Comentario a la intervención de Puigdemont en el Parlamento Europeo

El 24 de enero  de 2017 Carles Puigdemont impartió una conferencia en una sala del edificio del Parlamento Europeo. A continuación está es texto facilitado por la Generalitat y en rojo mis comentarios al mismo. Pretende ser una respuesta a las tergiversaciones y falacias, cuando no auténticas mentiras, del discurso que los nacionalistas repiten en Cataluña, en el resto de España y también en el extranjero.

"Tal com ja han expressat el conseller Romeva i el vicepresident Junqueras, els agraeixo sincerament la seva assistència avui aquí, després de tot un dia de treball.

M’agradaria començar la meva intervenció en català –la llengua pròpia de Catalunya, i oficial juntament amb el castellà- felicitant al nou president del Parlament europeu, el senyor Antonio Tajani, escollit la setmana passada. Li desitgem sort i molts encerts per aquesta nova tasca tan rellevant que li ha estat encomanada. També esperem que doni compliment al compromís que va adquirir per carta amb la majoria d’eurodiputats del nostre país per tal que el català pugui ser llengua oficial del Parlament europeu.

El passat mes de setembre, en una sessió al Parlament de Catalunya vaig explicitar el que ja era un compromís polític clar del meu Govern i de la majoria política que li dona suport: l’any 2017 Catalunya celebrarà un referèndum vinculant per decidir si vol esdevenir un estat independent. Avui som a Brussel·les, a la capital d’Europa i a la seu de la institució on s’exerceix la representació democràtica dels ciutadans de la Unió Europea, per tant també dels de Catalunya, per refermar el nostre compromís a convocar aquest referèndum, com la millor eina democràtica possible per saber què vol el poble de Catalunya.

És probable que vostès es preguntin per què hem arribat fins aquí, per què una majoria de catalans ja no vol seguir formant part d’Espanya.

[Las últimas elecciones autonómicas fueron planteadas por los nacionalistas como un plebiscito. El resultado de las mismas es que los partidos favorables a la independencia de Cataluña no consiguieron llegar al 48% de los votos emitidos, lo que representaba menos del 37% del censo electoral. La afirmación de que una mayoría de los catalanes no desea seguir formando parte de España es una especulación]

La resposta és clara. D’una banda, perquè Catalunya és una nació amb una identitat, una cultura i una llengua fortes, una nació que ha tingut institucions pròpies des de fa segles (sóc el 130è president d’una institució que té els seus orígens l’any 1359), i que des de sempre ha tingut voluntat de ser reconeguda

[Las afirmaciones anteriores forman parte del relato mitológico nacionalista sobre Cataluña que carece de fundamento. Desde su nacimiento Cataluña se ha integrado en entidades políticas más amplias (reino de Aragón primero; España, después) sin que en ningún momento de su historia fuera una entidad política independiente. El idioma catalán es, sin duda, un elemento valioso de identificación para todos los catalanes; pero no puede desconocerse que desde hace siglos el castellano es también utilizado por los catalanes como idioma propio y que en la actualidad del 55% de los catalanes tienen el castellano como lengua materna –frente a un 31% que tienen el catalán como lengua materna-, esto es, en el caso de Cataluña la referencia a la lengua justifica en mayor medida el vínculo con el resto de los españoles, que comparten con los catalanes el castellano como lengua común, que un pretendido hecho diferencial. Por otra parte, la pretensión de que la Generalitat que preside el Sr. Puigdemont tiene continuidad con la institución medieval del mismo nombre no resiste el más mínimo análisis. La pretensión de que el Sr. Puigdemont es el presidente núm. 130 de Cataluña, tal como a veces se presenta, es ridícula y se inserta en el intento nacionalista de reconstruir el pasado para justificar sus exigencias presentes]

Però això no explica del tot el que ha succeït a Catalunya a nivell polític els darrers anys.

De l’altra, el juny de l’any 2010 el Tribunal Constitucional espanyol va tombar l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat en referèndum pels catalans quatre anys abans,

[La pretensión de que el Tribunal Constitucional “tumbó” el Estatut de Autonomía de 2006 no es más que otro mito nacionalista, la realidad es que de 223 artículos, 15 disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales, el TC anuló  parte (tan solo parte, en ocasiones tan solo eliminando un inciso en un apartado de un artículo) de 14 artículos y estableció una interpretación constitucionalmente conforme de otros 21 artículos más cuatro disposiciones adicionales. Es decir, la práctica totalidad del Estatuto fue declarado constitucional por el TC. Se transcribe a continuación la parte dispositiva de la Sentencia del TC sobre el Estatuto de Autonomía para que pueda verificarse esta afirmación:

“En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, en consecuencia,

Declarar que:

1.º Carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del preámbulo del Estatuto de Cataluña a «Cataluña como nación» y a «la realidad nacional de Cataluña».

