Sorprende que tras el atentado de
Barcelona no se hubiera planteado la utilización de la Ley de Seguridad
Nacional (LSN) a fin de coordinar las distintas actuaciones encaminadas a dar
respuesta no solamente al atentado, sino a la situación que se derivaba de la
aparición de una cédula terrorista en el corazón de Cataluña con al menos una
docena de integrantes.
La LSN nace para situaciones como ésta.
Parte de que en determinadas ocasiones la respuesta a una situación de riesgo
para los derechos de los ciudadanos precisa de una coordinación reforzada entre
las distintas administraciones con competencias en la materia. En estos casos
puede decretarse la situación de “interés para la Seguridad Nacional”, lo que
implica definir su ámbito espacial y temporal, así como los recursos que se
dedicarán a la resolución de la crisis, pudiendo también nombrarse a una
persona (autoridad funcional) que coordine y dirija a los distintos actores
implicados. Parece un planteamiento sensato para momentos en los que es precisa
una actuación rápida que permita garantizar la seguridad de las personas y sus
derechos. Además, en este tipo de situaciones se hace necesario transmitir a la
opinión pública seguridad y confianza, y esta seguridad y confianza pueden
verse afectadas si comienzan a aparecer fricciones entre los distintos
intervinientes. El nombramiento de una autoridad que coordine a todos los
implicados contribuirá a evitar que estas fricciones aparezcan.
Lo vivido desde el jueves pasado es
buen ejemplo de estas situaciones de descoordinación que pueden darse en una
crisis de gravedad respecto a la que son competentes distintas administraciones.
En la tarde y en la noche del jueves asistimos a comparecencias por separado,
por un lado del presidente y vicepresidente de la Generalitat y de la alcaldesa
de Barcelona y, por otro lado, del presidente del gobierno. La información
sobre la investigación fue facilitada por el Consejero de Interior y el
Comisario Jefe de los Mossos d’Esquadra, aunque a alguna pregunta tuvo que
responder remitiéndose a las competencias del Estado. Vimos cómo el Presidente
de la Generalitat reunía su gabinete de crisis con presencia de los Mossos
d’Esquadra mientras el Presidente del Gobierno lo hacía con la Guardia Civil y
otros cuerpos de seguridad estatales. En definitiva, se transmitía la impresión
de que no había en marcha una respuesta al atentado terrorista, sino dos,
siendo una responsabilidad de la Generalitat y otra del Estado.
No entro en si esta impresión de
descoordinación respondía a la realidad o no. En los últimos días se han
planteado algunas dudas sobre este extremos, sobre todo en lo que se refiere a
la investigación de la explosión de la casa en Alcanar donde –parece ser- los
terroristas preparaban un atentado mucho más sangriento todavía que el
finalmente perpetrado; pero no es este el lugar para especular sobre este tema
ya que el objetivo es tan solo el de mostrar que al menos desde la perspectiva
comunicativa esta descoordinación existió, y esto, desde luego, no favorece la
confianza de los ciudadanos.
Por otra parte, habiendo asumido la
Generalitat de Cataluña el protagonismo en la investigación policial sobre el
atentado –como le correspondía-, el Gobierno dio un paso atrás en su
implicación, lo que ha llevado a situaciones curiosas cuanto menos, sino
indeseables. Así, no se ha ofrecido en ningún momento una respuesta global al
atentado que integre no solamente la identificación y detención de los
sospechosos, sino que ofrezca una explicación más profunda sobre el contexto
del ataque y sus consecuencias, tanto a nivel interno como internacional. Éstas
han estado ausentes, quizás por haber perdido esa visión transversal de los
problemas de seguridad nacional que pretende la LSN.
En este sentido resulta también
llamativo que la Comisión de Evaluación de la Amenaza Terrorista, la que ha de
decidir cuál es el nivel de alerta terrorista, hubiera tardado 40 horas en
reunirse tras el atentado (de la tarde del jueves a la mañana del sábado).
Fijémonos, por ejemplo, que cuando se produjeron los atentados en París en la
noche del 13 noviembre de 2015, esta Comisión de Evaluación se reunió de
urgencia en la misma mañana del día 14. ¿Cómo es posible que un atentado en
París fuerce una reunión de urgencia de la Comisión de Evaluación de la Amenaza
Terrorista en menos de doce horas desde el atentado y la masacre en Barcelona
no sea valorada más que casi dos días después de haberse perpetrado? ¿Tendrá
algo que ver este retraso precisamente en que la competencia para convocar la
Comisión es del Ministerio del Interior y no de la Generalitat, que era quien
estaba llevando a cabo la investigación? En algún momento habrá que dar
respuesta a estos interrogantes, así como al hecho de que en ningún momento se
hubiera decretado el nivel máximo de alerta terrorista, el que se corresponde
con el riesgo de atentado inminente. Tras la explosión de Alcanar esa era la
situación –atentado inminente-, como también lo era tras el atropello masivo de
Barcelona con todavía varios terroristas huidos. De nuevo cabe preguntarse si
la distribución de competencias entre la Generalitat y el Estado no influyó en
la toma de determinadas decisiones. Recordemos también cómo el Ministro del
Interior declaró el sábado que la cédula terrorista estaba desarticulada y al
poco los Mossos d’Esquadra lo desmintieron.
No creo que nadie niegue la imagen de
descoordinación que se ha trasladado desde el jueves; imagen que afecta, sin
duda, a la percepción de la seguridad y, quizás, a la seguridad misma. En estas
circunstancias no se alcanza a entender por qué no se planteó la utilización de
la LSN. Si ésta no se aplica cuando España está conmocionada por dos atentados
en menos de ocho horas, con varios miembros de una cédula terrorista en fuga
durante días ¿cuándo se va a utilizar? Si vivimos una evidente situación de
descoordinación y se hace necesario un trabajo común no solamente de las
distintas policías, sino también de los servicios de inteligencia y otros
actores que pueden resultar relevantes para la Seguridad Nacional ¿Por qué no
se recurre a los mecanismos de coordinación que prevé la LSN?
Parece que se hacen leyes sin que
exista una voluntad real de aplicarlas; y quizás a esta falta de voluntad no
sea ajena la tensión secesionista que vivimos. En una situación de normalidad,
la aplicación de la LSN en un caso como el que nos ocupa no sería cuestionada
por ninguna de las administraciones afectadas; pero con una Generalitat volcada
en su propósito de convertirse en Estado, la imposición de un mecanismo de
coordinación según lo previsto en la LSN sería utilizado como agravio, y quizás
esto ha pesado más en la (no) decisión del Gobierno que las ventajas que
podrían derivarse de la aplicación de esta ley.
Debemos preocuparnos cuando hasta la
política antiterrorista no puede ser entendida sin hacer referencia al proceso
secesionista en Cataluña.
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