El 24 de enero de 2017 Carles Puigdemont impartió una conferencia en una sala del edificio del Parlamento Europeo. A continuación está es texto facilitado por la Generalitat y en rojo mis comentarios al mismo. Pretende ser una respuesta a las tergiversaciones y falacias, cuando no auténticas mentiras, del discurso que los nacionalistas repiten en Cataluña, en el resto de España y también en el extranjero.
"Tal com ja han expressat
el conseller Romeva i el vicepresident Junqueras, els agraeixo sincerament la
seva assistència avui aquí, després de tot un dia de treball.
M’agradaria començar la
meva intervenció en català –la llengua pròpia de Catalunya, i oficial
juntament amb el castellà- felicitant al nou president del Parlament europeu,
el senyor Antonio Tajani, escollit la setmana passada. Li desitgem sort i molts
encerts per aquesta nova tasca tan rellevant que li ha estat encomanada. També
esperem que doni compliment al compromís que va adquirir per carta amb la
majoria d’eurodiputats del nostre país per tal que el català pugui ser
llengua oficial del Parlament europeu.
El passat mes de
setembre, en una sessió al Parlament de Catalunya vaig explicitar el que ja
era un compromís polític clar del meu Govern i de la majoria política que li
dona suport: l’any 2017 Catalunya celebrarà un referèndum vinculant per
decidir si vol esdevenir un estat independent. Avui som a Brussel·les, a la
capital d’Europa i a la seu de la institució on s’exerceix la representació
democràtica dels ciutadans de la Unió Europea, per tant també dels de
Catalunya, per refermar el nostre compromís a convocar aquest referèndum, com
la millor eina democràtica possible per saber què vol el poble de Catalunya.
És probable que vostès
es preguntin per què hem arribat fins aquí, per què una majoria de catalans
ja no vol seguir formant part d’Espanya.
[Las últimas
elecciones autonómicas fueron planteadas por los nacionalistas como un
plebiscito. El resultado de las mismas es que los partidos favorables a la
independencia de Cataluña no consiguieron llegar al 48% de los votos emitidos, lo
que representaba menos del 37% del censo electoral. La afirmación de que una
mayoría de los catalanes no desea seguir formando parte de España es una
especulación]
La resposta és clara.
D’una banda, perquè Catalunya és una nació amb una identitat, una cultura i
una llengua fortes, una nació que ha tingut institucions pròpies des de fa
segles (sóc el 130è president d’una institució que té els seus orígens
l’any 1359), i que des de sempre ha tingut voluntat de ser reconeguda
[Las afirmaciones
anteriores forman parte del relato mitológico nacionalista sobre Cataluña que
carece de fundamento. Desde su nacimiento Cataluña se ha integrado en entidades
políticas más amplias (reino de Aragón primero; España, después) sin que en
ningún momento de su historia fuera una entidad política independiente. El
idioma catalán es, sin duda, un elemento valioso de identificación para todos
los catalanes; pero no puede desconocerse que desde hace siglos el castellano
es también utilizado por los catalanes como idioma propio y que en la
actualidad del 55% de los catalanes tienen el castellano como lengua materna
–frente a un 31% que tienen el catalán como lengua materna-, esto es, en el
caso de Cataluña la referencia a la lengua justifica en mayor medida el vínculo
con el resto de los españoles, que comparten con los catalanes el castellano
como lengua común, que un pretendido hecho diferencial. Por otra parte, la
pretensión de que la Generalitat que preside el Sr. Puigdemont tiene
continuidad con la institución medieval del mismo nombre no resiste el más
mínimo análisis. La pretensión de que el Sr. Puigdemont es el presidente núm.
130 de Cataluña, tal como a veces se presenta, es ridícula y se inserta en el
intento nacionalista de reconstruir el pasado para justificar sus exigencias
presentes]
Però això no explica
del tot el que ha succeït a Catalunya a nivell polític els darrers anys.
De
l’altra, el juny de l’any 2010 el Tribunal Constitucional espanyol va tombar
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat en referèndum pels catalans quatre
anys abans,
[La pretensión de que el Tribunal Constitucional “tumbó” el Estatut
de Autonomía de 2006 no es más que otro mito nacionalista, la realidad es que
de 223 artículos, 15 disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias,
una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales, el TC anuló parte (tan solo parte, en ocasiones tan solo
eliminando un inciso en un apartado de un artículo) de 14 artículos y estableció
una interpretación constitucionalmente conforme de otros 21 artículos más
cuatro disposiciones adicionales. Es decir, la práctica totalidad del Estatuto
fue declarado constitucional por el TC. Se transcribe a continuación la parte
dispositiva de la Sentencia del TC sobre el Estatuto de Autonomía para que
pueda verificarse esta afirmación:
“En atención a
todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere
la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar
parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por más de cincuenta
Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 6/2006, de 19
de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, en consecuencia,
Declarar que:
1.º Carecen de
eficacia jurídica interpretativa las referencias del preámbulo del Estatuto de
Cataluña a «Cataluña como nación» y a «la realidad nacional de Cataluña».
