Indultos, convivencia y justicia

El indulto es una medida de gracia individual; ahora bien, es claro que cuando hablamos de los indultos a los implicados en el intento de derogación de la Constitución en Cataluña en el año 2017 hay una innegable dimensión política. Así lo ha dejado claro el presidente del gobierno cuando vinculaba dichos indultos a la recuperación de la convivencia y la concordia en Cataluña. Estoy de acuerdo, creo que estos indultos han de ser valorados en clave política, precisamente desde esa perspectiva, veremos como no ayudan nada a recuperar la convivencia y la concordia y, al revés, profundizan en la fractura de la sociedad catalana, debilitan la Constitución y ayudan a quienes no solamente quebraron la ley y desobedecieron a los tribunales, sino que insisten en que volverán a hacerlo.

En general soy escéptico con la figura de los indultos. No tanto, sin embargo, como el PSOE, quien los rechaza expresamente en su código ético.  

Sin llegar a ese extremo, creo que el indulto debe reducirse a casos excepcionales en los que la aplicación estricta de la ley lleva a situaciones que de una manera generalizada se ven como indeseables. La excepcionalidad se explica porque el indulto implica que el poder ejecutivo modifica lo resuelto por los jueces y, por tanto, implica que la justicia ya no es estrictamente igual para todos.

Cuando el indulto tiene motivaciones políticas aún resulta más delicado. El indulto aquí implica (o puede implicar) que se de preferencia a unas ideologías sobre otras. Pienso, por ejemplo, en que se indultara a quienes irrumpieron hace unos años en la biblioteca Blanquerna para interrumpir un acto organizado por la Generalitat en Madrid, se pensaría, seguramente, que ese indulto denotaba alguna forma simpatía con los planteamientos políticos de los violentos. Si el poder público es utilizado para paliar las consecuencias penales de los delitos cometidos por quienes defienden determinadas opciones políticas mientras se exige el cumplimiento íntegro de las penas para quienes delinquen con el propósito de obtener otros objetivos políticos se está utilizando de forma partidista y, por tanto, al margen del interés general, la facultad de gracia.

Una consecuencia de lo anterior es que quienes sostienen posiciones políticas que no se corresponden con las de quien tiene la facultad de indultar pueden sentirse amenazados por la posibilidad de que sus rivales políticos utilicen medios ilegales para conseguir sus fines sabiendo que en caso de que haya condenas el gobierno les indultará.

Esa es, precisamente, la situación en Cataluña, tal como veremos enseguida; pero antes hemos de detenernos en uno de los argumentos empleados ayer por Pedro Sánchez para ir preparando el terreno para los indultos. El presidente del gobierno da a entender que quien se opone a los indultos busca venganza o revancha. La afirmación parte de un error de ciertas dimensiones, el de considerar que una sentencia judicial es venganza o que el mantenimiento de la misma es revancha. Nada más lejos de la realidad y poca idea tiene el presidente del gobierno de la función del Derecho Penal en un Estado de Derecho cuando sostiene esto. El Derecho Penal no busca la venganza, sino la reinserción del delincuente y que la pena cumpla una función disuasoria, tanto para el individuo que ha delinquido como para el resto, que tendrán en la condena penal un fuerte incentivo para no infringir la ley.

Dado que estas son las funciones del Derecho Penal, la alteración de las mismas mediante una actuación del gobierno ha de ser cuidadosamente meditada. Esto es, si el indulto conduce a dificultar la reinserción del delincuente o pone en riesgo la función de prevención general será desaconsejable. Es por esto que, como se adelantaba antes, debería ser absolutamente excepcional.

Desde esta perspectiva creo que puede analizarse con más claridad la situación que se abre con el indulto a  los condenados por los hechos de septiembre y octubre de 2017.

Tal como se indicaba al comienzo, no hay duda de que tanto los delitos cometidos por estos como la valoración del indulto ha de hacerse desde una perspectiva política. Lo asume así el presidente del gobierno y lo asumimos, creo, casi todos.

La situación política que tenemos ahora en Cataluña es que quienes gobiernan se muestran orgullosos por lo que hicieron en 2017, hasta el punto de poner el nombre de "1 de octubre" a las plazas, colocar carteles recordatorios en los colegios y rendir homenajes a los condenados y a quienes han huído de la acción de la justicia. El gobierno de la Generalitat está presidido por alguien apadrinado por Oriol Junqueras que hace expreso que su objetivo es la independencia y que no ha renunciado a las vías unilaterales. El acuerdo de gobierno firmado por ERC con Junts es una declaración expresa de cómo se pondrán las instituciones públicas al servicio de fines ilegales y el propio acuerdo ha sido supervisado por algunos de los condenados por los hechos de hace cuatro años.

No parece, por tanto, que el indulto se enmarque en una vía de reinserción. Nada indica que los condenados están arrepentidos de lo que hicieron y que reconducirán su actuación en el futuro. Al contrario, todo parece indicar justamente lo opuesto a una asunción de responsabilidades y a un propósito de enmienda.

Esto en lo que se refiere a la reinserción; pero queda la función de prevención general. Esto es, el papel de la pena como desincentivadora de actuaciones delictivas y, por tanto, como mecanismo de protección de la sociedad y de la seguridad juridica. Este es un aspecto que no puede analizarse sin tener en cuenta la profunda división de la sociedad catalana.

En Cataluña, como es sabido, existe una profunda fractura entre quienes desean la independencia y quienes la rechazan. 

La sociedad catalana es una sociedad carente de consensos y en esas circunstancias el único elemento que garantiza la paz social es el respeto a la ley. Si una parte de la sociedad se cree liberada de la ley ¿qué puede hacer la otra parte? O bien incumplir también la ley o someterse a la primera. Esta es la terrible disyuntiva de la sociedad catalana, en la que una parte de la misma, que incluye a la mayoría de las autoridades públicas, actúa de manera arrogante al margen de la ley; lo que se aprecia no solamente en la forma en que se gestionaron los acontecimientos de 2017, sino en el permanente incumplimiento de las obligaciones constitucionales sobre la presencia del castellano en la escuela o en la falta de neutralidad de las administraciones públicas, que colocan en edificios y otros lugares de titularidad pública símbolos en apoyo del nacionalismo.

Es por lo anterior que las condenas a los líderes del intento de derogación de la Constitución en 2017 fueron tan importantes para el constitucionalismo catalán. No por venganza o revancha, sino porque constantemente nos sentimos amenazados por un poder público que cada día nos recuerda que volverá a intentar convertirnos en extranjeros en nuestro país, apropiarse de nuestros datos personales y utilizar las escuelas como instrumento político.

Se entiende así mejor, quizás, lo que implican los indultos para esos mismos constitucionalistas. Suponen que el gobierno de España alienta esos comportamientos antidemocráticos que sufrimos cada día, y que se pone del lado de quienes vulneraron la ley; y, además, lo hace porque entiende que eso es lo que mejor sirve a la convivencia en Cataluña.

Por lo que se ha dicho antes, una convivencia basada en favorecer a quienes incumplieron la ley, la siguen incumpliendo y reiteran que la volverán a incumplir no es convivencia, sino sometimiento; un sometimiento alentado por el propio gobierno de España.

El gobierno debería entender que lo que exigimos muchos no es venganza ni revancha -estamos muy lejos de encontrarnos en una situción de ventaja que nos permita jugar con esas palabras- sino justicia, la justicia que es paso inevitable para la paz y la concordia.

Se equivoca profundamente el gobierno si cree que alentar a los delincuentes y humillar a las víctimas es base para la concordia.