Octubre de 2017 en Bruselas

La semana pasada tuve el gusto y el honor de participar en un acto de S'ha Acabat! en la Universidad Pompeu Fabra. Compartí tarima con Joan López Alegre y Beatriz Becerra para hablar de separatismo y Unión Europea

Hubo un intento de boicot del acto por parte de los intolerantes de siempre; pero sin éxito. Pudimos exponer nuestras opiniones, dialogar y tener un intercambio fructífero.

Mis dos compañeros expusieron ideas muy interesantes tanto sobre el papel de los medios en el "procés" (Joan López Alegre) como en relación a los ecos en Europa de los acontecimientos de 2017 en España (Beatriz Becerra).

Aquí quiero detenerme en esto último.

Beatriz Becerra explicó cómo tras el 1 de octubre no estaba clara cuál sería la posición que adoptaría la UE. El presidente de la Comisión, Juncker, no veía con malos ojos una mediación por parte de la UE y también se valoró que el Parlamento Europeo condenara la utilización excesiva de la fuerza por parte de la policía. Finalmente, como sabemos, nada de esto paso, pero no fue por casualidad sino por el trabajo intenso de eurodiputados, como la propia Beatriz Becerra, funcionarios, diplomáticos y el gobierno español. En aquellos primeros días de octubre cualquier cosa podría haber pasado.

Pensemos en lo que hubiera supuesto una oferta de mediación por parte de la UE. El gobierno español tendría difícil negarse a tal cosa. Se necesitaría mucha convicciónn para ello. Y de producirse esa negativa, el escrutinio por parte de la comunidad internacional sobre lo que estaba sucediendo en España sería intenso y continuo.

Y si se aceptaba la mencionada mediación con lo que nos encontraríamos es que España ya no sería dueña de la aplicación de su propio sistema de articulación territorial. Cualquier medida que tuviera que adoptarse en relación a la Comunidad Autónoma de Cataluña debería ser informada a la instancia mediadora y ésta tendría al menos voz para pronunciarse sobre, por ejemplo, la aplicación del artículo 155 de la Constitución. ¿Nos damos cuenta de en qué forma hubiera debilitado eso a España, qué fuerza tendrían los nacionalistas con esta mediación, cómo, a medio plazo, esta mediación no conduciría más que a la semiindependencia de Cataluña cuando no a la independencia total? Un desastre absoluto.

Esta información sobre la posibilidad de una oferta de mediación por parte de la UE convierte en ridícula (elijo bien la palabra) la afirmación del Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de octubre de 2019 de que el proceso no fue más que una ensoñación que en ningún caso podría haber llevado a la independencia.

No se trataba de ninguna ensoñación y en los primeros días de octubre la independencia fue una posibilidad real. Aquí intentaba explicar por qué:

La intervención de la UE, como digo, hubiera cambiado para siempre el escenario de las relaciones en España entre las Comunidades Autónomas y el Estado (¿piensan que lo que se dijera para Cataluña no sería aprovechado por los nacionalistas en otros lugares?) y hubiera supuesto un riesgo cierto de desintegración del país a medio plazo. Es la realidad y los hechos lo confirman. Creo que basta ya de mirar para otro lado.

Pero la reflexión sobre lo sucedido en 2017 no es un mero ejercicio melancólico, sino que es imprescindible para determinar qué medidas han de adoptarse para alejar el riesgo que vivimos hace tres años.

En el vídeo que se inserta un poco más arriba ya indicaba que esas medidas pasarían por:

- Intensificar la presencia del Estado en Cataluña.

- Limitar el trato con las instituciones autonómicas al que resulta de lo que prevén la Consittución y el Estatuto de Autonomía.

- Impedir que la Generalitat utilice sus competencias en materia de acción exeterior para debilitar a España y construirse una posición como actor internacional independiente del Estado.

