La prueba del algodón

Cuando alguien me pregunta qué solución habría para el problema catalán siempre respondo con otra pregunta: ¿cuál es el problema?

Porque quizás estamos hablando de problemas distintos y, claro, así nunca podremos ponernos de acuerdo.

Me he acordado de ello al leer la noticia sobre las declaraciones del ministro Ábalos en las que habla de la necesidad de reconducir el problema político en Cataluña mediante vías que no coloquen al independentismo fuera de la ley.

No entraré en qué quiere decir el ministro del gobierno de España con esto de encontrar fórmulas para que nadie tenga que situarse fuera del ordenamiento jurídico; porque lo me interesa es destacar que este acercamiento del señor Ábalos parece indicar que para él el problema en Cataluña es que un número significativo de catalanes no están contentos con el marco legal y constitucional actual y que, como consecuencia de ello se colocaron al margen de la ley como todos sabemos. La solución parece ser cambiar la ley para que estos catalanes ya no estén descontentos, o eliminar aquellos elementos dentro de esta misma ley que convierten en delitos cosas tales como dedicar dinero público a fines contrarios al ordenamiento jurídico, utilizar las instituciones para derogar la Constitución o animar a los ciudadanos a que impiden que la polícia cumpla las órdenes judiciales. En fin...

Como digo, no entraré en lo anterior porque lo que me parece relevante es constatar que ésta perspectiva no agota la presentación de la situación en Cataluña. Cuando tras la pregunta con la que comenzaba ("¿cuál es el problema?") mi interlocutor me anima a exponer mi propio punto de vista digo que el problema en Cataluña es que se vive en una constante vulneración de los derechos civiles de quienes disienten del nacionalismo, las administraciones actúan conscientemente al margen de la ley y la única vía para conseguir el respeto de ciertos derechos básicos es el recurso a los tribunales. Los ejemplos se podrían multiplicar, pero me conformaré con unos pocos:

- Tal como probó la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB), ninguna escuela cumple con la obligación constitucional de que al menos un 25% de la docencia se imparta en castellano.

- Existen indicios claros de adoctrinamiento en la escuela que no son atendidos ni por la administración autonómica (que es quien promueve ese adoctrinamiento) ni por la administración estatal, que prefiere no inmiscuirse en la forma en que los catalanes no nacionalistas son sometidos al nacionalismo.

- En las Universidades se prima a los estudiantes nacionalistas sobre quienes se oponen al nacionalismo, hasta el punto de que los tribunales han declarado la vulneración de los derechos fundamentales de estos últimos.

- Las administraciones incumplen su obligación de neutralidad y de actuación al servicio de los intereses generales (presencia de esteladas y símbolos independentistas en edificios públicos, señales a la entrada en los municipios donde se indica la adscripción a la Asociación de Municipios por la Independencia, etc.).

- Los medios públicos de comunicación rechazan de forma explícita hacerse eco de las posiciones constitucionalistas.

Ni siquiera en los períodos electorales se respetan las reglas mínimas del juego, y las advertencias y desobediencia a la administración electoral son constantes.

Este es el problema que padecemos en Cataluña, esta es la situción a la que nos enfrentamos y a la que un gobierno responsable debería hacer frente.

Pero en vez de esto, quienes pasan a ser socios prioritarios del gobierno de España son quienes causan este constante y profundo deterioro de la democracia en Cataluña.

Llamarlo irresponsabilidad es quedarse muy, pero que muy corto.