De nuevo sobre la monarquía

Poco después del discurso de navidad del rey, "El Español" realizó una encuesta sobre la opción "monarquía/república" con un resultado muy claro a favor de la primera

Casi un 67% de los españoles optan por la monarquía, mientras que menos de un 30% lo hacen por la república. Ahora bien, hay otro dato interesante. Mientras que en el conjunto del país el apoyo a la monarquía es claro, entre quienes apoyan a los tres bloques que forman la mayoría de gobierno (PSC/PSOE, Podemos y nacionalistas) la opción preferida es la república. Con relativamente poca diferencia en el caso del PSOE (51 por ciento a favor de la república y 45% a favor de la monarquía), pero con mucha en el caso de Podemos (más de un 80% a favor de la república) y de los nacionalistas (más de un 73% a favor de la república).

Es decir, tenemos un país claramente monárquico gobernado por republicanos. Esto, en sí, no debería ser un problema, pero se convierte en tal cuando ese gobierno utiliza su posición para debilitar a la monarquía. Y eso es lo que está haciendo, como se vio con mucha claridad cuando se le negó al rey estar presente en el acto de toma de posesión de los nuevos jueces en Barcelona. Me ocupaba de ello en un vídeo de hace unas semanas

Y es un problema porque esa campaña contra la monarquía desde el poder y también desde ciertos medios de comunicación -algunos públicos-, al dirigirse a un país mayoritariamente monárquico lo que provoca es tensión y división. Existe un sentimiento difuso, pero cada vez más sólido, de una actuación injusta por parte del gobierno. Y es injusto porque quiene gobierna puede -y debe- llevar adelante su programa electoral, pero no puede modificar los consensos sobre los que se asienta nuestro sistema político por vías diferentes de la reforma constitucional. Esto es, un presidente (o un vicepresidente) del gobierno pueden ser legítimamente republicanos; pero mientras el jefe del estado sea un rey, en el ejercicio de sus funciones han de actuar como monárquicos. Y están plenamente legitimados, como cualquier otro, para instar la modificación de la constitución y convertir a España en una república; pero mientras eso no suceda el rey ha de tener el papel que le corresponde como jefe del estado y no puede ser arrinconado por el mismo gobierno que prometió su cargo ante él.

En el caso de España, además, el ataque al rey se vincula muy claramente con el cuestionamiento global de la constitución de 1978 que es explícito en Podemos y en los nacionalistas y que muchos tememos que alcance también al PSOE, llevado aquí de la mano del PSC, quien no ha tenido problema en apoyar iniciativas destinadas a debilitar a la corona. Este cuestionamiento no implicaría solamente cambiar la forma política de España; lo que ya es muy relevante, como veremos enseguida; sino que también va unida a la regulación del derecho de secesión de las comunidades autónomas, lo que, obviamente, supondría una transformación profunda de lo que ahora es España.

A lo anterior aún se añadiría un cambio en la arquitectura política global, restando importancia a la división de poderes y al respeto a los derechos fundamentales. En lo primero, el intento del partido socialista y de Podemos de cambiar la forma en que se designaría a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, conviritiendo a este órgano en una sucursal del gobierno más que del parlamento, y que ha sido parado por la rápida actuación de la Unión Europea, nos indica cuál podría ser el modelo de país que sustituiría al que ahora tenemos. En lo que se refiere al respeto a los derechos, es constante la vulneración de los mismos por parte de las instituciones controladas por los nacionalistas sin que esa vulneración haya llevado a la construcción de políticas orientadas a la garantía de los mismos (neutralidad de las instituciones, derechos lingüísticos de los castellanohablantes, derecho a la participación política, entre otros). Al revés, en algunos casos se ha apoyado explícitamente esa vulneración de derechos como ha sucedido recientemente con la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Educación, orientada -la reforma- a consolidar el sistema de inmersión lingüísitica obligatoria en catalán que ya ha sido declarado por los tribunales como contrario a la constitución.

Es por lo anterior que el debate entre monarquía y república no es en absoluto formal. Para muchos, el debate no es más que una manifestación de otro más profundo entre un sistema político basado en la división de poderes, la garantía de los derechos de todos y el mantenimiento de la integridad territorial del estado, y otro modelo en el que el poder ejecutivo tendría amplios poderes, los derechos fundamentales no estarían garantizados cuando perjudican a quien detenta el poder y en el que la unidad territorial del estado podría quebrarse conduciendo España a la balcanización.

Como digo, los dos debates están conectados puesto que un cambio en un elemento esencial de la constitución de 1978 como es la forma política del estado, podría facilitar la introducción de otros cambios en línea con lo defendido por los partidos que forman actualmente la mayoría de gobierno en España.

Y esto nos conecta con el último punto del que quería ocuparme: la diferencia entre monarquía y república no es meramente formal. Si bien desde un planteamiento formalista la república sería un sistema político más democrático y moderno, pues estaría libre de ese residuo medieval que es el monarca, que adquiere su posición por herencia, lo que es, sin duda, muy poco racional, lo cierto es que la realidad es un poco más compleja cuando se considera en su contexto histórico.

Las repúblicas modernas nacen a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX por el mecanismo de sustituir la figura del rey por la de alguien elegido por los ciudadanos o por una parte de ellos; pero que en buena medida asumiría el papel que tenían los reyes en el Antiguo Régimen. Ciertamente, se pueden establecer contrapesos al poder del presidente; pero en esencia nada impide que una república sea un estado en el que no se respetan los derechos de las minorías ni la división de poderes.

La monarquía parlamentaria, en cambio, sigue una evolución distinta: el rey se mantiene como jefe del estado, pero progresivamente se le van limitando poderes hasta convertirlo en una figura puramente simbólica (lo que no quiere decir que no sea importante; los símbolos importan, e importan mucho). De esta forma el conjunto del sistema descansa en esos principios democráticos que van mucho más allá de las elecciones libres y que incluyen también el respeto a la ley, la división de poderes y la garantía de los derechos fundamentales. Al haber reducido el jefe del estado a un mero símbolo es más difícil que nadie se apropie de más facultades de las que le tocarían en ese equilibrio delicado que es toda democracia moderna.

De acuerdo con lo anterior, por tanto, no debería sorprender que entre las 20 democracias plenas del mundo, 10 son monarquías y 10 son repúblicas, mientras que entre los 20 países menos democráticos del mundo, 19 son repúblicas y solamente uno es una monarquía

Así pues, el debate entre monarquía y república es más profundo de lo que a veces parece. Es un debate que afecta a las libertades y a la integridad del estado. Es por eso que es tranquilizador que el apoyo a la monarquía sea alto, y también que el rey haya transmitido que su compromiso con todos, con la constitución y con España es firme. Eso no puede querer decir otra cosa diferente de que no va a tirar la toalla, que se mantendrá en su puesto y que, por tanto, la única forma de poner fin a la monarquía parlamentaria en España será por una reforma de la constitución.

Quien se anime a esa reforma que la proponga, y mientras no se produzca, aténganse todos, y el primero el gobierno, presidente y vicepresidentes incluidos; a esa constitución, incluido su artículo 1.3

Lo que piensan los nacionalistas sobre la lengua en Cataluña

Recomiendo el visionado de esta tertulia del programa "Obrim fil" sobre la situación de las lenguas en Cataluña.

Es un debate en el que se aprecia claramente la divergencia entre los planteamientos nacionalistas sobre este tema y los que defienden la convivencia entre las lenguas en Cataluña.

