Vulneración de derechos civiles en Cataluña

En Cataluña sufrimos una crisis democrática grave.

El pasado 15 de mayo, se publicaba en "The National", un medio escocés, una carta firmada por 150 académicos criticando la represión de derechos en España. Los firmantes afirmaban que se apreciaba una involución de derechos como consecuencia de la violencia ejercida el 1 de octubre contra quienes pretendían votar. También criticaban el encarcelamiento y enjuiciamiento de activistas y miembros del gobierno y del parlamento de Cataluña. Afirmaban que de estas actuaciones no respondían al principio de separación de poderes. La carta añadía que no podía judicializarse la política y acusaba al Estado español de haber ejercido la violencia y la represión.

Evidentemente la carta no es más que un cúmulo de propaganda nacionalista. El 1 de octubre la policía no actuó contra votantes, sino contra quienes impedían su acceso a los colegios para cumplir órdenes judiciales, tal como incluso han declarado los testigos ¡de la defensa! en el juicio que se está desarrollando en el Tribunal Supremo. Si hay activistas y políticos encarcelados que están siendo juzgados es porque los hechos de septiembre y octubre de 2017 son susceptibles de calificación penal (mantener encerrada a una comisión judicial, ocupar colegios, organizar la resistencia a la policías, declarar la independencia...) y lo de que no hay división de poderes ya es muestra de un desconocimiento supino. Es claro que los tribunales están actuando con total independencia y el desarrollo de los distintos procedimientos judiciales así lo demuestra.

Pero no hay nada que sea completamente inútil.

La carta ha servido para que Foro de Profesores, haya replicado con otra carta también publicada en "The National. Puede leerse en español aquí.

La carta del Foro de Profesores asume la vulneración de derechos fundamentales en Cataluña, pero la sitúa donde efectivamente está, no donde pretenden los nacionalistas.

Y esa vulneración es la protagonizada por el régimen nacionalista.

Así la carta enumera las siguientes vulneraciones de derechos civiles:

- Vulneración de derechos fundamentales de alumnos constitucionalistas en la UAB.

- Incumplimiento de órdenes de la administración electoral por parte de la misma Universidad.

- Ataques contra las libertades individuales protagonizados por grupos nacionalistas (aquí, por ejemplo, el relato de uno de estos ataques).

- Sistemáticas restricciones a la utilización del castellano en las escuelas catalanas (un tema que ha llegado incluso al Parlamento Europeo).

- Las multas a pequeños comercios por no rotular o atender en catalán.

- Opiniones racistas y xenófobas contra los catalanes que proceden de otras partes de España.

- La derogación de la Constitución en Cataluña como consecuencia de las leyes del 6 y 7 de septiembre de 2017.

- Los déficits democráticos de esas mismas leyes aprobadas los días 6 y 7 de septiembre, con el ataque que estas leyes suponían para la división de poderes.

- La resistencia a la policía y los golpes y ataques físicos a ésta por parte de quienes sarcásticamente decían que eran "gente pacífica" durante septiembre y octubre de 2017.

- La malversación de dinero público, parte de él dedicado a financiar académicos en el extranjero con el fin de que dieran apoyo al movimiento nacionalista catalán.

Esta es la auténtica situación en Cataluña: una vulneración de derechos civiles que ha alejado la democracia de nuestra región. Las denuncias que tantas veces se han hecho desde la misma Cataluña han sido poco escuchadas en otras partes de España. Confiemos en que ahora, que la denuncia ha llegado a los medios internacionales, en una carta que, entre otros, firma John Elliot, en España se den cuenta del grave problema democrático que tenemos en Cataluña

Iceta, senador

El rechazo al nombramiento de Iceta como senador autonómico plantea una serie de problemas jurídicos de gran interés. En los últimos días he comentado sobre ello en las redes sociales y con la prensa y tras un fructífero intercambio de opiniones con unos y otros intentaré aquí ordenar las ideas que han ido saliendo.

El Senado está integrado por los senadores que elegimos directamente los ciudadanos y por los senadores autonómicos, designados por cada Comunidad Autónoma en función de su número de habitantes. En el caso de Cataluña los senadores autonómicos que le corresponden son 8. Como en todas las Comunidades Autónomas estos senadores han de ser elegidos de manera proporcional (art. 69 de la Constitución).

