Salarios, pensiones y PIB

Hace unas semanas, escribía una entrada sobre la relación entre salario mínimo (SMI) y salario medio. 

Y esta misma semana leía que se ha publicado un informe donde se ponen en relación ambas conceptos, especificando la relación entre SMI y salario medio en cada Comunidad Autónoma.

Como puede apreciarse, en alguna Comunidad Autónoma (Extremadura) el SMI es ya más del 75% del salario medio; lo que -por lo que comentaba en la entrada- no me parecen buenas noticias. Desde mi perspectiva, lo que hay que conseguir es que aumente el salario medio, y si éste no sube o, incluso baja (como, en términos de poder adquisitivo, pasa en España), la subida del SMI puede acabar llevando a algunos problemas estructurales; pues será difícil convencer a nadie para que se forme si, al final, el salario que va a obtener será el mismo que pueda conseguir sin esa formación (diría que está empezando a pasar). Eso ya sin hablar de la expulsión del mercado laboral de todos aquellos puestos de trabajo que no sean capaces de generar un beneficio que compense la satisfacción del SMI.

De esta forma, la pregunta en la que deberíamos centrarnos es en la razón de que el salario medio en España no aumente. Y para ver qué quiere decir esto lo que he hecho es comparar la relación que hay en varios países entre salario medio y renta per cápita.

¿Para qué?

Bueno, en algunos comentarios al post anterior sobre el SMI se mencionaba que en España el trabajo tenía menos valor añadido que en otros países. Esto es, el trabajo era de peor calidad que el que encontramos en países como Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania.

Seguramente es cierto; y esto nos lo dará la diferencia en la renta per cápita de estos países. Así, por ejemplo, la renta per cápita española es tan solo un 43% de la renta per cápita de Estados Unidos; un 65% de la renta per cápita del Reino Unido y un 59% de la renta per cápita de Alemania. De aquí puede derivarse que lo que produce cada trabajador en España tiene menos valor que lo que producen los trabajadores de Alemania, Estados Unidos o del Reino Unido.

Ahora bien, aún hay más; porque siendo lo anterior cierto, también lo es que en Alemania, Bélgica o, incluso, el Reino Unido, la relación entre salario medio y renta per cápita es más alta que en España. Esto es, no solamente es que cada trabajador produzca más, sino que en su salario es una parte mayor de lo producido que la que encontramos en España.

Puede apreciarse en el siguiente gráfico, en el que hay una línea para la renta per cápita, otra para el salario medio y otra para el SMI.

Vemos que la renta per cápita de España respecto a los países seleccionados (sin seguir ningún criterio especial, tan solo para considerar tanto países con un nivel de riqueza mayor que el de España y otros con un nivel inferior), España tiene una renta per cápita que se sitúa bastante por debajo de países como Estados Unidos, Alemania o los Países Bajos; pero también se observa que la relación entre salario medio y renta per cápita en España también es menor que en estos países. Es decir, los comparativamente bajos salarios en España no son consecuencia únicamente de la baja productividad, sino también de un menor traslado de la riqueza a los salarios en España en relación a otros países.

Pongamos un ejemplo concreto: con la renta per cápita que tiene España, si la relación entre salario medio y renta per cápita en España fuera la que hay en Alemania, el salario medio en España no sería de 27570 euros anuales, sino de 31110 euros. Por contra, si Alemania, con la renta per cápita que tiene, gozara de una relación entre salario medio y renta per cápita como la española, resultaría que el salario medio en Alemania no sería de 52800 euros anuales, sino de 46753 euros anuales.

Es decir, no solamente importa la productividad, sino también qué parte de la riqueza va a salarios.

Aparte de lo anterior, el SMI también juega un papel, como hemos visto. Así, en España, pese a que el salario medio es comparativamente bajo, el SMI es comparativamente alto, como puede comprobarse en el "pico" en la línea gris que se aprecia en el punto en el que representa a España. Quizás se aprecia mejor en el gráfico inferior, en que, en tres columnas para cada país, se refleja la relación entre salario medio y renta per cápita, entre SMI y renta per cápita y entre SMI y salario medio.

Probablemente, sin embargo, la imagen no está completa si no consideramos también el gasto en pensiones, tal y como apuntaba en la entrada anterior.

Llegados a este punto, quizás sea bueno considerar la parte del PIB que se dedica a salarios y la que se dedica a pensiones. Estrictamente no podrían sumarse las dos, puesto que hay una parte de los salarios (brutos) que contribuye al gasto en pensiones; pero, haciendo esta salvedad, no creo que esto cambie el planteamiento general, que lo que pretende es identificar qué parte de la riqueza nacional va salarios, qué parte a pensiones y la relación entre unas y otras.

Tomando los países que hemos considerado hasta ahora, tendríamos este gráfico

Este gráfico muestra que la suma de lo que en España se dedica a salarios y a pensiones no está muy alejado de lo que encontramos en otros países. El resultado en España sería un 68% del PIB; por debajo de lo que nos encontramos en Alemania (un 73% del PIB), Francia (74% del PIB) o Bélgica (73% del PIB). Y estamos hablando de proporciones, no estamos considerando valores absolutos; lo que quiere decir que para comparar estos porcentajes el hecho de que el PIB o la renta per cápita en unos y otros sea muy diferente no tiene -en principio- una gran relevancia; porque lo que estamos comentando es qué parte de lo que produce el país va a unas u otros cosas, sin entrar en cuáles son las cantidades en términos absolutos.

¿Dónde está la particularidad de España respecto a otros países (no todos)? En que dentro de esta suma de salarios y pensiones, la proporción de las pensiones es mayor que en otros estados. Si nos fijamos en el gráfico anterior, vemos como en el punto de España hay un "pico" gris, que resulta de añadir a la participación de los salarios en el PIB una muy significativa participación de las pensiones. Se aprecian estos "picos" también en el caso de Bélgica, Francia, Polonia y Portugal. Esto es el resultado de que la proporción entre pensiones y salarios es bastante alta en estos países, tal y como veremos en el siguiente gráfico

Aquí vemos cómo los países en los que las pensiones tienen un peso mayor en relación a los salarios son Francia, Portugal, Polonia y España. En el otro extremo, países como Canadá, Países Bajos, México o Reino Unido muestran un peso menor de las pensiones.