La frase anterior no pretende ser provocativa, sino una descripción de los elementos esenciales del debate en el que estamos inmersos. En este debate los nacionalistas optan por una Cataluña identificada con el idioma catalán en el que esta lengua sería, a efectos prácticos, la única lengua oficial, en el sentido de que sería la lengua de la escuela y de la administración y una lengua con una presencia mayoritaria en el ámbito público, lo que se conseguiría mediante políticas de sanciones para quienes no la utilicen y otros mecanismos de limitación de utilización del castellano, la lengua mayoritaria actualmente en Cataluña. Lo anterior, sin embargo, no impediría una presencia residual del castellano, reconociéndose la legitimidad de su uso por parte de las personas de más edad, manteniéndose su enseñanza como lengua extranjera en las escuelas y, probablemente, reconociendo también una utilización limitada del mismo por los usuarios de la administración.

Frente a este planteamiento, quienes no comparten las propuestas de los nacionalistas, defenderían que se reconociera que el castellano no es una lengua "impropia" de Cataluña, sino que tiene que ser asumida también como lengua de los catalanes, reconocida su utilización en la escuela y en las administraciones, rechazándose que pueda imponerse la utilización del catalán en el ámbito privado. No se admitiría, por tanto, que se establezcan sanciones para quien rotula en castellano, y los medios públicos de comunicación tendrían que utilizar también el castellano junto con el catalán.

A mí me parece que tan solo el segundo planteamiento puede considerars como uno que busca la convivencia. El primero hace expresa su voluntad de reducir, arrinconar y limitar el uso del castellano, por lo que difícilmente, a mi juicio, puede considerarse como una vía para la búsqueda de la convivencia y no lo que parece, un programa supremacista.

Quizás quien haya llegado hasta aquí piense que cuando describo las posiciones de los nacionalistas incurro en exageraciones o distorsiones. Y es por eso que recomiendo el visionado del programa, porque ahí verán claramente expresadas las grandes líneas que enumeraba antes. Hace un par de párrafos decía que los nacionalistas defienden:

1- Tan solo el catalán es lengua de Cataluña.

2- La escuela ha de ser en catalán porque solo el catalán es la lengua de Cataluña.

3- Ha de sancionarse a quienes rotulan en castellano (expulsión del castellano del ámbito público).

4- Han de desarrollarse políticas para limitar el uso del castellano en el ámbito privado.

5- Qudarían excluidas de esta necesidad de utilización del catalán las personas de cierta edad.

Estos puntos quedan reflejados en las declaraciones de los nacionalistas que intervinieron en el progama.

1- Sobre el catalán como única lengua de Cataluña:

"Los territorios sí que tienen lengua" (Enric Gomà).

"El catalán es lengua de cohesión porque es la lengua propia del país" (Enric Gomà).

"Aspiro a que el catalán sea lengua societaria". (Enric Gomà). 

2- Sobre que la escuela sea en catalán porque solo el catalán es la lengua de Cataluña:

"Que a los patios se hablara en catalán sería un gran avance" (Enric Gomà).

"La lengua propia de Cataluña es el catalán y por eso se estudia en catalán en las escuelas" (Estel Solé).

3- Sobre la necesidad de que el catalán se imponga al castellano y lo vaya desplazando:

"Las personas no son adversarias, pero las lenguas... las hay dominantes y minorizadas". Sí, el catalán y el castellano son adversarios (Marius Serra).

"Tenemos que distinguir entre el castellano como lengua de las personas y el castellano como lengua de poder" (Enric Gomà).

"¿Piensas que se ha de descastellinizar Cataluña?" (Xavier Sardà). "Naturalmente" (Enric Gomà).

Estoy a favor de imponer que el catalán sea un requisito para hacer determinadas cosas (Enric Gomà)

"No es una guerra contra nadie en concreto, sino ver los espacios que ocupa una lengua en una sociedad"" (Enric Gomà).

4- Sobre la necesidad de políticas para limitar el uso del castellano en el ámbito privado:

Imponer multas a quienes ponen un rótulo que ponga "Restaurante" y no "Restaurant" es una manera de impulsar la presencia del catalán en el espacio público (Enric Gomà).

"Concienciar a los jóvenes de que no se pasen al castellano. Que lo que puede ser en catalán no lo hagan en castellano" (Jordi Cartanyà)

5- Sobre la legitimidad de que las personas mayores puedan seguir usando el castellano:

"Cuando una persona es mayor y ha tenido la vida que ha tenido y ha trabajado mucho, sabe la lengua que sabe y ya está".

Este es el planteamiento nacionalista, y quien lo cuestiona "politiza":

"Quienes han politizado la lengua son quienes han puesto el castellano como lengua perseguida en Cataluña. Y eso lo ha hecho Cs" (Marius Serra).

Quizás piensen que descontextualizo las frases anteriores pueden ver el programa entero. Creo, sinceramente, que de ese visionado completo resultará todavía con más claridad el supremacismo nacionalista que de la selección -moderada- de citas que aquí hago.

Entiendo que los nacionalistas pretendan conseguir que su lengua sea mayoritaria; pero para ello no les queda más camino que conseguir que quienes ahora utilizan el español en Cataluña cambien esa lengua por el catalán. Para eso tienen varias vías, pero optan claramente por utilizar el poder público: obligar a las escuelas a utilizar el catalán como única lengua vehicular, multar a quienes rotulan en castellano, exigir el conocimiento del catalán incluso para actividades que no tengan relación directa con la lengua, imponer el catalán en los medios públicos de comunicación y presionar a todos para que cambien su lengua.

No exagero, es lo que se desprende de lo que vemos en este programa y de los que se deriva de otros muchos testimonios o documentos.

Ante esto mi pregunta es ¿podemos permanecer impasibles? ¿nos parece razonable que se utilice el poder público para incidir en algo tan personal e íntimo como la lengua en la que uno se expresa? ¿hemos de renunciar a cuestionar este programa de ingeniería social que tiene como objeto limitar la utilización de la lengua oficial en toda España y materna no solamente de la mayoría de los españoles, sino de la mayoría de los catalanes?

Yo creo que no, que no es legítimo permanecer impasibles y que hemos de denunciar la utilización del poder público para cambiar la lengua que utilizan las personas.

En eso estamos y animo a que todos se comprometan en ello.

Rectificaciones

Leo con estupor el acto de contricción de Mónica Andrade, Vanesa Jiménez y Miguel Mora, director y directoras adjuntas del semanario digital CTXT, con motivo de la publicación de un artículo de opinión sobre la discriminación del castellano en la Universidad catalanas ("¿Cómo se dice xenofobia en catalán?", de Bruno Bimbi).

 

 

 

 

Me constaba que se había montado cierto revuelo a cuenta del mencionado artículo; pero reconozco que no lo había leído y tan solo me había percatado de algunos titulares que comentaban el acoso en redes al autor. Sabía, sí, que el tema era la denuncia de que en un curso de una Universidad catalana ninguno de los muchos grupos que se ofrecían incluía docencia en castellano, pese a que se había publicitado que sí habría docencia en ese idioma. No conocía, sin embargo, nada más y ni siquiera sabía de qué cursos hablaban o a qué Universidad se refería el artículo. Sin embargo, cuando llegó a mis manos el enlace a una tribuna que comenzaba afirmando "Por qué CTXT no debió publicar la tribuna "Cómo se dice xenofobia en catalán" ya no pude resistir la tentación de entrar en el tema.

