Apreciado Javier,
te felicito por tu próximo nombramiento como rector de la UAB. Deseo que tu gestión sea excelente, lo que beneficará a todos los que formamos parte de la universidad.
He leído el programa que tú y tu equipo presentáis en estas elecciones. El programa creo que dice mucho, no solo de lo que se quiere hacer -al final se hará lo que se pueda ¡tantas cosas en el programa que veo repetidas elección tras elección!- sino, sobre todo de cómo se ve y entiende la universidad de la que se asumirá la máxima responsabilidad. Un diagnóstico acertado es imprescindible para identificar y resolver los problemas de cualquier institución.
En este sentido me llama la atención que el programa eluda un problema serio que padece la UAB y que no debería dejar indiferente a ningún miembro de la comunidad universitaria y menos a quienes aspiran a gestionarla.
Me refiero a las vulneraciones de derechos fundamentales de miembros de la comunidad universitaria que ya han sido declaradas por sentencia firme de los tribunales. Como seguramente sabes, hace dos años los tribunales establecieron que decisiones del equipo de gobierno de la UAB habían vulnerado los derechos fundamentales de los estudiantes a no ser discriminados por razón de pensamiento, a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y al derecho a la educación. El tema, por su propia naturaleza, no puede ser considerado como anecdótico o irrelevante (estamos hablando de vulneración de derechos fundamentales); pero es que, además, llevó a un pronunciamiento del Consejo de Gobierno de la UAB; un pronunciamiento en el sentido de amparar al equipo de gobierno y cuestionar a los estudiantes que habían visto vulnerados, repito, sus derechos fundamentales.
Como quizás recuerdes, esta vulneración afectaba a los estudiantes del colectivo Joves SCC-UAB, quienes habían sido expulsados del directorio de colectivos de una manera que, como han establecido los tribunales, era ilegal.
El tema, como digo, no es anecdótico; pero es que además no puede ser consierado como puntual. Los estudiantes tanto del colectivo Joves SCC-UAB como los de la asociación S'ha Acabat! han visto sistemáticamente vulnerado su derecho a expresarse con libertad en el campus, acosados y boicoteados por grupos de estudiantes que se autodenominan "Plataforma Antifeixista de la UAB" y que tienen vínculos evidentes con colectivos como el SEPC-UAB. La actitud del equipo de gobierno hasta ahora ha sido la de tolerar esos boicots y ataques, sin que se hayan producido ni siquiera declaraciones públicas inequívocas de condena a quienes boicotean y de amparo a quienes son atacados y boicoteados.
Esta actitud de tolerancia, como mínimo, por parte del equipo de gobierno a colectivos que utilizan la coacción para impedir que otros estudiantes se expresen libremente en el campus no puede dejar de conectarse con una toma de postura partidista del equipo de gobierno que ya ha merecido el reproche de la administración electoral y que se identifica plenamente con la que se aprecia en otras universidades, en concreto la Universidad de Barcelona, que ha visto cómo los tribunales han declarado que su apoyo explícito a las posiciones políticas nacionalistas vulneraba los derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad universitaria. Me refiero aquí a los manifiestos aprobados por los claustros de la mayoría de las universidades catalanas en protesta por la sentencia que condenaba a los implicados en el intento de derogación de la constitución en Cataluña en el año 2017 y que fue recurrido en el caso de la Universidad de Barcelona con el resultado que acabo de indicar: la aprobación de ese manifesto suponía una vulneración del derecho a la libertad ideológica, del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la educación de los miembros de la comunidad universitaria. Dado que en la UAB se aprobó un manifiesto equivalente, pese a que en el caso de nuestra universidad nadie hubiera acudido a los tribunales a impugnar dicho manifiesto, es claro que se le pueden atribuir los mismos reproches que los que los tribunales realizan a la UB.