2.º Son inconstitucionales y, por lo tanto, nulos: la expresión «y preferente» del apartado 1 del art. 6; el apartado 4 del art. 76; el inciso «con carácter exclusivo» del apartado 1 del art. 78; el art. 97; los apartados 2, letras a), b), c), d) y e), y 3 del art. 98; los incisos «y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña» de los apartados 5 y 6 del art. 95; el inciso «por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo preside, y» del apartado 1 del art. 99; el apartado 1 del art. 100; el inciso «o al Consejo de Justicia de Cataluña» del apartado 1 y el apartado 2 del art. 101; el inciso «como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto» del art. 111; el inciso «los principios, reglas y estándares mínimos que establezcan» del apartado 2 del art. 120; el inciso «los principios, reglas y estándares mínimos fijados en» del apartado 2 del art. 126; el inciso «siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar» del apartado 3 del art. 206; y el inciso «puede incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales e» del apartado 2 del art. 218.

3.º No son inconstitucionales, siempre que se interpreten en los términos establecidos en el correspondiente fundamento jurídico que se indica, los siguientes preceptos: el art. 5 (FJ 10); el apartado 2 del art. 6 [FJ 14 b)]; el apartado 1 del art. 8 (FJ 12); el apartado 5 del art. 33 (FJ 21); el art. 34 (FJ 22); el apartado 1 y el primer enunciado del apartado 2 del art. 35 (FJ 24); el apartado 5 del art. 50 (FJ 23); el art. 90 (FJ 40); los apartados 3 y 4 del art. 91 (FJ 41); el apartado 2 del art. 95 (FJ 44); el art. 110 (FJ 59); el art. 112 (FJ 61); el art. 122 (FJ 69); el apartado 3 del art. 127 (FJ 73); el art. 129 (FJ 76); el art. 138 (FJ 83); el apartado 3 del art. 174 (FJ 111); el art. 180 (FJ 113); el apartado 1 del art.183 (FJ 115); el apartado 5 del art. 206 (FJ 134); los apartados 1 y 2, letras a), b) y d) del art. 210 (FJ 135); el apartado 1, letra d), del art. 222 y el apartado 1, letra i), del art. 223 (FJ 147); el apartado 1 de la disposición adicional tercera (FJ 138); y las disposiciones adicionales octava, novena y décima (FJ 137).

4.º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.”]

i que prèviament havia estat acordat amb les institucions espanyoles, no sense sacrificis i renúncies. Aquell acord de mínims que pretenia ser un acord polític bilateral entre Catalunya i Espanya,

[Un Estatuto de Autonomía no es nunca un acuerdo bilateral entre la Comunidad Autónoma y el Estado, y menos en el sentido que aquí pretende darle el Sr. Puigdemont. Un Estatuto de Autonomía es una Ley Orgánica española que, a la vez, se configura como norma básica del ordenamiento autonómico; pero siempre sometida al control constitucional, como cualquier otra ley. Aquí el Sr. Puigdemont pretende que Cataluña existía como sujeto político capaz de una relación bilateral con el conjunto del Estado. Esto, simplemente, no es así. Es otra fantasía nacionalista que pretende convertirse en realidad a base de ser repetida. En el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña se siguió el procedimiento establecido para su elaboración, pero, de acuerdo con lo que prevé el Derecho Español –y no es el único  que establece previsiones equivalentes- todas las normas infraconstitucionales, incluidos, por supuesto, los Estatutos de Autonomía, han de ajustarse a lo establecido en la Constitución y el Tribunal Constitucional tiene competencia para declarar el carácter inconstitucional de cualquier norma de rango infraconstitucional, que es lo que sucedió en el caso del Estatuto de Autonomía de 2006 en los términos que se acaban de señalar]

on es recollia el perímetre de l’autogovern català, insisteixo pactat amb l’Estat i votat en referèndum, va ser anul·lat en la majoria dels seus aspectes fonamentals. Un Tribunal, que idealment hauria de ser l’àrbitre neutral dels contenciosos constitucionals a l’Estat espanyol, però que en realitat és un òrgan polititzat i de part. Un Tribunal Constitucional que a dia d’avui està presidit per un exmilitant del PP i que, amb el pas dels anys, s’ha anat decantant encara més cap a les tesis del Partit Popular, i ha esdevingut definitivament un actor que juga descaradament a favor d’una de les parts.