La tribuna comienza repasando los insultos sufridos por el autor del artículo, un periodista latinoamericano y activista gay al que, según explican el director y directoras adjuntas de CTXT, fue calificado de "puto", "lacra" y "sudaca", no solo desde cuentas anónimas, sino también personas reales. Una auténtica muestra de intolerancia mezclada con homofobia y xenofobia debería, a mi juicio llevar a una condena rotunda y a una cierta reflexión sobre cómo es posible una reacción como esa en una sociedad abierta, moderna y tolerante. Sobre todo -y me coloco ahora en la posición en la que podrían colocarse los responsables de CTXT- en el marco de un medio claramente progresista e identificado con los valores que asume la denominada izquierda (el presidente de honor del consjeo editorial de CTXT es Noam Chomsky). La tribuna de Mónica Andrade, Vanesa Jiménez y Miguel Mora, sin embargo, despacha todo esto en una frase de nueve palabras: "Para todos los que hacemos CTXT, esto es inadmisible". "Esto" es el "torrente de ataques" sufridos por Bruno Bimbi como consecuencia del artículo publicado. Como puede apreciarse, los responsables del medio han optado quizás por la condena más liviana posible a tales ataques; pero no contentos con ello la hacen seguír de una locución preposicional que -diría- cumple la función de una conjunción adversativa ("... es inadmisible, más allá de las críticas legítimas que puedan hacerse al artículo"). A continuación se indica que fue un error publicar la contribución de Bruno Bimbi.

O sea, que el artículo puede ser objeto de críticas legítimas, tantas que el director y directoras adjuntas admiten que no debería haberse publicado; aunque eso no quita que sea inadmisible calificar al autor de "puto", "lacra" y "sudaca".

No hemos pasado del primer párrafo de este escrito de penitencia y ya la náusea invade al lector mejor predispuesto ante el ejercicio de hetero y autohumillación que se está desplegando ante él.

Acto seguido, el director y directoras adjuntas de CTXT comparten con nosotros que son una redacción pequeña y que cuentan con colaboradores habituales que escriben según su criterio -vamos, que nadie se lee lo que envían, parece indicar- entre los que se encuentra Bruno Bimbi, quien normalmente escribe sobre América Latina, pero que el 24 de noviembre -que la fecha concreta quede fijada siempre es importante en las actas de los tribunales- remitió un escrito sobre ciertos conflictos lingüísticos en las Universidades catalanas (aquí no reproduzco literalmente la columna de Andrade, Jiménez y Mora).

Me llama la atención que en  la tribuna de flagelación propia, y también de escarnio del señor Bimbi, se indique que el artículo de este era una columna de opinión que relataba una vivencia personal y hacía consideraciones subjetivas. Esto es importante, porque en los siguientes párrafos se critica esta aproximación y el equipo directivo de CTXT incide en la necesidad de que los periodistas no se centren en sus vivencias personales, cuestiona el valor informativo de la pieza y plantea que Bimbi debería haber concretado cuándo pasó lo que denuncia, en qué Facultad, en qué curso, etc.

Supongo que el señor Bimbi no debería tener grandes dificultades en detallar esos datos; pero mi extrañeza va más allá, puesto que lo que se estaba valorando no era una noticia, sino un artículo de opinión. Que se cuestione que en los artículos de opinión se viertan apreciaciones subjetivas me parece bastante llamativo. No soy periodista, pero la distinción entre información y opinión creo que forma parte de la cultura general. Cualquier lector de periódicos sabe que en las columnas de opinión se vierten apreciaciones subjetivas y que no es infrecuente que tales columnas comiencen con una anécdota personal. Soy lector de columnas de opinión desde que era niño y recuerdo algunas de Umberto Eco en las que incluía recurdos de su servicio militar; me viene a la cabeza otra de Vargas Llosa donde relata un viaje a no sé que isla exótica y para qué hablar de las de Javier Marías en El País cada domingo, donde tantas anécdotas personales son punto de partida para reflexiones que nos cautivan.

Vamos, que lo de que una columna de opinión queda desacreditada porque se vierten opiniones subjetivas y porque se parte de anécdotas personales es, me parece, un absurdo. Además, que quien encuentre razones para defender la columna sea alguien completamente ajeno a la publicación como soy yo, y que quien se invente las razones para criticar con dureza dicha publicación sean el director y las directoras adjuntas, debería sorprender a cualquier observador.

Demos un paso más: resulta que de lo visto hasta ahora resulta que la columna de opinión queda desacreditada porque parte de una experiencia personal, sin que la revista que lo ha publicado encuentre razones para defenderlo. Es más, los responsables de la revista se adhieren a la réplica publicada "horas después" (sic) por José Luis Martí. Estas son las palabras de la tribuna que comento: "Hasta ahora hemos hablado más de las formas que del fondo. Para hablar del fondo del artículo nos remitimos a la réplica que publicamos horas después, firmada por José Luis Martí, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Martí aporta su amplia experiencia y muchos datos".

 

¡Maravilloso! Esta pieza de Martí sí que debe ser un buen artículo objetivo y no basado en experiencias personales y, por tanto, anecdóticas. Ahora bien, si lo leemos nos encontramos con que el propio Martí dice cosas como éstas: "escribo y firmo este artículo como profesor de una universidad catalana y como ciudadano, no lo hago desde mi posición de vicerrector de dicha universidad, y no hablo en nombre de nadie más que de mí mismo". "He tenido el privilegio de impartir docencia (de diverso tipo) en cinco universidades catalanas distintas, tanto públicas como privadas. Nunca, NUNCA, ninguna de estas universidades me ha pedido u obligado a utilizar el catalán como idioma de docencia". "Yo imparto algunas de mis clases en catalán, otras en castellano y otras en inglés". "Tras 20 años de impartir docencia en universidades catalanas, no me he encontrado nunca con problemas serios de convivencia lingüística". Me parece que es claro que el señor Martí nos está trasladando su propia experiencia -así lo hace explícito- trufada de afirmaciones que no veo sustentadas en ningún dato objetivo. Así por ejemplo:

"El caso más habitual es precisamente el contrario, que asignaturas que están anunciadas en catalán acaben impartiéndose en castellano". Me imagino que no habrá estadísticas de esto que afirma el Sr. Martí o, al menos, no las aporta. Supongo que es una impresión personal suya que quizás hasta pueda compartir, pero que no pasaría ningún filtro que controlara las fuentes utilizadas para apoyar las afirmaciones que se hacen en el texto.

"Los profesores solemos ser flexibles permitiéndoes que de facto asistan a las clases del grupo que mejor se acomode a sus necesidades o preferencias". Bueno, discrepo. En mi experiencia no es así; pero, como digo, lo importante no es que sea más o menos cierto lo que dice el señor Martí, sino que se trata de impresiones personales que, sin embargo, en este caso son dadas por buenas mientras que la dirección de CTXT las rechaza de manera sangrante cuando se trata del artículo del señor Bimbi.

Creo que será difícil encontrar un ejemplo más acabado de argumentación sesgada y tramposa que la tribuna que firman Mónica Andrade, Vanesa Jiménez y Miguel Mora. Como hemos visto, hacen pasar a una columna de opinión por los filtros por los que debería pasar una noticia y, además, la contraponen a otra columna de opinión que presenta las mismas características que la criticada. Si una se basa en una experiencia personal la otra no pretende ser otra cosa que también el relato de experiencias personales. En ambas se encuentran datos objetivos que dan cobertura a algunas de los argumentos y otros que descansan simplemente en apreciaciones subjetivas. ¿Por qué una es duramente criticada y la otra alabada?

Bueno, es claro, porque una cuestiona algunos de los elementos de la política nacionalista en Cataluña y la otra, en cambio, se adscribe al argumentario nacionalista que pretende que no existe conflicto lingüísitico en Cataluña y que quienes hablan de tal conflicto son unos provocadores que no merecen más destino que el silencio impuesto.

