¡Qué desastre!

Hace más de tres años me quejaba de que los seis años que entonces se llevaban en Cataluña de gobiernos encabezados por el PSC no habían dado los frutos que esperaba. Mi cálculo antes de que el PSC llegara a la Generalitat era el de que ese partido se ocuparía menos de la construcción nacional y más de mejorar las políticas básicas: educación y sanidad. En vez de eso comprobé cómo la educación y la sanidad empeoraban (siempre desde mi subjetiva perspectiva) mientras el Govern dedicaba sus esfuerzos a deslegitimar al Tribunal Constitucional a cuento del asunto del Estatut. Para acabar esa etapa Montilla se puso al frente de la primera gran manifestación independentista en Cataluña desde la vuelta de la democracia y la situación económica comenzó a hacer crack.

En 2010 no voté a CiU; pero esperaba que hiciera las cosas de otra manera. Era consciente de que la política tradicional de la coalición me desagradaría en muchos aspectos; pero a la vez esperaba que lo que era más importante en aquel momento: la gestión de la economía, se llevara con cierta sensatez. Ya en las primeras semanas de gobierno convergente pude comprobar que no me había equivocado en lo que se refería a las cosas que me desagradaban, y así lo expliqué también en este blog ("Políticas coherentes", entrada colgada en enero de 2011); pero, por desgracia, sí que me había equivocado en lo que se refiere a la gestión de la economía: CiU ha conducido a Cataluña a un pozo muy profundo. Durante meses echaron la culpa a la herencia recibida; pero pasados ya casi dos años desde su llegada al poder esa historia de la herencia ya no es disculpa aceptable; porque lo cierto es que ahora estamos no peor, sino mucho peor de lo que estábamos hace dos años, y cuando eso pasa inevitablemente la culpa la tiene el partido que gobierna. No hay vuelta de hoja.

Podemos preguntarnos por qué ha pasado eso, por qué a unas personas a las que se suponía serias y competentes, que nos habían prometido "un gobierno de los mejores" se les han ido las cosas de las manos de esta manera. Evidentemente hay factores externos: la deuda recibida era alta, muy alta; la economía estaba en una fase de contracción y eso evidentemente provoca una reducción de la recaudación; pero esto no puede ocultar la responsabilidad del Gobierno quien también ha cometido muchos errores.

El primero de ellos es haber pensado que con recortes se podían evitar reformas. Desde el año 2010 venimos padeciendo restricciones en casi todas las partidas, podando por aquí y por allí; pero sin que se advierta el propósito de auténticas reformas. En lo que más conozco, en la Universidad, hemos visto cómo todas las Universidades sufríamos una disminución del dinero presupuestado, y también el no ingreso de parte de las partidas presupuestadas; pero no ha habido ningún plan para alterar el mapa universitario catalán, para ver en qué forma podrían fusionarse Universidades o reducir el número de Facultades. Una auténtica reforma del mapa universitario, que no supondría un ahorro inmediato, pero sí en el plazo de cuatro o cinco años, brilla por su ausencia. Supongo que no es únicamente aquí donde se ha producido esta sustitución de las reformas por recortes; y ésta es una época que exige coraje, planificación y decisión para cambiar cosas. Y en estos años no hemos visto nada de eso.

Esta falta de planteamientos profundos de renovación es especialmente grave en lo que se refiere a la planificación económica. Se ha optado por lo de siempre: dar ayudas públicas a empresas con el fin de mantener artificialmente puestos de trabajo. ¿Alguien se acuerda ahora, por ejemplo, del dinero tirado en Spanair? ¿No echamos ahora en falta lo que se fue a ese proyecto faraónico e innecesario? Seguimos mimando a empresas de fabricación de automóviles que en cualquier momento se irán porque resulta imposible competir con otros países en los costes de montaje y no hay forma de poner en marcha plan alguno que facilite que la economía catalana de un salto cualitativo y se convierta en auténticamente innovadora. Y el elemento de base ahí está. Las Universidades catalanas tienen una muy buena posición en los rankings internacionales teniendo en cuenta la financiación que reciben; pero falla la conexión entre el mundo económico y la investigación. Es preciso sentar las bases para una economía auténticamente desarrollada (actualmente la economía basada en una fuerte industria es la propia de los países en vías de desarrollo) y en estos dos años a mi conocimiento no se ha hecho prácticamente nada en ese sentido.

Así pues en vez de reformas se han hecho recortes y eso, claro, no ha servido para reactivar la actividad económica, seguimos anclados en una economía que no sabe salir de la cultura del pelotazo y el ladrillo; y si nos faltaba alguna prueba para ello la vergonzosa pelea con Madrid para conseguir Eurovegas y la estrambótica propuesta de Barcelona World que ha sustituido al night club de Adelson acabaría de confirmar esta idea.

Mientras la economía languidece la política de recortes salariales, tanto en el sector privado como en el público, está debilitando la clase media y desestructurando la sociedad. Además el ahorro en políticas sociales y de protección está llevando a la exclusión a un número cada vez mayor de personas. Este no es un problema solamente catalán; pero que también se da en Cataluña.

No es de extrañar que en estas circunstancias la protesta haya pasado a la calle; y ante esto la reacción del Gobierno ha sido contundencia hasta el límite legal e, incluso, quizás un poco más allá. Las noticias sobre cargas injustificadas de la policía y detenciones que van más allá de lo que sería razonable son tema común de conversación, inundan las redes sociales y tienen eco en el extranjero y en organismos internacionales.