¿Por qué lo anterior es importante? Pues para entender algunas cosas. Por ejemplo, en los Países Bajos, a diferencia de lo que sucede en España, no se espera -por lo general- que la pensión que se obtenga equivalga al salario que se ha venido percibiendo mientras se trabajaba. De esta forma, no es difícil comprender que muestren reticencias hacia España en lo que se refiere al tema de las pensiones en nuestro país, sobre todo si consideramos que España recibe fondos de la Unión Europea que en parte, son resultado de aportaciones que realizan los Países Bajos.

Por supuesto, a esta reticencia puede responderse diciendo que si consideramos salarios y pensiones, la posición de España es similar a la de otros países europeos y, de hecho, prácticamente idéntica a la de los Países Bajos (67% del PIB para salarios y pensiones en los Países Bajos y 68% en España, de acuerdo con los datos que he podido encontrar) y que, por tanto, es una opción legítima optar por salarios más bajos y pensiones más altas; justo la contraria de la que parece existir en los Países Bajos.

Además de lo anterior, nos debería servir para analizar con realismo en qué situación nos encontramos y qué políticas tenemos que abordar en el futuro. Como diríamos llanamente, el dinero no crece en los árboles. Hay el que hay, y si estamos hablando en términos porcentuales, esta cantidad es siempre 100. En la actualidad (bueno, en realidad, hace 2 años, porque los datos de los que se dispone son de 2021), de ese 100, España dedica a salarios y pensiones 68. ¿Puede subirse? Sí, todavía hay margen. Hemos visto que en Francia esa cantidad es 74 y en Alemania, 73. Ahora bien, no puede subir indefinidamente, porque de alguna forma habrá que remunerar al capital, y si aumentan salarios y pensiones, la remuneración del capital disminuye. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el capital puede moverse a donde quiera (y creo que eso explica en parte que los países con menos productividad tengan también una participación menor de los salarios en el PIB: dada la competencia global por la obtención de capitales, no puede reducirse el beneficio que éste obtiene sin arriesgarse a perder inversiones, lo que a medio y largo plazo supone problemas serios); así que los márgenes de los que disponemos son relativamente estrechos.

De lo anterior se deriva que si aumenta el gasto en pensiones, la parte de los salarios en el PIB bajará y el salario medio, en términos reales, también. De hecho, es lo que ha pasado en España en los últimos años: el aumento del gasto en pensiones ha venido acompañado de una disminución del poder adquisitivo del salario medio

La subida del salario medio no maquilla lo anterior. Podremos subir el SMI todo lo que queramos, pero eso no hará que suban el conjunto de los salarios, como hemos visto en el caso de España, y a medio plazo no es imposible que esa subida del SMI suponga una cierta contracción de la economía. Que el SMI iguale el salario medio supondría que estamos ante una economía ya no libre, sino planificada, en la que es una decisión política ya no la que fija el SMI, sino la que fija el salario.

Tenemos que debatir en serio sobre qué modelo de sociedad y de economía queremos, fuera del marco que pretende fijar la demagogia y el NO-DO de un presidente que se toma un café con pensionistas o con jóvenes que cobran el SMI.

UAB, 21 de febrero de 2023

El 21 de febrero de 2023 hubo nueva carpa de S'ha Acabat! en la UAB; pero esta vez fue, en parte, diferente a otras ocasiones.

Los jóvenes de S'ha Acabat! estaban acompañados por algunos compañeros de la asociación "Libertad sin Ira", un movimiento universitario de la Comunidad de Madrid que defiende la libertad de expresión dentro de las universidades y que tiene su particular frente abierto en el campus de Somosaguas de la Complutense, donde los movimientos denominados (o autodenominados; a estas alturas ya el matiz me importa poco) "de izquierdas", intentan excluir a quienes no comparten sus planteamientos, como hemos tenido ocasión de comprobar en algunos escraches, como los vividos por Rosa Díez o, más recientemente, por Isabel Díaz Ayuso. Esta es la foto de familia del grupo.

La actividad de la carpa comenzó a las 15:30 y hasta las 16:30 se desarrolló sin incidentes. Más o menos a esa hora, sin embargo, un grupo de encapuchados bajó corriendo desde el bosquecillo que se ve detrás de la carpa y lanzó huevos rellenos de pintura contra la carpa. Parecía el comienzo de un acoso como los que habíamos visto en ocasiones anteriores; pero esta vez junto con el personal de seguridad de la UAB, intervinieron Mossos d'Esquadra que persiguieron a los encapuchados y lograron atrapar a uno, al que vimos que llevaban sujeto entre dos policías tras haberle quitado la capucha.

En otras ocasiones me quejé de la inacción de la policía, o de una actuación que impedía de hecho que se pudiera realizar el acto que había sido convocado. Ayer, sin embargo, a mi juicio la actuación fue la que tenía que ser: la policía no estaba pegada la carpa, lo que hubiera sido un obstáculo para la labor de difusión de la información y contacto con estudiantes que se pretendía; pero cuando fue necesario actuó con rapidez y, a diferencia de lo que había pasado en otras ocasiones, sí que se practicaron detenciones, tal y como reconoce la asociación que parece asumir la responsabilidad del ataque.

Esta era una vieja reclamación. La policía no ha de limitarse a interponerse entre agresores y agredidos, sino que ha de perseguir a los agresores y garantizar que todos puedan expresarse con libertad. Los Mossos d'Esquadra en demasiadas ocasiones o bien habían estado ausentes o bien se habían limitado a evitar daños físicos sin hacer aquello que es constitucionalmente obligado: garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. Ayer, en cambio, actuaron como ha de hacerlo la policía en un país democrático.

