El jardín de las hipótesis inconclusas. Un espacio abierto a todas las ideas, por locas que sean, y a todos los planteamientos, por alejados que estén de los pareceres comunes.
El sábado por la tarde me lo compré y lei una parte significativa mientras esperaba a la entrada de tiendas que yo no visitaba. El domingo ya lo acabé.
O sea, que es un libro que se lee sin descansar, sin parar, enganchado a él sin remisión.
A través de tres generaciones da -como reza el subtítulo- voz a los desarraigados.
La verdad, no sé si yo hubiera escogido ese término, desarraigados; pero más allá de la palabra creo que todos nos entendemos.
Es dar la voz a quienes llegaron de otras partes de España a Cataluña en los años 40, 50, 60... La voz de quienes por pobres entonces no la tenían y que cuando llegó la democracia se vieron aplastados por un catalanismo que rápidamente colonizó todo el espectro político y que solamente transmitía un mensaje: asimilaros.
Desde entonces, desde los años 80 hasta acá el relato no único, pero sí dominante, era el de que Cataluña debía construirse sobre el catalán y que quienes habían nacido en Cataluña pero de orígenes "castellanos" (esto es, con una lengua materna que no era el catalán) debían renunciar progresivamente a su lengua, a las tradiciones que no fueran catalanas "autóctonas" (un término, el de "catalán autóctono" que se emplea con cierta frecuencia en libro) e incorporarse al proyecto nacionalista catalán.
Quienes no querían participar en este proyecto eran suave o duramente apartados de la corriente principal.
Iván explica su propio proceso vital, cómo asumió en un momento dado gran parte de los mantras del nacionalismo, pero sin llegar a apagar una forma diferente de ver las cosas.
Y cómo esa manera diferente de ver las cosas se va convirtiendo en una convicción.
Pero gran parte de esto último se verá, me parece, en el libro que dará continuidad a éste; en el que se ha publicado hace unas semanas lo que veremos es desde una óptica algo diferente a la oficial lo que fue la segunda mitad del siglo XX y primero años del XXI en Cataluña para quien no era de orígenes catalanes.
Son historias que me suenan. He oído cosas parecidas de otros que formaron parte también de aquel grupo de desarraigados (por seguir con el término del subtítulo).
Iván es tremendamente honesto. Advierte con frecuencia que lo que cuenta está pasado por el tamiz de su subjetividad y de ninguna forma pretende convertir su experiencia y la de los suyos en arquetipo. Como dice en algún momento, lo que pretende es hacer de caja de resonancia para que otros cuenten también sus historias.
Creo que sería una magnífica idea. Conozco, como digo, muchas de esas historias. Hay quienes han puesto por escrito algunas de ellas (Manuel Peña, por ejemplo, en sus artículos de Crónica Global) y son historias que en lo esencial coinciden con las que cuenta Iván. Hace unos años, mi mujer compartía una reflexión en esta línea en este blog ["La otra mirada de La Llagosta (al otro lado de la carretera)"]
Son historias que nos hablan de personas que saben que no son inferiores a los "autóctonos" y que, cuando perciben ese deje de superioridad con el que alguno pretende mirarles por encima del hombro, reaccionan más con estupefacción e ironía que con ira.
Pero también hay otros momentos en los que no puede mirarse para otro lado. Esto no sale en el libro de Iván, pero a mí me lo han contado varias veces. Las primeras comuniones en las que los hijos de los "catalanes" se sientan en los primeros bancos y los de los "castellanos" han conformarse con sentarse en los últimos. Las ocasiones en las que los "autóctonos", bien conectados con el poder franquista y la Iglesia, utilizan esos contactos para beneficiar a los suyos y postergar a los que no lo son.
Y luego la gran mentira. Cuando llegada la transición los que habían sido catalanistas y franquistas pretenden, por arte de magia, ser considerados antifranquistas precisamente por haber sido catalanistas ¡y lo consiguen! Es así como se asienta en el inconsciente colectivo que hubo un enfrentamiento abierto entre franquismo y catalanismo.
Reconozco que yo mismo me lo creí y no salí de mi error hasta conocer testimonios de primera mano de quienes habían vivido en Cataluña en la época de Franco y sabían bien de dónde venían las élites locales del régimen. En el prólogo del libro algo comenta Félix Ovejero sobre esto; en concreto, sobre a qué partidos migran los que habían sido alcaldes franquistas.
En definitiva, Iván nos invita a compartir experiencias y conocimientos, a compartir ideas y planteamientos siendo siempre conscientes de que cualquier punto de vista será siempre parcial; pero precisamente por eso, imprescindible.
No renunciemos a decir lo que pensamos, porque de hacerlo tanto la historia como la actualidad se quedarían cojas.
Y contar estas cosas no es buscar la división o la confrontación. Al contrario.
Me explico. Estoy seguro de que alguno pensará que el incidir en lo que estoy comentando (las conexiones entre catalanismo y franquismo, por ejemplo) busca crear tensión. En absoluto. Lo que pretendo es contribuir en la medida de mis escasísimas posibilidades y animado por el ejemplo de Iván Teruel, a poner en común con honestidad y sin dobleces cuál es mi pensamiento y planteamiento.
Porque si todos hacemos esto de buena fe será posible la reconstrucción de la convivencia. Lo único que se necesita es que unos y otros reconozcan al otro como es, no como nos gustaría que fuera.
Y ese reconocimiento es el primer paso para el diálogo que nos permita reconstruir una sociedad en la que no puede haber paz si unos se creen con más derechos que los otros tan solo porque su familia lleve viviendo más generaciones en Cataluña, porque sepa pronunciar sin errores todos los fonemas del catalán o porque defienda la independencia en vez de la continuidad e Cataluña en España.
Sobre la mentira y el silencio solamente se construyen farsas o cementerios. Necesitamos testimonios como el de Iván Teruel, quien, por cierto, escribe como los ángeles y tiene un talento como narrador inconmensurable.
Tan solo la primera escena de su libro ya justifica una carrera literaria. ¡Cuánta verdad hay en el artificio!
Por terminar. Todo lo que cuenta Iván, y las otras cosas que se podrían contar, siempre han estado ahí. Igual que las muchas historias de encaje, amistad y camaradería entre catalanes sin importar el origen que Iván también cuenta y que yo también conozco.
Cierto, el proyecto catalanista tuvo un talante impositivo (recordamos hace poco el 40 aniversario del manifiesto de los 2.300). Al menos desde la llegada de Pujol al poder, como bien sabemos por las diferencias entre la política de éste y la de Tarradellas, por ejemplo. Pero si no hubiéramos sufrido la sacudida del proceso las cosas podrían haber sido diferentes.
Es de la combinación entre acumulación de humillaciones y quiebra expresa de la ley de lo que surge una tensión que nos ha hecho y nos sigue haciendo mucho daño.
Creo que trabajos como el de Iván Teruel son imprescindibles, como decía antes, para cambiar las cosas, para darnos esperanza y para que todos lleguen a conocer cómo son todos los catalanes, no solamente los imaginados y soñados por el nacionalismo
Sigo a Fernando Alonso desde antes de que llegara a la Fórmula 1. Recuerdo una entrevista que le hacían en "La Nueva España" de Oviedo en el año 2000, cuando corría en Formula 3000. Me impresionó su seguridad y cuando fichó por Renault en 2001 tuve la certeza de que llegaría a ser campeón del mundo.
Es por esto que me pareció un error el desencuentro con Honda que puso fin a la relación entre McLaren y Honda en el año 2018. Como los que siguen la Fórmula 1 saben, en 2015 se inició la colaboración entre Honda y McLaren. Durante tres años Honda motorizó a McLaren. El objetivo era crear un equipo campeón con la experiencia de McLaren en la Fórmula 1 y la de Honda en las más diversas categorías del deporte del motor.
El primer año fue un desastre y el segundo no fue mejor. El tercero también mostró que el motor Honda no acababa de funcionar. Alonso criticó abiertamente a su motorizador y entre unas cosas y otras, McLaren rompió con Honda y eligió comprar motores Renault.
Pero una fábrica como Honda siempre acaba surgiendo. Tras dejar a McLaren pasó a motorizar al equipo filial de Red Bull, Toro Rosso y desde 2019 a Red Bull y en 2019 el Red Bull de Max Verstappen, con motor Honda, ganó el Gran Premio de Austria. Honda volvía a ganar. Le costó 4 años, pero volvió a ganar. No sabemos qué hubiera pasado si McLaren -y Alonso- hubieran tenido paciencia.