Algo de esto se deduce de la columna que comento. En ella hay un punto especialmente tenebroso. Transcribiré unas líneas de la columna: "Los colaboradores de la revista trabajan con total libertad. Salvo en contadas ocasiones no avisan del asunto sobre el que van a escribir. No tenemos costumbre de censurar a nadie, nunca lo hemos hecho. No es una excusa, pero en este caso resulta evidente que fue un error no rechazar el artículo".

¿Se han fijado? No censuramos, en esta ocasión no lo hemos hecho, no pretendemos que este rechazo a la censura sea una excusa, aunque en este caso deberíamos haberla practicado.

No creo que puedan interpretarse de otro modo las líneas que he reproducido.

Hay opiniones que no deben salir a la luz.

Pero no solamente opiniones, porque el artículo que la propia revista que lo ha publicado cuestiona, fundamentalmente lo que relata es una experiencia personal que no tenemos razones para pensar que sea inventada. ¿Por qué algo que es cierto ha de ser callado? Será más o menos relevante y los lectores juzgarán pero ¿rechazarlo de plano? ¿por qué? ¿porque no encaja con determinado relato?

Es cierto que aparte de la anécdota personal el señor Bimbi aprovecha para extraer una conclusión (o adelantar una hipótesis), la de la pretendida voluntad de excluir el castellano de las universidades. Bien, es una opinión que podrá ser cuestionada o no, pero ¿ha de silenciarse? ¿por qué? ¿es una herejía, un anatema, atenta contra derechos fundamentales?

Más allá de eso ¿es falsa?

El caso es que si se conoce un poco la realidad de la Universidad en Cataluña nos daremos cuenta de que hay una política expresa de promoción del catalán que implica cosas como, por ejemplo, que en determinadas titulaciones los trabajos de fin de grado deban realizarse obligatoriamente en catalán o que los correos institucionales sean siempre en catalán.

Y toda política de promoción del uso de una lengua supone una minoración de las otras lenguas con las que compite la que se potencia.

El artículo del profesor Martí aporta en este sentido un dato significativo: en los estudios de grado de las Universidades catalanas el catalán tiene una presencia del 75.6% y el castellano de un 14%. El número de catalanes que tienen el castellano como lengua materna es de un 53%, mientras que solo el 32% de los catalanes tienen el catalán como lengua materna. ¿Cómo es posible que, habiendo plena libertad para elegir la lengua que se utiiza en la enseñanza, la proporción de materias en catalán y en castellano se aleje tanto de la presencia de ambos idiomas en la sociedad?

Pues por cosas como las que ejemplifica la tribuna que escriben el director y las directoras adjuntas de CTXT: si cuestionas las políticas de promoción del catalán los insultos que recibas no merecerán más reproche que el que se consideren "inadmisibles", aunque a renglón seguido se recordará que al fin y al cabo tu escrito podía ser objeto de críticas legítimas y, en realidad no debería haberse publicado. Tus experiencias personales serán calificadas de anécdotas irrelevantes y serán contrapuestas a las que presenten quienes te critican. Estas últimas experiencias, las de tus críticos, ya no serán anécdotas sino categorías sabias y sensatas.

Como colofón, sin ningún reparo, se reconocerá que contigo debería haberse ejercido la censura.

Esto es en lo que nos hemos convertido.

Leyendo tanto la tribuna del equipo directivo de CTXT como los artículos a los que se refiere ésta me he encontrado con múltiples invitaciones a suscribireme al medio.

No será una sorpresa para quien haya llegado hasta aquí que le comparta que nada más lejos de mi intención que ayudar con una suscripción a una publicación que es capaz de incurrir en una rectificación tan humillante y perversa, tan contraria a lo que deberían ser las exigencias y comportamientos de un periodista.

Coronavirus, 14 de noviembre de 2020. Fallecidos, casos diagnosticados y hospitalizaciones. Algunas hipótesis

I. Introducción

Una semana más tarde vuelvo con las cifras sobre la evolución del coronavirus. Tras una breve consideración de la situación de España respecto a otros países pasaré a examinar la situación en las diferentes comunidades autónomas, considerando tanto los fallecimientos como los casos diagnosticados y las hospitalizaciones.

Tal como veremos, las diferencias entre fallecimientos por millón de habitantes y casos diagnosticados por millón de habitantes son significativas, lo que puede indicar eficacias muy diferentes de los sistemas de rastreo en unas comunidades autónomas y otras.

La comparación entre la relación de fallecidos y hospitalizados por comunidades autónomas nos muestra una homogeneidad mucho mayor, destacando en sentido negativo Castilla La Mancha y Aragón y en sentido positivo Cataluña, el País Vasco y Murcia.

II. España en relación a otros países

En lo que se refiere a la comparación de España con otros países se aprecia que en casi todos los países sigue aumentando el número de fallecidos por millón de habitantes, aunque en una proporción menor que la semana pasada. La excepción son los Países Bajos, donde el número de fallecidos en la última semana ha descendido respecto a la anterior. Ha de destacarse también que el ascenso en Italia, Portugal y Grecia es especialmente significativo. Béligca sigue con una cifras enormemente tristes y preocupantes.

III. Comunidades autónomas: fallecimientos y casos diagnosticados

En las comunidades autónomas españolas la peor situación -con mucha diferencia- se da en Aragón y Asturias. La disparidad sigue siendo grande entre unas comunidades y otras. Así, frente a los datos de Asturias y Aragón con más de 100 fallecidos por millón de habitantes en los últimos 7 días, en Cataluña, Baleares y Canarias la cifra se mantiene por debajo de 10 fallecidos por cada millón de habitantes.

Madrid, la comunidad que había sido colocada en la picota desde el comienzo de la pandemia está en algo más de 14 fallecidos por millón de habitantes. Muy por debajo de la media española (40,8 fallecidos por millón de habitantes). Como he hecho en las entradas anteriores, el color de la columna de cada comunidad o ciudad autónoma se corresponde con el partido político del presidente de la comunidad (rojo, socialista; azul, popular; naranja, Cs; verde, PNV; amarillo, ERC; morado, PRC).

Los casos diagnosticados en los 14 días previos ascienden en las siguientes comunidades autónomas:

- Castilla y León

- País Vasco

- Murcia

- Asturias

- Cantabria

- C. Valenciana

- Baleares

- Canarias

En el resto descienden, aunque sea de manera poco significativa. Los descensos más importantes se dan en

- Navarra (32,8% de descenso)

- Cataluña (20,3% de descenso)

- Aragón (19,2% de descenso)

IV. Fallecimientos, casos diagnosticados y hospitalizaciones: eficacia del rastreo de casos y calidad del sistema hospitalario

He puesto en relación los fallecidos entre el 6 y el 13 de noviembre y los casos diagnosticados entre el 23 y el 30 de octubre. Este dato, la correlación entre casos diagnosticados y fallecidos dos semanas más tarde, puede ser un indicativo de la fiabilidad de los rastreos en las diferentes comunidades autónomas. Cuanto menor sea la relación (más casos detectados por cada fallecimiento), mejor será el sistema de detección. Cuanto mayor sea esa relación (más fallecimientos en relación a los casos diagnosticados), podría presumirse que el sistema de detección es más deficiente. El resultado es el siguiente:

De acuerdo con este criterio, la ordenación de las comunidades autónomas, de más a menos eficiente en la localización de los casos de covid sería la siguiente:

- Cataluña (0,17% de fallecimientos sobre casos diagnosticados).

