El señor Cuixart no es un preso político

El pasado 19 de octubre “The National” publicaba un artículo del Sr. Jordi Cuixart en el que éste afirmaba que se trataba de un preso político y lanza graves acusaciones contra el gobierno español a la vez que cuestiona la calidad de la democracia en España.

Es comprensible que cualquier persona en prisión y que se enfrenta a la acusación de delitos graves, como es el caso del Sr. Cuixart, intente utilizar todos los medios posibles para su defensa; pero no pueden dejarse pasar afirmaciones que son radicalmente falsas y que, además, ocultan la gravedad de los hechos acaecidos en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017.

El Sr. Cuixart afirma que es un preso político. Esto es radicalmente falso. De acuerdo con la definición de preso político de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa [Resolución 1900 (2012)] una persona privada de su libertad será considerada “prisionero político” si su detención se ha realizado vulnerando alguno de los derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos, en particular libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, información, reunión y asociación; si la detención fue impuesta por puras razones políticas sin conexión con ninguna infracción; si la duración de la detención o sus condiciones son desproporcionadas respecto a la infracción de la que es acusada la personas; si la detención se ha realizado de manera discriminatoria respecto a otras personas o si la detención se deriva de procedimientos claramente irregulares o que parecen conectados con los motivos políticos de las autoridades.

Nada de lo anterior es atribuible al Sr. Cuixart.

El Sr. Cuixart no se encuentra en prisión a espera de juicio por, como dice él, haber defendido derechos fundamentales ni por haber subido a un coche de la policía ni por haber incitado a la participación en el referéndum del 1 de octubre. Tal como detalla el auto de procesamiento dictado en el mes de marzo de 2018 el Sr. Cuixart era, y continúa siendo, presidente de Omniun Cultural, una entidad soberanista que promueve el proceso de secesión de Cataluña, y en su calidad de tal participó en el desarrollo de un plan que tenía como fin conseguir por la vía de hecho y al margen de la legalidad española la creación de un Estado en el territorio de la actual Comunidad Autónoma de Cataluña. Este proceso implicaba que las autoridades públicas desobedecieran al Tribunal Constitucional español, y así lo pidió públicamente Jordi Cuixart (p. 41 del auto de procesamiento) y una movilización en la calle que no se limitaba a la organización de manifestaciones, sino también la resistencia a la autoridad pública.

Esta resistencia se concretó el 20 de septiembre de 2017 en la convocatoria a la población ante la sede de la Consejería de la Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, lugar en el que agentes judiciales acompañados de policías realizaban una investigación en el marco de la depuración de responsabilidades por los delitos de desobediencia que pudieran estar cometiéndose al desatender las autoridades catalanas las órdenes de los tribunales que prohibían la realización del referéndum previsto para el 1 de octubre.

La convocatoria ante la sede de la Vicepresidencia de la Generalitat aquel día 20 de septiembre, en la que participó activamente el Sr. Cuixart, es de una enorme gravedad, puesto que tenía por objeto intimidar e impedir la actuación de los agentes judiciales y policías que realizaban el registro judicial, quienes quedaron rodeados en el edificio de la Consejería del que no pudieron salir en horas. De hecho no fue hasta la noche cuando el Sr. Cuixart, acompañado por el Sr. Sánchez, presidente de la ANC, pidió a los congregados que pusieran fin al bloqueo de la Consejería.

En el Código Penal español se tipifica como delito impedir la actuación de funcionarios o agentes de la autoridad y ésta es la acusación que pesa sobre el Sr. Cuixart en lo que se refiere a los hechos del 20 de septiembre de 2017. En las páginas 43 y siguientes del auto de procesamiento del Sr. Cuixart y resto de implicados en los hechos de septiembre/octubre de 2017 pueden encontrarse los detalles de su participación en el bloqueo de los agentes judiciales y policías encerrados en la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat.

En lo que se refiere a su participación en los hechos del 1 de octubre, la acusación que pesa sobre el Sr. Cuixart no es por haber animado a la participación en el referéndum, sino por haber organizado desde Omnium Cultural, junto con el Sr. Sánchez, presidente de la ANC, la ocupación ilegal de los colegios designados como centros de vocación con el fin de impedir, de nuevo, la actuación de la policía. En el auto de procesamiento se detalla cómo los Sres. Sánchez y Cuixart promovieron que grupos de personas ocuparan los edificios públicos (entre ellos escuelas y centros sanitarios) para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre e impedir que la policía cumpliera las órdenes judiciales de evitar que tales edificios fueran utilizados para la celebración del referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional. La policía, además, tenía órdenes de requisar el material que hubiera en dichos centros, que sería utilizado como prueba en los procesos abiertos por desobediencia. Esto es, los ocupantes de los colegios no solamente impedían que se cumpliera la orden judicial de cerrarlos, sino que protegían también pruebas que eran necesarias para proseguir una investigación criminal.