Porque hay apuestas en las que hay que perseverar, compromisos que no son fáciles y en los que una vez estrechada una mano hay que seguir hasta el final, cueste lo que cueste; compromisos en los que se entra por convicción, aquí la convicción de que Honda es una marca ganadora y más tarde o más temprano hará un motor ganador.
Alonso sigue sin ganar y el haberse enemistado con Honda le ha impedido también competir con coches motorizados por el fabricante japonés en las 500 millas de Indianápolis. Lo entiendo. Me imagino que los japoneses esperan que una vez sellado un pacto, no se abandone hasta que se llegue al triunfo final.
Paciencia y perseverancia; lo que es bastante oriental, como se verá en el siguiente apartado.
Unos pocos años en la cultura china
Hace 20 años me impresionó este fragmento de un relato incluido en "Doce narraciones chinas" (Círculo de Lectores, Barcelona, 2001), que es un extracto de una colección de historias mucho más extensa, escrita por Ling Mengzhu en la primera mitad del siglo XVII. La narración en cuestión se titula en la versión en español "El Manuscrito"; pero en la obra original lleva un título mucho más barroco cuya traducción supera mis escasísimas capacidades.
El caso es que en un punto de ese relato se puede leer lo siguiente (según la traducción de Manuel Serrat Crespo, no del original chino, sino de la versión francesa de André Levy):
Luego acaecieron los disturbios y las guerras de las Cinco Dinastías, de los Song y de los Yuan. Durante esos pocos siglos, muchos monumentos y tesoros célebres, antiguos y modernos, desaparecieron sin dejar rastro.
"Durante esos pocos siglos"... el período al que se refiere la época de las Cinco Dinastías, los Song y los Yuan se inicia en el siglo X y concluye en el siglo XIV; así que esos pocos siglos son más de 400 años.
Es cierto que no tengo la seguridad de que la traducción de la traducción sea fiel al original, que aquí dejo por si alguien tiene capacidad para determinar si la versión es correcta:
"後來五代、宋、元兵戈擾亂，數年間，古今名跡，海內 亡失已盡" (después de unos cuántos esfuerzos puede encontrar aquí el original); en chino simplificado es así:
"后来五代、宋、元兵戈扰乱，数年间，古今名迹，海内 亡失已尽"
pero si la damos por buena nos encontramos con que para los chinos cuatro siglos son tan solo unos pocos años (diría que en el original chino nada se dice de siglos, sino que se refiere, simplemente a "en el lapso de unos años", 數年間, en chino simplificado: 数年间).
Existen, pues, culturas, en las que el tiempo tiene un significado diferente que el que tiene para nosotros; en las que la inmediatez no es una virtud, y en la que se aprecian aquellas empresas que son largas y trabajosas. De hecho, en China se conoce como "la gran empresa" la tarea de derrocar una dinastía y establecer otra; algo que normalmente lleva décadas.
Me imagino, por tanto, la sorpresa de los japoneses (si asumimos que la cultura japonesa y la china comparten esta especial percepción del tiempo) cuando McLaren y Alonso les exigían resultados inmediatos. Me imagino a los ingenieros y jefes de Honda estupefactos ante la pretensión de que algo tan difícil como hacer un motor que pueda ganar el Mundial de Fórmula 1 pudiera improvisarse de un año para otro.
Paciencia, mucha paciencia.
Y convicción.
Y esto me lleva al tercer punto.
La convicción en la política
Me ha venido a la cabeza el desencuentro de McLaren/Alonso con Honda, y la frase del relato de Ling Mengzhu al leer un artículo de Arcadi Espada, que destacaba en su muro de facebook Leyre Iglesias. Y, en concreto, este fragmento:
En Cataluña, Ciudadanos no se colocó en la selecta y circunstancial equidistancia, sino enfrente del irracionalismo nacionalista. Y fue desde este lugar como logró convertirse en el primer partido político de Cataluña. La misma intención hubo de tener -y no tuvo- en la general política española. Albert Rivera cometió un grave error al pretender que el partido sustituyera al Pp. Pero el error habría sido el mismo de haber querido sustituir al Psoe. Renunciar a las dos imposturas no supone que Ciudadanos estuviera condenado a la relativa insignificancia del partido bisagra: solo que el camino hacia la hegemonía política tenía que ser más lento, duro y opaco, características incompatibles con el enfermizo añinamiento de sus dirigentes.
No estoy en condiciones de juzgar si es cierta la afirmación de que los dirigentes de Ciudadanos adolecían de aniñamiento. Sí que creo que fue un error intentar sustituir al PP; aunque pienso que el papel de partido bisagra no es insignificante, ni siquiera de una forma relativa; pero no me quiero detener en ello; porque lo que me llamó la atención del párrafo transcrito es la recia propuesta de un proyecto político "lento, duro y opaco". Ahí es donde recordé el intento de Honda de volver a triunfar en la Fórmula 1 y esa particular manera oriental de ver el transcurso del tiempo que le hace pensar que cuatro siglos son unos pocos años. Esto me pareció muy lúcido, porque en España hay una tarea política pendiente que no puede abordarse con prisas, con apuros e improvisación; una tarea que requiere asumir que pasarán años y puede que décadas; que en muchos momentos parecerá que se está a punto de fracasar definitivamente; pero en la que aún así hay que perseverar. Esa tarea es la de construir un proyecto político radicalmente comprometido con el respeto a la ley, a los principios democráticos, a la defensa de los derechos fundamentales, a la búsqueda de una sociedad libre y abierta, plenamente conectada con Europa y en la que el progreso de todos y el bien común sean el único propósito y objetivo.
Un proyecto como el anterior es necesario, no se puede renunciar a él y bien merece la pena comprometerse en el mismo más allá de las derrotas que se producirán y de los años que deberán perderse en la lucha. Para ello lo único que hay que tener es la convicción a la que me refería antes. Una convicción profunda que surja de la razón pero que envuelva también el corazón. Un espíritu que conecte con el de ese poema maravilloso de Kipling, "If", al que me parece intuir que Espada se refiere cuando habla de "renunciar a las dos imposturas".
Es claro que este proyecto no está representado por el PSOE, quien permite y apoya la vulneración de los derechos de los niños en la escuela catalana, quien se aviene a pactar con quienes utilizan la violencia contra sus adversarios políticos y es incapza de solidarizarse con quienes sufren el acoso y la humillación. Es claro que el PSOE, que no oculta su desdén por la independencia judicial y huye de la defensa de un proyecto común para todos los españoles no representa la propuesta política a la que me refería antes.
Y el PP tampoco. Tal como indicaba hace unos días, el PP ha sufrido esa "confederalización" que resulta de ejercer el poder en las comunidades autónomas sin tener claro cuál es la propuesta y los desafíos que podemos fijarnos como país.
y sin que tampoco parezca tener claro qué es la independencia judicial, pues continúa empecinado en una negociación sobre el nombramiento de vocales del CGPJ que debería limitarse a proponer una reforma de la LOPJ que se adecue a las exigencias del Consejo de Europa y que conduzca a que al menos la mitad de dichos vocales sean elegidos por los jueces.
No me pronuncio tampoco sobre si esa propuesta la encarna Ciudadanos. No quiero sumar más confusión a la confusión y los errores cometidos en los últimos años merecerían una explicación y rectificación que todavía no se ha dado y que un partido "diferente" tendría que haber asumido hace tiempo; pero con independencia de que sea Cs o sea otro, lo que es claro es que la reivindicación de los valores que antes mencionaba: Estado de Derecho, principios democrácitos, derechos fundamentales, fortalecimiento del proyecto común y renuncia a buscar apoyos en quienes lo que quieren es debilitarlo, deberían estar representados por alguien, tenga más o menos apoyo, más o menos votos, más o menos fuerza.
Alguien que sea capaz de asumir lo que propone Kipling: enfrentarse al triunfo y al desastre y tratar igual ambas imposturas.
Algunos que tengan convicción, compromiso y paciencia.
Mucha paciencia.
Como dice Espada, que tengan la voluntad de llevar a cabo una tarea lenta, dura y opaca.
Una vez me decían que los ingleses te tratan como a un igual si los tratas a ellos como superiores.
No tengo suficiente trato con los británicos (o, específicamente, con los ingleses) como para saber si lo anterior es cierto, pero me he acordado de la frase leyendo este artículo de Ignasi Guardans.
