El FMI ataca de nuevo: IVA y funcionarios

Leo que el FMI pide que se suba el IVA y se baja el sueldo de los empleados públicos. No me parecen mal ninguna de las dos medidas, tal como explicaré a continuación (y eso que soy funcionario). Ahora bien, me gustaría que si se adoptan se hiciera de una manera clara, racional y lo más justa posible. Es decir, todo lo contrario de lo que se viene haciendo desde hace dos años y especialmente desde que Rajoy llegó al poder.

En lo que se refiere al IVA (y otros impuestos indirectos), la sorpresa fue que Rajoy no los subiera nada más llegar al gobierno. Todo el mundo daba por descontada esa medida y fue una sorpresa que en vez de subir el IVA subiera el IRPF. Como se puede ver al cabo de tan solo seis meses esta decisión no fue acertada y el clamor internacional (Europa, FMI) para que suba el IVA no cesa. Como digo no me parece una mala medida porque supone un aumento inmediato de la recaudación y, a la vez, me parece una solución justa si va acompañada de una reducción del IRPF. Supongo que no pasará y el aumento del IVA se hará sin bajar el IRPF y eso, la verdad, sí que resulta injusto y poco efectivo.

Comenzaré por lo de poco efectivo. Si no se permite que las clases medias, que son las únicas que de verdad pagan IRPF, no dispongan de algo más de dinero será difícil que aumente el consumo, máxime si aumenta el IVA. Si se quiere evitar que la economía se estanque aún más es preciso que el incremento del IVA vaya acompañado de una rebaja del IRPF. Se podría, por ejemplo, bajar a la mitad la subida "temporal" del IRPF acordada entre las primeras medidas de Rajoy para que las retenciones de la segunda mitad del año se ajusten al tipo de IRPF del año pasado y así los trabajadores vean aumentar el dinero del que disponen a final de mes. De esta forma podría evitarse el colapso del consumo que podría derivarse de la confluencia de un aumento del IRPF acompañado de un aumento del IVA.

Se trataría, además, de una medida justa porque el IRPF se ha convertido en un impuesto profundamente injusto. No grava más que a la clase media, y en el marco de la crisis actual al cada vez más reducido sector de trabajadores cualificados y funcionarios de grado superior. El más de 60% de trabajadores que cobran mil euros al mes o menos no contribuyen o prácticamente no contribuyen al IRPF. Los "ricos", aquellos que tienen ingresos superiores a 100.000 o 150.000 euros al año ya tienen fórmulas para evitar ese impuesto (siempre que no cobren por nómina, claro) y todos aquellos que no cobran por nómina, sea mucho o poco, pagan por IRPF lo que quieren. Ya he comentado más de una vez como en una ocasión la pareja de un autónomo me confesó tranquilamente que su marido declaraba tan solo el 50% de lo que realmente ganaba. Las estadísticas no mienten y, asombrémonos, la renta media declarada en España de autónomos y empresarios ¡es inferior a la renta media declarada de los asalariados! ¿Cómo es esto posible? Pues porque los asalariados no pueden más que declarar lo que efectivamente ganan mientras que quienes no son asalariados declaran lo que les da la gana y todo parece indicar que declaran mucho menos de lo que realmente ingresan.

De esta forma el IRPF, que estaba pensado para ser el impuesto más justo por su progresividad y su carácter universal, se ha convertido en un peaje que solamente pagan de verdad los asalariados que tienen un nivel de renta que se mueve entre los 25.000 y los 150.000 euros anuales brutos. En estas circunstancias reducir el IRPF y subir el IVA es más justo que seguir esquilmando a los únicos que están bien pillados y que, no por casualidad, son la espina dorsal de las sociedades democráticas.

En cuanto al sueldo de los funcionarios y demás empleados públicos reitero que no me parece una mala medida, y eso que soy funcionario. Diría, eso sí, que antes de tocar un pelo a los empleados públicos "de verdad", los que han entrado en la función pública por oposición, habría que cesar a toda la legión de asesores y enchufados que pululan por todas las administraciones, y especialmente en las diputaciones, y solamente actuar sobre los auténticos trabajadores públicos cuando nos hubiéramos desecho (sic.) de todos los parásitos clientes de partidos que están fagocitando la administración. Ahora bien, dicho esto asumo que si es preciso ahorrar para mantener el déficit público controlado y no hay otra solución pues habrá que bajar el sueldo de los empleados públicos. Al fin y al cabo también los sueldos en las empresas privadas están bajando. Alguien tendrá que explicarme por qué si la contracción económica es del dos o del tres por ciento del PIB la bajada de salarios ha de ser del diez, del quince o del cincuenta por ciento (como está pasando en algunas empresas del sector privado); pero en eso no me voy a meter ahora; sino que me limitaré a comentar lo de la bajada de salario de los empleados públicos.