[La afirmación carece de fundamento. Los magistrados del Tribunal Constitucional español son nombrados, como en los equivalentes en otros países, por órganos políticos; pero el juicio sobre su actuación ha de hacerse a partir de las resoluciones que dictan sin que sea admisible una descalificación generalizada como la que aquí se formula y que encaja en la estrategia nacionalista dirigida a deslegitimar las instituciones españolas y a profundizar por tanto en la separación simbólica entre los catalanes y el resto de los españoles Resulta curioso, por otra parte, que la Generalitat siga presentando recursos ante el Tribunal Constitucional y ganándolos en no pocas ocasiones. El intento de deslegitimación de una institución perfectamente homologable a cualquiera de sus equivalentes en otros países es absolutamente ridículo]

Aquella sentència de l’any 2010 va tenir una alta transcendència. Va suposar un abans i un després per a una majoria de catalans. Va representar la fi d’una etapa i la constatació de la necessitat imperiosa d’obrir un nou camí. L’encaix de Catalunya a Espanya era impossible. Així doncs només hi havia dues opcions: renunciar al que érem i quedar definitivament diluïts a Espanya com una regió sense cap personalitat pròpia i sense cap capacitat de disposar de poder polític, o iniciar una nova etapa com a nou estat en el marc de la Unió Europea per garantir el progrés i el benestar de tots els ciutadans. Aquella sentència va suposar sense cap mena de dubte per a molts catalans un trencament de les raons que havien explicat les raons de la unió amb Espanya. A partir de llavors, molts d’altres s’hi han anat sumant amb el pas del temps.

Val la pena posar de manifest que històricament, en els darrers cent anys, i de manera especial des que Espanya va sortir del règim de Franco, els partits catalanistes han adoptat sempre una actitud i un paper d’alta responsabilitat en aquells assumptes clau per a l’Estat espanyol,

[Es curioso que hasta ahora se referiese a Cataluña y a partir de este punto lo haga a los partidos catalanistas, como si estos representaran a los catalanes obviando que durante los cuarenta años de democracia en España partidos de ámbito estatal o partidos catalanes integrados en coalición con partidos estatales han obtenido incluso más votos que los partidos que limitan su actuación al territorio de Cataluña]

i també per al conjunt d’Europa. Sempre havíem estat al costat del Govern espanyol, fins i tot, en alguns casos, quan el principal partit espanyol a l’oposició no hi era. En l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, durant la integració a la moneda única, en moments en què l’estabilitat política espanyola trontollava, en la lluita antiterrorista, durant la darrera crisi econòmica, quan calia prendre decisions dures per evitar el rescat d’Espanya... És evident que es feia per responsabilitat i per sentit d’estat. Molt més, insisteixo, que el que tenia el partit polític espanyol que en aquell moment estava a l’oposició. El que resulta dolorós és que després de gairebé 40 anys, aquesta contribució hagi rebut com a resposta un tracte de l’Estat vers Catalunya tan decebedor i feridor.

[Aquí se pone de manifiesto la confusión entre partidos catalanistas y Cataluña que se acaba de señalar. Se ha alabado más allá de todo límite la responsabilidad política de los partidos catalanistas para ahora reprochar que esa pretendida responsabilidad no haya sido correspondida con un trato “adecuado” hacia Cataluña. Lo que subyace en este planteamiento es la pretensión de que tan solo los nacionalistas representan adecuadamente a los catalanes y que, por tanto, tan solo ellos han de hacer de interlocutores entre el conjunto de los catalanes y las instituciones estatales. De esta forma Cataluña se presenta como un feudo gestionado por los nacionalistas cuya representación asumen sin complejos como acabamos de ver. En realidad los partidos nacionalistas en Cataluña comparten espacio con partidos estatales que tienen planteamientos opuestos a los de los nacionalistas y que también representan a la sociedad catalana. No es una pretensión de todos los catalanes que se ceda a las pretensiones nacionalistas ni pueden identificarse las reivindicaciones de los nacionalistas como reivindicaciones de Cataluña]

El juliol del 2010, després d’aquella duríssima sentència, i a partir de l’any 2012, cada 11 de setembre -Diada Nacional de Catalunya- més d’un milió i mig de persones han anat sortint al carrer per reclamar dignitat, capacitat de decisió, i en definitiva, per poder decidir lliurement el seu futur a les urnes. Estem parlant d’unes magnituds molt importants. Al voltant d’un milió i mig de persones en un país de 7,5 milions d’habitants. I no pas una vegada sinó sis. Enlloc més d’Europa s’ha vist una manifestació comparable a aquestes, i encara menys que s’hagi anat repetint any rere any.

[Las cifras de participación en estas manifestaciones son una evidente exageración. Incluso un medio nada hostil con el nacionalismo como era La Vanguardia en el año 2012 cifró la participación en la manifestación del año 2012 era de unas 600.000 personas (http://www.lavanguardia.com/politica/20120914/54349577571/manifestacion-independentista-600-000-personas.html). En el año 2013 la cifra dada por la Generalitat para la participación en La Vía Catalana fue de 1.600.000 personas, pero la realidad es que la cantidad fue de la mitad de esa cifra (https://societatcivilcatalana.cat/assets/documents/informe-gigafoto-via-catalana-scc.pdf). Finalmente, en el año 2015 la participación en la manifestación de la Meridiana fue del orden del medio millón de personas (https://societatcivilcatalana.cat/assets/documents/recuentoDiada2015.pdf). En el año 2016 la cifra de participantes en la manifestación de la Diada no llegó a 300.000 personas (https://societatcivilcatalana.cat/sites/default/files/docs/Informe-recuento-Diada2016-SuperficiexDensidad_v3-eng.pdf). Se trata de cifras altísimas de participación que tienen un indudable sentido político; pero que se convierten en ridículas por inverosímiles cuando se multiplican por dos o por tres. La movilización independentista durante los últimos años ha sido, efectivamente, importante, pero nunca ha superado el 12% del total de la población de Cataluña a pesar de la utilización de las administraciones y los medios públicos de comunicación como instrumento de convocatoria y animación a la participación en tales eventos. En los años 2012 y 2015 (y, probablemente, también en el 2014) esta participación se situó claramente por debajo del 10% del total de la población en el territorio catalán y en el año 2016 no llegó siquiera al 5% de esta población]