La tesis del artículo es que hay que emplear el castellano en el Parlamento de Cataluña, pero no como lo ha hecho Cs, que utilizaba el español -según el artículo- para intentar destruir las instituciones de autogobierno. A partir de ahí, Guardans identifica como un problema que el castellano no haya sido utilizado en el Parlamento para defender posiciones autonomistas o nacionalistas.
Como puede verse, el cacao del articulista es considerable; pero no por ello deja de ser muy significativo. Vamos a ver de dónde puede venir el lío y qué es lo que implica.
Ignasi Guardans comienza recordando algo que debería ser piedra de escándalo: durante décadas, en el Parlamento de Cataluña no se oyó ni una palabra en castellano. Todos asumían -según Guardans- que las instituciones de autogobierno debían expresarse únicamente en catalán. Podría matizarse a Guardans, porque realmente no eran todos los que compartían ese planteamiento, pues siempre hubo quien denunció la apropación nacionalista de las instituciones y su intento de controlar la sociedad. Ahí está, por ejemplo, el Manifiesto de los 2.300, cuyo 40 aniversario se acaba de recordar; y toda la pléyade de organizaciones y personas que ya en los años 80, y en los 90 y en el comienzo de siglo, antes de Cs, se opusieron al nacionalismo. El libro de Antonio Robles, "Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña aporta bastante información sobre ello"
Así pues, no es exacto decir que "todos" daban por bueno ese monolingüismo institucional al que se refiere Guardans; pero hay que reconocer que esos que se oponían no solamente eran pocos; sino que, además, no contaban con ningún apoyo político o mediático, entregados todos estos como estaban a la loa del "Oasis catalán".
Daría que pensar cómo es posible que una sociedad admita que se excluya de su Parlamento la lengua materna de más de la mitad de la población, dando (casi) todos por bueno que la que es materna de un 35% de los catalanes se convierta de facto en la única lengua oficial para las instituciones y los medios públicos de comunicación de Cataluña. Me ocupaba de ello hace años, cuando intentaba explicar por qué ese consenso había estallado en la segunda parte de la primera década del siglo XXI.
Ahora, tras leer el artículo de Guardans, creo que podría resumirse el fundamento de ese oasis diciendo que los catalanistas trataban a los catalanes que no compartían sus ideales como iguales, a cambio de que estos, los catalanes no catalanistas, los trataran a ellos como superiores. En el núcleo de este planteamiento había una cuestión de origen, claro; esto es, aquellos que podían remontar sus orígenes catalanes a la Edad Media se sentían superiores, pero aceptaban disimularlo a cambio de que el conjunto de la sociedad reconociera como ciudadanos de primera a quienes comulgaban con el ideario nacionalista. De esta forma, las instituciones de autogobierno serían, propiamente, de los "catalanes auténticos", y una forma de marcar esa propiedad sería que la única lengua que se utilizara fuera el catalán.
Lo anterior, por supuesto, no quería decir que los servicios sociales no estuvieran abiertos a todos, y que los catalanes "de segunda" no tuvieran también sus derechos; pero en el plano político la superioridad del catalanismo debía estar clara. Cualquier planteamiento que se apartara del catalanismo sería expulsado de la centralidad del discurso y tachado inmediatamente de franquista, facha, extravagante o marginal.
Se entiende así el impacato que tuvo que Cs comenzara a utilizar con naturalidad el español en el Parlamento de Cataluña. Suponía una enmienda a la totalidad del planteamientos nacionalista uniformador de la sociedad; implicaba que los catalanes no catalanistas reivindicaban su condición de iguales. Se trataba de rechazar que fuera necesario tratar como superiores a los catalanistas para que estos les tendieran la mano y con una palmadita en la espalda les admitieran en uno de los extremos de la mesa. Se proponía claramente que las instituciones autonómicas catalanas debían estar abiertas a todos los planteamientos, también el de aquellos que consideraban que los mitos catalanistas eran eso, mitos; pero que la organización política de la sociedad moderna no debía ninguna servidumbre a las instituciones medievales; y que tanto los catalanes que hablaban catalán como los que hablaban español estaban en igualdad de condiciones y ninguna legitimidad mayor tenían unos sobre los otros.
El planteamiento era revolucionario entonces, hace quince años, cuando Cs entró en el Parlamento catalán y el gran éxito de dicho planteamiento es que hoy en día ni siquiera Guardans, que probablemente lo criticó entonces, puede negar ahora que carecía de lógica que el español no se usara en el Parlamento catalán.
Bien, ahora parece que ha de admitirse que pueda utilizarse el castellano en el Parlamento catalán, pero, según Guardans, ha de ser con ciertas condiciones.
Así, como ya se ha adelantado, según el autor, el castellano no ha de ser utilizado para dañar las instituciones de autogobierno. De acuerdo con Guardans, esto fue lo que hizo Cs y eso es, a su criterio, un error. Además, esta utilización del castellano ha de ir mezclada con la del catalán. Es por eso que Guardans aconseja a Cs y al PP que utilicen también el catalán. Creo que hay que matizar algunas cosas.
En primer lugar, Cs utilizó tanto el castellano como el catalán. Recuerdo muchas intervenciones de Rivera en catalán en el Parlamento, y el resto de diputados de Cs lo han utilizado también con profusión. Me vienen a la cabeza fácilmente muchas intervenciones de mis amigas Sonia Sierra y Susana Beltrán, pero hay muchos más ejemplos; o sea, que pretender que Cs no utiliza "suficientemente" el catalán no responde a la realidad.
En segundo término, lo de que Cs pretendía dañar o destruir las instituciones de autogobierno es también falso. Cs lo que ha hecho es denunciar sin complejos la utilización de las mismas por el nacionalismo, desnaturalizándolas, vulnerando derechos y dañando seriamente la democracia. Y estos daños y vulneraciones no son nuevos, no surgen de la nada en el último lustro, sino que ya podía apreciarse hace décadas. Otra cosa es que no quisiera verse y que, por tanto, se entendiera que todo ataque a las políticas nacionalistas eran ataques a Cataluña. Aquí Guardans parece resucitar el convergente que fue; y recordemos que los convergentes fácilmente entendían que las críticas a Pujol y a sus políticas eran críticas a Cataluña y a los catalanes (a los catalanes "auténticos" hemos de entender, pues las diatribas se daban siempre o casi siempre entre catalanes).
Ahora bien, incluso suponiendo que lo anterior fuera como dice Guardans -que no lo es- ¿y qué? Es decir, ¿sería ilegítimo que diputados del Parlamento catalán utilizaran el castellano para hacer propuestas políticas que, por ejemplo, defendieran que las competencias autonómicas deberían reducirse en beneficio de las competencias del estado central o de la UE? ¿Existe algo intrínsecamente malévolo en una determinada distribución de competencias entre el estado central y las comunidades autónomas? ¿Por qué debería ser eso ilegítimo y, sobre todo, qué relación tiene eso con el idioma que se utilice?
Guardans alude aquí a que el castellano no ha sido utilizado para defender planteamientos autonomistas o nacionalistas; lo que da a entender que es una anormalidad; pero si así fuera, lo lógico es que quien tendría que corregirla es el nacionalismo, que se niega a utilizar el castellano para defender sus posturas. No es muy coherente que para que un determinada posición ideológica sea defendido en español un partido tenga que cambiar sus postulados políticos. Claro que la cosa se entiende mejor si asumimos que los planteamientos políticos que discrepan del catalanismo son anatema y carecen, por tanto, de legitimidad. Así, la única forma de no ser tachado de extremista o marginal es aceptar ese consenso catalanista; un consenso que ahora, tras cuatro décadas, está abierto también al castellano -al menos en las personas de mente abierta como Guardans- de tal forma que el catalán no ha de ser la única lengua de identificación del catalanismo; aunque es de suponer, por lo que veremos más adelante, que siempre en una posición subordinada al catalán.
Parece que la utilización del castellano ha de buscar el perdón de alguna forma, y ésta podría ser que su uso no fuera para defender el centralismo. Me imagino a Guardans, con su espíritu magnánimo, aguardando a que Cs se lanzara a hacer un discurso catalanista en castellano para así poder decir a sus iguales (los catalanes de verdad): "veis, nada hay de malo en el español; en el fondo, aunque no lo parezca, son como nosotros".