Esta exigencia de proporcionalidad, que es general para todas las Comunidades Autónomas se concreta en Cataluña a partir de lo establecido en el art. 61 del Estatuto de Autonomía, que prevé que los senadores autonómicos serán distribuidos entre los diferentes grupos del Parlamento regional en función de su tamaño.

Según esto, y con la configuración actual del Parlamento, la distribución de senadores autonómicos es como sigue:

- 2 a Cs

- 2 a JXCat

- 2 a ERC

- 1 al PSC

- 1 a los Comunes.

Es obligado que Cataluña designe 8 senadores autonómicos y estos han de responder a la distribución anterior. No puede haber ni más ni menos senadores de cada uno de los grupos representados en el Parlamento de Cataluña.

Cuando se nombran los 8 senadores tras unas elecciones autonómicas cada grupo designa sus candidatos (así se establece en la Ley catalana 6/2010 sobre designación de senadores autonómicos y en el Reglamento del Parlamento de Cataluña) y el Pleno del Parlamento vota la lista de los ocho; de tal manera que o salen todos elegidos con los nombres decididos por cada grupo o el Parlamento renuncia a designar senadores autonómicos. Lo que no puede pasar es que se vote tan solo a los senadores designados por un grupo.y no a los designados por otro.

No creo que esta práctica sea la más correcta. Si consideramos la Ley catalana 6/2010 y el Reglamento del Parlamento creo que el mecanismo adecuado de votación sería el siguiente:

1) La Mesa fija cuántos senadores corresponden a cada grupo.

2) Cada grupo designa sus candidatos para el puesto.

3) La Mesa eleva las candidaturas al pleno.

4) La votación se realiza por papeletas. Cada diputado vota al candidato que prefiere y son elegidos de acuerdo con la proporción señalada (en el parlamento actual, 2 de Cs, 2 de JXCat, 2 de ERC, 1 del PSC y 1 de los Comunes).

En vez de hacerlo así lo que se hace es integrar a todos los candidatos en una lista y votar toda la lista. El resultado es el mismo, pero el precedente es peligroso porque si se pretende seguir el mismo sistema de votación cuando se ha de sustituir a un senador lo que aparece es un derecho de veto de la mayoría a los candidatos de la minoría que no casa en absoluto ni con la regulación catalana vigente ni con la exigencia de proporcionalidad que se encuentra en el art. 69 de la Constitución. Es lo que ha sucedido hoy con la (no) designación de Miquel Iceta.

La clave para entender el resultado y sus consecuencias está en el mecanismo de votación. Como acabo de explicar lo más correcto sería que los diputados votarán mediante una papeleta a alguno de los candidatos existentes. Cuando, como en el caso de hoy, hay un único candidato, este sistema lleva a que tan solo sean posibles dos tipos de votos válidos: o a favor del candidato o en blanco. No cabe un voto negativo, igual que tampoco cabe cuando participamos en las elecciones al Congreso de los Diputados o al Senado: o bien votamos a alguno de los candidatos o bien se vota en blanco o se emite un voto nulo o no se participa en la votación (abstención). Con este sistema hoy a Iceta le bastaría haber obtenido un solo voto para ser elegido, pues no existe la posibilidad de un voto negativo.

La Mesa del Parlamento no dio esta posibilidad, sino que estableció que la votación debería ser "sí" o "no". El resultado ha sido que el PSC se ha visto privado del senador al que tiene derecho lo que, a mi juicio, es incompatible con la exigencia de proporcionalidad que se incluye en los Arts. 69 de la Constitución y 61 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. A partir de hoy, tanto Cs como JXCat, ERC y los Comunes cuentan son una sobrerrepresentación en los senadores autonómicos (2 sobre 7 en vez de 2 sobre 8 en el caso de los tres primeros y 1 sobre 7 en vez de 1 sobre 8 para los Comunes). Esta sobrerrepresentación es el resultado de haber excluido la representación del grupo socialista.