Un pequeño signo de esperanza. El objetivo no es que colocar una carpa con la bandera de España en la UAB sea un acto heroico, sino que se viva con normalidad, y para ello es fundamental el papel de la policía transmitiendo a quienes quieren impedirlo que no es legítimo en democracia utilizar la fuerza para impedir que otro se exprese.

El índice de democracia de "The Economist". Edición de 2022

Como siempre, el índice de democracia de "The Economist" aporta datos interesantes. Como todos los índices, por supuesto, ha de mirarse con cierto escepticismo; porque medir la calidad democrática de un país implicará siempre cierto grado de subjetividad y la posibilidad de discutir los criterios que se utilizan y cómo se ponderan. En cualquier caso, esta es información que se puede encontrar en este enlace de wikipedia.

El resultado del informe correspondiente al año 2022 es que 24 países entran en la categoría de "democracias plenas"; esto es, aquellos que, en la puntuación del estudio obtienen 8 puntos o más (el máximo es 10). Por debajo de estas democracias plenas nos encontramos con 48 países que son democracias defectuosas. Tras estos están los países que no pueden ser considerados democráticos, y que se dividen en dos subgrupos: regímenes híbridos (36 países) y regímenes autoritarios (59 países).

Por continentes, Europa es el que más países aporta a las democracias plenas (14), mientras que Asia cuenta con 3 (Taiwan, Japón y Corea del Sur); Oceanía con 2 (Australia y Nueva Zelanda); Sudamérica dos también (Uruguay y Chile), y uno cada uno América del Norte (Canadá), América Central (Costa Rica) y África (Mauricio).

El mundo anglófono es el más representado. Teniendo en cuenta idiomas que hable más del 50% de la población del país, nos encontramos con que entre las 24 democracias plenas hay 5 países en los que la lengua principal es el inglés (Nueva Zelanda, Irlanda, Canadá, Australia y Reino Unido), mientras que en Mauricio, este papel de lengua principal se lo reparten el inglés y el francés. Los países hispanos también están bien representados, con cuatro (Uruguay, Costa Rica, Chile y España) y también los de habla alemana (Alemania, Austria, Suiza y Luxemburgo). Luxemburgo también ha de ser incluido en el grupo francófono (en el país se hablan ambas lenguas, francés y alemán, además de luxemburgués); en el que también se encuentran Francia y la ya mencionada isla Mauricio.

En los 24 países que son democracias plenas vive tan solo un 8% de la población mundial (635 millones de personas). Los países que son democracias defectuosas añaden casi 2900 millones de personas, pero aún así, más de la mitad de la población mundial vive en países que o son regímenes híbridos o directamente autoritarios

Finalmente, en lo que se refiere a la consideración global de los datos; es también interesante ver la forma de gobierno de los países en función de su calidad democrática. De los 24 países que son democracias plenas, 10 son monarquías y 14 repúblicas.

En los regímenes autoritarios no se aprecia esta significativa presencia de las monarquías. De los 59 países que son considerados regímenes autoritarios, 49 son repúblicas

Es un dato que muestra la falacia de vincular la república con una mayor democracia. No hay nada que impida que las monarquías pueden ser más democráticas que las repúblicas. Los datos parecen corroborarlo y, además, hay razones que lo explican.

Volviendo al índice. Este año, España recupera la posición de democracia plena que tan solo había perdido en el año 2021.

Conviene destacar, sin embargo, que España no ha estado nunca en la posición de aquellos países que llegan al "sobresaliente" en democracia; esto es, los que alcanzan una puntuación de 9 sobre 10. En el año 2022 lo consiguen nueve países: Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Irlanda y los Países Bajos. Creo que deberíamos marcarnos como objetivo mejorar la calidad de nuestra democracia con el fin de superar el nivel actual. El diagnóstico de las cosas que han de cambiarse es relativamente sencillo de hacer: respeto escrupuloso a la ley por parte de los poderes públicos, independencia de los tribunales respecto al poder ejecutivo y al legislativo, respeto máximo a la libertad de prensa, de expresión y de opinión y al resto de derechos fundamentales. Hay cosas que podemos hacer en cada uno de estos ámbitos, así como en otro muy relevante: la independencia de los medios de comunicación. Creo que debería ser objetivo que se marcaran los partidos políticos de cara a las próximas elecciones y sería deseable que los ciudadanos nos lo tomáramos en serio y fuera un elemento relevante a la hora de decidir el voto.

Lo anterior no quita para que no nos congratulemos de la posición que ocupa España en el ranking. En el mundo hay muchos países, y estar entre las democracias plenas es algo reservado -como veíamos antes- a menos del 8% de la población mundial.

Incluso dentro de la UE la posición de España es buena; y eso que la UE en su conjunto tiene un alto nivel en el índice democrático, situándose la media de puntuación de los 27 países en un 7,89; muy cerca del nivel de la democracia plena. En el grupo, España ocupa la posición 10 de 27; por delante de países como Bélgica, Italia o los países bálticos.

No puede dejar de señalarse, sin embargo, que en la UE hay cuatro países que ni siquiera alcanzan una puntuación de 7 sobre 10 (Hungría, Bulgaria, Croacia y Rumanía). Como digo, el índice ha de mirarse con un cierto escepticismo; pero no debería dejar de preocuparnos que en un bloque que explícitamente se fundamenta en el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos, haya varios países que están más cerca de caer al grupo de los regímenes híbridos que de alcanzar el nivel de democracia plena.

En conclusión, como todos los rankings, hay que mirarlo con distancia, pero siempre preguntándose qué razones explican que no se tenga una posición mejor de la que ahora disfrutamos.

Salario mínimo y salario medio

En estos días se ha sabido que el gobierno volverá a incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI), llegando a los 15.120 euros anuales. Es un incremento significativo, que consolida el incremento del SMI en los últimos años, pasando de los menos de 9.000 euros anuales en el año 2012 a los más de 15.000 de este año.