- País Vasco (0,58%)

- Baleares (0,59%)

- Madrid (0,74%)

- Navarra (0,9%)

- Castilla La Mancha (1,26%)

- Andalucía (1,32%)

- Cantabria (1,34%)

- C. Valenciana (1,82%)

- Murcia (1,86%)

- Galicia (1,93%)

- Canarias (1,95)

- La Rioja (2%)

- Castilla y León (2,05%)

- Aragón (2,22%)

- Asturias (5,03%)

Resulta sorprendente que haya unas diferencias tan grandes entre unas y otras comunidades autónomas. La ratio de Asturias multiplica por casi 30 la de Cataluña y la media de las cuatro comunidades con peores resultados (Asturias, Aragón, Castilla y León y La Rioja) es 5,4 veces la de las cuatro comunidades autónomas con mejores porcentajes (Cataluña, País Vasco, Baleares y Madrid).

Otro dato relevante es el número de hospitalizaciones en cada comunidad autónoma por millón de habitantes. Como era de esperar a partir de los datos anteriores, los datos difieren enormemente de unas comunidades autónomas a otras

Como era de esperar, el mayor número de hospitalizaciones también se corresponde con las comunidades autónomas con más fallecimientos. De acuerdo con los últimos datos, las comunidades autónomas con más fallecimientos en relación a la población fueron Aragón, Asturias, Castilla y León y La Rioja y éstas son también las comunidades autónomas con más ingresos hospitalarios.

Ahora bien, aparte de lo anterior también puede interesar poner en relación el número de fallecidos con los ingresos hospitalarios. Esto se hace en el siguiente gráfico, tomando para el número de fallecimientos los ocurridos en los 7 días previos al 14 de noviembre y para los ingresos hospitalarios los acaecidos en los 7 días previos al 7 de septiembre. Esto es, se relacionan fallecimientos en una semana con ingresos hospitalarios en la semana anterior.

El resultado es aquí mucho más coherente que el que habíamos visto cuando relacionábamos fallecimientos y casos diagnosticados. Esto es, la calidad del sistema hospitalario (que es lo que de alguna manera puede compararse a partir de esta relación) es más homogenea que la eficacia en el rastreo que habíamos examinado antes. Este es el cuadro:

Como puede apreciarse, las columnas de las disferentes comunidades autónomas son bastante homgéneas. Destacan negativamente Castilla La Mancha y Aragón, además de la ciudad autónoma de Melilla (aunque en el caso de las ciudades autónomas, al tener una población menor, es más fácil que se produzcan cambios muy significativos de una semana a la otra). En la parte positiva, destacan Cataluña, Murcia y el País Vasco.

V. Conclusión

1) Esta segunda ola está golpeando a España de una manera similar a otros países de nuestro entorno, sin que las cifras de España destaquen negativamente respecto a otros países, a diferencia de lo sucedido en la primera ola de la pandemia.

2) La incidencia por comunidadea autónomas es muy dispar. El número de fallecimientos, de hospitalizaciones y de casos diagnosticados varía muy significativamente de unas regiones a otras.

3) Estas diferencias parecen explicarse más por diferencias en la capacidad de diagnóstico que por la calidad del sistema hospitalario. La afirmación anterior se deriva de que la relación entre fallecidos y casos diagnosticados varía muy significativamente de unas comunidades a otras, mientras que esta diferencia no es tan significativa en lo que se refiere a hospitalizaciones. No debe sorprender, por tanto, que las comunidades que aparecen como menos eficientes en la localización de los casos de covid son las que tienen un número mayor de fallecimientos en relación a la población.

Como siempre, los datos están tomados de Worldometers y del Ministerio de Sanidad.

Coronavirus. La cifras de fallecidos no engañan (o, al menos, engañan menos)

La semana pasada compartía algunas cifras sobre la situación actual de la pandemia por coronavirus. Seis días después vuelvo sobre ellas. A continuación veremos cuál es la situación de España comparada con otros países y también los datos de las diferentes comunidades autónomas. En relación a estas he introducido la consideración del número de fallecidos por millón de habitantes, lo que aporta una nueva perspectiva sobre los datos del 1 de noviembre.

Esta es la gráfica de fallecidos por millón de habitantes en 7 días en varios países, entre ellos España. Lo que se observa es que en la última semana en la mayoría de los países el número de fallecidos ha ascendido aproximadamente un 50%. Esto implica que Bélgica sigue, por desgracia, con un número de fallecimientos realmente desolador y que en el resto de los países se han incrementado proporcionalmente las cifras de la semana pasada. España, como puede verse, se mantiene más o menos en la misma situación que hace 7 días en relación a los otros países considerados.

En lo que se refiere a la comparación entre comunidades autónomas, el número de fallecidos por millón de habitantes en 7 días nos muestra que la incidencia del coronavirus es muy diferente en cada comunidad autónoma

El color de cada barra se corresponde con el del partido del presidente de la comunidad o ciudad autónoma (rojo, socialista; azul, popular; verde, PNV; amarillo, ERC; morado, PRC; naranja, Cs).

Las variaciones más significativas en el gráfico entre el 1 y el 7 de noviembre son las que se corresponden con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde, lógicamente, al tratarse de una población mucho menor que la de una comunidad autónoma, cambios no muy grandes en las cifras absolutas suponen variaciones importantes en los porcentajes. Si nos fijamos solamente en las comunidades autónomas vemos que hace una semana las que tenían los peores datos (fallecidos por millón de habitantes en los  últimos siete días eran:

1- La Rioja (PSOE) - 73,3 fallecidos

2- Aragón (PSOE) - 62,3 fallecidos

3- Castilla y León (PP) - 59,2 fallecidos

4- Asturias (PSOE) - 45 fallecidos

5- Navarra (PSOE) - 38,6 fallecidos

6- Extremadura (PSOE) - 29 fallecidos

Y las seis con los datos menos malos (cuando se habla de fallecimientos me niego a emplear la palabra "mejor") eran

1- Cataluña (ERC) - 1,7 fallecidos

2- Canarias (PSOE) - 3,8 fallecidos

3- Baleares (PSOE) - 4,5 fallecidos

4- Cantabria (PRC) - 6,9 fallecidos

5- Comunidad Valenciana (PSOE) - 9 fallecidos

6- País Vasco (PNV) - 9,5 fallecidos

De acuerdo con los datos disponible el 7 de noviembre la situación prácticamente no varía. Las comunidades que tienen más número de fallecimientos por millón de habitantes en los últimos siete días son las mismas, modificándose tan solo el orden:

1- Aragón (PSOE) - 94,6 fallecidos

2- Asturias (PSOE - 90 fallecidos

3- Castilla y León (PP) - 65 fallecidos

4- Navarra (PSOE) - 57,1 fallecidos

5- La Rioja (PSOE) - 50 fallecidos

6- Extremadura (PSOE) - 50 fallecidos

Y las que tienen menor número de fallecimientos en relación a su población son:

1- Canarias (PSOE) - 4,8 fallecidos

2- Baleares (PSOE) - 5,8 fallecidos

3- Cataluña (ERC) - 8,4 fallecidos

4- Comunidad Valenciana (PSOE) - 11,8 fallecidos

5- País Vasco (PNV) - 13,6 fallecidos

6- Cantabria (PRC) - 19 fallecidos

Es decir, las mismas que hace 7 días variando tan solo el orden entre ellas. Todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas excepto La Rioja han experimentado un incremento en el número de fallecimientos.