Como digo, si se trata de una medida necesaria ¡qué se le va a hacer! Resignación. Ahora bien, la bajada tendría que ser en el mismo porcentaje para todo el mundo. Si es un tres, un tres; si es un cinco, un cinco; si es un ocho por ciento, un ocho por ciento para todos los empleados públicos. Es decir, no repetir lo de la bajada de 2010 en que se bajó porcentualmente más a quienes más ganaban. Se podrá decir que los que más tienen tienen que contribuir más; y es cierto, pero eso ya sucede con el mismo porcentaje porque un tres por ciento de mil euros son treinta euros y un tres por ciento de tres mil euros son noventa. Es decir, aplicando el mismo porcentaje ya se garantiza que la disminución de salarios será mayor para quienes más ganan.

Hacerlo de otra forma, disminuyendo porcentualmente más a quienes más ganan, implica que los sueldos en la administración se vayan igualando, con lo que acabaríamos con que el cirujano cobra lo mismo que el camillero y coincidiremos en que esto es un sinsentido, como lo sería que el director de orquesta cobrara lo mismo que el acomodador o que el entrenador de un equipo de fútbol ingresara lo mismo que el utillero.

Así pues, la rebaja tendría que ser para todos los trabajadores públicos en el mismo porcentaje y, además, tener carácter general. Este año nos estamos encontrando con una situación kafkiana: como al Sr. Rajoy le ha entrado no sé qué prurito se emperra en no establecer una disminución de salarios en la administración; lo que ha pasado la patata caliente a las Comunidades Autónomas, quienes han ido decidiendo cada una por su cuenta bajadas de los salarios de sus propios funcionarios lo que contribuye a potenciar las desigualdades y la confusión. Esta confusión es máxima cuando se trata de personal que pertenece a cuerpos estatales "cedidos" a las Comunidades Autónomas. En estos casos gran parte del salario no puede ser regulada por las Comunidades Autónomas, que solamente pueden incidir en los complementos autonómicos. En el afán de algunas Autonomías por reducir déficit (Cataluña) han decidido disminuir los salarios de estos funcionarios a partir de la reducción de los complementos autonómicos, pero teniendo en cuenta el salario íntegro percibido, con el resultado de que a algunos funcionarios podrán reducirles efectivamente el salario (aquellos funcionarios a los que les han sido reconocidos complementos autonómicos) mientras que a otros funcionarios de estos cuerpos estatales no podrá aplicárseles ninguna reducción (quienes no hayan obtenido complementos autonómicos). Como estos complementos suelen concederse en función de la productividad resultará que solamente aquellos que hayan demostrado una mayor dedicación a su trabajo (lo que se traduce en la concesión de los complementos mencionados) se verán afectados por la reducción, mientras que aquellos que, por las razones que sean, no han mostrado un especial interés en probar sus méritos se verán premiados con el mantenimiento de sus emolumentos. Castigamos al diligente y premiamos al indolente, de auténtica locura, vaya. Es por esto que en este panorama una reducción generalizada e igual para todos me parece más justa que la situación de confusión que se deriva de la inacción del Gobierno Central y la proliferación de medidas autonómicas carentes de coordinación.

Defiendo, por tanto, que la reducción, si se tiene que dar sea sencilla en su formulación, general y aplicando a todos los funcionarios el mismo porcentaje de reducción. Además sería necesario que esta reducción fuera acompañada del compromiso de restaurar cuando sea posible los niveles salariales existentes. Ni en el 2010 ni ahora se ha dicho nada de futuras recuperaciones del poder adquisitivo, y eso es profundamente injusto además de contribuir a crear una situación de insatisfacción que podría fácilmente mitigarse. Es injusto porque durante los años de bonanza y burbuja en que muchos se enriquecieron los funcionarios públicos perdieron poder adquisitivo, ya que prácticamente todos los años sus incrementos salariales fueron inferiores a la subida del IPC. Entonces tenían que soportar los funcionarios las mofas de quienes de la noche a la mañana conseguían viviendas de lujo, coches de gama alta, viajes despampanantes y joyas de ensueño. Desde luego si se produjo la burbuja y su posterior estallido no fue por los funcionarios públicos que en aquellos años no vivieron por encima de sus posibilidades, sino que se limitaron a cumplir con su función viendo, repito, como año tras año mientras todos se enriquecían ellos veían disminuir su poder adquisitivo.

Lo anterior no implica que, llegado el caso no tengan (tengamos) que aportar lo que nos toque a la salida de la crisis. Si no hay otra salida tendrán (tendremos) que asumir disminuciones de salarios, pero ¿por qué no animar la moral con mensajes positivos? Sería tan simple como que se reconociera esto que estoy diciendo, que los empleados públicos no fueron causantes de la burbuja ni de la crisis, que ahora les toca pencar con las consecuencias de ésta y que lo harán responsablemente, pero que, a la vez, ha de ser una prioridad restaurar su poder adquisitivo cuando las circunstancias económicas lo permitan. Es evidente que algo tan simple como esto a bien poco compromete; pero los empleados públicos de este país lo agradecerían enormemente. Pues bien, esto tan simple no se ha dicho en ningún momento en los últimos dos años, ni por unos ni por otros, y eso no se explica más que a partir de una profunda desconfianza hacia la función pública; pero bueno, ese es otro problema del que me ocupaba, precisamente, en la entrada anterior a ésta en este mismo blog.