Grafico 1

Es un incremento que es relevante, incluso si tenemos en cuenta el efecto de la inflación. Así, el gráfico anterior, corregido teniendo en cuenta el poder adquisitivo en el año 2012; esto es, descontando en las subidas del SMI el efecto de la inflación, nos da el siguiente resultado:

Gráfico 2

Ahora bien, el análisis de los salarios debe ir más allá del SMI. Son varios los datos que se pueden considerar, pero me quedaré, de momento, con uno: el salario medio, que resulta de dividir el conjunto de recursos dedicados a salarios entre el número de asalariados. Poner en relación este indicador con el SMI puede resultar interesante, puesto que mientras el primero es fruto de una decisión del gobierno, el primero, el salario medio, nos indica el punto en el que se cruzan la oferta y la demanda de trabajo. Es decir, nos indica cómo se mueve el mercado de trabajo más allá de las regulaciones que pueda establecer el gobierno. Las gráficas correspondientes al salario medio en España entre el 2012 y el 2021 (todavía no he encontrado los datos correspondientes a 2022) serían las siguientes. La primera en valor nominal y la segunda teniendo en cuenta el efecto de la inflación.

Gráfico 3

Gráfico 4

Vemos como hay una diferencia significativa entre la gráfica del SMI y la del salario medio. Mientras que el SMI no ha dejado de incrementarse en los últimos años, el salario medio no ha dejado de bajar, lo que es aún más evidente si se tiene en cuenta el efecto de la inflación. Creo que puede ser interesante ver juntas ambas gráficas. Si le damos al SMI en el año 2012 veremos cómo ha evolucionado el SMI y el salario medio teniendo en cuenta los efectos de la inflación; esto es, cuál ha sido la evolución del poder adquisitivo tanto de quien disfruta del SMI como de quien gana el salario medio en España.

Gráfico 5

Nos encontramos con dos líneas que se van acercando, de forma especialmente pronunciada en los últimos cuatro años; de tal forma que mientras en 2012 el salario medio era más de tres veces el SMI, en el año 2021 era apenas 2 y en este año 2023 quizás nos encontremos con que el salario medio es menos de dos veces el SMI. En el gráfico siguiente veremos cómo ha evolucionado la relación entre SMI y salario medio.

Gráfico 6

La comparación con otros países también puede ser interesante. En el siguiente gráfico se compara SMI y salario medio en distintos lugares. Como se verá, España está entre los países en los que la relación entre SMI y salario medio es más baja.

Gráfico 7

Creo que los datos anteriores deberían ser analizados. Desde hace tiempo muestro mi preocupación por la disminución de los salarios. No solamente en España, sino a nivel mundial. Desde hace tiempo, la parte del PIB que cada país dedica a salarios disminuye. Las rentas del trabajo tienen un peso cada vez menor en el conjunto de la economía. Me he ocupado en otras entradas de esta cuestión que, como vemos, la subida del SMI no hace más que maquillar. Por mucho que el SMI haya subido en los últimos años en nuestro país, el salario medio, teniendo en cuenta el deterioro que provoca la inflación sobre las subidas nominales del salario, ha disminuido significativamente. En concreto, el poder adquisitivo del salario medio en España en 2021 es tan solo un 90% el del salario medio hace diez años (véase un poco más arriba el gráfico 4). Es decir, la capacidad adquisitiva de los trabajadores en España, de media, es inferior a la que tenían hace diez años. Como digo, la subida del SMI no puede convertirse en maquillaje de esta realidad que, a mí al menos, me parece preocupante.

Pero todavía hay más: como acabamos de ver (gráfica 6) en diez años el salario medio ha pasado de ser 3 veces el SMI a simplemente doblar este último. De seguir esta tendencia, en otros diez años el salario medio y el SMI se igualarán. Si eso sucediera ¿qué pasaría?

Creo que estamos empezando a verlo. Al subir el SMI, los emolumentos que adquieren los trabajadores con menos formación y menores responsabilidades aumentan; ahora bien, esto no implica que lo que cobran aquellos trabajadores mejor formados aumente; puesto que sus salarios no suben por una decisión del gobierno (a salvo de los trabajadores públicos). La disminución del salario medio real en España nos muestra que esa subida del SMI no hace que todo el resto de salarios suban, sino que se limita a incrementar el suelo del mercado laboral. Así, está empezando a pasar que las diferencias entre salarios de trabajadores sin formación ni experiencia y trabajadores con formación y experiencia comienza a aproximarse (lo mostraría, de alguna forma, la gráfica número 5).

¿Qué consecuencias tendrá lo anterior? Una primera es que será difícil convencer a los más jóvenes para que se formen. Si el salario que van a obtener sin formación y el que conseguirán formándose apenas se diferenciarán ¿para qué dedicar esfuerzos a prepararse o qué sentido tiene invertir en unos estudios universitarios que no ofrecerán salarios más altos que los que te garantiza el SMI?

Obviamente lo anterior es muy esquemático; pero lo cierto es que no sería racional desde una perspectiva económica invertir en formarse si luego esa inversión no daría como resultado unos ingresos mayores a los que uno podría conseguir si no se formara.

No descarto, sin embargo, que ese no sea el futuro. Quiero decir, dada la reducción de la demanda de trabajo como consecuencia de la automatización y robotización de muchas tareas, es posible que nos enfrentemos a un mundo en el que, simplemente, no habrá trabajo para todos, de tal forma que el mercado de trabajo acabará llevando a unos salarios de mera subsistencia. En un mundo así, el SMI marcaría ese mínimo que no podría ser rebasado por abajo; pero, a la vez, se convertiría en un máximo; de tal manera que la elección del trabajo se haría por mera vocación: un celador y un cirujano cobrarían lo mismo, el SMI (y ¡ojo! vean lo que cobran los médicos residentes y asómbrense de lo poco que ganan personas de las que depende el éxito de una operación o el tratamiento de una enfermedad grave); por lo que no serían razones económicas las que llevarían a una u otra profesión.

Quizás no fuera un mundo desagradable; pero, en cualquier caso, sería un mundo diferente al que ahora conocemos; pero vayan acostumbrándose a él; y cuando vean que sube el SMI, fíjense, por favor, en si ha subido o no el salario medio; porque las subidas del SMI que no van acompañadas de subidas del salario medio nos acercan a esa distopía en la que todos cobran igual con independencia de su formación o responsabilidades.

