Coronavirus: lecciones de los primeros 43 días

I. Hasta el 9 de marzo

El 31 de enero tuvimos el primer caso de coronavirus en España; y el 13 de febrero, el primer fallecido, aunque no lo supimos hasta principios de marzo. Hace tan solo dos semanas, el número de casos (confirmados) en toda España era de menos de 100 y el número de fallecidos seguía siendo 1. Creo que pocos pensaban hace tan solo 15 días que el problema sería lo que hoy es; aunque justo es  señalar que ya entonces había quien, con datos en la mano, advertía del riesgo que suponía la enfermedad.

Los mensajes oficiales eran, sin embargo, de tranquilidad. Necesidad de prevención pero tranquilidad. Véase, por ejemplo, la comparecencia de Fernando Simón, el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias del ministerio de sanidad, el 1 de marzo:

En el minuto 9 de la comparecencia dice que en España la situación era de contención y que no era necesario aumentar el nivel de alerta.

Esa tranquilidad fue perdiéndose a lo largo de esa primera semana de marzo. El virus seguía avanzando. El día 2 de marzo había 120 casos declarados en España, pero el 6 de marzo, el viernes, ya había más de 300 casos y el número de fallecidos había ascendido a 8. Preocupante, sin duda.

Pese a ello, no se adoptaron especiales medidas de protección ante la situación. De hecho, no solamente se mantuvieron convocatorias multitudinarias, sino que miembros del gobierno animaron a participar en ellas. Veamos la comparecencia del mismo Fernando Simón el sábado 7 de marzo

Vean el minuto 22, donde Fernando Simón minimiza la importancia del aumento de casos en Madrid. Y, sobre todo, miren a partir del minuto 28:30 donde valora el riesgo de la manifestación del 8-M. Vamos, el mensaje era, tranquilidad. No puede dejar de decirse que días antes la el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de la UE ya había advertido de que se desaconsejaban las reuniones multitudinarias por el riesgo de transmisión de la enfermedad.

En aquel momento ya existía un debate en la calle sobre lo razonable de mantener tales convocatorias para el domingo 8 (no solo la manifestación feminista, sino también un acto político de Vox) estando como estábamos en una fase expansiva del virus. Ahora bien, como decimos, el mensaje de las autoridades seguía siendo de tranquilidad. Y estamos hablando de hace 8 días (escribo esto el 15 de marzo).

Ese fin de semana del 7 y 8 de marzo, el avance del coronavirus en España fue grande. Creo que fueron los días en que muchos nos dimos cuenta de que aquello iba en serio. Bastaba hacer unos pocos números, y sin necesidad de acudir a fórmulas complicadas, para darse cuenta de que estábamos ante una situación que implicaba un alto riesgo.

Colocaba Las Fallas una semana antes de su fecha correcta, pero la idea era que si no se hacía algo el viernes 13 habría 4000 casos y el domingo 15, 8000.

La realidad es que el viernes teníamos 5232 casos confirmados y este domingo ya tenemos 7753 casos confirmados, y todavía no ha acabado el día.

Y los míos eran números sin ninguna base. Había ya bastantes estudios rigurosos que alertaban de gravedad de la situación.

Tixtxo Benitez pronosticaba el 9 de marzo que el día 13 habría 4135 casos y el 15 de marzo 8186.

Y Vicente Ríos compartía un artículo muy interesante con proyecciones que hablaban también de la gravedad de la situación.

Como puede verse, la previsión de este estudio sobre el número de infectados el día 13 de marzo oscilaba entre 3679 y 5097; lo que conduciría para el domingo a tener un número de infectados entre 6400 y 9991. Aterrador ¿verdad?

Pues aquí tienen, si quieren verlo, lo que decía el Gobierno de España todavía el lunes 9 de marzo

Esto todavía el lunes 9 de marzo.