Tota aquesta mobilització no seria suficient ni prou consistent si no s’hagués plasmat també amb un aval a les urnes. Aquest mandat democràtic existeix i és el que ara estem complint. El 27 de setembre de 2015, amb la participació més alta de tota la història en unes eleccions al Parlament de Catalunya (gairebé un 75%), les forces favorables a la independència van obtenir 72 dels 135 diputats (un 48% dels vots), tres per damunt de la majoria absoluta, mentre que els contraris a la independència es van quedar amb 52 diputats (i el 39,17% dels vots). Finalment, 11 diputats van ser per a un partit que no s’ha posicionat ni a favor ni en contra de la independència, però que és favorable a la convocatòria d’un referèndum. Val la pena fer notar que l’any 2010, al Parlament només hi havia 14 diputats que s’haguessin presentat amb un programa independentista. De 14 a 72 en només cinc anys. Penso que aquest creixement substancial en aquest curt període de temps mereixeria que des d’Espanya es preguntessin què ha passat, què han fet malament perquè la composició del Parlament, translació del que pensa i desitja la ciutadania, hagi variat tan significativament en un període tan curt de temps. Sembla que és força lògic fer-se aquesta pregunta. També a Europa s’haurien de fer –o li haurien de fer a Espanya- aquesta pregunta.

[Es decir, los diputados independentistas han alcanzado la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, pero están lejos de disponer de los escaños necesarios siquiera para reformar el Estatuto de Autonomía –se requieren dos tercios de diputados para ello, es decir 90 diputados- en democracia no basta con tener la mayoría para adoptar cualquier decisión. En primer lugar la decisión ha de poder adoptarse legalmente, pues si se sitúa al margen de las competencias de la asamblea de que se trate ninguna mayoría sería suficiente para adoptarla legítimamente; pero dejando incluso esto de lado, es claro que una decisión irreversible como es la independencia, en caso de que pudiera adoptarse, precisaría una mayoría que fuera, al menos, igual que la precisa para algo mucho menos transcendente como es la reforma del Estatuto de Autonomía, mayoría de la que, como hemos visto, no gozan los diputados independentistas. Más allá de ello, vemos que la mayoría de la que gozan es una mayoría de diputados que no responde a una mayoría en las urnas. Los 72 diputados independentistas obtuvieron menos del 48% de los votos emitidos, mientras que los otros 63 diputados alcanzaron algo más de ese 48% de votos. De hecho, todas las decisiones transcendentes de cara a la secesión que se han adoptado hasta ahora en el Parlamento de Cataluña (declaración de inicio del proceso de 9 de noviembre de 2015 o votación de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente, aprobadas en julio de 2016) fueron aprobadas por los 72 diputados independentistas exclusivamente; esto es, respaldados por un voto popular inferior al de los 63 diputados que en estas ocasiones votaron en contra de las propuestas aliniadas con el proceso secesionista]

D’acord amb el resultat de les eleccions de l’any 2015, per tant, existeix a Catalunya una majoria de ciutadans que vol construir un nou estat que doni resposta a les necessitats i a les ambicions de futur,

[Basta repasar los datos que se acaban de dar para darse cuenta de que lo que aquí se afirma es falso]

i el Parlament i el Govern tenen l’encàrrec clar i inequívoc de treballar per fer-lo possible. Durant tot aquest temps s’ha estat fent i s’està fent la feina necessària per poder esdevenir un estat: això inclou la preparació de les estructures d’estat i la legislació necessàries per poder actuar com un país independent integrat a la Unió Europea i a la comunitat internacional des del primer dia.

[Esta afirmación es de una extraordinaria gravedad. El Sr. Puigdemont hace explícito que él, como Presidente de la Generalitat, y su gobierno desarrollarán estructuras de Estado y prepararán lo necesario para la independencia Se trata de actuaciones que claramente se sitúan fuera de las competencias autonómicas de las que gozan e implican utilizar el poder público para fines distintos a los legales y contrarios a normas básicas de nuestro ordenamiento. No sería lógico que un desafío explícito de esta magnitud no tuviera consecuencias desde la perspectiva de las relaciones entre óganos del Estado. El Estado de Derecho ha de protegerse de los intentos de utilización del poder público más allá de lo que permite la ley y sería irresponsable la inacción ante una declaración explícita de rebeldía institucional]

El nostre propòsit és que el trànsit es faci de manera ordenada, amb seguretat jurídica i amb les màximes garanties. La nostra és una revolució tranquil·la, que vol transmetre confiança i que es construeix en tot moment a base de passos en ferm, segurs.