2.º Son
inconstitucionales y, por lo tanto, nulos: la expresión «y preferente» del
apartado 1 del art. 6; el apartado 4 del art. 76; el inciso «con carácter
exclusivo» del apartado 1 del art. 78; el art. 97; los apartados 2, letras a),
b), c), d) y e), y 3 del art. 98; los incisos «y con la participación del
Consejo de Justicia de Cataluña» de los apartados 5 y 6 del art. 95; el inciso
«por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
que lo preside, y» del apartado 1 del art. 99; el apartado 1 del art. 100; el
inciso «o al Consejo de Justicia de Cataluña» del apartado 1 y el apartado 2
del art. 101; el inciso «como principios o mínimo común normativo en normas con
rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de
acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto» del art. 111; el inciso
«los principios, reglas y estándares mínimos que establezcan» del apartado 2 del
art. 120; el inciso «los principios, reglas y estándares mínimos fijados en»
del apartado 2 del art. 126; el inciso «siempre y cuando lleven a cabo un
esfuerzo fiscal también similar» del apartado 3 del art. 206; y el inciso
«puede incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos
propios de los gobiernos locales e» del apartado 2 del art. 218.
3.º No son
inconstitucionales, siempre que se interpreten en los términos establecidos en
el correspondiente fundamento jurídico que se indica, los siguientes preceptos:
el art. 5 (FJ 10); el apartado 2 del art. 6 [FJ 14 b)]; el apartado 1 del art.
8 (FJ 12); el apartado 5 del art. 33 (FJ 21); el art. 34 (FJ 22); el apartado 1
y el primer enunciado del apartado 2 del art. 35 (FJ 24); el apartado 5 del
art. 50 (FJ 23); el art. 90 (FJ 40); los apartados 3 y 4 del art. 91 (FJ 41);
el apartado 2 del art. 95 (FJ 44); el art. 110 (FJ 59); el art. 112 (FJ 61); el
art. 122 (FJ 69); el apartado 3 del art. 127 (FJ 73); el art. 129 (FJ 76); el
art. 138 (FJ 83); el apartado 3 del art. 174 (FJ 111); el art. 180 (FJ 113); el
apartado 1 del art.183 (FJ 115); el apartado 5 del art. 206 (FJ 134); los
apartados 1 y 2, letras a), b) y d) del art. 210 (FJ 135); el apartado 1, letra
d), del art. 222 y el apartado 1, letra i), del art. 223 (FJ 147); el apartado
1 de la disposición adicional tercera (FJ 138); y las disposiciones adicionales
octava, novena y décima (FJ 137).
4.º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo
demás.”]
i
que prèviament havia estat acordat amb les institucions espanyoles, no sense
sacrificis i renúncies. Aquell acord de mínims que pretenia ser un acord
polític bilateral entre Catalunya i Espanya,
[Un Estatuto de Autonomía no es nunca un acuerdo bilateral entre la
Comunidad Autónoma y el Estado, y menos en el sentido que aquí pretende darle
el Sr. Puigdemont. Un Estatuto de Autonomía es una Ley Orgánica española que, a
la vez, se configura como norma básica del ordenamiento autonómico; pero
siempre sometida al control constitucional, como cualquier otra ley. Aquí el
Sr. Puigdemont pretende que Cataluña existía como sujeto político capaz de una
relación bilateral con el conjunto del Estado. Esto, simplemente, no es así. Es
otra fantasía nacionalista que pretende convertirse en realidad a base de ser
repetida. En el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña se siguió el
procedimiento establecido para su elaboración, pero, de acuerdo con lo que
prevé el Derecho Español –y no es el único
que establece previsiones equivalentes- todas las normas
infraconstitucionales, incluidos, por supuesto, los Estatutos de Autonomía, han
de ajustarse a lo establecido en la Constitución y el Tribunal Constitucional
tiene competencia para declarar el carácter inconstitucional de cualquier norma
de rango infraconstitucional, que es lo que sucedió en el caso del Estatuto de
Autonomía de 2006 en los términos que se acaban de señalar]
on
es recollia el perímetre de l’autogovern català, insisteixo pactat amb
l’Estat i votat en referèndum, va ser anul·lat en la majoria dels seus
aspectes fonamentals. Un Tribunal, que idealment hauria de ser l’àrbitre
neutral dels contenciosos constitucionals a l’Estat espanyol, però que en
realitat és un òrgan polititzat i de part. Un Tribunal Constitucional que a dia
d’avui està presidit per un exmilitant del PP i que, amb el pas dels anys,
s’ha anat decantant encara més cap a les tesis del Partit Popular, i ha
esdevingut definitivament un actor que juga descaradament a favor d’una de les
parts.
