumnos constitucionalistas a no ser discriminados por razón de pensamiento, a la libertad ideológica, libertad de expresión y derecho a la educación; prohibición de actos políticos de partidos constitucionalistas, utilización de los datos personales de los ciudadanos para la elaboración de bases de datos ilegales y, de nuevo por desgracia, una larga lista de irregularidades y vulneraciones de derechos que apenas tienen eco en la opinión pública española y, por tanto, tampoco en la internacional.

Finalmente, por no extenderme más, la situación en la escuela es también la descrita y no la idílica que algunos pretenden. En Cataluña, donde más de la mitad de la población tiene como lengua materna el castellano, no hay posibilidad en la educación pública ni de estudiar en castellano ni de hacerlo en una combinación de catalán y castellano. El único modelo existente es de utilización exclusiva del catalán como lengua vehicular con una asignatura de castellano en primaria y secundaria. Se trata de una situación que es contraria a derecho, como prueba que cada vez que es denunciada por alguna familia los tribunales indefectiblemente fallan a favor de la familia denunciante, lo que prueba la ilegalidad del sistema al que se ven sometidos todos los escolares en Cataluña. No insistiré en el adoctrinamiento, denunciado también en varios informes que tampoco tienen eco alguno en el debate político español.

Esta es la situación, frente a una constante vulneración de derechos fundamentales y exigencias constitucionales por parte de los nacionalistas, la posición del gobierno de España, del PSOE y de todo lo que se autoproclamada a la izquierda del PSOE más los propios partidos nacionalistas en Cataluña y en otras comunidades, es la de que los nacionalistas catalanes no hacen nada malo y que hay que tender la mano hacia ellos, no molestarlos y ofrecerles salidas para que depongan su actitud de enfado. ¿Nos extrañamos entonces que en el extranjero se vea a España cono un país autoritario y antidemocrático? Si no se denuncian las vulneraciones de principios democráticos básicos en que incurren los nacionalistas y, al contrario, se les mira comprensivamente ¿por qué no hacer caso a las acusaciones de estos contra España, el sistema institucional español y los españoles?

Creo que sería bueno para evitar bochornos como el que tuvo que pasar el Sr. Borrell el otro día que el gobierno español dijera, por ejemplo, cosas tan moderadas como éstas:

- El Ministro de Ciencia y Universidades: "Me preocupa que una Universidad española haya sido condenada por haber vulnerado derechos fundamentales de sus alumnos constitucionalistas. Estudiaré qué medidas deben adoptarse para evitar que se repita".

- La Ministra de Educación: "La Generalitat ha de cumplir con las exigencias constitucionales en lo que se refiere a la presencia del castellano en la educación. La exclusión como lengua vehicular de la materna de más de la mitad de los catalanes no es admisible y limita los derechos de los alumnos catalanes".

- La Ministra de Educación (otra vez): "Estudiaremos con detalle los informe sobre adoctrinamiento en la escuela catalana. El que la escuela pueda ser utilizada de manera no adecuada por los nacionalistas nos preocupa y adoptaremos las medidas necesarias para garantizar los derechos de los alumnos catalanes".

- La Ministra de Justicia: "La utilización de los datos personales de los catalanes de manera ilegal vulnera principios básicos que no son compatibles con la democracia. Más allá de las condenas que puedan ser dictadas por los tribunales, examinaremos qué medidas han de adoptarse para evitar que el poder público abuse de su posición en relación a los datos personales de los ciudadanos".

A veces nos quejamos de que los nacionalistas son capaces de construir un relato falso, pero quizás atractivo y nos preguntamos por qué nosotros no lo conseguimos.

Quizás bastaría con no ayudarles callando sobre la forma en que utilizan el poder público para limitar los derechos de quienes se les oponen.

A veces decir la verdad sin callarse elementos relevantes basta para construir un relato convincente.

Brexit y elecciones europeas

Tengo que comenzar diciendo que me equivoqué: desde hace tres años vengo escribiendo (y diciendo) que no habría una prórroga del plazo fijado en el art. 50 del TUE para la salida de un estado miembro que notifica su voluntad de abandonar la Unión y, sin embargo, finalmente, sí habrá una prórroga, tal como acaban de acordar el RU y el Consejo Europeo de los 27 (los estados miembros excepto el RU).