Es un avance no pequeño. Hace 30 años el partido en el que militaba Guardans se rasgaba las vestiduras si una palabra en castellano profanaba la sede de la "soberanía" catalana. Es conocido el caso de diputados de CiU, ERC y el Partido de la Independencia que cuando un diputado del PP utilizó el castellano abandonaron sus escaños indignados al grito de "No, por favor, que hay niños, que hay niños"
Superada esa etapa, se asume que la exclusión del castellano no tiene sentido, siempre que no sea para decir lo que uno quiera, sino aquellas cosas que satisfacen a los catalanistas. Además, y tal como adelantaba, esa admisión ha de hacerse teniendo claro que no estamos en una situación de igualdad (recordemos, te trataré como igual si tú me tratas a mí como superior). ¿De dónde saco esto último? Bueno, hay una indicación significativa en el penúltimo párrafo del artículo.
Fijémonos en que Guardans anima a que el Parlamento sea reflejo de la sociedad catalana y que el castellano se utilice como se hace en las familias, en las fiestas, en los bares, en la calle y... en los patios de las escuelas.
Porque claro, el castellano, la lengua materna de más de la mitad de los catalanes no está presente en las escuelas, sino "en los patios de las escuelas", ya que sabemos que la enseñanza, los rótulos, los papeles oficiales, etc. han de ser obligatoriamente en catalán. Eso sí, en los patios de las escuelas -como no- al igual que en las fiestas o en los bares ¿por qué no vamos a mezclar catalán y castellano? ¿qué hay de malo en ello? Al fin y al cabo no estamos en el siglo XIX y podemos fingir en determinados lugares y situaciones que somos iguales (aunque, en el fondo, no lo seamos); y el Parlamento no tiene que estar excluido de este juego en el que hacemos como si apreciáramos en igual medida las dos lenguas de la mayoría de los catalanes.
El día en el que Guardans se entere de que la demanda no es de que haya un espacio de tolerancia para el castellano dentro de los márgenes que dicta el pretendido consenso catalanista, sino que la demanda es que catalán y castellano sean consideradas ambas como lenguas propias de Cataluña, legítimas y en el mismo plano, lo que implica que ambas han de tener la misma consideración, que ambas han de ser utilizadas en la escuela (y no "en los patios de las escuelas") que la rotulación tendrá que estar en ambas lenguas y que tanto unas como otras se podrán usar para defender lo que uno quiera, incluso ¡oh escándalo! que lo del consenso catalanista es mentira, que el oasis era una mera tapadera para los negocios sucios de unos cuántos, que la pretendida nación milenaria no tiene más años que los Juegos Florales y que mejor nos estaría si en vez de continuar recreando un pasado fantástico miráramos de frente al futuro sabiendo que no somos ni tan diferentes ni tan especiales ni tan europeos ni tan civilizados ni tan listos como nos pensábamos; el día en que Guardans asuma esto... no sé qué pasará.
Y que me perdone el bueno de Ignasi Guardans, que es quien pone firma al artículo, pero que no hace más que reflejar lo que muchos que se creen progresistas piensan en Cataluña; muchos que, efectivamente, tan solo están dispuestos a tratarte como igual si tú los tratas a ellos como superiores.
Durante el último año se ha avanzado significativamente en la visibilización de la España confederal. Inmersos en las urgencias de la pandemia, quizás no hemos reparado lo suficiente en la profunda transformación de la estructura política española que se ha materializado en los últimos meses. Una transformación que se venía larvando desde hacía décadas y que ha acabado aflorando con vigor como consencuencia, intuyo, de la crisis generada por la covid19. Intentaré explicarlo a continuación.
Lo primero es ver qué quiero decir con "España confederal". Se trata de un término que es conscientemente provocativo y todavía no plenamente ajustado a la realidad, puesto que una confederación implica, en rigor, un estado compuesto de diferentes entidades territoriales cada una de las cuales dispone de la posibilidad de separarse del resto cuando lo estime pertinente. Esta no es (todavía) la situación en España; pero utilizo el término porque en una confederación el peso de las entidades infraestatales y su relevancia en la distribución del poder público es grande, pudiendo llegar a ser mayor que el de las estructuras federales. Es en este sentido en el que empleo el término confederal, como manera de resumir en una palabra que en España se ha dado ya el sorpasso, de tal manera que la suma de las comunidades autónomas es más que la suma de las instituciones centrales españolas; esto es, es más el poder que acumulan las entidades infraestatales en España que el que conservan aquellas que son comunes a todos los españoles. En realidad, como veremos, esto es algo que ya podía apreciarse hace más tiempo; pero que era difícil de percibir pues todavía intentábamos ajustar nuestra visióon de la realidad a los moldes preexistentes. La pandemia ha tenido como resultado que esos moldes se han roto o resquebrajado y, por tanto, ya no es posible evitar mirar de frente a la realidad política en la que vivimos.
Para enteder esto debemos hacer un mínimo recorrido histórico, el que va de un estado fuertemente centrallizado (el que existía hace 50 años) al estado fuertemente descentralizado que hoy es España; un estado descentralizado que es el resultado de un proceso específico: la construcción del Estado autonómico.
En 1977, España era, como se acaba de indicar, un estado en el que tan solo había una descentralización administrativa (ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares); pero no una descentralización política. El poder político residía exclusivamente en las instituciones centrales del estado. La Constitución de 1978 cambia esto, al introducir un estado autonómico, pero con una configuración especial, porque ni se define qué comundades autónomas habrá ni cuáles serán las competencias concretas de cada una de ellas. La Constitución permite que varias provincias limítrofes se constituyan en comunidad autónoma (pero no obliga a ello) y también prevé qué competencias pueden ser asumidas por esas comunidades autónomas, pero permitiendo que tales competencias fueran diversas en el espacio (no todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias) y en el tiempo (la atribución de competencias a las comunidades autónomas es un proceso dinámico, de tal manera que las competencias pueden variar en función de los acuerdos entre el estado y la comunidad autónoma).
El hecho de que el proceso autonómico sea dinámico introdujo un elemento de descentralización progresiva; esto es, se asumió sin mayores problemas que lo normal es que las comunidades autónomas asumieran cada vez más competencias, sin que se establecieran mecanismos para que las competencias que perdía el estado pudieran en algún momento ser recuperadas; esto es, se introducía un proceso dinámico cuyo fin no podría ser otro que la asunción por parte de las comunidades autónomas de todas las competencias. Lógicamente, ese proceso podría ser como una hipérbola, que a medida que se acerca a su asíntota va disminuyendo su velocidad de aproximación, de tal manera que tan solo en el infinito podra tocar dicho eje; es decir, podría asumirse que a medida que las comunidades autónomas fuesen asumiendo competencias sería más difícil que asumieran otras nuevas. Así, por ejemplo, podría pensarse inicialmente que la competencia en materia de relaciones internacionales podría tardar décadas en llegar, y que la competencia en materia de defensa podría demorarse por siglos en su transferencia; pero ahora lo que me interesa destacar es que la dinámcia política en la que se entró en el año 1978 fue una en la que no se planteaba como objetivo más que una progresiva descentralización.
Y 40 años después esa descentralización es realmente intensa. En el año 2020 el presupuesto de las Comunidades Autónomas fue de más de 200.000 millones de euros, un 18% del PIB. El presupuesto del Estado para el año 2021, excluidas pensiones, asciende a 196.000 millones de euros, menos que la suma de los presupuestos de todas las Comunidades Autónomas. En definitiva, si dividimos el gasto público español en tres grandes apartados (comunidades autónomas, pensiones y estado central), la parte que tiene más peso es la de las Comunidades Autónomas.
No es extraño que se de esta situación. Las comunidades autónomas han asumido las competencias nucleares del estado social: sanidad, educación, servicios sociales, protección de menores... Además, en el caso de algunas comunidades, también se tiene competencia en materia de policía o de prisiones; todo ello acompañado de una actividad internacional que en algunos casos es especialmente intensa.
Es cierto que el estado central aún mantiene competencias "básicas" o de coordinación; pero esto no cambia que la gestión y organización de todos los servicios públicos que han sido mencionados en el párrafo precedente corresponde a las comunidades autónomas y no al estado, quien ha acabado incluso perdiendo capacidad de gestión en estas áreas, como pudimos ver en el caso de la sanidad con la crisis del coronavirus.