Llama la atención la situación de Asturias. Hace una semana me asombraba de los datos de Asturias y del País Vasco en lo que se refiere a casos sintomáticos (bajísimos) y al porcentaje de casos sintomáticos respecto al total de casos (también bajísimo). Estos pordentajes se mantienen 7 días después, como vemos en los siguientes gráficos

Casos diagnosticados con fecha de inicio de los síntomas en los últimos 14 días por 100.000 habitantes

Relación entre casos sintomáticos y casos detectados

Como puede apreciarse, los datos de Asturias y del País Vasco son tan reducidos que ni siquiera se aprecian en el gráfico a esta escala. En el caso del País Vasco, como hemos visto, también el número de fallecidos es bajo (aunque no tiene correlación con el número de casos sintomáticos detectados, como se apreciará en el siguiente gráfico), pero en el de Asturias nos encontramos con una de las comunidades con más fallecimientos en relación a la población, lo que indica que algo no encaja en los datos que proporciona la comunidad. Veámoslo en el siguiente gráfico

Este gráfico pone en relación los fallecidos por 100.000 habitantes con los casos sintomáticos detectados en los 7 días previos por 100.000 habitantes [el número que corresponde a cada comunidad autónoma es el resultado de dividir el número de fallecimientos por 100.000 habitantes entre el número de casos sintomáticos identificados en los 7 días anteriores también por cada 100.000 habitantes y multiplicar el resultado por 100]. Como puede verse, tanto el País Vasco como Asturias (y sobre todo Asturias) se sitúan en una escala completamente diferente al resto de comunidades y a las ciudades autónomas; de tal manera que para poder comparar éstas es necesario excluir a Asturias y al País Vasco porque, de otra forma, el gráfico se distorsiona gravemente.

Esta desproporción tan exagerada tan solo se da en relación al número de casos sintomáticos, porque si consideramos los casos diagnosticados, la relación está en el mismo orden que las otras comunidades; aunque en el caso de Asturias con una diferencia también significativa respecto al resto

Esto creo que merece ser destacado. La semana pasada, sin tener en cuenta el número de fallecimientos en cada comunidad, parecía que Asturias y el País Vasco lo hacían mucho mejor que el resto de comunidades. Si, en cambio, introducimos el factor que resulta menos manipulable, el número de fallecimientos, la perspectiva cambia completamente. Tal como me advertían varios amigos, la situación en Asturias no es buena y los datos sobre sintomáticos e, incluso, el de diagnosticados, no contribuye a aportar claridad.

Esto ha de tenerse en cuenta, en la lucha contra una pandemia el manejo de los datos es crucial. La información ha de ser completa y fideligna, porque solamente así podrán tomarse decisiones que permitan disminuir la incidencia de la enfermedad limitando los daños a la economía y a la libertad de las personas.

Por supuesto, tampoco puede descartarse que existan otros factores que expliquen estos desajustes. Factores que podrían vincularse a la existencia de brotes especialmente virulentos y de desarrollo muy rápido, a la evolución de la enfermedad desde el contagio hasta el fallecimiento, etc; pero en cualquier caso, alguna explicación habrá que dar porque es evidente que existe una enorme incoherencia entre los datos aportados por Asturias (y también por el País Vasco) y el del resto de comunidades. Saber qué explica esta falta de coherencia sería muy útil.

No solamente hay datos que nos conducen a la preocupación, especialmente el aumento del número de fallecimientos; sino también otros que apuntan a la esperanza. Aquí ha de destacarse que si bien el número de fallecidos ha aumentado en todas las comunidades autónomas excepto en La Rioja, el número de casos sintomáticos detectados ha disminuido durante la última semana en varias comunidades autónomas. En concreto ha disminuido en Navarra, Aragón, Catauña, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cantabria y Asturias. En algún caso, de manera muy significativa. Así, en Cataluña (más de un 54%).

Resulta tentador vincular esta disminución de casos en Cataluña con el mayor rigor de las medidas adoptadas en esta comunidad (cierre de los municipios durante el fin de semana, cierre de bares y restaurantes, un toque de queda que comienza una hora antes que en otras comunidades españolas...); pero habrá que esperar para ver si se confirma la tendencia en la próxima semana.

En cuanto a Madrid, la comunidad que ha estado en el ojo del huracán mediático desde el comienzo, sigue en la mitad de la tabla, con una reducción significativa de los casos sintomáticos detectados por cada 100.000 habitantes y con mejores cifras que la media en todos los ítems cuantificables: casos diagnosticados por 100.000 habitantes en la última semana y en los últimos 14 días (160,02 frente a 230,76; y 364,03 frente a 525,74, respectivamente); casos sintomáticos en la última semana y en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes (27,63 frente a 32,92; y 105,62 frente a 127,18, respectivamente); y fallecidos por millón de habitantes en los últimos 7 días (30,7 frente a 35).

Así pues, tras una semana vemos que:

1) España sigue teniendo un número de fallecimientos en relación a la población parejo al de otros países europeos, apreciándose en todos ellos un aumento muy significativo de las muertes.

2) La incidencia de la pandemia es muy diversa en las diferentes comunidades autónomas. La Rioja, Asturias, Navarra, Aragón y Castilla y León son las comunidades que más han de preocuparnos.

3) Los datos aportados por Asturias y el País Vasco presentan algunas incoherencias que deberían ser explicadas.

4) La cifra de casos sintomáticos se ha reducido de manera muy significativa en Cataluña. Sería conveniente estudiar si esta disminución se relaciona directamente con las medidas de limitación de la movilidad y de la actividad económica decretadas en esta comunidad.

5) Madrid sigue por debajo de la media española en todos los datos cuantificables que se han tenido en cuenta en esta entrada.

Como siempre, los datos están tomados de worldometers y del Ministerio de Sanidad.

La acción exterior de la Generalitat y 10.000 soldados rusos

A finales de 2013 Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, dirigió una carta a varios líderes europeos pidiéndoles su apoyo para conseguir la secesión de Cataluña.

El envío de estas cartas era un acto de una enorme gravedad

Lo coherente ante el envío de estas cartas hubiera sido activar el mecanismo previsto en el artículo 155 de la Constitución y someter a un estricto control en España la actividad internacional de la Generalitat. No es admisible que una administración española (Artur Mas se dirigía a esos líderes como presidente de la Generalitat) pida ayuda a estados extranjeros con el fin de quebrantar la unidad territorial de España. Cruzarse de brazos o reírse del inglés utilizado en la carta no era una opción sensata.

Fue, sin embargo, lo que se hizo. Y la acción exterior del nacionalismo, utilizando para ello a la Generalitat de Cataluña y su competencia en materia de acción exterior continuó. El gobierno de Rajoy aceptó que el conflicto catalán se convirtiera en un conflicto internacional y durante los siguientes años se centró en impedir que la acción exterior de la Generalitat prosperara en otros países mediante mecanismos clásicos de diplomacia internacional: presionando a los otros estados para que no dotaran de relevancia a las actuaciones de la Generalitat.

De todos los errores cometidos por el PP en la gestión de la crisis catalana este fue de los mayores. Si España misma acepta la actución internacional de una entidad infraestatal ¿cómo no van a acabar asumiendo esa subjetividad internacional otros estados? En los años que siguieron la Generalitat y los embajadores del nacionalismo se entrevistaron con altos funcionarios de otros países. El contenido de esas conversaciones debía ser bastante delicado porque, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, su gobierno se negó a entregar al Parlamento británico las actas de dichos encuentros porque podrían poner en peligro las relaciones con España.

Durante años la Generalitat se movió en el ámbito internacional trabajando para debilitar a España, utilizando los medios que le concedía el ordenamiento constitucional español, con dinero público y con el beneplácito del gobierno español.

Sí, con el beneplácito, porque el gobierno español no utilizó ninguno de los mecanismos internos que le hubieran permitido poner fin a esta actuación, sino que, como se ha dicho, prefirió combatir a la Generalitat en la escena internacional, lo que ya fue un triunfo innegable para los nacionalistas.