Pero hay que ir un paso más allá y pensar en cómo se ha llegado a una situación en la que la UE (y los gobiernos extranjeros) no ven ni las ilegalidades cometidas por la Generalitat ni la justificación de las medidas adoptadas por el gobierno español. Entender esto, entender por qué en el exterior el Estado se encuentra a la defensiva, no solo ante la opinión pública internacional, sino también ante gobiernos y organizaciones internacionales, es necesario para que podamos evitar los errores cometidos en el pasado y eludir así el desastre que en cualquier momento puede producirse.

Creo que la clave para entenderlo es que la apariencia de legitimidad del poder público se acaba convirtiendo en legitimidad y, finalmente, en legalidad. Intento explicarme.

Tal como he insistido en múltiples ocasiones, la Generalitat actúa como poder soberano en Cataluña. Las instituciones hacen expreso que ni acatan ni piensan acatar la legalidad española y fundamentan su actuación no en la Constitución, sino en la historia y en las leyes antiguas que habían sido, según estas instituciones, injustamente derogadas por Felipe V.

Ante esto, la reacción de los partidos políticos españoles y del propio gobierno de España, tanto el actual como el anterior, es la de que se trata solamente de palabras, pero que no revisten mayor importancia.

Esto es un error mayúsculo.

Las palabras son solamente meras palabras si no van acompañadas de actos; pero en Cataluña los actos dan un contexto a las palabras que no puede ser obviado. Cuando nos encontramos ante un gobierno que controla policía, escuelas y medios de comunicación, hasta el punto de que le es posible llevar a cabo una consulta contra la expresa prohibición del Tribunal Constitucional, desde el exterior ya surge la duda de quién goza de legitimidad en Cataluña, si es el Estado español o el gobierno de la Generalitat. Lo que sucede aquí ya es percibido como un conflicto entre poderes públicos en el que ambos reclaman su carácter soberano; y esta percepción es relevante no solamente para la opinión pública, sino también para organizaciones internacionales y gobiernos.

Sí, lo que hizo la Generalitat es ilegal, pero solamente desde la perspectiva española; desde la perspectiva nacionalista era legal y así se repite sin cesar. Ante esta situación de conflicto fáctico el resto de Estados permanecen expectantes para constatar de qué lado se inclina la balanza. Lo que hace la Genralitat no es contrario al Derecho internacional, tan solo es ilegal desde la perspectiva del Derecho español; pero ni Estados Unidos ni Finlandia, ni Francia ni Rusia tienen por qué aplicar o conocer el Derecho español; estos Estados lo que conocen es que en Cataluña hay policías con una señera en la manga y otros con una bandera española y que habrá que ver cuáles prevalecen.

Desde la perspectiva de la UE la situación es un tanto diferente como consecuencia del mecanismo de integración europeo; pero aquí no estamos hablando todavía de consecuencias jurídicas estrictas, sino de la percepción del problema por parte de los actores extranjeros; y para esta percepción la apariencia de legitimidad con la que actúa la Generalitat es relevante. Muy relevante.

Ahora nos daremos cuenta con más claridad de lo nefasto que fue el "marianismo" de esperar que todo se resolviera solo. Las consecuencias de aquello las vimos hace tres años y tan solo la gestión eficaz de los días posteriores al 1 de octubre evitó un desastre que ya se mascaba y que, de todas maneras, tuvo un coste enorme para España en términos de credibilidad internacional.

Y, por tanto, apreciaremos lo que supone el engendro de la mesa de diálogo puesta al servicio del nacionalismo. Un gobierno que negocia de tú a tú con quienes han intentado derogar la Constitución en Cataluña está dando ya cuenta cabal al mundo de la debilidad del Estado. No esperemos ningún apoyo de fuera si es necesario volver a utilizar la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Si en 2017 la mediación internacional estuvo cerca en 2020 o 2021 sería mucho más difícil de evitar... asumiendo que hubiera voluntad para evitarla.

Me preocupa mucho la forma en que se eluden este tipo de análisis en España. No somos conscientes del peligro en que vivimos, no asumimos que con la política que se está siguiendo se deja en manos de la Generalitat la posibilidad de crear cuando tenga conveniente una nueva crisis internacional y, sobre todo, no asumimos que todo esto debilita enormemente al Estado.