La extensión de las competencias y, por tanto, del dinero gestionado por las comunidades autónomas ha tenido como consecuencia que los centros de poder en España se hayan diversificado. Quizás hace 50 u 80 años todo se "cocía" en Madrid; pero eso ya no es así; junto al poder central han aparecido unos poderes territoriales que tienen agendas propias y diferenciadas de la agenda central. Esto ha tenido como consecuencia que también los partidos políticos han reflejado esta descentralización, convirtiéndose en cierta forma en una coalición de partidos autonómicos; lo que es más claro en unos casos que en otros, pero que me parece una realidad difícilmente discutible.
Quizás el caso más extremo es el de Podemos, que se presenta como una coalición de partidos territoriales con diversas configurarciones en función de la comunidad autónoma en la que actúa; lo lleva a que la portavocía de su grupo parlamentario aparezca "territorializada"; pero este fenómeno está presente en la mayoría de los partidos que tienen presencia en toda España. En el caso del PSOE, es sabido que no existe en Cataluña, donde quien actúa es el PSC, un partido distinto, aunque coaligado con el PSOE. En otras comunidades autónomas nos encontramos con federaciones del partido pero que en muchas ocasiones muestran su vocación de tener unas prioridades propias; lo que también sucede con el PP Se alude con frecuencia a este fenómeno a partir de la simplifación que supone referirse a él como "los barones"; esto es, las personas fuertes del partido en cada comunidad autónoma y con capacidad de condicionar o enfrentarse a las decisiones de los órganos centrales. Esta "federalización" de los partidos políticos tiene una enorme importancia, porque dificulta el que se construyan proyectos que se basen de manera incondicionada en los intereses generales, sin tener en cuenta los privilegios particulares. Será difícil para cada partido plantear nada que pueda molestar a alguna de sus federaciones o partidos asociados. Creo que prueba de ello es la renuncia absoluta de los dos grandes partidos a plantear una revisión del sistema autonómico. Esa revisión afectaría a entes de poder territorial que también están controladas por los partidos, con lo que la guerra intestina estaría servida. Creo que esta federalización de los partidos es uno de los elementos más relevantes para entender la actual deriva disgregadora en nuestro país. El temor a perder cuotas de poder local depura el debate político impidiendo o, al menos dificultando, que los planteamientos recentralizadores sean planteados con naturalidad.
Todo lo anterior no es de ahora, sino de hace muchos años. Hace 13 ya publicaba una entrada que llamaba provocativamente "España sí se rompe" y donde adelantaba algunas de las ideas que los años han ido confirmando, pero el último año ha sido, quizás, una epifanía, porque la sacudida que ha supuesto la pandemia ha llevado a una mayor visibilización de la situación y a una aceleración de la misma.
En lo que se refiere a la visibilización, hemos comprobado cómo el ministerio de sanidad era, en palabras de Gabriel Rufián, "una cáscara vacía", ya que las transferencias a las comunidades autónomas le habían dejado sin capacidad real, por ejemplo para contratar con agilidad y eficacia en el mercado internacional en un momento de crisis como el vivido en los primeros meses de 2020. Las últimas semanas de febrero y las primeras de marzo del año pasado fueron testigos de interminables reuniones entre el ministerio y los responsables autonómicos con el fin de hacer frente a la amenaza de la pandemia y sin que ninguno pareciera tener claro qué competencias correspondían a cada uno.
La situación pareció revertirse con la primera declaración del estado de alarma, que implicó la asunción por parte del ministerio de sanidad de la dirección de la lucha contra la pandemia; pero la descentralización no dejó de notarse incluso entonces: las divergencias sobre la contabilización de los fallecidos, las disputa políticas sobre la gestión de la crisis y la imposibilidad de que los servicios sanitarios de unas comunidades autónomas pudieran ponerse a disposición de las más necesitadas dieron cuenta de los problemas que tenía afrontar divididos una crisis de esa naturaleza. Con ser una anécdota, la extravagancia de que España fuera el único país de la UE en el que no había un número centralizado para dar información sobre el covid es muestra de hasta qué punto estamos más descentralizados de lo que llegamos a imaginar.
Ahora bien, lo más significativo no es esto; sino la renuncia del estado a ejercer las competencias que aún tiene. Lo vimos a partir del momento en el que se levantó el estado de alarma, cuando el presidente del gobierno hizo expreso que solamente volvería a decretarlo a petición de las comunidades autónomas y que sería el presidente de la comunidad autónoma que lo solicitara quien lo defendiera en el Congreso de los Diputados.
Cuando finalmente se volvió a decretar el estado de alarma, en octubre, las comunidades autónomas se convirtieron en las responsables de su ejecución, decidiendo cada una de ellas las medidas que deberían adoptarse; de esta manera, el gobierno se desentendía de la gestión de la crisis, hasta el punto de que en la campaña electoral que se está desarrollando ahora en Madrid, el propio presidente argumenta que la situación en Madrid está muy mal, como si él no tuviera ninguna responsabilidad en ello en caso de que efectivamente la situación sanitaria en la capital de España y su comunidad autónoma fuese realmente catastrófica, tal como se anuncia ¡desde el gobierno de la nación! Se trata de un planteamiento que hace unos pocos años hubiéramos creído impensable, pues no sería admisible que el gobierno del país pretendiera que ninguna responsabilidad tiene en una crisis sanitaria como ésta; pero que es coherente ya no con el vaciamiento del estado central, sino con la nula voluntad de quienes lo gestionan de reivindicar las competencias que le corresponden.
Y se trata de una dejadez que va más allá de lo sanitario. Así, por ejemplo, también recientemente, las Cortes aprobaban una reforma de la Ley Orgánica de Educación en la que expresamente se delegaba en las comunidades autónomas la verificación del cumplimiento de la obligación constitucional de que el castellano fuera lengua vehicular en la enseñanza. Una dejadez que no deja de ser continuidad de la mostrada por el PP cuando se negó, durante la aplicación del art. 155 en relación a Cataluña, a implementar esa obligación constitucional.
Con ser continuidad, este plasmarse en la ley que el estado se desentiende del cumplimiento de la Constitución no deja de ser significativo. En contra de lo que pudiera esperarse, la voluntad es la de no ejercer las competencias que se tiene, cuando la voluntad de la mayoría de las comunidades autónomas es la de extender su ámbito competencial. Y esto es significativo. Cuando una entidad política prefiere dejar que otros ejerzan las competencias que le son propias acabará sin poder reivindicarlas en caso de que lo desee. Al final, más allá de la arquitectura legal existente, la voluntad política es determinante, y en el caso de España, no existe esa voluntad de mantener un proyecto común, en contraste con que existe en varias de las comunidades autónomas que la integran.
El contraste, como digo, es enorme. En sus memorias, Jordi Pujol explica que nada más tomar posesión como presidente de la Generalitat les dijo a sus consejeros que no quería que ninguno de ellos, ante cualquier problema que surgiera en Cataluña, dijeran que no tenían competencias. Y eso que entonces, en 1980, realmente no las tenían; pero si existía voluntad de construir una nación sobre la base de la Generalitat no podía descansarse nunca en las competencias "de Madrid". Como puede apreciarse, es clara la distancia que hay entre quien renuncia a trasladar a otros las responsabilidades incluso por competencias que no tiene, frente a quien renuncia a ejercer las que tiene. Si es indicativo de algo, es de que la tendencia disgregadora continuará.
No entraré aquí en las razones que pueden explicar esta dejadez por parte del gobierno de España; me basta con constatar su existencia y que esta falta de voluntad en ejercer las competencias que se tienen no es más que el corolario del proceso de disgregación que de una forma u otra lleva larvándose décadas.
Es en este punto donde debe hacerse un planteamiento riguroso sobre cuál ha de ser el futuro de este país. No creo que haya ahora mismo debate más importante, y por eso es fundamental que los diferentes actores políticos sean claros en sus propuestas sobre este tema. En el último lustro hemos asistido al intento de secesión de una comunidad autónoma y a las consecuencias dramáticas de la falta de unidad ante la peor crisis sanitaria por la que ha pasado este país en un siglo. Además, hemos visto cómo la crisis ha llevado a que el gobierno de España se retire, dejando toda la responsabilidad de la gestión de la pandemia a las comunidades autónomas, confirmando así una tendencia a la dejación de competencias estatales que va más allá de este momento y del partido que ahora nos gobierna.