[La afirmación carece de fundamento. Los magistrados del Tribunal
Constitucional español son nombrados, como en los equivalentes en otros países,
por órganos políticos; pero el juicio sobre su actuación ha de hacerse a partir
de las resoluciones que dictan sin que sea admisible una descalificación
generalizada como la que aquí se formula y que encaja en la estrategia
nacionalista dirigida a deslegitimar las instituciones españolas y a
profundizar por tanto en la separación simbólica entre los catalanes y el resto
de los españoles Resulta curioso, por otra parte, que la Generalitat siga
presentando recursos ante el Tribunal Constitucional y ganándolos en no pocas
ocasiones. El intento de deslegitimación de una institución perfectamente
homologable a cualquiera de sus equivalentes en otros países es absolutamente
ridículo]
Aquella sentència de
l’any 2010 va tenir una alta transcendència. Va suposar un abans i un després
per a una majoria de catalans. Va representar la fi d’una etapa i la
constatació de la necessitat imperiosa d’obrir un nou camí. L’encaix de
Catalunya a Espanya era impossible. Així doncs només hi havia dues opcions:
renunciar al que érem i quedar definitivament diluïts a Espanya com una
regió sense cap personalitat pròpia i sense cap capacitat de disposar de
poder polític, o iniciar una nova etapa com a nou estat en el marc de la Unió
Europea per garantir el progrés i el benestar de tots els ciutadans. Aquella
sentència va suposar sense cap mena de dubte per a molts catalans un
trencament de les raons que havien explicat les raons de la unió amb Espanya.
A partir de llavors, molts d’altres s’hi han anat sumant amb el pas del temps.
Val la pena posar de
manifest que històricament, en els darrers cent anys, i de manera especial des
que Espanya va sortir del règim de Franco, els partits catalanistes han
adoptat sempre una actitud i un paper d’alta responsabilitat en aquells
assumptes clau per a l’Estat espanyol,
[Es curioso
que hasta ahora se referiese a Cataluña y a partir de este punto lo haga a los
partidos catalanistas, como si estos representaran a los catalanes obviando que
durante los cuarenta años de democracia en España partidos de ámbito estatal o
partidos catalanes integrados en coalición con partidos estatales han obtenido
incluso más votos que los partidos que limitan su actuación al territorio de
Cataluña]
i també per al conjunt
d’Europa. Sempre havíem estat al costat del Govern espanyol, fins i tot, en
alguns casos, quan el principal partit espanyol a l’oposició no hi era. En
l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, durant la integració a
la moneda única, en moments en què l’estabilitat política espanyola
trontollava, en la lluita antiterrorista, durant la darrera crisi econòmica,
quan calia prendre decisions dures per evitar el rescat d’Espanya... És
evident que es feia per responsabilitat i per sentit d’estat. Molt més,
insisteixo, que el que tenia el partit polític espanyol que en aquell moment
estava a l’oposició. El que resulta dolorós és que després de gairebé 40
anys, aquesta contribució hagi rebut com a resposta un tracte de l’Estat vers
Catalunya tan decebedor i feridor.
[Aquí se pone
de manifiesto la confusión entre partidos catalanistas y Cataluña que se acaba
de señalar. Se ha alabado más allá de todo límite la responsabilidad política
de los partidos catalanistas para ahora reprochar que esa pretendida
responsabilidad no haya sido correspondida con un trato “adecuado” hacia
Cataluña. Lo que subyace en este planteamiento es la pretensión de que tan solo
los nacionalistas representan adecuadamente a los catalanes y que, por tanto,
tan solo ellos han de hacer de interlocutores entre el conjunto de los
catalanes y las instituciones estatales. De esta forma Cataluña se presenta
como un feudo gestionado por los nacionalistas cuya representación asumen sin
complejos como acabamos de ver. En realidad los partidos nacionalistas en
Cataluña comparten espacio con partidos estatales que tienen planteamientos
opuestos a los de los nacionalistas y que también representan a la sociedad
catalana. No es una pretensión de todos los catalanes que se ceda a las
pretensiones nacionalistas ni pueden identificarse las reivindicaciones de los
nacionalistas como reivindicaciones de Cataluña]
El
juliol del 2010, després d’aquella duríssima sentència, i a partir de l’any
2012, cada 11 de setembre -Diada Nacional de Catalunya- més d’un milió i mig
de persones han anat sortint al carrer per reclamar dignitat, capacitat de
decisió, i en definitiva, per poder decidir lliurement el seu futur a les
urnes. Estem parlant d’unes magnituds molt importants. Al voltant d’un milió i
mig de persones en un país de 7,5 milions d’habitants. I no pas una vegada
sinó sis. Enlloc més d’Europa s’ha vist una manifestació comparable a
aquestes, i encara menys que s’hagi anat repetint any rere any.