Y cuando menciono las advertencias de la administración electoral, me refiero a las reiteradas instrucciones de las juntas electorales, dirigidas de manera expresa a nuestra universidad, en el sentido de que los edificios de la misma estén libres de simbología partidista, al menos durante el período electoral. Es bueno, además, recordar, que la obligación de neutralidad de la universidad, como administración pública que es, se extiende más allá del período electoral, sin que hasta ahora se haya realizado ningún intento para convertir esta neutralidad en real, pese a las múltiples peticiones en ese sentido de varios miembros de la comunidad universitaria (incluido yo mismo).
No estamos hablando de formalismos o abstracciones, sino de derechos fundamentales de concretos miembros de la comunidad universitaria que han sido vulnerados por los órganos de gobierno de la misma. El tema, como digo, es grave; pero es que, además, en el fondo supone una discriminación hacia quienes disienten del nacionalismo y el amparo a quienes lo apoyan que se traduce también en la tolerancia hacia actitudes violentas y coactivas que perturban gravemente la vida del campus.
La última de estas actitudes violentas y coactivas la vivimos ayer, cuando un grupo reducido de encapuchados bloqueó los accesos a la universidad y los mantuvo cerrados al menos durante toda la mañana.
Este es un tema que, me parece, merece una reflexión profunda. Evidentemente, no es posible -seguramente- prever con antelación que grupos organizados de saboteadores coloquen barricadas en el campus. Ahora bien, aún admitiendo lo anterior -la imposibilidad de prever tal cosa- lo que ya no resulta admisible es que la actitud ante la coacción y el sabotaje sea contemporizar y dejar pasar el tiempo sin adoptar medidas para devolver la normalidad al campus. Si se establecen barricadas la policía ha de actuar para levantarlas, se ha de proceder a identificar a quienes limitan los derechos de los demás y, en su caso, iniciar las acciones legales correspondientes para que se garanticen los derechos de todos.
Tolerar que unos utilicen la fuerza para impedir que los otros ejerzan sus derechos, permitirles ocupar el campus, boicotear a quien le disgusta y ocupar las paredes de los edificios públicos con su propaganda es profundamente antidemocrático, pero también una humillación intolerable para los miembros de la comunidad universitaria que disienten de los planteamientos de quienes gozan de este amparo institucional.
Desde luego, una humillación agravada para quienes no solamente es que disienten de los planteamientos de los violentos, sino de quienes han sido víctimas, en el propio campus, de sus actuaciones.
Llevamos demasiados años en la UAB en una situación de excepcionalidad, que se traduce en que los violentos determinan cuándo se va a clase y cuándo resulta imposible acceder a las aulas, en el que estos mismos violentos deciden quién puede expresarse en el campus y quién no, y en el que se tolera que los edificios que son de todos sean ocupados por su propaganda; una situación de excepcionalidad democrática que implica que los órganos de gobierno hayan abandonado su obligación de neutralidad para apoyar posiciones nacionalistas. Una situación de excepcionalidad que ha llevado, y es una imagen perfecta del punto en el que nos encontramos, en el que el Consejo de Gobierno de la universidad muestra su apoyo a la vulneración de los derechos fundamentales de los estudiantes que disienten del nacionalismo y cuestiona que estos acudan a los tribunales a exigir la garantía de sus derechos.
Ahora serás el rector de la UAB. Asumirás responsabilidades en ámbitos muy variados Desde la calidad de la docencia a la promoción del profesorado, desde las políticas de apoyo a la investigación a la facilitación de la transferencia a la sociedad. Deberás buscar vías de internacionalización de nuestra universidad y maneras de apoyar a los estudiantes con menos recursos para que no se vean expulsados de la educación superior como consecuencia de los delicados momentos que vivimos y que llevamos padeciendo desde hace años.
Son muchas tus tareas y desafíos; pero me parece que una de ellas ha de ser evitar que la universidad siga perdiendo calidad democrática, impedir que los violentos se impongan a los pacíficos, devolver la neutralidad a la institución, dar satisfacción a quienes han visto vulnerados sus derechos, impedir que esto se repita en el futuro y conseguir que nadie se sienta excluido de la comunidad que formamos todos los que somos UAB.
Un saludo atento,
Rafa
Dr. Rafael Arenas García
Catedrático de Derecho internacional privado
Universitat Autònoma de Barcelona
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