La irresponsabilidad del gobierno es aterradora. El brote en China se conocía desde diciembre de 2019 y en enero ya fue motivo de preocupación mundial. Lo lógico sería haber seguido lo que se estaba haciendo en China y en otros países asiáticos (Corea del Sur) para evitar la propagacion de la enfermedad. Por ejemplo, en ambos países se utilizaron aplicaciones móviles con el fin de monitorizar a la población a fin de controlar lo antes posible los brotes que fueran surgiendo. Una aplicación de móvil de la que nada sabemos aquí y que ahora estaba intentando conseguir la Comunidad de Madrid. En China se habían probado medidas de aislamiento de los focos y en Taiwan se habían adoptado con éxito medidas para evitar el desarrollo de la enfermedad. Se trataba de copiar lo que estaban haciendo otros países, adquirir kits para la prueba de la enfermedad (en Corea del Sur se han hecho más de 200.000 pruebas, mientras que en España estas pruebas no llegan a 20.000), mascarillas, y tener preparados planes de contingencia para la sanidad pública.

Porque el riesgo mayor del coronavirus no es su mortalidad, seguramente bastante baja, sino la facilidad en su contagio (que ha sido probada por su rápida extensión) y que una parte significativa de los pacientes precisan asistencia hospitalaria. Si no tuviera un desarrollo tan rápido y los pacientes fueran pasando la enfermedad de forma escalonada el sistema sanitario podría absorber los casos de ingreso hospitalario sin colapsar; pero una expansión rápida llevaría a una necesidad de camas de hospitalización y de cuidados intensivos que el sistema no podría absorber, lo que implicaría un aumento muy significativo de la mortalidad derivada de la enfermedad.

(Los casos por encima de la capacidad del sistema sanitario darían una mortalidad mayor que los casos por debajo de la capacidad del sistema sanitario)

Todo lo anterior era conocido por los científicos y por el público en general. Bastaba consultar las redes sociales para ver la cantidad de análisis y estudios que adverttían de lo que está pasando. El desdén mostrado hacia tales planteamientos "alarmistas" fue, sin embargo, grande, como podemos ver, lo que nos hizo llegar a esta semana en una situación que parecía de descontrol. Ni siquiera la experiencia italiana, con una epidemia completamente descontrolada, hizo recapacitar a las autoridades.

Asi pues, la primera lección que podemos extraer de lo sucedido es que no hay que dejar pasar las señales de alerta que nos facilita la situación en otros países, no pensar que las cosas van a ir de la mejor manera posible, sino estar preparado para el peor de los escenarios y que han de adoptarse medidas que nos permitan estar preparados. En este caso se trataría de la preparación de apps para controlar la evolución de la enfermedad, la adquisición de material necesario y la elaboración de planes de contingencia para la sanidad pública. No se hizo nada de eso y luego tendremos que ver las razones que lo explican.

II. La última semana

A partir del lunes la situación cambia. El lunes 9 de marzo ya hay más de 1200 casos y 30 fallecimientos. Además, la concentración de casos en Madrid es extraordinariamente alarmante. Madrid, con una población de algo más de seis millones y medio de habitantes tenía ya más casos declarados (a saber los reales) que Wuhan cuando fue aislada, y eso que la población de Wuhan es de más de 11 millones de personas (40 millones si se cuentan todas las ciudades cercanas que también fueron aisladas).

El lunes ya debía ser claro para cualquier observador imparcial que la situación requería la adopción de medidas excepcionales, tales como aislar la capital, si se quería evitar el estallido de la pandemia. Olvidémonos ya del número oficial de contagios porque cualquier parecido con el real sería ya pura coincidencia. Fijémonos en el número de fallecidos:

Lunes 9: 30 fallecidos.

Martes 10: 36 fallecidos.

Miércoles 11: 55 fallecidos.

Jueves 12: 86 fallecidos.

El incremento de fallecidos en tanto por ciento fue el siguiente:

Lunes 9: 76%

Martes 10: 20%

Miércoles 11: 52%

Jueves 12: 60%.

Es decir, el número de fallecidos se doblaba cada dos días. El jueves teníamos 86 fallecidos y, por tanto, podría esperarse que el sábado tuviésemos 172 (tuvimos 193) y al lunes siguiente, 16 de marzo, más de 340 (hoy domingo, y sin que haya acabado el día tenemos ya 291 fallecidos).

El lunes o todo lo más el martes deberían haberse adoptado medidas, pero no se hizo nada. No fue hasta el viernes cuando el presidente del gobierno anunció que ¡al día siguiente! reuniría al consejo de ministros para decretar el estado de alarma. El sábado tuvimos que esperar hasta última hora de la tarde para tener la decisión sobre las medidas a adoptar que, inicialmente, se preveía que comenzarían a aplicarse el lunes, aunque finalmente tales medidas entraron inmediatemante en vigor.