[Las cifras de participación en estas manifestaciones son una
evidente exageración. Incluso un medio nada hostil con el nacionalismo como era
La Vanguardia en el año 2012 cifró la participación en la manifestación del año
2012 era de unas 600.000 personas (http://www.lavanguardia.com/politica/20120914/54349577571/manifestacion-independentista-600-000-personas.html). En el año
2013 la cifra dada por la Generalitat para la participación en La Vía Catalana
fue de 1.600.000 personas, pero la realidad es que la cantidad fue de la mitad
de esa cifra (https://societatcivilcatalana.cat/assets/documents/informe-gigafoto-via-catalana-scc.pdf). Finalmente,
en el año 2015 la participación en la manifestación de la Meridiana fue del
orden del medio millón de personas (https://societatcivilcatalana.cat/assets/documents/recuentoDiada2015.pdf). En el año
2016 la cifra de participantes en la manifestación de la Diada no llegó a
300.000 personas (https://societatcivilcatalana.cat/sites/default/files/docs/Informe-recuento-Diada2016-SuperficiexDensidad_v3-eng.pdf). Se trata de
cifras altísimas de participación que tienen un indudable sentido político;
pero que se convierten en ridículas por inverosímiles cuando se multiplican por
dos o por tres. La movilización independentista durante los últimos años ha
sido, efectivamente, importante, pero nunca ha superado el 12% del total de la
población de Cataluña a pesar de la utilización de las administraciones y los
medios públicos de comunicación como instrumento de convocatoria y animación a
la participación en tales eventos. En los años 2012 y 2015 (y, probablemente,
también en el 2014) esta participación se situó claramente por debajo del 10%
del total de la población en el territorio catalán y en el año 2016 no llegó
siquiera al 5% de esta población]
Tota aquesta
mobilització no seria suficient ni prou consistent si no s’hagués plasmat
també amb un aval a les urnes. Aquest mandat democràtic existeix i és el que
ara estem complint. El 27 de setembre de 2015, amb la participació més alta
de tota la història en unes eleccions al Parlament de Catalunya (gairebé un
75%), les forces favorables a la independència van obtenir 72 dels 135
diputats (un 48% dels vots), tres per damunt de la majoria absoluta, mentre que
els contraris a la independència es van quedar amb 52 diputats (i el 39,17%
dels vots). Finalment, 11 diputats van ser per a un partit que no s’ha
posicionat ni a favor ni en contra de la independència, però que és
favorable a la convocatòria d’un referèndum. Val la pena fer notar que l’any
2010, al Parlament només hi havia 14 diputats que s’haguessin presentat amb un
programa independentista. De 14 a 72 en només cinc anys. Penso que aquest
creixement substancial en aquest curt període de temps mereixeria que des
d’Espanya es preguntessin què ha passat, què han fet malament perquè la
composició del Parlament, translació del que pensa i desitja la ciutadania,
hagi variat tan significativament en un període tan curt de temps. Sembla que
és força lògic fer-se aquesta pregunta. També a Europa s’haurien de fer –o
li haurien de fer a Espanya- aquesta pregunta.
[Es decir, los
diputados independentistas han alcanzado la mayoría absoluta en el Parlamento
de Cataluña, pero están lejos de disponer de los escaños necesarios siquiera
para reformar el Estatuto de Autonomía –se requieren dos tercios de diputados
para ello, es decir 90 diputados- en democracia no basta con tener la mayoría
para adoptar cualquier decisión. En primer lugar la decisión ha de poder
adoptarse legalmente, pues si se sitúa al margen de las competencias de la
asamblea de que se trate ninguna mayoría sería suficiente para adoptarla
legítimamente; pero dejando incluso esto de lado, es claro que una decisión
irreversible como es la independencia, en caso de que pudiera adoptarse,
precisaría una mayoría que fuera, al menos, igual que la precisa para algo
mucho menos transcendente como es la reforma del Estatuto de Autonomía, mayoría
de la que, como hemos visto, no gozan los diputados independentistas. Más allá
de ello, vemos que la mayoría de la que gozan es una mayoría de diputados que
no responde a una mayoría en las urnas. Los 72 diputados independentistas
obtuvieron menos del 48% de los votos emitidos, mientras que los otros 63
diputados alcanzaron algo más de ese 48% de votos. De hecho, todas las
decisiones transcendentes de cara a la secesión que se han adoptado hasta ahora
en el Parlamento de Cataluña (declaración de inicio del proceso de 9 de
noviembre de 2015 o votación de las conclusiones de la comisión del proceso
constituyente, aprobadas en julio de 2016) fueron aprobadas por los 72
diputados independentistas exclusivamente; esto es, respaldados por un voto
popular inferior al de los 63 diputados que en estas ocasiones votaron en
contra de las propuestas aliniadas con el proceso secesionista]
D’acord
amb el resultat de les eleccions de l’any 2015, per tant, existeix a Catalunya
una majoria de ciutadans que vol construir un nou estat que doni resposta a les
necessitats i a les ambicions de futur,
[Basta repasar los datos que se acaban de dar para darse cuenta de
que lo que aquí se afirma es falso]
i
el Parlament i el Govern tenen l’encàrrec clar i inequívoc de treballar per
fer-lo possible. Durant tot aquest temps s’ha estat fent i s’està fent la
feina necessària per poder esdevenir un estat: això inclou la preparació de
les estructures d’estat i la legislació necessàries per poder actuar com un
país independent integrat a la Unió Europea i a la comunitat internacional
des del primer dia.
[Esta afirmación es de una extraordinaria gravedad. El Sr.
Puigdemont hace explícito que él, como Presidente de la Generalitat, y su
gobierno desarrollarán estructuras de Estado y prepararán lo necesario para la
independencia Se trata de actuaciones que claramente se sitúan fuera de las
competencias autonómicas de las que gozan e implican utilizar el poder público
para fines distintos a los legales y contrarios a normas básicas de nuestro
ordenamiento. No sería lógico que un desafío explícito de esta magnitud no
tuviera consecuencias desde la perspectiva de las relaciones entre óganos del
Estado. El Estado de Derecho ha de protegerse de los intentos de utilización
del poder público más allá de lo que permite la ley y sería irresponsable la
inacción ante una declaración explícita de rebeldía institucional]
El nostre propòsit és
que el trànsit es faci de manera ordenada, amb seguretat jurídica i amb les
màximes garanties. La nostra és una revolució tranquil·la, que vol transmetre
confiança i que es construeix en tot moment a base de passos en ferm, segurs.