¿Cuáles son las perspectivas que se abren ahora?

Lo primero es que el 29 de marzo ha sido trasladado al 12 de abril. Esto es, la salida ya no será el 29 de marzo (Theresa May había anunciado, hace más de un año, que esa sería la fecha en la que el RU dejaría de ser un Estado miembro de la UE y es la fecha que se corresponde con los dos años desde la notificación de la voluntad de salida), sino el 12 de abril. Ahora bien, si antes del 12 de abril el Parlamento Británico ratifica el Acuerdo de Salida alcanzado en noviembre de 2018 junto con las salvaguardas pactadas hace unos días, entonces la fecha de salida se retrasará hasta el 22 de mayo a fin de tener tiempo para las formalidades necesarias para la aprobación de los instrumentos (las instituciones europeas aún no han aprobado las salvaguardas pactadas en marzo, por ejemplo).

¿Qué pasa si el Acuerdo de Salida no es ratificado por el Parlamento Británico?

En ese caso, sin esa aprobación y si no se hace nada más el 12 de abril el RU pasará a ser un estado tercero. Ahora bien, también es posible entonces que el RU solicite otra prórroga del art. 50, pero en este caso ya debería ser una prórroga larga (se habla de un mínimo de nueve meses), lo que implicaría que el RU debería participar en las elecciones al Parlamento Europeo del mes de mayo.

Y este es un punto relevante, no solamente desde la perspectiva de las instituciones, sino desde la perspectiva política.

Si el RU participa en las elecciones europeas éstas acabarían convirtiéndose en un nuevo referéndum sobre la permanencia del país en la UE. Las elecciones volverían a enfrentar a quienes desean la salida con quienes prefieren mantenerse en la UE. Un debate que, además, se complicaría con la consideración de un segundo referéndum, el carácter vinculante del primero o la valoración del acuerdo de salida pactado en noviembre. Tal como ha adelantado May, unas elecciones europeas en mayo en el RU pondrían el país de patas arriba y, en función de su resultado, el Brexit podría resultar imposible. Así en el caso de que el triunfo en esas elecciones fuera para los partidarios de quedarse.

Es por eso que los "Brexiters" no desean que se dé esa circunstancia. Ahora bien para eludirla tan solo tienen dos opciones: o bien aprueban el Acuerdo de Salida al que se llegó en noviembre o bien se enfrentan a un Brexit sin acuerdo. La UE ha ido cerrando las posibilidades hasta el punto de que ahora es claro que tan solo quedan estas dos.

Por otra parte, el planteamiento europeo diluye la posibilidad de que se le achaque la responsabilidad de un Brexit sin acuerdo: es el RU el que ha de decidir qué hacer y el Brexit sin acuerdo es tan solo una posibilidad entre cuatro (aprobación del acuerdo de salida, solicitud de prórroga larga, revocación de la notificación de salida o Brexit sin acuerdo).

Creo que la responsabilidad de la UE está compensando en cierta forma el circo en el que se ha convertido la política británica.

Vista oral

En un juicio penal no se trata de convencer a los testigos, ni siquiera a los abogados de la otra parte, a la prensa o al público en televisión. Durante la fase del juicio oral cada parte intenta encontrar apoyos para lo que será su informe final. Es decir, tanto el fiscal como las otras acusaciones y las defensas tienen en la cabeza cuál ha de ser el contenido del informe que presentarán a la conclusión del juicio. Ese informe incluirá un relato de lo sucedido, de la participación de los implicados y los razonamientos jurídicos pertinentes. En lo que se refiere a los hechos que se recojan en dicho informe, es necesario que cada uno de ellos esté apoyado o bien por un documento o por alguno de los testimonios que se hayan prestado durante el juicio. De esta forma, lo que se pretende es que en cada testimonio aparezca esa indicación necesaria a efectos de justificar esa línea, ese párrafo o esa idea del informe final. A la vez, se intentan desmontar aquellos elementos que pueden servir al relato de la otra parte. Es decir, cada una de las acusaciones y de las defensas se preocupa de apuntalar su propio relato y de desmontar el de la otra parte. En esto consiste básicamente la estrategia del juicio oral.