Si se admite esta exclusión del grupo socialista ¿cuál será el siguiente paso? Por coherencia la próxima asignación global de senadores autonómicos debería votarse por separado: cada candidato debería someterse al voto afirmativo o negativo del Pleno. ¿Qué sucedería si en ese escenario ERC y JXCat unen sus votos para rechazar todos los candidatos del resto de grupos de manera que al final en vez de nombrar 8 senadores autonómicos se designa solamente a 4, los 2 de JXCat y los 2 de ERC? Obviamente este resultado es inadmisible; pero tampoco puede ser que se obligue a los diputados a votar en un sentido determinado. ¿Como salir del impasse? Pues optando, tal como he indicado, por el sistema de votación por papeletas que explicaba hace un momento y que, me parece, es el que más se ajusta a los previsto en la Ley catalana 6/2010.

Es cierto que este sistema convierte en meramente formal la votación ("ratificación" en los términos de la legislación catalana) en el Pleno; pero entre que ésta sea una mera formalidad y llegar a un resultado que supone privar a un grupo parlamentario del senador autonómico al que tiene derecho según lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía creo que ha de optarse por lo primero.

¿Habría otras alternativas? Sí. Se podría establecer, por ejemplo, que cada grupo propusiera el doble de candidatos que plazas a cubrir, para que la votación del pleno tuviera cierto sentido. Se podría establecer que el senador debería ser forzosamente un diputado del Parlamento y no establecer candidaturas sino dejar libertad a todos los diputados para que votaran a quien quisieran siendo elegidos los diputados de cada grupo con más votos de acuerdo con el porcentaje que al grupo le corresponde en el nombramiento de los senadores... Se podría hacer de muchas maneras; pero ya estaríamos en un derecho ficción que no es el que está vigente.

Con el derecho vigente la interpretación que más se ajusta a las exigencias constitucionales a partir del tenor de la ley es la de que la votación del pleno debe hacerse no por un "sí" o "no", sino por papeletas con el nombre del o los candidatos. De acuerdo con ese sistema hoy Iceta habría salido elegido. Y saldría elegido siempre que un solo diputado lo votara. ¿Absurdo? Quizás, pero la alternativa es, como hemos visto, privar de senador al grupo socialista, pese al derecho que tiene a tenerlo según la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Podría plantearse también que rechazado el candidato el grupo pudiera proponer otro a ver si consigue la aprobación del Pleno; pero hacer esto implicaría que mientras los grupos mayoritarios tienen plena libertad para elegir a sus senadores no sucede lo mismo con los minoritarios, que tendrían que pactar el nombramiento con el mayoritario. No creo que esto responda a la exigencia de representación proporcional de los distintos grupos que se deriva de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En definitiva, por dejar los vericuetos jurídicos e ir a al meollo del asunto: la mayoría nacionalista en la Mesa del Parlamento (que es quien decide el sistema de votación) ha privado al grupo socialistas de un senador. Es en esta decisión sobre la votación donde ha de ponerse el acento pues una vez trasladado el acuerdo al Pleno es obvio que cada diputado puede votar lo que mejor le parezca sin que nadie pueda obligarle a votar a Iceta. Como digo, la clave del problema generado está en la forma de votación, que es una decisión adoptada por la Mesa del Parlamento.

Y el resultado de esta decisión es que los nacionalistas hacen expreso su control sobre las instituciones y su voluntad de excluir a quienes no compartan sus ideas. Hoy le ha tocado a Iceta y al grupo socialista. Otro día será otro, porque lo que es claro es que los nacionalistas quieren utilizar la mayoría de la que gozan en no pocas entidades y administraciones para excluir de ellas a quienes no comparten sus planteamientos. Es por esto que el rechazo a Iceta es una metáfora de algo más general: el propósito nacionalista de controlar de manera férrea toda la sociedad a través de sus instituciones.