[Es
significativo que se utilice la palabra “revolución”. Técnicamente es con lo
que nos encontramos: el intento de subvertir el orden legal mediante
procedimientos ajenos al mismo. Obviamente, sería incomprensible que un Estado
permaneciese inane ante una provocación semejante realizada por quien es
todavía una autoridad de carácter constitucional y el máximo representante del
Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña]
A
nivell de la Unió Europea, això vol dir un procés d’ampliació interna sense
discontinuïtats, en particular pel que fa a la Unió Econòmica i Monetària i
al funcionament del Mercat Interior i les llibertats que hi estan associades.
[Como es sabido, la afirmación de que la secesión de Cataluña
supondría que el nuevo Estado no sería miembro de la UE ha sido hecha no en
España, sino por autoridades de la Unión Europea (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/140072.pdf,
http://www.publico.es/politica/barroso-responde-mas-catalunya-quedaria.html) y
responde a la lógica de los Tratados constitutivos]. El concepto de ampliación interna
que aquí maneja Puigdemont es una entelequia, una pura invención sin base en el
Derecho de la Unión Europea]
És evident que aquest
procés requerirà una validació democràtica de la ciutadania que li doni
caràcter definitiu. I a Catalunya existeix un enorme consens que la millor
manera d’obtenir aquest vistiplau és a través d’un referèndum vinculant. Les
dades demoscòpiques que es publiquen regularment indiquen de manera invariable
que al voltant del 80% dels catalans és favorable a la celebració d’un
referèndum, independentment de la seva opció de vot. Alhora, cal fer notar
que 83 dels 135 diputats escollits l’any 2015 són favorables a la
convocatòria d’aquest referèndum, que representa el 61,5% de la cambra,
davant d’un 38,5% que hi està en contra.
No és nova la
reclamació de la celebració d’un referèndum per poder determinar si
Catalunya opta per esdevenir un estat o no. Ha estat una petició constant per
part del nostre país durant aquests darrers anys.
[Aquí de nuevo
se aprecia la confusión entre Cataluña y los nacionalistas que tanto les gusta
a estos; evidentemente, la reclamación ha sido de los nacionalistas, no de
Cataluña como tal]
Ho hem demanat
reiteradament, i vam fer la petició solemnement davant del Parlament espanyol
l’abril del 2014. Ni tan sols es van dignar a estudiar la sol·licitud que va
defensar una representació del Parlament de Catalunya. La van despatxar en
unes hores sense admetre-la a tràmit.
[En esa
ocasión la mayoría de los diputados elegidos en Cataluña votaron en contra de
la petición que se había presentado por parte del Parlamento de Cataluña.
Resulta infantil pretender que se tiene el derecho a conseguir un determinado
objetivo pese, incluso, a que no se goce de las mayorías necesarias para lograrlo]
Hem
defensat i seguim defensant que la celebració del referèndum és viable a
nivell jurídic i que el problema és només de manca de voluntat política. Ja
en el seu moment, un grup d’experts va descriure fins a cinc vies legals
possibles per poder celebrar una consulta acordada amb l’Estat espanyol.
[Es discutible si, efectivamente, podría ser considerado legal o
constitucional un refendum como el solicitado por el Parlamento de Cataluña;
pero, en cualquier caso, tal como reconoce el Sr. Puigdemont, la decisión
política para su autorización corresponde al Gobierno de España o al Parlamento
español. Cuando para llevar a cabo una determinada actuación es necesario que
otro actor preste su consentimiento resulta infantil pretender que tal consentimiento
es obligado y amenazar con la ruptura en caso de que dicho consentimiento no se
preste. Si para la realización del mencionado referéndum es imprescindible el
consentimiento del Estado la vía para ello es la de convencer y no la de
amenazar; y en cualquier caso ha de asumirse que legítimamente quien ha de
prestar dicho consentimiento entienda que no es oportuno hacerlo. Convertir en
una agresión el ejercicio de su capacidad de decisión política por parte del
Gobierno de España y el Congreso español carece de justificación alguna]
Estem convençuts que un
referèndum és el mecanisme més clar, més potent i més acceptat
internacionalment per mesurar la voluntat d’un poble davant d’una decisió, no
pas trivial, sinó històrica. Creiem que la millor manera de saber quin
projecte gaudeix de més suports (la permanència a Espanya o la creació d’un
estat) és votant. Davant d’un conflicte polític –pacífic- entre Catalunya i
Espanya,
[El conflicto
no se da entre Cataluña y España, sino entre la pretensión nacionalista de
actuar al margen de las reglas constitucionales y el respeto al marco de
convivencia que entre todos nos hemos dado. Es también un conflicto entre
catalanes, unos a favor de la secesión y otros en contra; pero sin que el
conflicto pueda resolverse mediante la determinación de quién reúne más apoyos
en Cataluña, pues al estar afectados el conjunto de los españoles la decisión
sobre el mismo corresponde también a todos ellos. Plantear el tema como un
conflicto entre dos entidades que se colocan en igualdad –Cataluña y España- es
una evidente tergiversación]
el millor és que els
ciutadans de Catalunya es posicionin, i que puguem saber amb precisió on està
la majoria i on estan les minories. Aquesta és la manera democràtica
d’abordar les diferències. Un mecanisme, per cert, que no apunta res de nou,
sinó simplement és el que va poder fer tranquil·lament Escòcia fa dos anys i
mig, i que potser repetirà en el futur, i que també en el seu moment va fer
el Quebec.