La clave, por tanto, para entender los movimientos de unos y otros es imaginar cuál es ese informe final que tienen planeado y de qué manera cada testigo y cada prueba ayudan a fundamentar ese informe. En un juicio tan complejo como éste, con varios acusados y acusaciones, con centenares de testigos y pruebas de distinta naturaleza, no es sencillo determinar cuáles son esas estrategias de acusaciones y defensas, estrategias que, además, se van desarrollando en distintas fases, algunas claramente marcadas ya en lo que hemos visto estas semanas. También hay que tener en cuenta que los argumentos y razones estrictamente jurídicos se mezclan con planteamientos políticos, lo que crea aún un poco más de confusión.

No es extraño, por tanto, que en los días transcurridos desde el comienzo de la fase oral del juicio por los hechos de septiembre y octubre de 2017 los comentaristas hayan ido variando de manera significativa sus valoraciones acerca de lo que está sucediendo. Con cierta rapidez se ha pasado de "la acusación se diluye" a "las defensas empiezan a estar preocupadas".

Creo que aún es pronto para tener opinión sobre cómo acabará esto. Falta todavía muchísimo por ver y por analizar; pero quizás hay elementos suficientes para hacer una primera valoración de lo que ha sucedido hasta ahora. Es lo que intentaré hacer a continuación.

Lo primero que hay que aclarar es que en estas semanas hemos pasado por varias fases. La fase oral del juicio comenzó con una serie de cuestiones previas en las las diferentes partes se ocuparon de aspectos técnicos en relación a las pruebas admitidas y rechazadas, así como las presuntas vulneraciones de derechos fundamentales en que podría haberse incurrido. Lo debatido en esa primera fase es interesante para ir viendo qué argumentos serán utilizados en los prácticamente seguros de amparo ante el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Estrasburgo que en su día se plantearán; pero seguramente son menos llamativos que lo que vino a continuación.

Lo que vino a continuación fue el interrogatorio primero de los acusados y luego de los testigos. Pese a que la dinámica en ambos casos es muy parecida (preguntas de las distintas acusaciones y defensas y respuestas de los interrogados) la diferencia entre el interrogatorio a unos y a otros es esencial: mientras los acusados deciden qué contestan y qué no y, además, pueden mentir en sus respuestas; en el caso de los testigos sí que están obligados a contestar a todas las partes y, además, han de hacerlo de manera veraz, incurriendo en responsabilidad si mienten.

Las primeras semanas del juicio estuvieron dedicadas a las declaraciones de los acusados, un trámite que desde un punto de vista probatorio tiene una importancia relativa, puesto que, como se acaba de indicar, ni tienen obligación de contestar ni de decir verdad por lo que la importancia de sus testimonios para determinar los hechos es relativa.

Sorprende que esto no fuera tenido en cuenta por varios comentaristas que ya en esas primeras semanas se apresuraron a indicar que la acusación naufragaba. Con independencia de la mayor o menor brillantez de las acusaciones en sus interrogatorios, lo cierto es que lo razonable es imaginar que tras el relato de los acusados -quienes, además, no tienen ni por qué ser veraces- todo pinte bastante bien para las defensas. Lo que resulta sorprendente es que tan solo con esta fase algunas incriminaciones ya quedaron claras. Así, por ejemplo, la desobediencia, que fue reconocida de forma bastante clara por varios de los acusados. Recuerdo en este sentido la declaración de Forn, por ejemplo, que mantuvo que tras las decisiones del Tribunal Constitucional ordenando que se hiciera lo necesario para impedir la realización del referéndum de 1 de octubre el, al igual que el resto del gobierno de la Generalitat, siguieron dando apoyo político al referéndum. De igual forma, la declaración de Cuixart parecía abundar en que la convocatoria ante la Consejería de Economía tenía por objeto dificultar la actuación de la comisión judicial que allí se encontraba. Algo, por otra parte, difícil de negar a la vista, incluso, de los vídeos que difunde la organización que preside, Ommium Cultural