¡Ah, y, por cierto! fíjense también en lo que suponen las pensiones. Si el salario medio no sube, el SMI se incrementa y las pensiones también se incrementan al final todo se acabará igualando. Y no digo que este no sea un objetivo deseable; pero seamos conscientes de lo que implica y a dónde nos lleva.

Gráfico 8

Como puede comprobarse, mientras el salario medio ha mantenido un crecimiento muy modesto, por debajo del incremento del PIB, tanto el salario mínimo interprofesional como el gasto en pensiones han subido mucho más que el conjunto de la economía. El crecimiento del gasto en pensiones nos enfrenta a problemas de sostenibilidad; mientras que el incremento del SMI sin que vaya acompañado de un crecimiento del resto de salarios implica que deja de ser racional dedicar tiempo, esfuerzo y dinero a formarse. Si las diferencias entre el salario de quien no tiene cualificación y de alguien cualificado no son relevantes, la recuperación del dinero no ganado en los años de formación llevaría un tiempo excesivamente largo.

Quizás cuando nuestros hijos nos dicen que lo que quieren ser de mayores es influencers están manteniendo algo profundamente racional, al menos desde el punto de vista económico.

Lenguas docentes en las universidades catalanas

Hace unos días leía que la Generalitat quiere condicionar el presupuesto de las universidades públicas catalanas a que aumente la presencia del catalán como lengua docente.

La noticia enlaza con el compromiso asumido por el gobierno regional para que las clases en catalán  lleguen al 80%, un compromiso al que se han sumado también rectores y asociaciones de estudiantes.

Creo que hay cierta confusión en relación a este tema, así que vamos a intentar aclararlo.

El punto de partida son unos datos, aportados por la propia Generalitat hace tiempo, y que cuantifican cuántas clases se imparten en cada una de las lenguas habituales en las universidades de Cataluña: catalán, castellano e inglés. Hago la aclaración de que en las cifras que ofreceré a continuación no se menciona de manera expresa y específica el inglés, sino que se habla de "otras lenguas", diferentes del catalán y del castellano; pero es obvio que la mayoría de las clases que se imparten en una lengua diferente de las oficiales es en inglés; siendo, probablemente, testimoniales, las materias en las que la lengua docente es una diferente del castellano, catalán e inglés; y, probablemente, limitadas al estudio, precisamente, de las lenguas extranjeras.

Los datos que aportaba la Generalitat (y que no son difíciles de localizar, porque las universidades, normalmente, publicitan la lengua en la que se imparte cada materia) indican que el caso de las universidades presenciales públicas, las asignaturas en catalán son el 73,9%; en castellano, el 23,1% y en otra lengua (fundamentalmente, inglés), un 21,2%. Este sería el gráfico

El lector atento se habrá dado cuenta de que, a pesar de que estamos hablando de porcentajes, la suma de los anteriores supera el 100%. En concreto, llega al 118,2%. La explicación es sencilla, como hay materias con varios grupos, es posible que en la misma materia se ofrezca un grupo en un idioma y otro en otro idioma. De hecho, yo mismo, en mi universidad (la UAB) imparto una materia (Derecho internacional privado) en la que hay grupos en catalán (tres) grupo en castellano y también grupo en inglés.

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Lo anterior hace que podamos fijarnos en cuántas materias no pueden ser cursadas en el idioma que consideremos. De acuerdo con los datos anteriores, un 26,1% de las materias no pueden ser cursadas en catalán, un 76,9% de las materias no pueden ser cursadas en castellano y un 78,8% de las materias no pueden ser cursadas en inglés. Los gráficos resultantes serían estos:

Es evidente que en estos gráficos hay una desproporción muy grande entre las posibilidades de cursar una asignatura en catalán y en la otra lengua oficial en Cataluña, el español; y también respecto a la lengua habitual de trabajo en las universidades a nivel internacional, el inglés. Se trata de una desproporción que, como veremos, resulta injustificada; pero ahora no me quiero detener en ello porque, precisamente, la noticia es que la Generalitat lo que pretende es que aumente el número de asignaturas que se impartan en catalán para llegar al 80%, tal como adelantaba; lo que, inevitablemente, tendrá como consecuencia un aumento también de las materias que no podrán ser estudiadas en castellano o en inglés.

Lo anterior no tendría que suceder si, simplemente, se añadieran recursos para duplicar grupos que ahora se están dando en castellano o en inglés y no se imparten en catalán; pero seguramente esta opción será minoritaria por dos razones. En primer lugar, porque supondría un aumento de gasto, ya que habría que contar con más profesorado (más grupos, con igual número de alumnos, supone más carga docente y, por tanto, la necesidad de ampliar la plantilla; además de tener que contar con suficientes espacios para los desdoblamientos, lo que en ocasiones no es un problema menor). En segundo término, porque habrá asignaturas que, por el reducido número de alumnos, conviertan en inviable un aumento de grupos. Hay que tener en cuenta que no pocas de las materias que se ofrecen en las universidades tienen unas pocas docenas de alumnos matriculados (así pasa con frecuencia en las materias optativas), por lo que hacer grupos más pequeños que los existentes carecería de sentido.

Así pues, de acuerdo con lo anterior, resultará que si se quiere que el número de materias que se impartan en catalán llegue al 80% forzosamente tendrá que disminuir el número de materias que se ofrecen en castellano y en inglés. Si se opta por mantener el número de materias que se ofrecen en inglés (y no parece muy sensato disminuir este número en un momento en el que la internacionalización es clave en la enseñanza superior y se valora muy positivamente en los rankings internacionales), resultaría que el número de materias que se podrían ofertar en español en el conjunto de las universidades públicas catalanas no llegaría al 20%; esto es, más del 80% de las materias no podrían ser cursadas en castellano, lengua oficial en Cataluña y materna de más de la mitad de la población.