Recuperar la UAB, recuperar la Universidad

En los últimos días hemos tenido dos noticias significativas respecto a la vida en la UAB y, por extensión, en la Universidad catalana. Por una parte, el Tribunal Superior de Justicia confirma que la decisión de la Rectora de la UAB de expulsar del directorio de colectivos a los estudiantes de Joves SCC-UAB (muchos de ellos ahora integrados en S'ha acabat!) vulneraba varios derechos fundamentales (no discriminación por razón de opinión, libertad de expresión, libertad ideológica y derecho a la educación). Por otra, se conseguía, finalmente, que la UAB borrara la significativa pintada con el lema "Independencia, socialisme i feminismo", acompañada de una bandera soviética y otra estelada, que presidía en un edificio de la Plaza Cívica la entrada a la UAB desde la estación de los ferrocarriles de la Generalitat.

La primera de las noticias nos retrotrae a la creación del colectivo "Joves SCC-UAB", hace más de tres años, y a cómo desde su aparición fue objeto de boicots constantes que llegaron a la agresión. La UAB no solamente fue incapaz de adoptar las medidas que garantizaran que todos los integrantes de la comunidad universitaria pudieran ejercer su libertad de opinión y de expresión, sino que, además, se procedió a expulsar al colectivo agredido del directorio de colectivos de la UAB, impidiéndole luego volver a inscribirse. Recurrida dicha decisión ante los tribunales estos dictaminaron que la expulsión vulneraba derechos fundamentales básicos y condenó en costas a la Universidad tanto en primera como en segunda instancia.

El segundo de los hechos nos remite a una situación que debería ser inusual: en un edificio público de la UAB lucía una pintada de una clara significación política que incluía, además, la firma del SEPC, un sindicato de estudiantes vinculado al nacionalismo y, además, extremadamente beligerante con los estudiantes que constitucionalistas boicoteados y luego expulsados, como colectivo, de la Universidad.

La falta de neutralidad de dicha pintada fue denunciada en varias ocasiones; pero la Universidad se ha negado sistemáticamente a retirarla. Dado que en período electoral la administración electoral es competente para ordenar directamente a las administraciones que velen por esa neutralidad de las instituciones, ha sido posible conseguir la retirada de la pintada; pero no sin que la Universidad se mostrara reticente a acatar las decisiones de la administración electoral y habiendo tenido que llegarse a la advertencia del recurso al Ministerio Fiscal para que la pintada fuera repintada.

Se trata de hechos graves. No creo que nadie pueda poner en duda que la declaración de que una Universidad ha vulnerado los derechos fundamentales de sus estudiantes es serio; y por ello sorprendente la falta de reacción de muchos partidos e instituciones -y de la propia Universidad- que han optado por no dar relevancia a la condena; lo que hace patente que para muchas fuerzas políticas la defensa de los derechos fundamentales y de los principios democráticos no es una prioridad.

Pero también lo es la permanencia de la pintada en la Plaza Cívica de la UAB. Para quienes duden de ello recordemos lo que implica que en un edificio público universitario luzcan la bandera soviética y una estelada acompañadas de la firma de un sindicato estudiantil que ha apoyado a quienes boicoteaban a estudiantes de esa misma Universidad. Imagínense lo que es para los miembros de la comunidad universitaria señalados por ese sindicato comprobar cada día el apoyo explícito de la institución a sus acosadores.

Más allá de lo anterior, resulta que la presencia en un edificio público de banderas soviéticas y esteladas supone una quiebra de la obligada neutralidad de todas las administraciones públicas, y esta es una obligación de la administración que no se limita al período electoral, puesto que el fundamento de esta obligación es el art. 103.1 de la Constitución, que no limita su aplicación al período que va desde la convocatoria de unas elecciones hasta la celebración de las mismas. Además, esta obligación de neutralidad de carácter general y no limitada a los períodos electorales ha sido establecida por los tribunales en varias decisiones relativas, precisamente, a la presencia de banderas esteladas en lugares de titularidad pública o en la adscripción de administraciones públicas a organizaciones cuyo fin era la promoción de la secesión de Cataluña. La continuada presencia de la bandera estelada en el edificio de la UAB era, por tanto, un recordatorio permanente de la quiebra de la legalidad y de la falta de neutralidad de la institución.