Senyor @EnricMillo, el vídeo complet demostra que @jcuixart va treballar per facilitar la sortida de la comitiva judicial. De ben segur farà retuit tenint en compte que afirma que vol explicar la veritat. pic.twitter.com/yMOlXsXzOm

— Òmnium Cultural (@omnium) 6 de marzo de 2019

 

Concluidas las declaraciones de los acusados comienzan las de los testigos. Como se ha indicado, aquí el escenario es completamente diferente, puesto que los testigos están obligados a responder con veracidad. Sucede, sin embargo, que en un proceso de esta naturaleza la pluralidad de testigos responde a fines e intereses muy variados, y no todos son igualmente útiles desde una perspectiva penal. En los primeros días vimos varios testigos políticos que no tenían conocimiento directo (ni indirecto) de lo que había sucedido y que, por tanto, poco aportaban a la causa. Desde una perspectiva política no deja de ser llamativo que tanto el Presidente del Gobierno como la Vicepresidenta y el Ministro del Interior mostraran tan poca convicción en sus respuestas (quedará para los anales el momento en el que preguntado Mariano Rajoy por las razones para enviar un contingente de policías y guardias civiles a Cataluña comenzó su respuesta diciendo "supongo que sería", como si le preguntaran por algo que le es completamente ajeno).

Lo anterior no quiere decir que esos testimonios fueran completamente inútiles. Por ejemplo, Mas aportó datos interesantes en relación a las reuniones que convocaba Puigdemont y en las que participaba él mismo junto con otras personas (mencionó varias, entre ellas Junqueras, Romeva, Marta Rovira y Forcadell) y en las que, según las declaraciones de Mas, eran conscientes de que preparaban actuaciones que incurrirían en el delito de desobediencia.

Lo verdaderamente interesante, sin embargo, comienza cuando se interroga a quienes tuvieron conocimiento directo de lo sucedido. A quienes estuvieron en las reuniones de coordinación entre policías o a quienes sufrieron el acoso de los independentistas. En este sentido los testimonios de Nieto, Millo, Pérez de los Cobos y Montserrat del Toro han sido muy esclarecedores.

Del testimonio de los primeros resulta la nula cooperación de los Mossos para cumplir las órdenes judiciales orientadas a impedir el referéndum. Tras los interrogatorios parece quedar claro que los Mossos interpretaron que la orden judicial les obligaba a no intervenir con el fin de mantener la convivencia, negándose a utilizar la fuerza si en los locales se encontraban personas mayores o niños. La policía nacional y la guardia civil, sin embargo, interpretaron que la orden judicial exigía en primer lugar impedir el referéndum, pero hacerlo empleando la menor fuerza posible. Veremos qué opina el Tribunal Supremo en la sentencia sobre este debate. En. cualquier caso, queda claro también que el Gobierno de la Generalitat se negó en redondo a desconvocar el referéndum -lo que ya era evidente-, pese a que tal desconvocatoria hubiera dado pleno cumplimiento a las órdenes judiciales.

Por otra parte, queda claro que hubo violencia. El testimonio de Enric Millo en este sentido ha sido muy claro; pero queda un trecho largo para probar la conexión de esa violencia con los acusados. Sobre esto todavía no he visto ninguna prueba útil.

Lo anterior creo que es relevante. La primera línea de defensa, que conectaba la estrategia penal y la política, era la de mantener que todo había sido pacífico. Creo que ahora es insostenible esta afirmación. Hubo violencia el 1 de octubre, y también el 20 de septiembre (volveré ahora sobre ello). Esto es importante de cara al relato político, puesto que con los testimonios que ya han salido y los que presumiblemente saldrán se destacarán los ataques, agresiones y emboscadas sufridas por la policía, por lo que las defensas deberán moverse -ya han comenzado a hacerlo- a la segunda posición: pudo haber violencia, pero no puede achacarse a nuestros patrocinados. Veremos si las acusaciones pueden probar la conexión entre la violencia y los acusados. Yo, de momento, no lo he visto; pero quedan, me parece, del orden de 400 testigos para aclararlo.

Merece un tratamiento específico lo sucedido el 20 de septiembre ante la Consejería de Economía, cuando una comisión judicial quedó encerrada en el edificio por los manifestantes. Como es sabido hubo destrozos de coches policiales y la letrada de la administración de justicia tuvo que abandonar el edificio por una azotea colándose en un teatro contiguo.