A mí ya me parece un escándalo la situación actual, pues la minoración del castellano en una comunidad en la que más del 50% de la población lo tiene como lengua materna carece de cualquier justificación al margen de la obsesión nacionalista por reducir la presencia pública de la lengua común a todos los españoles; pero si a esto le sumamos que se pretende profundizar en dicha exclusión a través del compromiso de que un 80% de las materias se impartan en catalán, el resultado es ya no escandaloso, sino aberrante.

Habrá que ver, además, qué tensiones no genera dentro de la comunidad universitaria, puesto que, de acuerdo con lo establecido el Estatuto de Autonomía de Cataluña cada miembro de esta comunidad puede utilizar la lengua oficial que prefiera (art. 22 de la Ley; en el mismo sentido, el art. 22 de la Ley de Política Lingüística).

De acuerdo con este sistema, cada profesor elige la lengua en la que da la clase; pero los alumnos pueden intervenir en ella o contestar los exámenes en la lengua de su elección, coincida o no con la del profesor. Esto, sin embargo, tienen que articularse con la necesidad de publicar la lengua de docencia de las asignaturas. Además, puede establecerse que determinadas materias se impartan en una cierta lengua. Pensemos, por ejemplo, en una asignatura que trate sobre el lenguaje jurídico en catalán (o en castellano o en inglés) o, como sucede en mi Facultad, que nos encontremos con una línea de optativas que, a fin de favorecer la llegada de alumnos extranjeros, se imparten en inglés. Ahora ya existen indicaciones en la programación de ciertas materias en el sentido de que han de ser impartidas en una determinada lengua y en las guías docentes se especifica la lengua de impartición. Si la exigencia de llegar al 80% de la docencia en catalán se extiende podría colisionar con el derecho del docente a elegir la lengua de impartición de la docencia. Hasta ahora los conflictos que se han producido por esta razón no son, a mi conocimiento, excesivamente numerosos; pero no descartemos que se incrementen en los próximos años. Si un profesor opta por dar su docencia en castellano podría encontrarse sin docencia que impartir. Cabría entonces preguntarse si podrían obligarle a impartir docencia en catalán. A mi juicio, esta obligación sería incompatible con la previsión del art. 35 del Estatuto de Autonomía; pero si el caso llega a los tribunales, veremos cómo resuelven.

Además, siempre se puede modificar la Ley de Política Lingüística... hasta por Decreto Ley (en realidad, no debería poder hacerse esa modificación por Decreto Ley, pero viendo lo que se hizo en mayo de 2022 ya me creo cualquier cosa). De cualquier forma, aún quedaría la norma estatutaria.

Así pues, la pretensión de la Generalitat de aumentar el número de materias que se imparten en catalán no solamente es injustificada, dado que el catalán casi triplica en oferta a la que hay en la otra lengua oficial de Cataluña; sino que, además, podría acabar limitando la libertad de elección de lengua docente que recoge la Ley de Política Lingüística.

Es más, los datos aportados por la Generalitat constatan que nos encontramos ante una situación, como adelantaba, carente de justificación y que debería ser revertida. En estos momentos, lo que ha de examinarse es de qué forma puede aumentarse la oferta de materias en castellano, puesto que el desequilibrio actual no se corresponde con la presencia en la sociedad de las dos lenguas plenamente oficiales en toda Cataluña. Vamos a verlo a continuación.

Según los datos del IDESCAT, la lengua materna de un 31,5% de los catalanes es el catalán; mientras que el castellano lo es del 52,7% y ambas lo son de un 2,8% de la población. Un 13% tendrían otras lenguas maternas.

Si de aquí pasamos a la lengua habitual, nos encontraremos con que 36,1% de los catalanes tienen el catalán como lengua habitual; el 48,6% tienen el español, un 7,4% ambas y un 7,9% otras.

Finalmente, si consideramos la lengua de identificación, resulta que un 36,3% de los catalanes tiene el catalán, un 46,6% el castellano, un 6,9% ambas y un 10,2%, otras.

Vemos, por tanto, que en todos los indicadores, el castellano tiene una presencia mayor que el catalán tanto como lengua materna (inicial en la terminología del IDESCAT), lengua habitual y lengua de identificación. En todos ellos, el castellano tiene una presencia que excede a la del catalán de manera significativa, tal como puede apreciarse en los gráficos que he compartido más arriba.

Sin embargo, cuando pasamos a las materias que se imparten en cada lengua en la universidad, nos encontramos con que es abrumadoramente mayor el número de materias en las que el castellano está excluido que el de aquellas en las que está excluido el catalán. Así, si consideramos la relación entre las distintas materias que son impartidas en cada idioma, el resultado sería como sigue:

O, si se quiere ver desde la posición de las materias que NO pueden ser cursadas en un determinado idioma y la relación con las que sí pueden ser cursadas en los otros idiomas de trabajo de las universidades catalanas, el gráfico sería este:

Que a la vista de los datos anteriores, lo que se pretenda no sea ver en qué forma puede ampliarse la docencia en castellano e inglés, sino cómo puede reducirse aún más es -creo que puede emplearse ese término- enfermizo.

Advierto ya que cualquier argumento que pudiera basarse en la necesidad de asegurar el conocimiento del idioma está fuera de lugar. El pleno dominio de las dos lenguas oficiales tiene que asegurarse en la enseñanza obligatoria, no en la universidad. Aquellos que han estudiado en Cataluña, cuando llegan a la universidad se presume que conocen suficientemente tanto el catalán como el castellano y no existen razones para que la presencia en la educación superior del catalán sea superior a la que tiene como lengua materna, lengua habitual o lengua de identificación; y, como vemos, la realidad actual es que supera muy ampliamente esos porcentajes.

Creo que es momento de decir ¡basta! a un planteamiento nacionalista que no se contenta siquiera con la hegemonía del catalán en la educación superior, sino que, como vemos, lo que pretende es reducir aún más la presencia del castellano y sin tampoco preocuparse excesivamente por lo que sería otro objetivo legítimo de la política universitaria: el incremento de la docencia en inglés.