La medida más significativa es el confinamiento de la población en sus casas; una medida que ya había sido adelantada por los ciudadanos de manera voluntaria a través del hashtag #YoMeQuedoEnCasa, promovido por médicos de Madrid y que pretendía concienciar a la población de la conveniencia de no salir de sus casas a fin de no extender la enfermedad.

Una situación inaudita: los ciudadanos adoptando por su cuenta medidas de contención que las autoridades no adoptan ¿cómo puede ser esto? Tendremos que volver sobre ello.

Finalmente, como se ha dicho, el sábado se declaró el estado de alarma y se publicó en el BOE el decreto que lo regula (RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19).

Causa indignación y estupor el retraso en la aprobación del estado de alarma. Como digo, era claro desde el principio de la semana que había que dar ese paso. Sin embargo no es hasta el viernes cuando el presidente anuncia que lo declarará, y no es hasta última hora del sábado que se aprueba. Ya sin contar que la decisión tenía que ser anterior, desde que el presidente del gobierno decide que ha de declararse el estado de alarma hasta que finalmente lo declara transcurren más de 36 horas. Treinta y seis horas en el desarrollo de la enfermedad, en la situación en la que nos encontramos ahora son miles de infectados y docenas de muertos. ¿Cómo es posible ese retraso?

Por lo que sabemos, hubo tensiones en el gobierno de coalición en lo que se refiere a las medidas que debían aprobarse. No tanto, parece ser, por las destinadas directamente a la contención de la infección como aquellas otras relativas al control de ciertos medios privados y a la necesidad, expresada por algunos, de que el País Vasco y Cataluña fueran excluidos del mando conjunto que, por definición, ha de constituirse en un estado de alarma.

Ciertamente, esto es de una enorme gravedad. Por una parte, se dilatan las medidas de contención por discrepancias políticas sobre el modelo de sociedad (el del PSOE y el de Podemos no son coincidentes, obviamente) y por las presiones de los nacionalistas. En este sentido, no hemos de perder de vista que en el momento de máxima tensión, en la tarde del viernes, el presidente de la Generalitat de Cataluña decidió el confinamiento de Cataluña, con el control de los accesos a la Comunidad Autónoma. Se trata de una medida que no tiene sentido epidemiológico (¿qué tiene que ver el área metropolitana de Barcelona con el Valle de Arán o la Cerdanya con el Camp de Tarragona a efectos de la contención de la enfermedad?) sino claramente político: se trataba de aprovechando la situación de crisis y descontrol hacer avanzar la pretensión secesionista visibilizando un aparente control de fronteras por parte de la Generalitat.

Esta pretensión nacionalista de reducir la presencia del Estado y transmitir que las únicas administraciones competentes en el territorio de la Comunidad Autónoma son las autoridades autonómicas está detrás de las reticencias mostradas a la declaración del estado de alarma, reticencias que han sido expresas en la reunión a distancia mantenida esta mañana por los presidentes de las Comunidades Autónomas con el presidente del Gobierno.

No entraré en los calificativos que merece esta utilización miserable de una crisis sanitaria para avanzar en el plan nacionalista. Nada que nos debiera sorprender, porque ya lo vivimos hade tres años como consecuencia del trágico atentado en las Ramblas que tuvo su continuidad con los hechos de Cambrils.

De haber conseguido su propósito de fraccionar el mando único en relación a la situación de alarma, los nacionalistas habrían conseguido avanzar significativamente en sus objetivos politicos, aunque fuera a costa de dificultar la lucha contra la enfermedad que avanza y que ahora nos mantiene en nuestras casas por no se sabe cuánto tiempo.

Así pues, esta última semana nos muestra que decisiones transcendentes para el interés general pueden retrasarse, con los costes que esto supone, como consecuencia de tensiones políticas que nada tienen que ver con la salud pública. Además, hemos estado en riesgo de que la declaración del estado de alarma se hubiera adaptado a las exigencias nacionalistas, con los efectos que ello tendría. Un riesgo que, finalmente, no se ha concretado.