El relato que prestó ayer esa letrada contrastaba dramáticamente con la fiesta de la democracia que en su día pretendieron mostrar Sánchez y Cuixart. Explicó la letrada cómo no pudieron salir en todo el día, ni siquiera por comida. Cómo se les ofrecía salir por en medio de la multitud que bloqueaba el edificio y que por la mañana gritaba "No sortiran" (no saldrán). Cómo se negoció con Sánchez y Cuixart infructuosamente hasta que tuvo que pedirle desesperada al Juez que la había enviado que la sacara de allí, momento en el que los Mossos habilitan la huida por el edificio anexo. Todo ello unido a la necesidad de proteger los datos obtenidos en el registro.

La participación de Sánchez y Cuixart en el bloqueo de la Consejería parece clara ya a estas alturas del juicio, y creo que la duda está en si se califica como sedición o como rebelión, dada la utilización de la intimidación para alterar el funcionamiento de la comisión judicial (no se permitió el acceso de los detenidos que tenían que participar en los registros). Aunque la cosa quede en sedición, tan solo eso pueden ser penas de hasta 10 años de cárcel para Sánchez y Cuixart.

Y el juicio no ha hecho más que empezar...

Tarjeta sanitaria única

El debate sobre la tarjeta sanitaria única es, aparentemente, de una transcendencia relativa, pero me parece que en él se resumen gran parte del resto de debates que nos ocupan y, además, nos permite contrastar cuáles son las posiciones de unos y otros sobre la cuestión más importante que tenemos sobre la mesa actualmente y que no es otra, en el fondo, que la de si España seguirá siendo un único estado o, por el contrario, avanzamos hacia la descomposición.

Quizás quien haya leído lo anterior piense que exagero (por decirlo suavemente). Le animo a que me siga en los próximos párrafos antes de dar esa opinió por definitiva.

Como casi todos los españoles tengo una tarjeta sanitaria pública expedida por las autoridades competentes de mi Comunidad Autónoma (Cataluña), y como muchos españoles también tengo una tarjeta de una mutua privada.

En estos momentos utilizo la tarjeta de la mutua privada de la misma forma en toda España. Ya puedo encontrarme en Barcelona, mi provincia de residencia, como en Asturias, Andalucía o Madrid, en todos esos lugares la tarjeta de la mutua privada me permite acceder a los mismos servicios. La tarjeta de la sanidad pública, en cambio, tan solo me habilita plenamente para acceder a los servicios públicos sanitarios en Cataluña. En el resto de Comunidades Autónomas, cuando he tenido que acceder a los servicios sanitarios ha sido en la condición de "desplazado", lo que obliga a realizar ciertos trámites y tiene una duración limitada (puede comprobarse en este enlace). Además, el desplazamiento plantea problemas para las recetas y para la obtención de ciertas informaciones sobre el historial del paciente.

Una tarjeta sanitaria única debería permitir la asistencia sanitaria plena en todo el territorio español sin tener que recurrir a la obtención de una tarjeta de desplazado. Además debería ser suficiente para poder obtener recetas de la sanidad pública en todas las Comunidades Autónomas. ¿Quién puede negar que esto serían ventajas para todos los españoles? ¿Quién puede defender que es mejor mantener la situación de división actual?

No se me alcanza ninguna razón para oponerse a la tarjeta sanitaria única más allá de la defensa de las competencias autonómicas; una defensa que, además, se haría ya al margen de la utilidad que esas competencias tengan para el ciudadano, sino tan solo por entender que las competencias en sí mismas ya son un objetivo que ha de ser mantenido.

Este es el núcleo del problema. La descentralización autonómica puede ser positiva si supone acercar el poder público al ciudadano y convertirlo en más eficaz y flexible; esto es, cuando responde a un fin superior, que es el de prestar unos mejores servicios públicos. Creo que es conveniente en muchos ámbitos que ese acercamiento al ciudadano se produzca porque, además, permite una participación política de mayor calidad e intensidad; ahora bien, si este es el fin que justifica la descentralización autonómica, en aquellos casos en los que se compruebe que sirve mejor a los intereses de los ciudadanos una estructura común para toda España debería implementarse aunque supusiera alguna limitación en las competencias autonómicas.