Tenemos, por tanto, ya, un atisbo de lo que podría ser la España disgregada, una España en la que los responsables de las diferentes comunidades autónomas exacerban las rivalidades, compitiendo por recuros y cuotas de poder, mientras que un estado con un poder menguante a duras penas puede hacer de mero árbitro a la vez que va abandonando aquellos ámbitos competenciales que le podrían aún corresponder; una España que ya está funcionando como una serie de países distintos, con distintos toques de queda y diferentes medidas sanitarias, con diferencias en las políticas de vacunación y con prioridades distintas; una España en la que en cada comunidad autónoma vamos sintiendo cada vez más alejados a nuestros conciudadanos de otras regiones. Una España en la que cada comunidad autónoma buscará un rasgo distintivo, un idioma propio que le haga sentirse un poco más diferente de las otras, una España en la que cada vez será más difícil identificar lo que nos une.
Ante lo anterior las propuestas de los diferentes partidos han de ser nítidas; y sería deseable que supiéramos con claridad quiénes se apuntan a la disgregación, inmediata o a plazos, y quiénes optan por revitalizar nuestro proyecto común y a través de qué propuestas. Ya adelanto que en absoluto es necesario eliminar las comunidades autónomas para conseguir ese objetivo, bastaría con racionalizar las competencias autonómicas y dotar a las instituciones centrales de las suficientes herramientas como para garantizar el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio nacional.
A partir de lo anterior deberán ser ya los ciudadanos los que decidan qué es lo que prefieren, si continuar en el proceso en el que estamos inmersos y que he intentado presentar de manera tan impresionista en los párrafos precedentes o revertir la situación y llevar adelante las reformas necesarias para que se de un sano equilibrio entre las competencias del estado central y las de las comunidades autónomas.
Al final seremos el conjunto de los ciudadanos los que decidiremos nuestro futuro.
Hace unos meses, la portavoz del gobierno español, comentando la reforma de la Ley Orgánica de Educación que excluía el carácter vehicular del castellano en toda España, dijo que había que consensuar un texto legislativa para que "cada uno se pueda expresar en las condiciones que le marca su territorio".
Creo que es significativo. Ya no se trata de que cada uno pueda expresarse como quiera, sino que ha de hacerlo en las condiciones que le marque "su territorio". Demasiado bien sabemos en Cataluña -y en otros lugares- lo que esto significa: los derechos que uno creía tener se ven limitados o desaparecen al no ser concordes con la opinión mayoritaria "del territorio". Así, lo que es un derecho constitucional -recibir enseñanza, al menos en parte, en castellano- pierde toda efectividad puesto que quienes ostentan la mayoría en el territorio entienden que las cosas deben ser de otra manera.
No es algo aislado o una anécdota, sino que entronca con algo mucho más profundo, tal como intentaré mostrar.
Las sociedades democráticas que surgen tras la II Guerra Mundial se caracterizan por ser comunidades basadas en el respeto a determinados principios básicos, entre los que se encuentra la garantía de los derechos fundamentales; más allá de los cuales la libertad ha de ser absoluta. La idea central de estas sociedades es que el pluralismo ha de ser máximo. Desde luego, cualquier idea o planteamiento que sea conforme con los principios democráticos básicos ha de poder ser expresada con libertad. En los países que se declaran democracias militantes la expresión o defensa de ideas o planteamientos contrarios a los principios democráticos básicos que fundamentan la sociedad se encuentran sometidas a límites; mientras que en aquellos otros estados que no son democracias limitantes el límite anterior no existe, de tal forma que puede defenderse abiertamente la transformación del país en uno no democrático. Aún así siguen existiendo restricciones a la libertad de expresión que pretenden impedir la incitación o defensa de la violencia y buscan la protección de los grupos vulnerables; pero excepto en los casos anteriores, la actuación y defensa de los planteamientos políticos y sociales goza de la máxima libertad. Además, como los mencionados límites lo son de derechos fundamentales (ideología, expresión, participación política) es necesario que las restricciones que puedan establecerse estén dotadas de las máximas garantías, en particular del control judicial.
Dado que España no es una democracia militante, en nuestro país, al menos en teoría, el espacio público, tanto físico como virtual, ha de estar abierto a todos, sin que nadie pueda arrogarse más legitimidad que otro y sin que ni siquiera quienes cuestionan radicalmente la propia existencia de ese espacio público y libre puedan ser excluidos. Nuestra sociedad es una en la que todos debemos compartir territorio e instituciones sin que nadie pueda apropiarse ni de unas ni del otro.
Lo anterior nos obliga a tener que estar en contacto con aquellos que piensan diferente a nosotros. Los que tenemos ya 50 años y más recordaremos cómo en los años 70 y 80 del siglo XX ese compartir era percibido como signo de vitalidad y libertad. El que en la arena pública pudieran estar desde Fuerza Nueva hasta el Partido Comunista, que todos tuvieran oportunidad de mostrar sus símbolos y plantear sus ideas me parecía, y nos parecía a muchos, una bella conquista. Libertad, pluralidad y, por supuesto, respeto de los principios democráticos y de los derechos fundamentales; pero, insisto, quienes tienen la obligación primera de defender esos principios democráticos y derechos fundamentales -incluido el pluralismo político- son los poderes públicos. En una democracia que no es militante como la española ningún obstáculo hay para que individuos o partidos critiquen o cuestiones esos principios. El procedimiento por encima de la sustancia. Esto es, básicamente, la democracia que se construyó en Europa tras el fin de la II Guerra Mundial.
Hay quien, sin embargo, no está contento con este contacto con quien piensa diferente. Hay quien cree que puede apropiarse de las instituciones y del territorio convirtiendo en ciudadanos de segunda a quienes no comparten sus planteamientos. En Cataluña lo hemos vivido en los últimos lustros. La presencia de esteladas en lugares y edificios de titularidad pública, la colocación de lazos amarillos y de pancartas nacionalistas en sedes de la administración no es más que una forma de marcar el territorio y las instituciones, apropiárselas y, por tanto, indicar a quienes no comparten esos planteamientos, son ciudadanos de segunda.
Una vez consolidada la apropiación simbólica del espacio público, el siguiente paso es limitar o excluir la posibilidad de que quienes no compartan las ideas de quien quiere imponerse puedan expresarse con libertad. En Cataluña también lo hemos vivido. Yo lo he experimentado en primera persona: si tus ideas no concuerdan con el ideario nacionalista se intentará que no puedas expresarla con libertad, al menos en determinados espacios en los que los intolerantes se sienten más fuertes. La crónica de los continuos boicots y acosos a los estudiantes constitucionalistas en la UAB da buena cuenta de ello. También es significativo cómo se ha impedido que Cs pudiera realizar actos políticos en determinado lugares de Cataluña. En el País Vasco se encuentran también casos. Así, por ejemplo, el boicot a un acto de Cs en Rentería.
Esta limitación de la libertad de expresión supone un paso más en el fraccionamiento y ruptura del espacio público. Parece que algunos lo que pretenden es que en su entorno tan solo puedan estar presentes aquellas ideas o planteamientos con los que comulgan, y rechazan que en ese mismo espacio pueda haber quien piensa diferente. Y para conseguirlo se sigue una estrategia clara que se repite.
En primer lugar, se estigmatiza a quien piensa diferente. De nuevo aquí puedo hablar de primera mano: en Cataluña es usual afirmar que quienes discrepan del nacionalismo son fascistas o falangistas, participando en ese señalamiento los poderes públicos. Lo de menos es que exista fundamento para estas etiquetas, porque lo grave es que con la etiqueta se pretende justificar la exclusión del espacio público. Contaré una anécdota significativa al respecto: Hace años, tras un acto constitucionalista en la UAB, un grupo armado con palos persiguió a la carrera a algunos de los participantes en dicho acto. Unos días más tarde comentaba el incidente con algunos compañeros y uno de ellos (una profesora progresista y normalmente muy ecuánime) dijo que es que entre los asistentes al acto había fascistas. Yo le contesté que no era cierto; pero, más allá de eso, que si estaba diciendo que como eran fascistas se les podía perseguir con palos.
Esto es lo realmente grave, que de la etiqueta sigue sin solución de continuidad la legitimación para emplear la violencia contra el que piensa diferente, y es tontería argumentar sobre si la etiqueta está bien puesta o es una barbaridad, porque lo auténticamente grave es que se piense que puede excluirse a alguien del espacio público, utilizando si es preciso la violencia para conseguirlo.
Y ahora esto está pasando también en Madrid. Veamos cómo.
