Los límites de la discrepancia en Cataluña

Una de las ideas más repetidas los últimos meses en Cataluña es la de que «queremos ser un país normal». Es un eslogan que incide en un planteamiento del nacionalismo decimonónico de acuerdo con el cual a toda nación debía corresponder un Estado. Es decir, expresa el deseo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente.

A este fin se están sacrificando muchas cosas, una de las más importantes es el carácter abierto y plural del debate público. Desde hace años y de diversas maneras se construye en Cataluña un discurso del que quedan excluidos aquellos que no asumen las ideas centrales del mismo (Cataluña y España son realidades separadas, el catalán está en peligro, la inmersión es un modelo de éxito, la Guerra de Sucesión supuso la pérdida de las libertades catalanas y un largo etcétera que configura el armazón de una auténtica realidad paralela que quiere ser la oficial).

Los medios públicos de comunicación son un instrumento esencial para la construcción de este discurso. Ver con asiduidad TV3 permite asumir los elementos esenciales de la concepción «correcta» de la historia y la sociedad catalanas. Dentro de ese marco conceptual es posible el debate; pero quienes se resisten a asumirlo no tienen espacio en el mismo.

El pasado mes de abril se presentó Societat Civil Catalana, asociación creada por un grupo de catalanes que no queremos la independencia y sabemos que no nos conviene. Desde entonces, intentamos dar voz a quienes, fuera del discurso oficial, afirman que los catalanes somos españoles y queremos que Cataluña siga participando tanto en España como en Europa.

Tras pedir una entrevista con el presidente de la Generalitat, una representación de Societat Civil Catalana fue recibida el pasado lunes por Artur Mas en el Palau de la Generalitat. Al día siguiente, en TV3, y al hilo de la noticia de ese encuentro, un grupo de tertulianos se dedicó a denigrar y atacar a Societat Civil Catalana. La pluralidad en sentido auténtico brilló por su ausencia en la composición de la tertulia, pues todos eran contrarios a los planteamientos de la entidad: unos reforzaban las críticas que hacían los otros para así añadir nuevas acusaciones. ¿Es admisible que una televisión pública plantee espacios con una sola opinión en relación al debate soberanista? Así es TV3.

Pero más allá de esto, lo que resulta especialmente grave son las acusaciones contra Societat Civil Catalana por actuar como «quintacolumnista» en Cataluña. Que al discrepante se le trate como enemigo, como traidor escondido que actúa al servicio del considerado extranjero es gravísimo. Es la explicación de la exclusión del disidente, de la pretensión de que el discurso público se mueva solamente en los parámetros marcados por el poder.

Este propósito se hizo más evidente aún cuando Marta Alòs, tertuliana ese día, exdiputada de CiU en el Parlament y teórica del supuesto «quintacolumnismo» de Societat Civil Catalana, y después de que la presentadora indicara que una cosa es el titular («quintacolumnismo») y otra el derecho a discrepar, afirmase que el derecho a discrepar es proponer el «no» en la consulta, pero no lo es oponerse a que la consulta se realice; esa oposición a la consulta, por lo que se ve, no forma parte del derecho a discrepar.

Esta es la situación en Cataluña. Hay quienes deciden sobre qué se puede discrepar y sobre qué no. Está admitido (de momento) oponerse a la independencia de Cataluña, pero no a la consulta aún no convocada. Los límites de la discrepancia están cuidadosamente estudiados. Y todo esto en una tertulia… ¡en una televisión pública!

El secesionismo reclama «un país normal» y somos muchos los ciudadanos que reclamamos justamente eso, un país normal en el que el Estado de Derecho sea respetado, en el que las instituciones ejerzan las funciones que tienen atribuidas y no las que serían propias de un Estado independiente y donde los medios públicos de comunicación estén al servicio de la sociedad y no de la propaganda. Pero, por desgracia, no es esta la situación que vivimos los catalanes, pues unos nos tildan de enemigos («quintacolumnistas») y deciden sobre qué podemos debatir.

Si todo esto se hace desde una televisión pública, que hace tiempo que ha olvidado la neutralidad para convertirse en un mero instrumento al servicio del secesionismo, podemos sospechar, como mínimo, que las instituciones en Cataluña no funcionan. Estas no son capaces de garantizar, ni siquiera en los medios que están pagados con el dinero de todos, un debate público plural basado en el respeto y en el rigor.

Rafael Arenas García, vocal de la junta directiva de Societat Civil Catalana y catedrático de Derecho Internacional Privado.