Así pues, tanto la condena por vulneración de derechos fundamentales como la orden de retirada de los símbolos partidistas presentes en edificios de la Universidad no son más que muestras de una situación de quiebra democrática que debería ser resuelta. En este sentido, es de lamentar que hasta ahora la Universidad haya actuado movida por decisiones judiciales, administrativas o por la advertencia de que el caso podría ponerse en manos de Fiscalía y no como consecuencia de una reacción interna; más allá de las denuncias interpuestas y que lo han sido por miembros de la comunidad universitaria. Esto es, la falta de reacción de las instituciones universitarias debería preocuparnos.

Porque si se ha tenido que recurrir a instancias externas ha sido como consecuencia de la inacción -en el mejor de los casos- de los propios órganos universitarios. El Sindic de la Universidad estaba al corriente de lo que sucedía, pues me consta que mantuvo reuniones sobre este tema y recibió denuncias en relación a él (yo mismo le presenté una), sin que su respuesta fuera más allá de defender la posición de la Universidad (negando, por ejemplo, que mereciera reproche la presencia de la pintada que la Junta Electoral Provincial ha ordenado retirar), absteniéndose de opinar sobre los temas que se encontraban sub iudice o negando que las tomas de postura de los órganos universitarios en relación al desafío nacionalista pudieran ser objeto de crítica alguna.

Comparto aquí la queja presentada en marzo de 2018 al Sindic de Greuges de la Universidad

Y la respuesta del Síndic

No puede negarse que se ha intentado resolver este problema dentro de la propia Universidad; pero los órganos de ésta se han negado sistemáticamente a reconocer la existencia de las carencias democráticas que aquí se explican. En este sentido es significativo que cuando ya se esperaba una sentencia que declararía la vulneración de derechos fundamentales por parte de la Universidad el Consejo de Gobierno de la misma emitió un comunicado... de apoyo al equipo de gobierno y de crítica a quienes habían denunciado la vulneración de sus derechos

No creo que éste sea el camino adecuado. A ninguno de los integrantes de la comunidad universitaria le gusta que su institución sea conocida por noticias como las que aquí se comparten; pero para evitarlo lo que hay que hacer es impedir que los órganos rectores de la Universidad hagan caer en ésta en actitudes que merecen el reproche de los tribunales o de la administración electoral. Yendo un paso más allá: es necesario que la comunidad universitaria se comprometa con firmeza en la defensa de los derechos fundamentales y de los principios democráticos.

Este compromiso no ha existido hasta ahora. Son pocos los profesores, estudiantes o PAS que se han manifestado en defensa de estos derechos. Son muchos lo que han permitido que se llegue a esta situación y que aún ahora negarán la evidencia: que se ha producido en nuestra Universidad la quiebra de derechos fundamentales básicos y se ha infringido la obligación de neutralidad de la institución que tiene su fundamento en el art. 103 de la Constitución. Y esto último no es una apreciación subjetiva mía, sino que está recogido en decisiones judiciales y en acuerdos de la administración electoral.

Y esto que pasa en la UAB no es específico de nuestra Universidad. En otras Universidades catalanas se viven situaciones parecidas, encontrándose, por ejemplo, en la web de alguna de ellas símbolos claramente partidistas.

¿Hasta cuándo permitiremos los universitarios que nuestros centros se aparten de aquello que es obligado legal, democrática y moralmente? ¿Hasta cuándo permitiremos el acoso a algunos de los miembros de la comunidad universitaria; la privación de derechos de una parte de nuestros estudiantes, profesores o PAS; la apropiación de lo que es de todos por los nacionalistas; las tomas de posición partidistas de los órganos universitarios? ¿Hasta cuándo fingiremos que todo lo anterior es normal o culparemos a los agredidos y boicoteados o a los que denuncian la vulneración de sus derechos?

Creo que es necesario que todos den (demos) un paso en la defensa de la democracia en nuestras universidades y convirtamos este tema en uno más de los que deben ser objeto de debate dentro de la Universidad.

Es necesario recuperar la UAB y el resto de Universidades catalanas, no para el constitucionalismo -si se quiere emplear ese término-, puesto que tanto constitucionalistas como nacionalistas tienen derecho a ser reconocidos por la institución; sino para la democracia.

El silencio

Hace algo más de tres años un grupo de estudiantes de la UAB vinculados a Societat Civil Catalana, creaban un colectivo que se inscribía en el directorio de la UAB. Un directorio en el que hay agrupaciones de estudiantes de lo más variado. Algunas con finalidades políticas, otras culturales, deportivos...

