Mi amigo Jamie Mayerfeld, me comenta el artículo de Noah Feldman "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion", publicado en Bloomberg. Creo que el artículo contiene algunos errores de apreciación, sobre todo en lo que se refiere a las consecuencias de lo que el articulista califica como de una "pequeña" rebelión que, sin embargo, no debió ser tan pequeña cuando motivó reacciones de decenas de países y de la Unión Europea.
No me ocuparé aquí de este aspecto, porque lo que me interesa es reflexionar sobre los motivos que pueden llevar a algunos comentaristas extranjeros a percibir de una manera sesgada lo que está sucediendo en Cataluña. De esta manera, no seguiré el artículo punto por punto, sino que tan solo me servirá para intentar ejemplificar una perspectiva que he visto en algunos comentarios, sobre todo procedentes del extranjero, que muestran una inexplicable simpatía con los causantes de la crisis del año 2017 en Cataluña.
Creo que un elemento clave para entender el verdadero alcance de lo acaecido en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017 (en el otoño de 2017, si se me permite la imprecisión, pues los hechos comenzaron en el verano, en concreto el día 6 de septiembre) es el asumir que la "rebelión", por emplear el término que utiliza el propio Noah Feldman, fue protagonizada por el poder público, no por ciudadanos que se enfrentaban a dicho poder público. Este, me parece, es un elemento que con frecuencia se pasa por alto. Se queda uno en las imágenes de las genes en las calles e instintivamente se interioriza que el conflicto se plantea entre manifestantes (nacionalistas catalanes) y la policía (gobierno español). Esto no es así. El actor principal del conflicto fue el Gobierno catalán, la cúspide de un poder público con un presupuesto de 32.000 millones de euros anuales y que gestiona en Cataluña la educación, la sanidad, las prisiones, las Universidades, la policía (17.000 agentes armados) y gran parte de los transportes, entre otras competencias (protección de menores, protección de consumidores, cultura...). Es decir, la "rebelión" no fue contra el poder, sino desde el poder, una rebelión que implicaba que dicho poder público se declaraba liberado de los límites establecidos en la Constitución en las leyes para actuar al margen de estas.
Como digo, creo que esta perspectiva ha de ser tenida en cuenta. No es lo mismo que un ciudadano o un grupo de ciudadanos protesten ante el poder público que este poder público decida ejercer el monopolio de la violencia que tiene al margen de las leyes y los límites establecidos. Esto es justamente lo que sucedió en Cataluña: el Parlamento catalán derogó la Constitución española en Cataluña, el Gobierno regional desobedeció al Tribunal Constitucional español y finalmente el Gobierno regional y el Parlamento declararon la independencia.
¿En qué situación dejaban estas actuaciones a los catalanes que no compartíamos los planteamientos nacionalistas? Puedo hablar en nombre propio: soy ciudadano de Cataluña, sometido al poder público de la Generalitat y contrario a la secesión y al nacionalismo. Abiertamente contrario, además. ¿En qué situación me encontraba una vez que el poder público que dirige a los policías que vigilan las calles, las escuelas donde estudian mis hijos, los centros de salud a los que acudo cuando estoy enfermo, la Universidad en la que trabajo y las prisiones en las que acabaría si soy detenido decide actuar al margen de la ley, en contra de la Constitución y privarme de las garantías que hasta ahora tengo para mis derechos (recurso al Defensor del Pueblo español, al Tribunal Constitucional español o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos)? Esta es justamente lo que sentíamos millones de catalanes en aquellas semanas de septiembre y octubre de 2017.
Digo millones y no exagero, puesto que en Cataluña los partidos nacionalistas obtienen menos votos que los partidos que no comparten los planeamientos secesionistas. El sistema electoral catalán, que prima las zonas en las que se concentra el voto nacionalista, hace que una minoría de votos se convierta en una mayoría de escaños en el Parlamento regional, pero esto no ha de hacernos olvidar que son más los catalanes no nacionalistas que los nacionalistas, igual que hemos de ser conscientes de que pese a que los medios públicos de comunicación, la escuela y las administraciones utilizan casi exclusivamente el catalán más de la mitad de los catalanes tienen como lengua materna el castellano. Otra imposición nacionalista.
Pero volvamos a esa situación patológica en la que el poder público decide actuar al margen de la legalidad. En el primer año en la Facultad de Derecho se explica como la diferencia entre el Antiguo Régimen y los Estados modernos es que en el Antiguo Régimen el poder público actúa sin límites externos, mientras que en los Estados modernos quienes ejercen ese poder público han de sujetar su actuación a los límites legales. Este sometimiento es una garantía para los ciudadanos. Durante décadas había sabido esto como parte de la Teoría del Derecho y del Derecho Constitucional. En el año 2017 supe lo que es sentir verse sometido a un poder que actúa al margen de la ley. Y no es agradable.
Es por eso que resultaba imprescindible recuperar el Estado de Derecho en Cataluña. Y Noah Feldman así lo entiende en su artículo, cuando manifiesta que entiende las razones para que el Gobierno español recurriera a los mecanismos excepcionales que habilita la Constitución para hacer cumplir la ley en una Comunidad Autónoma mediante la atribución directamente al gobierno de España del control de la región. Como digo, esta recuperación del Estado de Derecho en Cataluña era imprescindible no solamente por razones institucionales, sino también para hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos catalanes, que no se merecían verse sometidos a un poder público que actuaba al margen de la Constitución y de la ley y en contra de las decisiones de los tribunales. Una situación, evidentemente, inadmisible en cualquier democracia.
A partir de aquí la discrepancia de Feldman es acerca de la adopción de medidas penales en relación a los líderes de la "rebelión". Pareciera entender que sería mejor pasar página sin entrar en actuaciones ante los tribunales criminales. Discrepo.
