No
puede negarse que las elecciones del 27 de septiembre serán especiales; y lo
serán porque dos de las listas que concurrirán a ellas (la coalición entre CDC
y ERC que se hace llamar “Juntos por el Sí” y las CUP) han hecho explícito que
su propósito es secuestrar el Parlamento de Cataluña para que deje de ser una
institución constitucional española y se convierta en órgano del Estado catalán
que dichas fuerzas, en alianza con asociaciones como la AMI, Omnium Cultural y
la ANC, pretenden crear en el territorio de Cataluña.
Nuestro
Derecho no impide que concurran a las elecciones partidos, coaliciones o
agrupaciones de electores que tienen como objetivos la destrucción del sistema
político. En nuestra democracia, que ofrece un marco amplísimo a la
discrepancia y en el que existe un respeto profundo a la diversidad de
opiniones y planteamientos, no es necesaria la adscripción militante a los
principios y valores constitucionales. Tan solo se exige, y esto en virtud de
lo establecido en la Ley de Partidos, el rechazo expreso a la utilización de
medios violentos para conseguir fines políticos. Más allá de esto todo
planteamiento, por alejado que esté del marco de convivencia que nos hemos
dado, puede ser defendido ante el electorado.
Una
gran libertad es también una gran responsabilidad. Los electores catalanes
participaremos el día 27 en unos comicios en los que más allá de cualquier otra
diferencia en cuestiones sociales, económicas o de cualquier otra política, se
determina el peso que tendrán en el futuro Parlamento de Cataluña aquellos que
pretenden que éste deje de ser un órgano constitucional para pasar a ser
instrumento de la rebelión que es todo intento de creación de un nuevo Estado
en el territorio de otro ya existente.
El
día 27 abstenerse ya no es una opción.
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