Por si esto fuera poco, el partido en el gobierno de Cataluña está en el centro de varias investigaciones judiciales por corrupción. Ahí está el caso Palau y el de las ITV, en el que se cita como implicado a Oriol Pujol, el número dos de CDC.

A todo esto se unen torpezas que desmienten la imagen de rigor que se quería transmitir. El esperpento de la paga de los funcionarios en diciembre del año pasado, con retención de sueldos no pagados incluida merece pasar a la antología del disparate. Sobre todo porque era completamente innecesario ese papelón y alarma social, pues todos los funcionarios cobraron lo que les correspondía antes de que acabara el mes.

Para acabar ahora nos encontramos en una situación de dificultad tal que es preciso pedir un rescate al gobierno de España. Ya sé que el trato fiscal de Cataluña es injusto, etc, etc. Pero el Govern ya sabía cuáles eran las reglas del juego antes de ocupar sus cargos. Es lógico que intenten conseguir una financiación mejor; pero eso no les exime de gestionar los recursos de los que disponen de tal manera que no se haga necesaria la ayuda externa. Recordemos que este mismo Gobierno se negó rotundamente a recurrir al Impuesto de Sucesiones para conseguir mayor financiación; y que existen otras vías impositivas para obtener más recursos. Además, siempre es posible por la vía de la negociación más o menos hábil conseguir más recursos. Este tipo de ejercicios de responsabilidad y practicismo son también exigibles a los gobernantes.

La opción está siendo otra, sin embargo. En vez de abordar con realismo y prudencia los problemas de todos nosotros se ha optado por avanzar hacia lo desconocido, por dar un salto cualitativo en la reivindicación de un mayor autogobierno para Cataluña reclamando directamente la independencia.

Mucho se podría debatir sobre la conveniencia o no de la independencia de Cataluña, de sus ventajas y de sus costes; pero parece que este debate ya está superado, porque lo urgente; una vez que el Sr. Mas ha tomado la decisión de que debemos separarnos de España; es examinar cuál es el procedimiento para conseguir ese "nuevo Estado en Europa".

En primer lugar se recurre a la "sociedad civil", a esa ANC que con el respaldo del gobierno y de los medios públicos consigue montar una marcha multitudinaria en Barcelona. Los organizadores (ANC, Generalitat, Guardia Urbana, TV3...) asumen de inmediato que entre millón y medio y dos millones de catalanes habían ocupado el centro de Barcelona en la tarde del 11 de septiembre. Unos días después en La Vanguardia (Diario Oficioso del Régimen) se rebaja esa cifra a niveles más razonables y se cifran los asistentes en 600.000. No está nada mal; pero es bueno recordar que esa cifra no llega siquiera al 10% de la población de Cataluña. Es decir, que de la manifestación no puede inferirse una llamada masiva de la población catalana a la independencia. No digo que esa mayoría no exista; pero desde luego de la manifestación del 11-S no se desprende eso.

Ahora bien, esto que acabo de decir es lo de menos. El guión parecía claramente fijado: manifestación masiva el día 11 para preparar el viaje a Madrid del presidente Mas, que es escenografiado como una visita transcendente, como un ultimatum similar al que lanzaron los japoneses pocos días antes de Pearl Harbour o como la conferencia de Múnich de 1938; el rechazo frontal de Rajoy parecía ya descontado, así como el recibimiento entre esteladas en la Plaza de Sant Jaume. La imagen que se transmite es que Mas actúa respaldado por un pueblo sin fisuras que harto de desplantes y desprecios ha decidido adoptar una decisión histórica. Las "reuniones de motivación" que el propio Mas y miembros de su gobierno desarrollaron antes del verano con distintos sectores van en esta línea.

Ahora el siguiente paso parece ser una declaración del Parlament de Cataluña la semana que viene. Ya se ha avanzado que ni referendum haría falta para declarar la independencia; quizás porque los números no saldrían en una consulta directa a la ciudadanía, no sé. El caso es que nos estamos metiendo en un follón que no sabemos qué consecuencias puede tener y en el que parece que al Sr. Mas le ha entrado una prisa que es difícilmente justificable. Hace no muchos años los independentistas, de acuerdo con los sondeos, no llegaban al 30% de la población (hablo de memoria, probablemente mucho menos); ahora están por el 50%; pero aún así es una proporción insuficiente para poner en marcha el procedimiento de independencia con garantías y, en cualquier caso, si se inicia este camino los pasos lógicos son, en primer lugar, elecciones en las que los partidos lleven en sus programas la cuestión de la independencia de forma clara; en segundo término, amplia mayoría parlamentaria que apoye la independencia, referendum consultivo en el que también se consiga una amplia mayoría a favor de la independencia y, a partir de ahí, negociaciones con el fin de conseguir un acuerdo con España y Europa que permita una transición a la soberanía sin traumas.

No parece ser éste el camino que tiene planeado Artur Mas. Los pasos que ha dado hasta ahora parten de un supuesto que no se da (una ampia mayoría de los catalanes apoyan sin fisuras la independencia) y se encaminan hacia el peor de los escenarios posibles: una declaración unilateral de independencia que no contará ni con el respaldo suficiente de los ciudadanos ni con el acuerdo necesario de España y Europa.

En fin, una huída hacia adelante en toda regla.