[Es significativo que se utilice la palabra “revolución”. Técnicamente es con lo que nos encontramos: el intento de subvertir el orden legal mediante procedimientos ajenos al mismo. Obviamente, sería incomprensible que un Estado permaneciese inane ante una provocación semejante realizada por quien es todavía una autoridad de carácter constitucional y el máximo representante del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña]

A nivell de la Unió Europea, això vol dir un procés d’ampliació interna sense discontinuïtats, en particular pel que fa a la Unió Econòmica i Monetària i al funcionament del Mercat Interior i les llibertats que hi estan associades.

[Como es sabido, la afirmación de que la secesión de Cataluña supondría que el nuevo Estado no sería miembro de la UE ha sido hecha no en España, sino por autoridades de la Unión Europea (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/140072.pdf, http://www.publico.es/politica/barroso-responde-mas-catalunya-quedaria.html) y responde a la lógica de los Tratados constitutivos]. El concepto de ampliación interna que aquí maneja Puigdemont es una entelequia, una pura invención sin base en el Derecho de la Unión Europea]

És evident que aquest procés requerirà una validació democràtica de la ciutadania que li doni caràcter definitiu. I a Catalunya existeix un enorme consens que la millor manera d’obtenir aquest vistiplau és a través d’un referèndum vinculant. Les dades demoscòpiques que es publiquen regularment indiquen de manera invariable que al voltant del 80% dels catalans és favorable a la celebració d’un referèndum, independentment de la seva opció de vot. Alhora, cal fer notar que 83 dels 135 diputats escollits l’any 2015 són favorables a la convocatòria d’aquest referèndum, que representa el 61,5% de la cambra, davant d’un 38,5% que hi està en contra.

No és nova la reclamació de la celebració d’un referèndum per poder determinar si Catalunya opta per esdevenir un estat o no. Ha estat una petició constant per part del nostre país durant aquests darrers anys.

[Aquí de nuevo se aprecia la confusión entre Cataluña y los nacionalistas que tanto les gusta a estos; evidentemente, la reclamación ha sido de los nacionalistas, no de Cataluña como tal]

Ho hem demanat reiteradament, i vam fer la petició solemnement davant del Parlament espanyol l’abril del 2014. Ni tan sols es van dignar a estudiar la sol·licitud que va defensar una representació del Parlament de Catalunya. La van despatxar en unes hores sense admetre-la a tràmit.

[En esa ocasión la mayoría de los diputados elegidos en Cataluña votaron en contra de la petición que se había presentado por parte del Parlamento de Cataluña. Resulta infantil pretender que se tiene el derecho a conseguir un determinado objetivo pese, incluso, a que no se goce de las mayorías necesarias para lograrlo]

Hem defensat i seguim defensant que la celebració del referèndum és viable a nivell jurídic i que el problema és només de manca de voluntat política. Ja en el seu moment, un grup d’experts va descriure fins a cinc vies legals possibles per poder celebrar una consulta acordada amb l’Estat espanyol.

[Es discutible si, efectivamente, podría ser considerado legal o constitucional un refendum como el solicitado por el Parlamento de Cataluña; pero, en cualquier caso, tal como reconoce el Sr. Puigdemont, la decisión política para su autorización corresponde al Gobierno de España o al Parlamento español. Cuando para llevar a cabo una determinada actuación es necesario que otro actor preste su consentimiento resulta infantil pretender que tal consentimiento es obligado y amenazar con la ruptura en caso de que dicho consentimiento no se preste. Si para la realización del mencionado referéndum es imprescindible el consentimiento del Estado la vía para ello es la de convencer y no la de amenazar; y en cualquier caso ha de asumirse que legítimamente quien ha de prestar dicho consentimiento entienda que no es oportuno hacerlo. Convertir en una agresión el ejercicio de su capacidad de decisión política por parte del Gobierno de España y el Congreso español carece de justificación alguna]

Estem convençuts que un referèndum és el mecanisme més clar, més potent i més acceptat internacionalment per mesurar la voluntat d’un poble davant d’una decisió, no pas trivial, sinó històrica. Creiem que la millor manera de saber quin projecte gaudeix de més suports (la permanència a Espanya o la creació d’un estat) és votant. Davant d’un conflicte polític –pacífic- entre Catalunya i Espanya,

[El conflicto no se da entre Cataluña y España, sino entre la pretensión nacionalista de actuar al margen de las reglas constitucionales y el respeto al marco de convivencia que entre todos nos hemos dado. Es también un conflicto entre catalanes, unos a favor de la secesión y otros en contra; pero sin que el conflicto pueda resolverse mediante la determinación de quién reúne más apoyos en Cataluña, pues al estar afectados el conjunto de los españoles la decisión sobre el mismo corresponde también a todos ellos. Plantear el tema como un conflicto entre dos entidades que se colocan en igualdad –Cataluña y España- es una evidente tergiversación]

el millor és que els ciutadans de Catalunya es posicionin, i que puguem saber amb precisió on està la majoria i on estan les minories. Aquesta és la manera democràtica d’abordar les diferències. Un mecanisme, per cert, que no apunta res de nou, sinó simplement és el que va poder fer tranquil·lament Escòcia fa dos anys i mig, i que potser repetirà en el futur, i que també en el seu moment va fer el Quebec.