En este caso el objetivo vuelve a ser Vox. Desde varios sectores de la izquierda y del nacionalismo se reitera que Vox es un partido que se aparta de los principios democráticos y, a partir de este aserto (sobre cuya falsedad o veracidad no es preciso entrar) concluyen que el partido carece de legitimidad para presentar con normalidad sus propuestas políticas.
Lo anterior contradice frontalmente elementos esenciales de nuestra democracia. Como se ha dicho un poco más arriba, en las democracias occidentales el pluralismo político no puede ser restringido más que en aquellos países que se adscriben a la democracia militante (no es el caso de España). Así pues, carece absolutamente de fundamento calificar de "provocación" el que un partido político (cualquier partido legal) realice un acto. Es por esto que el comunicado del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en que se califica como provocación que Vox desarrolle un mitin en Vallecas es profundamente antidemocrático.
Es más, esa negación de legitimidad para poder actuar en público a un rival político es uno de los indicadores de que estamos ante una fuerza política (fuerzas en este caso) que son potencialmente peligrosas para la democracia; tal como explican en su libro imprescindible de Levitsky y Ziblatt "Cómo mueren las democracias", donde el segundo de los indicadores de que estamos ante una "figura autoritaria" es que "niega la legitimidad de sus oponentes". Esto es justamente lo que se desprende del comunicado que acabo de compartir. Una cosa es que se critiquen con toda la dureza que se quiera los planteamientos de una determinada formación política y otra que se considere una provocación que las exponga. No tener clara esta distinción es enormemente preocupante.
Esta deslegitimación, además, es antecedente de la reacción violenta frente a este partido. Como hemos visto, Vox ha sido con frecuencia hostigado por quienes se oponen a su mensaje, llegando al punto de impedirle realizar sus actos con normalidad. Esto supone ya una utilización de la violencia, que no se limita a los casos -que también ha habido- de lanzamiento de objetos u otro tipo de agresiones; sino que incluye acciones como rodear a quienes intervienen en el acto e impedir que quienes lo deseen se acerquen con libertad al mismo. En el caso del comunicado del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos se hace expreso que lo que apoyan son actos simbólicos de rechazo que no coincidan con el acto de Vox. Sin duda los redactores del comunicado son conscientes de la ilegalidad de animar al boicot del acto; pero no puede desconocerse, por una parte, que llamar provocación a la realización del mismo excita las reacciones contrarias al mismo y, por otra parte, que algunas de las fuerzas firmantes del comunicado se mostraron complacientes con quienes se reunieron con el fin de hostigar el desarrollo del acto.
Los vecinos a los que se refiere en este hilo de twitter el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos son aquellos que intentaron boicotear el desarrollo del acto de Vox, tal como puede apreciarse en el siguiente vídeo.
Así pues, tenemos que unas determinadas fuerzas políticas consideran una provocación la realización del acto de Vox para, a renglón seguido decir que apoyan el rechazo simbólico a la presencia de Vox siempre que no sea coincidente con el acto; pero cuando se producen incidentes en el acto se apoya a quienes intentaron boicotearlo; esto es, no solamente se deslegitima al adversario político (segundo indicio para identificar un planteamiento político autoritario según Levitsky y Ziblatt) sino que se muestra comprensión y tolerancia hacia la violencia (tercer indicio de que estamos ante un riesgo para la democracia según el libro de estos autores).
Vemos cómo por esta vía, la utilización de la coacción como herramienta política se ha colado en el centro de nuestro debate público, y ello con la colaboración de tres partidos con representación parlamentaria, dos de ellos en el gobierno de España.
Como para estar preocupados.
Pero aún hay más.
Si nos fijamos en el vídeo vemos que una de las consignas que gritan los boicoteadores es "fuera fascistas de nuestros barrios". Quedémonos con la segunda parte de la frase "de nuestros barrios".
Aquí se aprecia cómo se reivindica para sí un determinado territorio. En el comunicado del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos ya se advierte esto cuando se habla de "la provocación de Vox en Vallecas", "barrio históricamente antifascista". Esta referencia al territorio se conecta con lo que se comentaba al principio de esta entrada, la sustitución de una comunidad política plural en la que sobre el mismo territorio conviven diferentes planteamientos ideológicos de acuerdo con determinadas reglas, por una rígida división en territorios en la que quien consigue el control sobre un determinado espacio se cree legitimado para excluir de él a quienes no piensan como él. Lo que habíamos visto en Cataluña, y que comienza por lo simbólico (esteladas y lazos amarillos) acaba convirtiéndos en la exclusión física del disidente y en la utilización de la fuerza para impedir que quien piense distinto pueda expresarse.
Esta vinculación entre territorio e ideología es extremadamente peligrosa para la democracia. En ella está la semilla de la destrucción de nuestras comunidades políticas. La tolerancia y el pluralismo son sustituidas por la imposición dogmática de una determinada ideología, lo que hace imprescindible el control físico de aquel territorio sobre el que se quiere ejercer el poder, impidiendo que quien se oponga al planteamiento dominante pueda expresarse.
Como digo, lo hemos vivido en Cataluña, lo hemos vivido en el País Vasco y ahora lo vemos también en Madrid.
Hemos de reaccionar ante esta deriva antidemocrática, y hemos de hacerlo con determinación, porque está en juego la superviviencia de nuestra democracia.
Hace unos días, la Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa mostraba su preocupación por la aplicación en España del art. 10 del Convenio. En concreto, planteaba la necesidad de revisar la regulación de los delitos de injurias a la Corona y de apología del terrorismo
Coincido con la Comisaria en lo que se refiere al delito de injurias a la Corona. No así en lo relativo a la apología del terrorismo. Me parece que aquí la Comisaria trata del tema de una manera descontextualizada y superficial; pero no me voy a detener aquí en ello porque mi propósito es otro.
La carta me sorprendió un tanto porque el régimen de protección de los Derechos Humanos a nivel regional presenta algunos problemas técnicos que impiden aproximaciones excesivamente simplistas. Como casi todo en Derecho, existen conceptos difusos, intereses contrapuestos y diferentes aproximaciones técnicas. En lo que se refiere a la libertad de expresión, que es el tema que preocupaba a la Comisaria, estas dificultades son grandes en algunas zonas fronterizas entre el derecho a la libertad de expresión y la protección de otros derechos; en concreto el derecho a no ser discrminados o la dignidad personal; y también en lo que se refiere a la lucha contra lo que se ha denominado discurso del odio. La jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo en este punto no está precisamente exenta de análisis individualizados y cautelas que dificultan la generalización de sus decisiones.
Lo anterior implica que la protección de este derecho (la libertad de expresión) exige un diálogo constructivo entre el Tribunal de Estrasburgo y los tribunales nacionales en el que no debe sorprendernos que existan condenas por parte del primero incluso en relación a estados que, en líneas generales, intentan ajustar su comportamiento a las exigencias que se derivan del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entiendo que este diálogo ha de desarrollarse con una cierta normalidad, y diferenciarlo de aquellos casos en los que se aprecia realmente una resistencia por parte de determinados actores a dar pleno cumplimiento a las exigencias del Convenio europeo. Diferenciar entre unos y otros casos me parece que puede ser relevante.
Y esto es lo que me lleva a esta entrada, porque el problema es ver en qué casos podemos identificar esa resistencia o, al menos, dificultades en la efectividad del Convenio Europeo y en qué otros casos existe un generalizado acatamiento al mismo que tan solo se ve salpicado por esos casos "difíciles" en los que es imprescindible el diálogo entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Estrasburgo.
No creo que exista una respuesta definitiva a la pregunta anterior; pero tampoco puede afirmarse que no existan elementos que nos permitan ofrecer alguna aproximación a dicha respuesta. En concreto, el análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, el encargado de velar, en última instancia, por el respeto al Convenio en los Estados vinculados por el mismo, puede aportar alguna idea. Este análisis, además, se ve facilitado por la existencia de abundantes datos recopilados por el mismo Tribunal. Estos datos nos permiten avanzar algunas hipótesis sobre el grado de cumplimiento del Convenio en los diferentes Estados europeos.
Este informe ofrece diferentes estadísticas. Yo me he limitado a consultar aquella en la que se indican el total de sentencias en relación a cada país y en cuántas de estas sentencias han sido apreciado la vulneración de uno de los derechos reconocidos en el Convenio. El cuadro incluye también el detalle de los diferentes derechos vulnerados en relación a cada país; pero aquí no me ocuparé de esa cuestión.