Lo primero que tenemos que ver es la gravedad de lo sucedido y que en parte ya he adelantado:
- Se derogó la Constitución en Cataluña.
- Se desobedeció al Tribunal Constitucional.
- Se convocó un referéndum ilegal
- Se organizaron barricadas y otros obstáculos para dificultar la actuación de la policía.
- Se organizó la ocupación ilegal de escuelas y otros edificios públicos para realizar el referéndum.
- Se organizó la resistencia a la policía para impedir que diera cumplimiento a las órdenes judiciales.
- Se atacó a la policía que tenía orden de cerrar locales donde se estaba desarrollando el referéndum.
- Se persiguió y acosó a policías fuera de servicio.
- En las escuelas se señaló públicamente a los hijos de los policías.
- En las escuelas se organizaron protestas contra la actuación de la policía en las que participaron menores (en algunos casos niños pequeños).
- Se elaboraron bases de datos para el censo del referéndum al margen de las presiones legales sobre protección de datos personales.
- Y se declaró la independencia... dos veces.
- Y se declaró la independencia... dos veces.
¿En serio mantenemos que esto no merece reproche penal? Creo que no es serio mantener esta postura. Algunas o todas de estas conductas pueden entrar en varios tipos penales del Código Penal español y, por tanto, han de ser investigadas. Otra cosa es qué tipos concretos, y sobre esto hay margen de debate, un debate en el que Noah Feldman está cordialmente invitado a participar, pero que ha de hacerse a partir de la consideración de los distintos tipos penales previstos en el Derecho español. Una discusión de este tipo en un Estado democrático no puede hacerse más que sobre la base del tenor de la ley.
Y esto no es un formalismo. Existe aquí otra confusión que ha de ser denunciada. A veces se mantiene que el Gobierno español debería hacer esto o lo otro en relación a la situación de los acusados por los hechos del otoño de 2017 sin darse cuenta de que en España existe separación de poderes. Quienes juzgan son los tribunales, no el Gobierno, y quien acusa es el Fiscal, no el Gobierno; y realmente tanto los Jueces como el Fiscal son independientes y obran de acuerdo con lo que establece la ley, no según consideraciones políticas. Si de la ley se deriva que se han cometido delitos que han de ser perseguidos no es una opción dejar de hacerlo, existe la obligación de perseguir esos delitos. No es posible abstenerse de acusar o de condenar. Lo que puede hacer el Gobierno es, una vez juzgados y condenados, aplicar medidas de gracia como el indulto; pero en la fase en la que nos encontramos el Gobierno nada puede hacer, tan solo respetar lo que están haciendo jueces y fiscales.
Ahora bien, olvidémonos por un momento de lo que acabo de explicar y pensemos que es posible mirar para otro lado y dejar sin cargos a los responsables de los hechos de septiembre y octubre ¿qué mensaje se traslada con esto?
Para responder a esta pregunta hemos de darnos cuenta de que la sociedad catalana está profundamente dividida. Desde el extranjero a veces se piensa que todos los catalanes son nacionalistas, que todos los catalanes quieren la independencia, que todos los catalanes están en contra de los juicios a los políticos presos y que todos los catalanes rechazan a la policía española. Esto no es cierto. Tal como he indicado, la mitad al menos de los catalanes rechazan la secesión y un número muy significativo rechazan las políticas nacionalistas que nos hacen sentir ciudadanos de segunda en nuestro propio país. En definitiva, la sociedad catalana es una sociedad que carece de consensos.
Y en una sociedad que no tiene consensos el respeto a la ley es lo único que garantiza la convivencia. Si los nacionalistas tienen bula para saltarse la ley sin consecuencias ¿qué nos queda a los demás? Tan solo dos opciones: someternos a los nacionalistas o saltarnos nosotros también la ley. ¿Queremos crear esta situación, esta disyuntiva terrible? Pues a ella conduce la irresponsable propuesta de mirar para otro lado ante los delitos de los nacionalistas.
Ciertamente hemos de buscar la reconciliación, y para eso solamente hay un camino: el diálogo entre catalanes, entre los catalanes nacionalistas y no nacionalistas. Pero esta es una vía que los nacionalistas rechazan. Contaré una anécdota: hace un año o así coincidí en un programa de televisión con Irene Rigau, una líder nacionalista que había sido Consejera de Educación en la época de Artur Mas. Discutíamos sobre la presencia de castellano en las escuelas y en un momento dado dije que podría estar de acuerdo con ella en un punto. El presentador entonces le apuntó a Rigau que yo podría estar de acuerdo con ella y ella dijo que conmigo ella nunca podría estar de acuerdo. Para los nacionalistas los catalanes no nacionalistas simplemente no existimos, estamos "fuera del marco", y lo único que pretenden es establecer un diálogo con el gobierno español que deje al margen a los catalanes no nacionalistas. Esta vía no puede conducir a ninguna solución y sería bueno que el gobierno español condicionara cualquier diálogo con los nacionalistas al diálogo previo en Cataluña y al respeto a la ley por parte de todos. Esta es la vía para recuperar la convivencia. Una vía que no pasa por mirar para otro lado o negociar únicamente con los nacionalistas, sino hacer respetar el Estado de Derecho y establecer vías de comunicación entre todos los catalanes.
Estas son perspectivas que el artículo de Noah Feldman no tiene en cuenta. Lo entiendo, porque desde afuera es difícil apreciar los matices que aquí planteo, pero me gustaría que se tuvieran en cuenta cuando se habla, y más cuando se escribe, acerca de la situación que se vive en Cataluña.
Agradezco a Jamie Mayerfeld las preguntas y la sugerencia de convertir en un post el diálogo que hemos mantenido sobre este tema.
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