No espero nada de los rectores, incapaces de plantarse ante una propuesta que no solamente es injusta, sino también absurda.

No espero nada de los políticos universitarios; pero sí de los compañeros profesores y de los estudiantes. Confío en que sean capaces de decir con claridad que el emperador está desnudo y denunciar este (nuevo) intento de arrinconar a la lengua materna de la mayoría de los catalanes; una lengua que nos une y que constituye una riqueza a la que no podemos renunciar. Un intento de minoración que, además, vulnera también los derechos lingüísticos de aquellos catalanes que confían en poder utilizar con normalidad, también en la universidad, el español, lengua oficial en toda España, Cataluña incluida.

Contra la instrumentalización y politización de los claustros universitarios

Cataluña es desde hace lustros, uno de los campos de batalla más significativos en la lucha entre la democracia liberal, la que se practica en Europa Occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la que se concreta en los valores estructurales del Consejo de Europa y de la Unión Europea; y las alternativas a dicho sistema político, con frecuencia calificados como "populismos", aunque, obviamente, el término es poco preciso, implica aunar fenómenos de naturaleza muy diferente y puede conducir con frecuencia a confusión.

En el caso de Cataluña, la crisis de la democracia liberal se concreta en el rechazo de los poderes públicos a actuar de acuerdo con límites legales, el cuestionamiento de la legitimidad de los tribunales y la sumisión de los derechos individuales a lo que se identifica como voluntad de la mayoría y que se concreta en las posiciones políticas de los partidos que gobiernan en la Comunidad Autónoma y en las distintas administraciones locales. Como corolario de lo anterior, se tolera o favorece que los poderes públicos adopten posiciones partidistas, convirtiendo un planteamiento ideológico, el nacionalismo en ideología oficial; entendiendo por ideología oficial aquella que es explícitamente apoyada por esos poderes públicos. A esto se une el intento de controlar el entramado de asociacionismo civil, forzando que éste también tome partido. En el caso de Cataluña es claro que tanto muchos de los sindicatos como las asociaciones de madres y padres de alumnos y otros grupos (culturales, religiosos, lúdicos) tienen una penetración mayor o menor del nacionalismo.

Por supuesto, es legítimo que quienes no ejercen poder público se posicionen como estimen más conveniente; pero no lo es que el poder público utilice los mecanismos de los que dispone para favorecer ese alineamiento de la sociedad civil con posiciones partidistas. Se trata de conseguir que todos acaben comulgando con un determinado planteamiento político que, como se avanzaba, tiene reconocimiento oficial y pretende pasar por hegemónico en la sociedad.

Si me permitís la licencia, este intento de que tanto los poderes públicos como el cuerpo social abracen como propia una determinada concepción política algo recuerda los planteamientos de la democracia orgánica, con su partido oficial y el control de los cuerpos intermedios (familias, sindicatos, escuelas, ayuntamientos, etc.).

La universidad pública no es ajena a esta injerencia política. Los ejemplos de utilización partidista de la universidad pública son abundantes y conocidos. Una imagen lo expresa bien: la de los rectores de las universidades públicas portando carteles pidiendo la amnistía de los condenados por haber intentado derogar la Constitución en Cataluña en el año 2017.

La instrumentalización partidista de la universidad pública también se intenta con frecuencia a través de la difusión de tomas de posición partidista de órganos de gobierno de la institución. Así, por ejemplo, cuando se aprobó en las diversas universidades públicas catalanes un manifiesto de apoyo a los condenados en 2019 por los hechos de 2017.

En algunas de esas universidades, profesores y alumnos llevaron a los tribunales estos manifiestos alegando que estas tomas de postura partidista por la administración suponían una limitación de la libertad ideológica de los miembros de la comunidad universitaria. Los tribunales aceptaron la queja y el Tribunal Supremo confirmó que los órganos de gobierno de las universidades públicas (entre los que se incluye el claustro) no pueden adoptar posición en temas que dividen a la sociedad.

La decisión es coherente con principios básicos de la democracia liberal. En primer lugar, no pueden ampararse declaraciones de los órganos de la universidad como este manifiesto conjunto en la libertad de expresión, puesto que los derechos fundamentales tienen como finalidad, precisamente, defender al ciudadano frente a las injerencias del poder público. Que el poder público pretenda utilizar para sí un derecho fundamental como la libertad de expresión es la negación misma del sentido y finalidad de ese derecho fundamental.

En segundo término. Las tomas de posición partidistas del poder público suponen una limitación de la libertad ideológica de quienes están sometidos a ese poder público. La existencia de una ideología oficial, aquella que es amparada y defendida por la administración en cuanto a tal, supone dejar en peor posición a otras ideologías y planteamientos y a quienes los defienden. Por eso es tan importante esa obligación de neutralidad de las administraciones públicas respecto a las cuestiones que son objeto de debate social.

Ciertamente, lo anterior no quiere decir que las administraciones públicas no puedan (y deban) defender ciertos principios y valores; pero será precisamente aquellos que vienen recogidos en la Constitución como estructurales de nuestro ordenamiento jurídico. Así, el respeto a los derechos fundamentales, la separación de poderes o el principio democrático. Defender otros principios, sin embargo, supondría que la administración entra en un debate partidista, máxime cuando los valores que se defienden son contrarios a los constitucionales.

Esto último exige que nos detengamos un momento. España no es una democracia militante, por lo que es posible que existan partidos políticos que se opongan a la Constitución y el discurso público contrario a los valores que recoge la Carta Magna está permitido (afortunadamente). Ahora bien, lo que pueden hacer los particulares no se extiende a las administraciones públicas. Estas están obligadas a ajustar estrictamente su comportamiento a las exigencias constitucionales y no pueden ser utilizadas para limitar la eficacia de ésta o atacarla.