El número de decisiones en las que se ha apreciado al menos una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación a cada Estado es un dato interesante; pero creo que este dato ha de contextualizarse teniendo en cuenta el tamaño del país y los años de vigencia del Convenio Europeo. Obviamente no tiene el mismo significado que existan 10 sentencias que declaran la existencia de una vulneración del Convenio por parte de un país de un milló de habitantes que esas mismas 10 sentencias respecto a un país que tenga 80 millones de habitantes. De igual manera, 10 sentencias que declaran una infracción del Convenio en un país en el que el Convenio lleva en vigor 10 años no tienen el mismo sentido que esas mismas 10 condenas en relación a un país en el que el Convenio Europeo de Derechos Humanos lleva aplicándose 50 años.
Es por eso que lo que hice fue calcular el número de condenas en relación a cada país por millón de habitantes y año de vigencia del Convenio. El resultado es éste:
Se han excluido los países de menos de un millón de habitantes. En datos númericos, los diez países con un menor número de sentencias que declaran la infracción del convenio en relación a la población y a los años de vigencia del Convenio son estos:
1- Alemania: 0,04
2- Dinamarca: 0,05
3- España: 0,06
4- Reino Unido: 0,07
5- Países Bajos: 0,08
6- Irlanda: 0,08
7- Suecia: 0,09
8- Noruega: 0,11
9- Francia: 0,25
10- Bégica: 0,26
En todos los casos se refiere a condenas por año de vigencia del convenio y millón de habitantes.
Los diez países con peores resultados son los siguientes:
1- República de Moldava: 6,91
2- Eslovenia: 6,23
3- Croacia: 3,76
4- Macedonia del Norte: 3,46
5- Bulgaria: 3,43
6- Letonia: 2,81
7- Rumanía: 2,78
8- Armenia: 2,41
9- Eslovaquia: 2,36
10- Lituania: 2,31
Como puede verse las magnitudes son completamente diferentes entre los 10 primeros países y los 10 segundos. A simple vista puede apreciarse que la eficacia del Convenio Europeo en unos y otros Estados es muy diferente. En los primeros podemos, quizás, aventurar que nos encontramos ante ese necesario diálogo entre tribunales y autoridades al que me refería hace un momento, mientras que el segundo puede aventurarse que hay problemas estructurales que deberían ser abordados de una manera específica. Ya adelanto que me parece que podría ser interesante que se realizara algún tipo de análisis, quizás por parte de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en línea con lo que aquí se señala.
Por supuesto, lo anterior es tan solo una aproximación; porque, como bien apuntaba en mi muro de facebook algún amigo cuando adelantaba esta idea; bien pudiera ser que en algunos países hubiera una major cultura o facilidad para acceder al Tribunal de Estrasburgo que en otros, por lo que los datos de coneenas podrían estar sesgados.
Lo anterior es cierto; pero disponemos de alguna herramienta para corregir ese sesgo. En concreto, puede examinarse la ratio de condenas sobre el total de casos presentados ante el Tribunal de Estrasburgo. Si en relación a un país casi todos los casos que llegan al Tribunal acaban en condena podemos quizás presumir que habría más casos que podrían haber llegado al Tribunal Europeo y que se han quedado en el camino. Esta presunción iría perdiendo fuerza respecto a aquellos países en los que el número de condenas respecto al total de casos disminuye. Como disponemos de esos datos, es fácil realizar un cuadro en el que se ubique a cada Estado según este criterio. Esto es, el número de casos que concluyen en una declaración de infracción respecto al total de casos que llegan al Tribunal de Estrasburgo en relación a ese Estado. El resultado es el siguiente:
Las diferencias aquí no son tan llamativas como en el número de condenas en relación a la población y al tiempo de vigencia del Convenio, pero aún así existen. En principio, como antes de adelantaba, un número menor de condenas en relación al de casos presentados ha de permitirnos presumir un mejor cumplimiento del Convenio que aquellos otros casos en los que el número de condenas prácticamente iguala el de casos presentados. Indicaré a continuación cuáles son los diez primeros países y los diez últimos de acuerdo con este criterio de clasificación.
1- Dinamarca: 0,33
2- Suecia: 0,4
3- Países Bajos: 0,55
4- Alemania: 0,56
5- Reino Unido: 0,58
6- Suiza: 0,58
7- Irlanda: 0,64
8- Noruega: 0,67
9- España: 0,69
10- Lituania: 0,69
Y los diez "peores"
1- Ucrania: 0,98
2- Azerbaijan: 0,96
3- Hungría: 0,94
4- Rusia: 0,94
5- Armenia: 0,92
6- Bosnia Herzegovina: 0,92
7- Eslovenia: 0,92
8- Bulgaria: 0,9
9- Serbia: 0,9
10- Grecia: 0,89
Vemos cómo, curiosamente -o no tan curiosamente- nuevo de los diez países que tienen un menor número de condenas respecto a su población y los años de vigencia del Convenio Europeo se sitúan también en los primeros lugares de acuerdo con este segundo criterio de clasificación. La única diferencia entre las dos listas está en Bélgica (que está en la primera y no en la segunda) y Lituania (que está en la segunda, pero que en la primera ocupa el puesto 10 entre los países con un mayor número de condenas). Entre los países con un peor grado de cumplimiento hay más variedad, pues tan solo 3 se sitúan entre los diez peores en ambos ránkings (Armenia, Eslovenia y Bulgaria).
Es posible también combinar ambos ránkings. para eso lo que hice fue calcular la media de casos condenatorios para todos los Estados miembros. Esta media es de 0,84. A continuación lo que hice fue aplicar la siguiente fórmula: 1-(0,84-x)*y; siendo x la ratio para cada país entre el número de condenas respecto al total de casos, e y el número de sentencias en las que se declara una vulneración del Convenio por millón de habitantes y año de vigencia del Convenio. De esta forma, cuanto menor fuera x, más se reduciría el índice final de cada país; de tal manera que cada condena pesaría más en aquellos países en los que el número de condenas está más próximo al número total de casos y cada una de esas condenas pesaría menos en aquellos otros países en los que el número de condenas es reducido respecto al total de casos presentados. El resultado es el siguiente:
De nuevo aquí doy los datos de los 10 países que tienen un mejor índice de cumplimiento del Convenio y de los 10 que lo tienen peor.
Los mejores serían:
1- Dinamarca: 0,02
2- Alemania: 0,03
3- Reino Unido: 0,05
4- Suecia: 0,05
5- España: 0,05
6- Países Bajos: 0,06
7- Irlanda: 0,06
8- Noruega: 0,09
9- Francia: 0,22
10- Suiza: 0,23
Los peores serían:
1- República de Moldava: 7,12
2- Eslovenia: 6,73
3- Bulgaria: 3,64
4- Macedonia del Norte: 3,63
5- Croacia: 3,57
6- Rumanía: 2,89
7- Letonia: 2,7
8- Armenia: 2,6
9- Eslovaquia: 2,48
10- Hungría: 2,21
Este nuevo índice confirma que el grado de cumplimiento del Convenio es muy alto en 8 países, que están entre los 10 que presentan un menor número de condenas, entre aquellos en los que la ratio de condenas respecto a casos presentados es menor y que en conjunto presentan menos condenas ponderadas con la ratio entre condenas y casos totales. Estos países son Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Suecia, España, Países Bajos, Irlanda y Noruega.
En el lado contrario, Armenia, Eslovenia y Bulgaria aparecen siempre entre los países que presentan un índice de cumplimiento peor, habiendo una mayor variación entre aquellos que se les unen en función del criterio que se utilice. Si consideramos todos los criterios utilizados, los países que están entre los diez que presentan peores datos en alguno de los rankings es la siguiente:
- Ucrania
- Azerbaijan
- Hungría
- Rusia
- Armenia
- Bosnia Herzegovina
- Eslovenia
- Bulgaria
- Serbia
- Grecia
- República de Moldava
- Croacia
- Macedonia del Norte
- Letonia
- Rumanía
- Eslovaquia
- Lituania
Por supuesto, los análisis que pueden realizarse a partir de aquí son muy variados; pero creo que sería bueno estudiar qué es lo que diferencia al grupo de países que señalaba antes y que destacan por su grado de cumplimiento del Convenio de aquellos que presentan unos datos mucho peores. Desconozco los estudios que puedan existir en esta línea (perdonen mi adanismo); pero como este es un blog que no tiene más pretensión que explicitar aquello que me ha llamado la atención me atrevo a compartir estos números que, intuyo, pueden ser reflejo de algo más profundo.