III. ¿Por qué este desastre y qué hacer?

Estamos ante un desastre. No creo que haya manera de endulzar esta conclusión. La población ahora mismo está recluida en sus casas y una gran parte de la actividad económica está paralizada, además de la enseñanza y otros servicios. No sabemos cuánto tiempo deberemos permanecer así y cuáles serán las consecuencias sociales y económicas de ello. La imagen de nuestro país quedará tocada y nos costará recuperarnos en todos los aspectos, y especialmente en nuestra principal industria: el turismo.

Todo lo anterior, sin embargo, se queda pequeño ante el desastre humano: estamos hablando de miles de infectados cada día, de personas que han de ser ingresadas en centros sanitarios saturados, de profesionales que han de luchar contra una situación enormemente exigente y que puede superar -si no lo ha hecho ya- la capacidad de nuestro sistema sanitario. Y estamos hablando de muertos. No creo que sea previsible una reducción del crecimiento de los fallecidos en los próximos días. Si los efectos de las medidas adoptadas comienzan a verse dentro de una semana, habremos llegado, probablemente, a más de mil fallecidos; si se trata de dos semanas para ver los efectos los fallecidos serán ya del orden de 10.000 (fallecidos, no infectados). Ahora mismo ya hay solamente tres países con más fallecidos que nosotros en el mundo: China, Italia e Irán. En Irán el número de fallecidos aumenta del orden de un 18% diario. En España, como hemos visto, este aumento es del orden del 50% diario. Terrible, como digo.

Estas cifras dan cuenta de lo que implica un retraso de unos días. Un retraso de días en la adopción de medidas supone, en función de lo que tarden en ser efectivas, una variación de centenares o miles de fallecidos. Las siete horas del consejo de ministros de ayer costarán vidas. No podemos olvidarlo.

Ahora tenemos que ver por qué se ha producido ese desastre y qué podemos hacer.

Como hemos visto, en la primera fase, hasta hace una semana, se pecó de falta de previsión. Parecía que el asunto no iba con nosotros y que no sería preciso adoptar especiales medidas de protección. Aquí, evidentemente, hay una responsabilidad política. Quienes están al frente de los países han de ser capaces de identificar estos peligros y obrar con decisión.

Y que nadie salga con lo de los criterios científicos. Hace mucho tiempo que los científicos explicaban los riesgos de la situación y de la necesidad de adoptar medidas. Tan solo había que hacerles caso y copiar a los chinos y a los coreanos. No se hizo y, como digo, eso implica una responsabilidad política que en algún momento habrá de exigirse.

Ahora bien, también hay algo más.

Cuando hablamos de responsabilidad política, responsabilidad política ¿de quién?

Porque las competencias en materia de sanidad en España residen, básicamente, en las Comunidades Autónomas. ¿Pensarían los responsables de sanidad de La Rioja, Murcia, Madrid, Valencia o Cataluña que debían preocuparse por el coronavirus y adoptar medidas estratégicas para prevenirlo? ¿Goza el Miniserio de Sanidad de las competencias y medios suficientes para afrontar una crisis como ésta? No lo sé, pero mi intución, como veremos enseguida, es que no a las dos cosas. Esto es, ni la mayoría o todas las Comunidades Autónomas asumen que su competencia en materia de sanidad llega a preparar con antelación situaciones como ésta ni el Ministerio de Sanidad goza de las competencias suficientes como para afrontarlas. Recordemos esa imagen tan gráfica de la semana pasada: España es el único país de la Unión Europea en el que la información sobre el coronavirus no estaba centralizada

Esto, por tanto, explicaría la falta de acción en aquellos meses de enero y de febrero que eran tan importantes.

Y creo que se confirma con lo pasado en los últimos diez días. La situación en Madrid es crítica, pero ¿quién adopta las medidas necesarias? A comienzos de esta última semana hemos visto cómo las Comunidades Autónomas iban adoptando medidas -y las corporaciones locales- sin que se tuviera claro siquiera si realmente tenían las competencias para ello. En Cataluña se llegó a decretar el aislamiento de la Comunidad ¿puede decidir eso un gobierno autónomico? ¿lo puede decidir el Ministro de Sanidad?

Creo que la semana que hemos perdido hasta la adopción del estado de alarma es en buena medida culpa de esas dudas entre el ámbito de responsabilidad autonómico y central.