Pero la cosa va más allá, claro. Cuando estamos hablando de secesión estamos, por definición en el ámbito internacional, y es un tema que, lógicamente, interesará a no pocos actores internacionales, porque la diplomacia, en buena medida, es el arte de debilitar a los posibles rivales, un juego que se practica, incluso, entre los estados miembros de la UE, quizás porque después de siglos es difícil perder la costumbre.

Pensar que la posibilidad de debilitar a España y, por tanto, a la UE no llamaría la atención de algunos estados no es que sea ingenuo, es que es completamente contrario a la experiencia de siglos de relaciones internacionales.

Entre estos actores, uno especialmente relevante es Rusia, que compite de manera directa con la UE y que tiene contenciosos abiertos con ella (Ucrania). Además, Rusia sigue recordando la secesión de Kosovo, una secesión que debilitó a un país que es algo más que un aliado, Serbia.

Ante esto resulta difícil entender por qué el tono de broma de tantos ante lo que se ha sabido en estos últimos días en relación a la implicación rusa en el proceso de secesión, incluidas las conversaciones que hubo para conseguir el apoyo de soldados rusos a la secesión y también ciertas ayudas de Rusia en el momento inicial de la independencia de Cataluña.

¿Fue tal como resulta de lo contaban quienes están siendo investigados? No lo sabemos; pero lo que sí sabemos es que imposible no era. Como decía, desde, al menos, 2013, la Generalitat obraba de manera abierta en la búsqueda de apoyos internacionales a la secesión, y su estrategia contenplaba la gneración de un conflicto de la suficiente entidad como para propiciar una mediación internacional; un conflicto que, de acuerdo con algunos de los implicados, precisaría "100 muertos".

Estuvimos a punto para ello. En un artículo que analiza la trama rusa, Joaquim Coll recuerda aquel vídeo de un ciudadano aparentemente de origen ruso, que el 3 de octubre de 2017 se indignaba ante lo que él veía como el preludio de un enfrentamiento civil.

Al final el enfrentamiento directo entre Mossos, milicias nacionalistas y tropas extranjeras que apoyaran a éstas, y la Policía Nacional y Guardia Civil, con participación, en su caso, del ejército, no se concretó, pero se habían dado todos los pasos para ello, quizás sin calcular que cuando se entra en determinados juegos es difícil pararlos en un momento dado. Por otro lado, la implicación rusa en la desinformación que siguió al 1 de octubre ha sido defendida desde distintas fuentes, con participación, además de activistas vinculados ya no a Rusia, sino directamente al poder ruso, al estado ruso. En este sentido, el artículo de Leyre Iglesias en "El Mundo" aporta bastante información.

Es por eso que la media sonrisa ante la información del ofrecimiento de 10.000 soldados rusos para apoyar la independencia de Cataluña no está justificada. Esa media sonrisa es la continuidad de la parálisis que siguió al envío de la carta de Artur Mas en 2013, la inacción ante la creciente actividad internacional de la Generalitat amparada (esto sí que dar risa escribirlo) en la competencia de la Generalitat en materia de acción exterior y de la admisión de que el conflicto catalán se jugaba en la arena internacional.

Esa media sonrisa es volver a esconder la cabeza bajo el ala o enterrarla en la tierra. Esa media sonrisa es una consecuencia de la fase de negación en la que sigue instalada la sociedad y la política españolas ante el desafío nacionalista.

Esa media sonrisa es coherente con pretender que lo sucedido en Cataluña fue una "ensoñación" (en términos del Tribunal Supremo).

Esa media sonrisa es la esperanza que tienen los nacionalistas de que tendrán otra oportunidad de destruir este país.

Coronavirus. 1 de noviembre de 2020

He vuelto a los datos del coronavirus y quería compartir algunas gráficas que he preparado esta mañana.

La primera es la comparación de fallecidos en 7 días en varios países, incluida España. De esta gráfica se deriva que, a diferencia de lo sucedido en marzo, la afectación de la enfermedad en España no es peor que en otros países; al menos en lo que se refiere a número de fallecidos. Bélgica destaca, desgraciadamente, por tener un número de fallecidos en relación a la población muy superior a la de otras naciones. España, en cambio, se situa en la franja entre 15 y 30 muertos por millón de habitantes que es la tónica de la mayoría de los países que se han considerado.

Esto en cuanto a la situción de España comparada con otros países. Ahora paso a la comparación entre las diferentes comunidades y ciudades autónomas.

Me he fijado en un dato que sale menos que el número de casos identificados: el número de sintomáticos; que creo que da una imagen más real de la gravedad de la amenaza y que, además, nos será útil por lo que comentaré enseguida. En el siguiente gráfico se puede ver el número de personas que han iniciado síntomas en los últimos 14 días por 100.000 habitantes.

El color de cada columna se corresponde al del partido del presidente de la comunidad o ciudad autónoma. Vemos como Navarra (PSOE, en rojo) está en la peor situación, con un número de personas que han iniciado síntomas en los últimos 14 días de 600 por cada 100.000 habitantes. La siguiente comunidad es Aragón (también PSOE, con 517 sintomáticos cada 100.000 habitantes) y la tercera La Rioja (también PSOE) con 384 casos sintomáticos cada 100.000 habitantes. Entre ellas se sitúan las dos ciudades autonómas, Melilla (Cs, naranja) con 580,43 casos sintomáticos cada 100.000 habitantes; y Ceuta (PP, azul) con 490,7.

Las comunidades con mejores cifras ni siquiera se ven a esta escala. Se trata del País Vasco (PNV, verde), con 3,58 casos sintomáticos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y Asturias (PSOE) con 2,15 casos.

Madrid se encuentra en el medio de la tabla, con 7 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas con peores cifras que ella. Hago expreso lo de Madrid porque no sé por qué razón en el sentir popular Madrid es el mayor de los desastres y ya me ha pasado varias veces que cuando comento los datos mi interlocutor se queda sorprendido cuando ve que Madrid no es la comunidad autónoma con peores cifras.

El último cuadro surge de relacionar los casos sintomáticos con los casos totales, y creo que nos puede dar una imagen de la capacidad de detección de cada comunidad autónoma. Cuando menor sea el porcentaje de casos sintomáticos respecto al total de casos identificados, mejor será el sistema de detección. Cuanto mayor sea ese porcentaje, más probable será que los casos no detectados sean más que aquellos que sí han sido controlados.

Como puede apreciarse, el peor dato es el de la ciudad autónoma de Ceuta (PP), en el que el número de casos sintomáticos es casi un 67% del total. En lo que se refiere a comunidades autónomas los peores datos son los de Baleares (PSOE, 61%), La Rioja (PSOE, 51,6%) y Navarra (PSOE, 50,6%). A continuación se sitúa Aragón (PSOE) con un 50% y luego Murcia (PP) con un 49,5% . Los mejores datos vuelven a corresponder al País Vasco (PNV) y Asturias (PSOE) con un 0,6% y un 0,5% respectivamente. Datos espectaculares que me hacen dudar sobre si no habrá algún tipo de error o diferencia metodológica, porque, como puede verse se apartan muy significativamente del resto de comunidades.

Madrid vuelve a estar en el centro de la tabla, con un 35%, lo que la sitúa en mejor posición que las siguientes comunidades autónomas:

-Baleares (PSOE)

-La Rioja (PSOE)

-Navarra (PSOE)

-Aragón (PSOE)

-Murcia (PP)

-Castilla y León (PP)

-C. Valenciana (PSOE)

-Canarias (PSOE)

-Castilla La Mancha (PSOE)

-Cataluña (ERC)

Vuelvo a indicaer el partido del presidente de la comunidad porque de nuevo veo repetido el mantra de la responsabilidad del PP a nivel autonómico y creo que lo lógico y justo es que se opere con datos objetivos. Esto no va de partidos. Así, por ejemplo, el PSOE, que gobierna en las cuatro comunidades autónomas con peores datos es también el partido de gobierno en la comunidad que tiene una mejor situación, Asturias.