[La celebración de un referéndum de autodeterminación supondría ya el reconocimiento de que el conjunto de los residentes en Cataluña constituyen un sujeto político con capacidad para decidir sobre su futuro político al margen del conjunto de los españoles. Así se reconoce, incluso, en el Libro Blanco sobre la Transición Nacional elaborado por una Comisión que gozaba de reconocimiento institucional por parte de la Generalitat]

En aquest context convé posar de manifest que només pot tenir por de votar qui tingui por de conèixer el resultat i no estigui disposat a acceptar-lo. En aquest sentit, resulta significatiu que els que estem a favor de la independència demanem que tothom pugui votar i expressar la seva posició, mentre que l’Estat espanyol no és que defensi la posició del no, sinó que defensa que no es voti, que no se’n pugui parlar. El contrast és flagrant.

[El argumento de que “no se vota” es ridículo. En Cataluña tenemos elecciones cada pocos meses –siete entre el año 2011 y el 2016: municipales y generales en el 2011, autonómicas en el 2012, municipales, autonómicas y generales en el 2015 y generales en el 2016- otra cosa es que los independentistas no consigan los resultados que ansían. En el año 2014, en la consulta celebrada al margen de la ley no consiguieron llegar –según sus propios datos- ni a dos millones de votos a favor de la independencia, menos de un tercio del censo ampliado que utilizaron. En el año 2015, cuando plantearon expresamente las elecciones autonómicas como plebiscitarias no consiguieron llegar al 50% del voto popular. La reiterada llamada a votar no es más que un síntoma de eso que ya se sabe: para los nacionalistas todas las consultas de autodeterminación son provisionales hasta que no se consigue la independencia. Por otra parte, la exigencia de un referéndum vinculante no hace más que desviar el tema del debate: lo que se discute no es si se puede decidir o no, sino quiénes han de decidir. Tratándose de la delimitación de las fronteras españolas es claro que han de ser el conjunto de los españoles quienes se pronuncien por lo que solamente las mayorías que se refieran al conjunto de los españoles son relevantes]

Cal detallar que defensem que aquest referèndum sigui pactat amb el Govern espanyol, ja que és l’opció més plausible per a tothom. Aquesta oferta de diàleg i de cerca del consens seguirà oberta fins al darrer dia.

[Parece desconocer aquí el Sr. Puigdemont que dado que el Gobierno español pretende actuar dentro del marco legal –a diferencia de lo que hace el Gobierno de la Generalitat- no puede negociar al margen de los límites que la Constitución establece para la actuación autonómica y siempre respetando el principio de integridad territorial del Estado]

Estem disposats a parlar de tot: de la pregunta, la data, els requisits de participació, el percentatge necessari de l’opció guanyadora... Estem asseguts a la taula de negociació i no ens n’aixecarem fins al darrer dia. L’oferta de diàleg és permanent. No obstant això, també volem deixar clar que no ens aturarem si el Govern espanyol continua obstinat en el no a tot i es nega a qualsevol negociació. Tal com em vaig comprometre davant del Parlament el passat mes de setembre, com a màxim el mes de setembre del 2017, Catalunya celebrarà un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya. Si és pactat, molt millor, així ho preferim. Si no pot ser, manifestem que l’organitzarem igualment. No pot ser que la intransigència sigui la que s’imposi. Aquest any, els ciutadans de Catalunya han de tenir l’oportunitat de decidir definitivament sobre el seu futur. I precisament som conscients que qui permetrà que el referèndum sigui vàlid seran els propis ciutadans, com en tots els referèndums del món. Són els ciutadans els que l’autoritzen amb la seva participació. Si els ciutadans se’l fan seu, el referèndum i el seu resultat seran vàlids.