[La
celebración de un referéndum de autodeterminación supondría ya el
reconocimiento de que el conjunto de los residentes en Cataluña constituyen un
sujeto político con capacidad para decidir sobre su futuro político al margen
del conjunto de los españoles. Así se reconoce, incluso, en el Libro Blanco
sobre la Transición Nacional elaborado por una Comisión que gozaba de
reconocimiento institucional por parte de la Generalitat]
En aquest context convé
posar de manifest que només pot tenir por de votar qui tingui por de conèixer
el resultat i no estigui disposat a acceptar-lo. En aquest sentit, resulta
significatiu que els que estem a favor de la independència demanem que tothom
pugui votar i expressar la seva posició, mentre que l’Estat espanyol no és
que defensi la posició del no, sinó que defensa que no es voti, que no se’n
pugui parlar. El contrast és flagrant.
[El argumento
de que “no se vota” es ridículo. En Cataluña tenemos elecciones cada pocos
meses –siete entre el año 2011 y el 2016: municipales y generales en el 2011,
autonómicas en el 2012, municipales, autonómicas y generales en el 2015 y
generales en el 2016- otra cosa es que los independentistas no consigan los
resultados que ansían. En el año 2014, en la consulta celebrada al margen de la
ley no consiguieron llegar –según sus propios datos- ni a dos millones de votos
a favor de la independencia, menos de un tercio del censo ampliado que
utilizaron. En el año 2015, cuando plantearon expresamente las elecciones
autonómicas como plebiscitarias no consiguieron llegar al 50% del voto popular.
La reiterada llamada a votar no es más que un síntoma de eso que ya se sabe:
para los nacionalistas todas las consultas de autodeterminación son
provisionales hasta que no se consigue la independencia. Por otra parte, la
exigencia de un referéndum vinculante no hace más que desviar el tema del
debate: lo que se discute no es si se puede decidir o no, sino quiénes han de
decidir. Tratándose de la delimitación de las fronteras españolas es claro que
han de ser el conjunto de los españoles quienes se pronuncien por lo que
solamente las mayorías que se refieran al conjunto de los españoles son
relevantes]
Cal detallar que
defensem que aquest referèndum sigui pactat amb el Govern espanyol, ja que és
l’opció més plausible per a tothom. Aquesta oferta de diàleg i de cerca del
consens seguirà oberta fins al darrer dia.
[Parece
desconocer aquí el Sr. Puigdemont que dado que el Gobierno español pretende
actuar dentro del marco legal –a diferencia de lo que hace el Gobierno de la
Generalitat- no puede negociar al margen de los límites que la Constitución
establece para la actuación autonómica y siempre respetando el principio de
integridad territorial del Estado]
Estem disposats a parlar
de tot: de la pregunta, la data, els requisits de participació, el percentatge
necessari de l’opció guanyadora... Estem asseguts a la taula de negociació i
no ens n’aixecarem fins al darrer dia. L’oferta de diàleg és permanent. No
obstant això, també volem deixar clar que no ens aturarem si el Govern
espanyol continua obstinat en el no a tot i es nega a qualsevol negociació.
Tal com em vaig comprometre davant del Parlament el passat mes de setembre, com
a màxim el mes de setembre del 2017, Catalunya celebrarà un referèndum
vinculant sobre la independència de Catalunya. Si és pactat, molt millor,
així ho preferim. Si no pot ser, manifestem que l’organitzarem igualment. No
pot ser que la intransigència sigui la que s’imposi. Aquest any, els ciutadans
de Catalunya han de tenir l’oportunitat de decidir definitivament sobre el seu
futur. I precisament som conscients que qui permetrà que el referèndum sigui
vàlid seran els propis ciutadans, com en tots els referèndums del món. Són
els ciutadans els que l’autoritzen amb la seva participació. Si els ciutadans
se’l fan seu, el referèndum i el seu resultat seran vàlids.