Aparte de lo anterior: es cierto que cuando un partido político llega al gobierno del país, de la Comunidad Autónoma o de un ayuntamiento ha de desarrollar su programa político, ahora bien, tendrá que hacerlo siempre dentro de la ley y no estará legitimado para utilizar la administración pública para "oficializar" sus planteamientos. Si se quiere resumir en una imagen, no es ni legal ni legítimo que el partido que gane las elecciones sustituya en los edificios públicos la bandera nacional por la del partido ganador. Este es un límite que no podrá nunca alcanzarse aunque, como es lógico, las políticas que desarrolle quien gobierne se ajusten a los planteamientos defendidos en las elecciones. Espero que se entienda la diferencia entre bajar o subir impuestos, según se haya planteado durante la campaña electoral y obligar a que en las escuelas se instaure como obligatoria la enseñanza del ideario del partido que ha ganado las elecciones.

De todas formas, y como se acaba de indicar, cuando estamos hablando de administraciones gobernadas por quien ha ganado unas elecciones abiertas a todos los ciudadanos (del país, de la Comunidad Autónoma o del municipio), es lógico que aquellos elementos que han sido objeto de debate electoral tengan traducción en el funcionamiento de la administración, aún con los límites que han sido apuntados. Ahora bien, en el caso de las universidades públicas esas tomas de partido no se derivan de ningún debate previo ni responden a un principio democrático, tal como veremos inmediatamente.

En la actualidad los claustros universitarios están integrados por estudiantes, profesores y personal de administración y servicios elegidos a través de un sistema que podríamos denominar "estamental". Los profesores permanentes tienen reservado un 50% de los puestos del claustro, los estudiantes un 30%, el personal de administración y servicios un 10% y los profesores no permanentes el restante 10% (más o menos, estoy escribiendo de memoria). Aparte de esto, hay miembros natos del claustro (miembros del equipo de gobierno de la universidad, decanos de las facultades o directores de las escuelas universitarias, directores de departamento...). Es decir, los miembros del claustro no están designados a partir de un criterio de representación democrática, sino académica. Quienes están allí no están como ciudadanos, sino como profesores, estudiantes o personal al servicio de la universidad. La distinción es importante.

Este funcionamiento del claustro (que podríamos hacer extensivo a otros órganos de gobierno de la universidad: consejo de gobierno, consejos de departamento, juntas de facultad, etc.) se justifica porque ha de desarrollar una función específica vinculada a la tarea que la universidad tiene encomendada: enseñar, investigar y transferir conocimiento a la sociedad. Es para servir a esta función para lo que se configuran los distintos órganos y quienes participan en ellos lo hacen en el marco de este papel de la universidad. A ello responde también el proceso de selección, en el que lo esperable es que los candidatos hagan propuestas en relación a la enseñanza, la investigación y la organización de la universidad. De esta forma, si quienes luego están en el claustro se pronuncian sobre cuestiones que no han estado vinculadas a su proceso de designación ¿qué legitimidad tendrán para pronunciarse sobre ellas? Estarían aprovechando una situación generada por razones académicas para realizar pronunciamientos políticos. Como hemos visto, es lo que pasa habitualmente en Cataluña, pero hemos de verlo como una patología, tal como han declarado los tribunales.

Pues bien, los nacionalistas y sus compañeros de viaje (socialistas y el entorno de Unidas Podemos) ha decidido que lo conveniente es profundizar en esa politización de la universidad, puesto que, tras la sentencia del Tribunal Supremo que se ha compartido un poco más arriba, han aprovechado la tramitación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario para introducir, vía enmienda, una nueva función de los claustros universitarios: "analizar y debatir otros temas de especial transcendencia". El texto original que se proponía indicaba que los claustros tendría competencia para "debatir temas de transcendencia social"; pero el sentido de la enmienda es claro, pues se indicó expresamente que se trataba de dejar sin efecto la Sentencia del Tribunal Supremo que había considerado contrarios a los derechos de los miembros de la comunidad universitaria los pronunciamientos políticos de los claustros.

De esta forma, el legislador habilitará a los claustros universitarios a pronunciarse políticamente; pese a que, como habíamos visto, este tipo de pronunciamientos suponen una limitación de la libertad ideológica. Ahora bien, como ahora existirá una habilitación legal para ello, los tribunales ordinarios, si han de pronunciarse sobre la validez de este tipo de declaraciones, deberían plantear una cuestión de inconstitucionalidad en relación a este punto de la LO del Sistema Universitario. Es decir, la misma táctica que el gobierno de la Generalitat puso en práctica para esquivar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas: saco una norma que priva de derechos constitucionales, pero sabiendo que al ser de rango legal los tribunales ordinarios no podrán dejar de aplicarla y cuando llegue al Tribunal Constitucional ¿quién sabe lo que pasará?

Me parece muy grave.

Si ahora los claustros podrán pronunciarse políticamente ¿qué impedirá que lo hagan a favor de la independencia de Cataluña en algunos casos? Pero, abierta la veda ¿por qué en alguna universidad no podrá haber declaraciones de apoyo a éste o aquél partido político, en favor de subidas o bajadas de impuestos, sobre la tipificación de cualquier delito o para criticar al gobierno central o autonómico? Una vez iniciado este camino ¿qué impedirá que los claustros sean sucedáneos de parlamentos pese a su configuración estamental y su nula legitimidad democrática?

Creo que debemos oponernos a una modificación de las competencias de los claustros que los convertirían en campo de batalla partidista alejándolos de su función académica. Esta última, la académica es lo suficientemente importante como para no permitir que se embrolle en una lucha de partidos que haría perder a la universidad su sentido y función.

La universidad ha de ser terreno privilegiado para la libertad de expresión y el debate; pero precisamente por eso sus órganos de gobierno (claustro incluido) han de mantenerse al margen para fijar un campo de juego basado en el rigor y la igualdad de todos. De otra forma los centros universitarios dejarán de ser los laboratorios de pensamiento privilegiados que precisa toda sociedad.

Es claro que esta instrumentalización de los claustros tiene su origen en el intento totalitario de control de la sociedad que practican los nacionalistas catalanes. Desde 2018 asistimos con preocupación -al menos en mi caso- a la extensión al conjunto de España de esas prácticas totalitarias y liberticidas. Pongámosles fin antes de que sea tarde.