[De nuevo aquí nos encontramos ante afirmaciones de extraordinaria gravedad puesto que hacen expresa la voluntad de actuar al margen de la ley y de las competencias autonómicas. No es admisible que un responsable público haga alarde de su voluntad de actuar al margen de la ley. Eso supone una amenaza para todos aquellos que nos encontramos sometidos a su autoridad]

Vull insistir que el Govern espanyol, fins al dia d’avui, es nega taxativament a qualsevol negociació respecte al referèndum. És un no a tot, és un no, fins i tot, a escoltar. Això és greu i irresponsable. Però encara ho és més que les úniques decisions que hagi pres hagin estat per perseguir judicialment el procés, judicialitzant la política, amb una utilització de part del poder judicial i del Tribunal Constitucional, en un clar atemptat a la separació de poders i allunyant-se cada dia més dels estàndards de qualitat democràtica de la Unió Europea. Una persecució en tota regla dels que no pensen com ells, per escarmentar-los i escarmentar-nos a tots. D’aquí a només dues setmanes, l’expresident del Govern de Catalunya Artur Mas i dues conselleres del seu Govern, Joana Ortega i Irene Rigau, seran jutjats per haver fet possible que es pogués celebrar el 9 de novembre de 2014 una consulta no vinculant sobre si Catalunya havia d’esdevenir un estat independent. S’enfronten a penes d’entre 10 i 9 anys d’inhabilitació i l’origen és una querella de la Fiscalia General de l’Estat. Un altre dels consellers del Govern d’Artur Mas, Francesc Homs, també serà jutjat properament per la mateixa qüestió, i per la qual també s’enfronta a una dura pena d’inhabilitació. Jutjats per posar urnes i fer possible que més de 2,3 milions de catalans poguessin expressar la seva opinió. Una jornada que creiem que va ser exemplar, mostra clara de la manera com fem les coses a Catalunya, plenament cívica i de la qual ens sentim molt orgullosos. Malauradament, l’escàndol no s’acaba aquí. La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, també pot arribar a ser jutjada properament per haver permès que es discutís i es votés en el ple les conclusions d’una comissió d’estudi. És evident que la noció de democràcia convencional, és a dir, la que és homologable a les millors democràcies del món i a la Unió Europea, en particular, i la noció democràcia que demostra tenir l’Estat espanyol disten molt. Jutgin vostès si l’actitud del Govern espanyol és normal, si és acceptable i si és pròpia d’un estat seriós i realment democràtic. Vull remarcar que en aquesta qüestió el que està en joc no és la independència sinó la democràcia, i ja no afecta als que som partidaris d’un estat propi, sinó a tots i cadascun dels ciutadans que creuen, que creiem en la llibertat. És, per tant, i ho vull dir de forma clara aquí, un problema europeu. I Europa no podrà mirar cap a una altra banda. Europa ha de ser part de la solució. Per coherència amb els valors i principis democràtics que la inspiren, per pragmatisme i com sempre ho ha fet davant de canvis geopolítics profunds: adaptant-se, amb diàleg polític primer i encaix jurídic després.

[La acusación de judicialización de la política es una constante en el nacionalismo. Quien judicializa es quien realiza actuaciones ilegales que no dejan más remedio que actuar a los tribunales, pues en un Estado de Derecho no es admisible que nadie, y menos las autoridades públicas, actúen al margen de la legalidad. La investigación judicial que se dirige contra el Sr. Mas y otros altos cargos del gobierno de la Generalitat no es por poner las urnas, tal como plantea el Sr. Puigdemont, sino por desobedecer la prohibición del Tribunal Constitucional. En un Estado democrático la actuación de la administración está sometida a los tribunales y la desobediencia expresa a los mismos no puede quedar impune so pena de poner en peligro las bases mismas del Estado de Derecho y de la democracia. Ha de tenerse también en cuenta que la actuación del Presidente de la Generalitat y otros altos cargos, al conducir la administración fuera de la ley colocó a los ciudadanos y especialmente a los funcionarios catalanes en una disyuntiva inadmisible en un Estado de Derecho: la de desobedecer bien una decisión judicial (del Tribunal Constitucional) o una orden de la administración. No es ocioso recordar, por ejemplo, que la administración catalana inició procedimientos de sanción contra emisoras de radio que se negaron a difundir la información institucional sobre la consulta por entender dichas radios que la emisión de tal información supondría desobedecer la decisión del Tribunal Constitucional (http://www.elmundo.es/cataluna/2014/11/27/54776d33268e3e7d2f8b4587.html). Lo mismo puede decirse de la investigación en relación a la Sra. Forcadell. Lo que no pueden pretender los cargos independentistas es gozar de una patente de corso que les permita actuar de manera ilegal sin verse sometidos a ninguna responsabilidad por ello. Precisamente nos encontraríamos fuera del Estado de Derecho si sucediera tal cosa, si llegara el momento en el que se admitiera que los cargos públicos pudieran actuar al margen y en contra de la ley sin que tal actuación tuviera ninguna consecuencia]

Com esmentava abans, la reivindicació del dret a decidir lliurement el nostre futur com a país a les urnes és molt transversal i amb molta capil·laritat a tota la societat catalana, i prova d’això és que més de 4.200 organitzacions econòmiques, culturals, socials i cíviques del país hi han expressat el seu suport explícit. En aquest sentit, per impuls del Govern, a finals de l’any passat, una vuitantena d’aquestes organitzacions – les més rellevants del país- i representants institucionals van constituir el Pacte Nacional pel Referèndum. Un dels acords que en va sortir d’aquesta reunió és l’impuls d’una campanya d’adhesions a la sol·licitud de celebració d’un referèndum, tant a nivell internacional com a nivell de l’Estat espanyol. Volem poder explicar-nos, volem poder exposar les nostres raons i que s’entenguin.