[De nuevo aquí
nos encontramos ante afirmaciones de extraordinaria gravedad puesto que hacen
expresa la voluntad de actuar al margen de la ley y de las competencias
autonómicas. No es admisible que un responsable público haga alarde de su
voluntad de actuar al margen de la ley. Eso supone una amenaza para todos
aquellos que nos encontramos sometidos a su autoridad]
Vull
insistir que el Govern espanyol, fins al dia d’avui, es nega taxativament a
qualsevol negociació respecte al referèndum. És un no a tot, és un no, fins
i tot, a escoltar. Això és greu i irresponsable. Però encara ho és més que
les úniques decisions que hagi pres hagin estat per perseguir judicialment el
procés, judicialitzant la política, amb una utilització de part del poder
judicial i del Tribunal Constitucional, en un clar atemptat a la separació de
poders i allunyant-se cada dia més dels estàndards de qualitat democràtica
de la Unió Europea. Una persecució en tota regla dels que no pensen com ells,
per escarmentar-los i escarmentar-nos a tots. D’aquí a només dues setmanes,
l’expresident del Govern de Catalunya Artur Mas i dues conselleres del seu
Govern, Joana Ortega i Irene Rigau, seran jutjats per haver fet possible que es
pogués celebrar el 9 de novembre de 2014 una consulta no vinculant sobre si
Catalunya havia d’esdevenir un estat independent. S’enfronten a penes d’entre
10 i 9 anys d’inhabilitació i l’origen és una querella de la Fiscalia General
de l’Estat. Un altre dels consellers del Govern d’Artur Mas, Francesc Homs,
també serà jutjat properament per la mateixa qüestió, i per la qual també
s’enfronta a una dura pena d’inhabilitació. Jutjats per posar urnes i fer
possible que més de 2,3 milions de catalans poguessin expressar la seva
opinió. Una jornada que creiem que va ser exemplar, mostra clara de la manera
com fem les coses a Catalunya, plenament cívica i de la qual ens sentim molt
orgullosos. Malauradament, l’escàndol no s’acaba aquí. La presidenta del
Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, també pot arribar a ser jutjada
properament per haver permès que es discutís i es votés en el ple les
conclusions d’una comissió d’estudi. És evident que la noció de democràcia
convencional, és a dir, la que és homologable a les millors democràcies del
món i a la Unió Europea, en particular, i la noció democràcia que demostra
tenir l’Estat espanyol disten molt. Jutgin vostès si l’actitud del Govern
espanyol és normal, si és acceptable i si és pròpia d’un estat seriós i
realment democràtic. Vull remarcar que en aquesta qüestió el que està en
joc no és la independència sinó la democràcia, i ja no afecta als que som
partidaris d’un estat propi, sinó a tots i cadascun dels ciutadans que creuen,
que creiem en la llibertat. És, per tant, i ho vull dir de forma clara aquí,
un problema europeu. I Europa no podrà mirar cap a una altra banda. Europa ha
de ser part de la solució. Per coherència amb els valors i principis
democràtics que la inspiren, per pragmatisme i com sempre ho ha fet davant de
canvis geopolítics profunds: adaptant-se, amb diàleg polític primer i encaix
jurídic després.
[La acusación de judicialización de la política es una constante en
el nacionalismo. Quien judicializa es quien realiza actuaciones ilegales que no
dejan más remedio que actuar a los tribunales, pues en un Estado de Derecho no
es admisible que nadie, y menos las autoridades públicas, actúen al margen de
la legalidad. La investigación judicial que se dirige contra el Sr. Mas y otros
altos cargos del gobierno de la Generalitat no es por poner las urnas, tal como
plantea el Sr. Puigdemont, sino por desobedecer la prohibición del Tribunal
Constitucional. En un Estado democrático la actuación de la administración está
sometida a los tribunales y la desobediencia expresa a los mismos no puede
quedar impune so pena de poner en peligro las bases mismas del Estado de
Derecho y de la democracia. Ha de tenerse también en cuenta que la actuación
del Presidente de la Generalitat y otros altos cargos, al conducir la
administración fuera de la ley colocó a los ciudadanos y especialmente a los
funcionarios catalanes en una disyuntiva inadmisible en un Estado de Derecho:
la de desobedecer bien una decisión judicial (del Tribunal Constitucional) o
una orden de la administración. No es ocioso recordar, por ejemplo, que la
administración catalana inició procedimientos de sanción contra emisoras de
radio que se negaron a difundir la información institucional sobre la consulta
por entender dichas radios que la emisión de tal información supondría
desobedecer la decisión del Tribunal Constitucional (http://www.elmundo.es/cataluna/2014/11/27/54776d33268e3e7d2f8b4587.html). Lo mismo
puede decirse de la investigación en relación a la Sra. Forcadell. Lo que no
pueden pretender los cargos independentistas es gozar de una patente de corso
que les permita actuar de manera ilegal sin verse sometidos a ninguna
responsabilidad por ello. Precisamente nos encontraríamos fuera del Estado de
Derecho si sucediera tal cosa, si llegara el momento en el que se admitiera que
los cargos públicos pudieran actuar al margen y en contra de la ley sin que tal
actuación tuviera ninguna consecuencia]
Com esmentava abans, la
reivindicació del dret a decidir lliurement el nostre futur com a país a les
urnes és molt transversal i amb molta capil·laritat a tota la societat
catalana, i prova d’això és que més de 4.200 organitzacions econòmiques,
culturals, socials i cíviques del país hi han expressat el seu suport
explícit. En aquest sentit, per impuls del Govern, a finals de l’any passat,
una vuitantena d’aquestes organitzacions – les més rellevants del país- i
representants institucionals van constituir el Pacte Nacional pel Referèndum.