El propósito de estos estudiantes era trasladar a la comunidad universitaria el mensaje en el que creían: la secesión no convenía a Cataluña, Cataluña es una tierra diversa y España debe estar orgullosa de su diversidad.

Tenían también un firme compromiso europeo. No en vano la organización a la que pertenecían, Societat Civil Catalana, había recibido el premio "Ciudadano Europeo" que concede el Parlamento Europeo.

Nada de lo anterior fue posible. Desde su primera aparición pública los jóvenes constitucionalistas de la UAB fueron acosados, sus carpas boicoteadas, sus banderas robadas, rajadas y quemadas delante de ellos.

Su voz no podía escucharse porque era acallado por los gritos de quienes a sí mismos se califican, con un cinismo absoluto, de "antifascistas".

No es posible reproducir aquí la crónica de todos los asaltos que sufrieron. He recopilado lo que he escrito sobre ellos y puede encontrarse aquí.

Pero no era solo el acoso y el boicot. Junto a esto encontrábamos el silencio. No importaba la gravedad del acoso que hubieran (hubiéramos) sufrido: ni condenas institucionales ni siquiera solidaridad de los compañeros. Al revés, en ocasiones la acusación velada o franca de que lo que hacíamos era "provocar". ¡Qué poca idea se tiene de lo que es la democracia si se insinúa algo así! ¡qué interiorizado se tiene el fascismo en el que algunos crecieron cuando ante el golpe se mira con reproche al golpeado y no a quien golpea!

Pero se llegó más allá. Los estudiantes que habían sido acosados y boicoteados se encontraron con que la UAB había decidido expulsarlos del directorio de colectivos. Expulsarlos de la comunidad universitaria. La excusa que se puso fue que no habían cumplido con un trámite administrativo. Pacientemente solicitaron el reingreso y éste fue rechazado; entre otras razones por sus críticas al equipo de gobierno de la UAB.

Recurrieron la expulsión ante los tribunales. El año pasado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 7 de Barcelona declaró que la expulsión del colectivo de estudiantes había supuesto la vulneración de varios derechos fundamentales: a no ser discriminado por razón de opinión, libertad ideológica, libertad de expresión y derecho a la educación.

Debería ser piedra de escándalo; pero no lo fue. Pocos días antes de la sentencia el Consejo de Gobierno adoptó un comunicado... de apoyo al equipo de gobierno de la UAB que suponía una recriminación a quienes denunciaban la vulneración de sus derechos fundamentales. En vez de preocuparse porque esa situación fuera enmendada y no se repitiera, el Consejo de Gobierno apoya a quien entonces estaba a punto de ser condenado por vulnerar los derechos fundamentales de los estudiantes.

Tampoco hubo reacción por parte del Gobierno o de la CRUE... Un silencio espeso y nauseabundo que daba cobertura a la exclusión y a la censura (son los términos de la decisión judicial).

La UAB, condenada en costas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, recurrió la decisión. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado el recurso, confirmado la Sentencia dictada el año pasado y condenado a la UAB a unas nuevas costas.  No sé yo cuánto dinero público no habrá perdido ya la Universidad para litigar contra unos estudiantes cuyos derechos fundamentales, según la justicia, han sido vulnerados.

Y sigue el silencio. Y sigue en la UAB la pintada a favor de la independencia que encabeza esta entrada; y eso que hace casi un mes la Junta Electoral Provincial ordenó retirar las pintadas partidistas de los edificios públicos de la UAB.

Y este acoso, esta vulneración de derechos fundamentales y este silencio no son algo singular o anecdótico. Es lo que sucede en Cataluña de mil maneras diferentes cada día. Los catalanes sabemos qué es un régimen; y lo único que nos permite tener un asidero para luchar contra él son los tribunales, que aún son capaces de dictar sentencias en las que se declara que el boicot que sufrimos es contrario a Derecho, ilegal, injusto.

Pero no es suficiente. Estamos solos, y el silencio nos lo muestra cada día.

Lo peor es ese silencio.