[Obvia aquí el Sr. Puigdemont que algunas de estas entidades han suscrito estos pactos de manera irregular, tal como han declarado los tribunales, puesto que los cargos directivos de tales entidades habían asumido el compromiso fuera de su marco de competencias, violentando así la libertad ideológica de sus asociados. Así se ha establecido, por ejemplo, en lo que se refiere al Colegio de Abogados de Barcelona y al Consejo de la Abogacía Catalana, cuya adscripción al Pacto por el Derecho a Decidir ha sido anulada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña]

Per anar acabant, vull destacar que la proposta catalana de referèndum és profundament europeista. En primer lloc, perquè si Catalunya esdevé un nou estat serà en el marc de la Unió Europea. Les primeres passes de la República Catalana seran fetes amb les regles de joc de la Unió Europea. No ens plantegem cap altre escenari. El catalanisme polític, des dels seus orígens, fa més de 100 anys, té com un dels seus valors fundacionals l’europeisme. I de fet, Catalunya en el seu conjunt té una clara vocació de pertinença al projecte europeu perquè ens en sentim profundament partícips. És aquí a Europa on volem ser, sense cap mena de dubte. No des de fa 31 anys, amb l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, sinó des de sempre. Històricament, des dels llunyans temps de Carlemany, Catalunya ja ha mirat cap a Europa i s’ha sentit identificada amb una idea de pertinença comuna.

[En este párrafo se dicen algunas barbaridades. En primer lugar, es claro que la Unión Europea ajusta su comportamiento a las reglas del Derecho internacional y el principio de integridad territorial de los Estados es una regla básica del ordenamiento internacional que impide los procesos de secesión que no se ajusten a las reglas constitucionales del Estado respecto al cual se produce la secesión (tal como ha establecido la Comisión de Venecia) o no se incardinen en alguno de los supuestos de secesión admitidos internacionalmente (pueblos coloniales o sucesión como remedio ante vulneraciones graves y reiteradas de los derechos humanos). Cataluña no se encuentra en ninguna de estas situaciones por lo que un proceso de secesión al margen de la legalidad española, tal y como es aquél con el que amenaza el Sr. Puigdemont, tal como acabamos de ver, tampoco se ajusta a los estándares europeos. En segundo término, y sin salir de este párrafo, la pretensión de que Cataluña existía en los tiempos de Carlomagno carece absolutamente de fundamento. Cataluña no surge como entidad política dentro del Reino de Aragón hasta el siglo XIII y las primeras referencias al término “catalán” son del siglo XII, más de 300 años después del reinado de Carlomagno]

Darrerament, alguns han decidit que volen marxar d’Europa. És legítim i cal acceptar- ho, però nosaltres no ho compartim. Podríem dir que estem just a l’altre extrem. Des de Catalunya apostem per més Europa, per incrementar aquest projecte compartit. És a dir, volem exercir plenament la nostra sobirania per poder compartir-la amb els nostres socis europeus en aquells àmbits que ens facin més forts col·lectivament.

En segon lloc, la proposta catalana de referèndum és europeista perquè entronca amb un dels seus principis fonamentals, que és la democràcia. Europa ha vist en les darreres dècades com sorgien nous estats. A diferència d’altres casos no gaire llunyans en el temps, Catalunya

[De nuevo aquí los nacionalistas se identifican con toda Cataluña de una manera ilegítima]

aspira a arribar a la independència pacíficament, de manera cívica, només a través de “l’arma” de la democràcia.

[Y, sin embargo, en Cataluña se aprecian importantes déficits democráticos, vid https://societatcivilcatalana.cat/assets/documents/20150910informeCalidad00.pdf y un creciente acoso a los no nacionalistas que ha supuesto incluso episodios de violencia física contra personas, como, por ejemplo, la agresión sufrida por voluntarios de la asociación “Barcelona con la Selección”]

Situa els ciutadans com a persones adultes i amb criteri que lliurement poden decidir el seu futur. Es tracta, en definitiva, d’un procés d’avantguarda democràtica que vol ser exemplar i que connecta amb el que és i ha de ser el projecte europeu.

[Ningún proceso es democrático al margen de la legalidad. Pretender que es democrático un proceso que el propio Puigdemont ha calificado en este discurso de “revolucionario” es grotesco]

Per concloure, vull reiterar-los el que els anunciava al principi i al llarg de la meva intervenció. Tinguin per segur que aquest any 2017 Catalunya decidirà lliurement el seu futur mitjançant un referèndum legítim, legal, amb totes les garanties democràtiques, eficaç i vinculant.

[De nuevo la reiteración de su propósito de actuar al margen de la ley, contra la Constitución y en clara desobediencia a las decisiones del Tribunal Constitucional. Inadmisible]

De nou, moltes gràcies per la seva assistència i la seva atenció."