Ahora bien, si se trata de buscar responsabilidades políticas, creo que sería bueno que éstas operaran a partir de datos objetivos, y no de eslóganes.

Los datos están tomados de worldometers para la primera gráfica y del informe del Ministerio de Sanidad correspondiente al 30 de octubre para las otras dos.

La escuela catalana ante el Parlamento Europeo

Hoy, 29 de octubre, ha comparecido ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, Ana Losada, quien añadió información a la queja abierta hace ya dos años en relación a la exclusión del castellano en las escuelas de Cataluña y pidió que una comisión del Parlamento visitara Cataluña para conocer in situ la realidad denunciada. La mayoría de los miembros de la Comisión que intervinieron apoyaron la propuesta de Ana Losada y al final se decidió la adopción de varias iniciativas en apoyo a la petición formulada.

Vamos a empezar por el principio.

El régimen lingüístico que vivimos en las escuelas catalanas es el de una permanente ilegalidad. Ya se ha explicado en muchas ocasiones; pero no nos cansaremos de hacerlo. Me remito a una entrada específica sobre este tema con vínculos a otras y a un vídeo en el que intento también explicar cuál es la situación que tenemos en Cataluña; pero reproduciré aquí las líneas generales del problema.

1) Por exigencia constitucional el castellano ha de ser lengua de aprendizaje en el sistema educativo. No puede darse al español el tratamiento de una lengua extranjera en ninguna parte del territorio español.

2) La normativa catalana no prevé la exclusión del castellano como lengua de aprendizaje y vehicular en las escuelas de Cataluña. Lo que dice es que el catalán será la lengua "normal" de aprendizaje; pero, obviamente, esto no quiere decir que sea la única, por lo que la ley catalana es compatible con la exigencia constitucional que hemos visto en el punto 1 si se entiende que ese uso normal del catalán no excluye que el castellano sea también vehicular.

3) En la práctica, sin embargo, el catalán es la única lengua que se utiliza en todas las materias que no sean lengua castellana. También es la única lengua de comunicación con las familias y los niños y también de rotulación y para cualquier otro fin en la escuela. Es decir, en la práctica el castellano sí que está excluido como lengua vehicular en la escuela catalana.

4) Esta situación se ha denunciado ante los tribunales, quienes han establecido que el castellano, por exigencias constitucionales, no puede recibir el tratamiento de una lengua extranjera, sino que ha de ser vehicular en una proporción que no sea inferior al 25% del total de la enseñanza.

5) Pese a lo anterior, la adminsitración catalana se niega a implementar ese 25%, limitándose a cumplir con las sentencias judiciales que así lo establecen en relación a familias concretas. Como consecuencia de ello cuando una familia pide que se cumpla la ley la administración se niega siempre y se obliga así a la familia a acudir a los tribunales. Se trata de una práctica desincentivadora que se ve completada con diverso mecanismos de presión y acoso sobre las familias "rebeldes". Todo ello orientado a hacer que el número de peticionarios del cumplimiento de la ley sea el mínimo posible.

Ante esta situación el gobierno español, el actual y los anteriores no han hecho nada (nada de nada), y es por ello que se ha acudido a la Unión Europea, y, en concreto, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Ya hace dos años esta Comisión de Peticiones dirigió una carta al Consejero de Educación de la Generalitat pidiendo aclaraciones sobre la exclusión del castellano en las escuelas de Cataluña, desconociendo las sentencias judiciales que exigían una presencia mínima del 25% que, como hemos visto, no se cumple.

Dos años después la situación no ha cambiado, pero existen nuevos elementos de juicio. La AEB elaboró un informe a partir del estudio de varios miles de proyectos lingüísticos de centro que prueba que en ningún centro escolar de Cataluña se cumple con la exigencia de una presencia mínima de castellano en la escuela.

Esta nueva comparecencia en la Comisión de Peticiones ha permitido trasladar este informe que confirma lo que ya se había denunciado en 2018.

La comparecencia ha servido también para que Ana Losada haya explicado la exclusión del castellano en Cataluña

Como puede verse, la presentación de Ana Losada es clara: en Cataluña no se respeta la presencia mínima de castellano que viene exigida constitucionalmente. Esto en sí es una quiebra del Estado de Derecho que supone también una vulneración del Derecho originario de la UE.

La exclusión del castellano, lengua materna de la mayoría de los catalanes y oficial en Cataluña, afecta a los derechos de los niños y de sus familias y va contra las recomendaciones en relación a la educación en lengua materna. Además restringe la movilidad tanto de los españoles como del resto de los europeos que quieren desplazarse a Cataluña.

Tras Ana Losada intervino una representante de la Comisión Europea, quien mantuvo que no había competencia de la Unión para intervenir en relación a este caso. Sin entrar en el fondo del asunto, sostenía que era competencia del estado miembro resolver estas cuestiones.

La posición de la Comisión fue cuestionada abiertamente y hasta con dureza por la mayoría de los diputados que intervinieron en la sesión. Sostenían que ante un caso de vulneración de derechos como el que aquí se denunciaba la posición de la UE no podía ser mirar para otro lado y propusieron que la petición de queja se mantuviera abierta y que se realizaran las actuaciones necesarias, incluida una visita a Cataluña a fin de comprobar in situ la situación.

La excepción a este planteamiento fue la diputada de ERC Diana Riba, quien rechazó de plano que la UE actuara en relación a las denuncias presentadas. Además cuestionó los datos y análisis que había aportado Ana Losada.

Esta intervención fue duramente contestada por Jordi Cañas, quien también mantuvo que era necesaria una actuación decidida de la UE en relación a este problema

Merece un comentario específico la intervención del diputado socialista Domènec Ruíz Devesa. Este diputado dijo que si era cierto lo que planteaba Ana Losada se estaba produciendo una vulneración de derechos que, sin embargo, no habilitaría a la UE a actuar porque la vulneración vendría de una entidad subestatal.

Error. Si una entidad subestatal vulnera el Derecho de la UE, incluida la obligación que tienen todos los estados miembros de respetar los principios democráticos y los derechos fundamentales, el estado en su conjunto responde. Así que no es cierto que no haya mecanismos. Claro que los hay. Los mismos que se están utilizando en relación a Polonia. Que la vulneración sea obra del estado central o de una entidad subestatal es irrelevante.

También llama la atención que en su intervención este diputado concluya que de existir alguna vulneración de un derecho fundamental lo que deben hacer los padres es acudir a inspección y a los tribunales. En fin, lo que ya están haciendo los padres con el resultado que Ana Losada ha explicado. La pregunta es si este diputado entiende que en caso de que estemos ante un problema como éste las únicas vías son acudir a los tribunales sin que los políticos puedan hacer algo para garantizar el respeto a tales derechos. Si los políticos no son capaces de esto ¿para qué sirven? Es una pregunta auténtica, no retórica.

Tras las intervenciones de los diputados, Ana Losada tomó otra vez la palabra y se puso fin a la comparecencia. Se adoptó la decisión de pedir un informe a la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo, dirigir una carta al Gobierno español mostrando la preocupación del Parlamento por la situción en las escuelas catalanas y se dejó abierta la posibilidad de enviar una comisión a Cataluña para que estudiara sobre el terreno la discriminación al español en las escuelas de Cataluña.

En definitiva, claro apoyo a la petición de Ana Losada por parte de todos los intervinientes excepto la diputada de ERC y el representante socialista.

Al final las cosas son lo que parecen.