Quien no lo vea así y entienda que cualquier limitación de las competencias autonómicas es negativa y que, por tanto, solamente en supuestos especialmente justificados deberían establecerse herramientas centralizadas, como podría ser la tarjeta sanitaria única; es que ha dotado de sustantividad a la autonomía, la pasa a considerar no como un instrumento al servicio de los ciudadanos, sino como algo valioso en sí porque responde a un fin que ha de prevalecer sobre la mejor atención a las personas.

¿Qué fin puede ser éste? Tan solo hay una respuesta: las propuestas nacionalistas que pretenden que España se estructure como una yuxtaposición de pueblos (naciones) diferenciados. Si no es por este argumento ¿qué sentido tiene oponerse a una tarejeta sanitaria única que facilitaría la vida de las personas que se desplazan entre Comunidades Autónomas? Tan solo tiene sentido esa oposición si se entiende que la garantía y desarrollo de las competencias autonómicas prima sobre la mejora de las condiciones de prestación de los servicios públicos. Y este puede ser un debate relevante.

Es un debate relevante porque está en la base del proyecto de país que cada actor político tiene. El Estado de las Autonomías que diseñaba la Constitución española no era una suerte de confederación en la que la existencia y competencias de las Comunidades Autónomas se convierte en la piedra angular de todo el Estado. España, en el diseño constitucional, es un Estado indisoluble que puede organizarse en Comunidades Autónomas, que asumen determinadas competencias pero sin cuestionar ni la unidad de la nación española ni la existencia de competencias estatales de cierta entidad, también en muchos de los ámbitos en que existen competencias concurrentes de las Comunidades Autónomas.

Los últimos cuarenta años han ido modificando esta situación. Las instituciones autonómicas han adquirido sustantividad propia y una legitimidad que se enfrenta abiertamente a la del Estado. Así se pudo observar en Cataluña en el año 2017; pero también en el País Vasco, y aquí el testimonio del lehendakari Urkullu en el juicio por el intento secesionista en Cataluña son muy significativas, ya que prueban que una autoridad constitucional de la relvancia que tiene el presidente del gobierno de una comunidad autónoma juega un papel de mediador entre el gobierno español y quienes desafían al orden constitucional desde las instituciones de otra comunidad autónoma, lo que se correspondería más con lo propio en una confederación que en el estado autonómico.

Este es el debate esencial en la España actual: ¿avanzará España hacia la confederación (lo que incluiría el derecho de secesión de las comunidades autónomas o, por el contrario, se mantendrá en el diseño autonómico de 1978? No se trata de una disyuntiva banal, y la posición que se adopte en relación a la tarjeta sanitaria única no parece que pueda desligarse de la que se adopte en relación al debate entre profundización en las competencias autonómicas o garantía de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, el debate sobre la tarjeta sanitaria única se conecta con otras cuestiones relativas a la garantía de los derechos de los ciudadanos en toda España, así, por ejemplo, la presencia del castellano en la educación pública o la calidad del sistema educativo.

De hecho, el proyecto de tarjeta sanitaria única es aún más claro en este sentido que otros casos, ya que el argumento basado en la mejora de los servicios de los que disfrutan los ciudadanos se ve reforzado por el hecho de que en la actualidad son las tarjetas sanitarias privadas las que ofrecen iguales condiciones en toda España. Desde una perspectiva que podríamos califcar de "izquierda" ¿qué argumentos existen, más allá precisamente de la defensa de las competencias autonómicas, existen para negar a las tarjetas sanitarias públicas lo que ya tienen las privadas?

No es, por tanto, un tema menor, así que espero que en las próximas citas electorales los partidos políticos sean muy claros sobre este punto. Adelanto que quienes pongan dificultades a esta tarjeta sanitaria única estarán indicando -desde mi perspectiva- que están dispuestos a hacer ceder los intereses generales del conjunto de los ciudadanos con el fin de potenciar las competencias autonómicas, lo que, de nuevo en mi opinión, no tiene más justificación, en última instancia, que en planteamientos nacionalistas.