Un dels acords que en va sortir d’aquesta reunió és l’impuls d’una campanya
d’adhesions a la sol·licitud de celebració d’un referèndum, tant a nivell
internacional com a nivell de l’Estat espanyol. Volem poder explicar-nos, volem
poder exposar les nostres raons i que s’entenguin.
[Obvia aquí el
Sr. Puigdemont que algunas de estas entidades han suscrito estos pactos de
manera irregular, tal como han declarado los tribunales, puesto que los cargos
directivos de tales entidades habían asumido el compromiso fuera de su marco de
competencias, violentando así la libertad ideológica de sus asociados. Así se
ha establecido, por ejemplo, en lo que se refiere al Colegio de Abogados de
Barcelona y al Consejo de la Abogacía Catalana, cuya adscripción al Pacto por
el Derecho a Decidir ha sido anulada recientemente por el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña]
Per anar acabant, vull
destacar que la proposta catalana de referèndum és profundament europeista.
En primer lloc, perquè si Catalunya esdevé un nou estat serà en el marc de
la Unió Europea. Les primeres passes de la República Catalana seran fetes amb
les regles de joc de la Unió Europea. No ens plantegem cap altre escenari. El
catalanisme polític, des dels seus orígens, fa més de 100 anys, té com un
dels seus valors fundacionals l’europeisme. I de fet, Catalunya en el seu
conjunt té una clara vocació de pertinença al projecte europeu perquè ens
en sentim profundament partícips. És aquí a Europa on volem ser, sense cap
mena de dubte. No des de fa 31 anys, amb l’entrada d’Espanya a la Comunitat
Econòmica Europea, sinó des de sempre. Històricament, des dels llunyans
temps de Carlemany, Catalunya ja ha mirat cap a Europa i s’ha sentit
identificada amb una idea de pertinença comuna.
[En este
párrafo se dicen algunas barbaridades. En primer lugar, es claro que la Unión
Europea ajusta su comportamiento a las reglas del Derecho internacional y el
principio de integridad territorial de los Estados es una regla básica del
ordenamiento internacional que impide los procesos de secesión que no se
ajusten a las reglas constitucionales del Estado respecto al cual se produce la
secesión (tal como ha establecido la Comisión de Venecia) o no se incardinen en
alguno de los supuestos de secesión admitidos internacionalmente (pueblos
coloniales o sucesión como remedio ante vulneraciones graves y reiteradas de
los derechos humanos). Cataluña no se encuentra en ninguna de estas situaciones
por lo que un proceso de secesión al margen de la legalidad española, tal y
como es aquél con el que amenaza el Sr. Puigdemont, tal como acabamos de ver,
tampoco se ajusta a los estándares europeos. En segundo término, y sin salir de
este párrafo, la pretensión de que Cataluña existía en los tiempos de
Carlomagno carece absolutamente de fundamento. Cataluña no surge como entidad
política dentro del Reino de Aragón hasta el siglo XIII y las primeras
referencias al término “catalán” son del siglo XII, más de 300 años después del
reinado de Carlomagno]
Darrerament, alguns han
decidit que volen marxar d’Europa. És legítim i cal acceptar- ho, però
nosaltres no ho compartim. Podríem dir que estem just a l’altre extrem. Des de
Catalunya apostem per més Europa, per incrementar aquest projecte compartit.
És a dir, volem exercir plenament la nostra sobirania per poder compartir-la
amb els nostres socis europeus en aquells àmbits que ens facin més forts
col·lectivament.
En segon lloc, la
proposta catalana de referèndum és europeista perquè entronca amb un dels
seus principis fonamentals, que és la democràcia. Europa ha vist en les
darreres dècades com sorgien nous estats. A diferència d’altres casos no
gaire llunyans en el temps, Catalunya
[De nuevo aquí
los nacionalistas se identifican con toda Cataluña de una manera ilegítima]
aspira a arribar a la
independència pacíficament, de manera cívica, només a través de “l’arma”
de la democràcia.
[Y, sin
embargo, en Cataluña se aprecian importantes déficits democráticos, vid https://societatcivilcatalana.cat/assets/documents/20150910informeCalidad00.pdf y un
creciente acoso a los no nacionalistas que ha supuesto incluso episodios de
violencia física contra personas, como, por ejemplo, la agresión sufrida por
voluntarios de la asociación “Barcelona con la Selección”]
Situa els ciutadans com
a persones adultes i amb criteri que lliurement poden decidir el seu futur. Es
tracta, en definitiva, d’un procés d’avantguarda democràtica que vol ser
exemplar i que connecta amb el que és i ha de ser el projecte europeu.
[Ningún
proceso es democrático al margen de la legalidad. Pretender que es democrático
un proceso que el propio Puigdemont ha calificado en este discurso de
“revolucionario” es grotesco]
Per concloure, vull
reiterar-los el que els anunciava al principi i al llarg de la meva
intervenció. Tinguin per segur que aquest any 2017 Catalunya decidirà
lliurement el seu futur mitjançant un referèndum legítim, legal, amb totes
les garanties democràtiques, eficaç i vinculant.
[De nuevo la
reiteración de su propósito de actuar al margen de la ley, contra la
Constitución y en clara desobediencia a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Inadmisible]
De nou, moltes gràcies
per la seva assistència i la seva atenció."
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