Así que una lección que hemos de aprender es que hemos de delimitar bien las competencias autonómicas y central y atribuir al Estado los medios suficientes como para afrontar crisis como éstas. Si el único recurso que le queda al gobierno central para abordar un tema como éste es el estado de alarma es que, quizás, nuestra arquitectura competencial es mejorable.

Personalmente, incluso, abogaría por la recuperación de la competencia en materia de sanidad por el Estado, lo que no sería incompatible con cierta competencia de gestión por las Comunidades Autónomas; pero admito que es un tema discutible. En lo que no creo que haya duda es que lo sucedido obliga a analizar con detalle los papeles y medios del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de sanidad; y deja claro que pretender que el Ministerio de Sanidad sea solo una fachada para coordinar competencias autonómicas es una muy mala opción.

Pero todavía hay más.

Llevo años insistiendo en que los partidos nacionalistas utilizan las competencias autonómicas no con el fin de darles cumplimiento en el marco de un Estado complejo, pero unido, como es España según del diseño constitucional; sino para debilitar el Estado y avanzar hacia la secesión. En el caso de Cataluña es tan evidente que hasta se ha declarado la independencia.. varias veces.

La crisis del coronavirus ha vuelto a mostrarlo. Tal como ya he adelantado, en el momento de máxima debilidad para el país; cuando el viernes se había anunciado la declaración del estado de alarma, pero ésta aún no se había concretado, en medio de una crisis que, por lo pronto, impide que pueda salirse a la calle, el gobierno de la Generalitat ha actuado de nuevo deslealmente rebelándose contra una actuación del gobierno de España que es claramente legítima desde la perspectiva constitucional -donde se prevé el estado de alarma que luego se regula con más detalle en la Ley Orgánica 4/1981- y planteando dudas sobre su aceptación de las medidas adoptadas.

Y esto cuando estamos en medio de una pandemia que cuesta vidas cada día.

Esta actitud desleal en un momento como éste debería tener consecuencias políticas y, en primer lugar, desconfiar de cualquier cesión competencial que acabe beneficiando a gobiernos autonómicos que utilizarán dichas competencias no con el objeto de perseguir el interés general, sino para debilitar al Estado hasta llegar a la secesión.

Se trata, además, de una actitud que contribuye decisivamente a dividir a la población. No me extenderé mucho en este punto, pero no puedo dejar de señalar que el sábado muchos vivimos horas de angustia ante las noticias de que el estado de alarma que pudiera decretar el gobierno podría dejar fuera Cataluña y el País Vasco, tal como parecía que era la pretensión de los nacionalistas y de Podemos.

Preocupados como estábamos por el coronavirus se nos añadía otra angustia: el vernos abandonados por la administración española en manos de quienes hacen expreso que tan solo están esperando el momento oportuno para romper sus vínculos con España. El que al final el estado de alarma sea para todo el Estado igual supuso un enorme alivio para nosotros.

Ahora bien, precisamente por la división existente ese alivio nuestro se convirtió en rabia o angustia para los nacionalistas, quienes por medio del estado de alarma ven como ese Estado al que detestan se hace más presente en Cataluña y aleja esa ilusión de una Cataluña independiente. Os puedo asegurar que les entiendo, puesto que me imagino que están pasando por la misma angustia y rabia por la que pasaría yo de haber cedido el gobierno a las pretensiones de quienes querían una excepción para Cataluña y el País Vasco. Lo dejo aquí, porque en este caso lo vivido no es más que una manifestación más de esa profunda división en Cataluña que tanto daño nos hace, una división que cada nueva deslealtad de los nacionalistas hace más profunda.

IV. Conclusión

De lo que hemos visto se pueden extraer algunas conclusiones.

1) Debemos aprender que hemos de atender a las señales de peligro que nos lleguen desde el exterior y actuar con previsión y rapidez.

2) Hemos de fortalecer las competencias del Estado en materia sanitaria

3) Se ha de exigir a los políticos responsabilidad por sus retrasos y negligencias.

4) Hemos de desconfiar de los nacionalistas que ni siquiera en los momentos más difíciles son capaces de dejar de lado sus pretensiones de división sin importarles el coste en vidas y salud que eso pueda suponer.