Es importante destacar que la resistencia que ofrecieron los ocupantes a la policía no fue solamente pasiva. A lo largo del día 1 de octubre varios policías fueron atacados y heridos por quienes participaban en las ocupaciones organizadas con intervención del Sr. Cuixart. En este sentido, es revelador el testimonio de la corresponsal en España de “Le Monde”, quien relata cómo le explicaban en uno de los colegios ocupados en qué forma habían conseguido emboscar a la policía cortando tanto la calle por la que avanzaban como la calle por la que debería retroceder la policía.

Como se ha indicado, impedir que la policía cumpla órdenes judiciales es un delito tipificado en el Código Penal español, y cuando existe una actuación concertada, multitudinaria y violenta que tiene como fin la derogación de la Constitución o la secesión de una parte del territorio se incurre en el tipo de rebelión del artículo 472 del Código Penal. De esto de lo que se acusa al Sr. Cuixart. No de defender la independencia de Cataluña, y ni siquiera de defender la conveniencia de llegar a dicha independencia por medios ilegales, sino de haber organizado el bloqueo de una comisión judicial el día 20 de septiembre de 2017 y haber participado en la organización de grupos que pretendían impedir el cumplimiento de órdenes judiciales y que llegaron a herir a varios agentes; grupos que pretendían mediante la realización de estas actuaciones ilegales, conseguir por la vía de hecho la derogación de la Constitución en Cataluña y la creación de un Estado en el territorio de la actual Comunidad Autónoma.

Evidentemente, será en el juicio que se desarrollará en los próximos meses cuando todos estos extremos que han resultado de las investigaciones desarrolladas hasta ahora deban ser probados y es exigible que el proceso se desarrolle con todas las garantías, como es habitual en España, uno de los países que menos condenas tiene por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De acuerdo con las estadísticas del propio Tribunal hay 103 sentencias de la Corte de Estrasburgo que han encontrado al menos una violación del Convenio de la que es responsable España. La cifra para otros grandes países europeos es la siguiente: Alemania, 193; Francia, 728; Reino Unido, 314; Italia, 1819. Bélgica, otro país que es puesto como ejemplo por el Sr. Cuixart, acumula 171 sentencias condenatorias. Más que España pese a que su población es menos de una cuarta parte de la población española.

Esto ha de ser destacado especialmente. España es un país plenamente democrático en el que existe respeto a los derechos fundamentales y separación de poderes. Todos los estándares internacionales confirman el carácter plenamente democrático de España y no pueden dejarse pasar las acusaciones de falta de democracia o de peligro para los derechos fundamentales en nuestro país. Esto simplemente es falso. En España se pueden expresar todas las opiniones y prueba de ello es que de nuevo se encuentran en el gobierno de la Generalitat quienes no ocultan que su propósito es la secesión de Cataluña; una situación que sería, seguramente, imposible en otros países con una amplia tradición democrática. Esta tolerancia, sin embargo, no puede implicar que pueda atentarse contra el orden constitucional sin que este atentado quede sin castigo alguno. Si el Sr. Cuixart se encuentra en prisión es porque está acusado de delitos graves, tal como hemos examinado. Su caso, como se ha indicado, será juzgado por un tribunal en los próximos meses; y será éste quien decida sobre su culpabilidad o inocencia; pero no puede negarse que existen indicios de que cometió los delitos de los que se le acusa y que, por tanto, su detención y mantenimiento en prisión no son en absoluto arbitrarios o desproporcionados.

No puede perderse tampoco de vista que los hechos de septiembre y octubre de 2017 no solamente supusieron un desafío institucional al ordenamiento constitucional español, sino que también fueron percibidos como una amenaza y agresión concreta por muchos ciudadanos que no compartían los planteamientos nacionalistas y que se vieron enfrentados a la amenaza de sufrir la pérdida de sus derechos ciudadanos y a la derogación de la Constitución en su tierra. Estos ciudadanos se vieron sometidos durante semanas a un poder público, la Generalitat, que actuaba al margen de la ley, vieron como sus datos como nombre, DNI y dirección fueron utilizados ilegalmente para crear las bases de datos necesarias para la secesión y cómo la escuelas en las que sus hijos estudiaban eran politizadas y convertidas en instrumentos para la secesión. Cuando el Sr. Cuixart pretende colocarse como víctima olvida que durante las semanas en que estuvo abierta la posibilidad de la secesión todos los ciudadanos, y especialmente aquellos que se oponían al nacionalismo, fueron también víctimas de comportamientos amenazantes e intimidatorios. Un Estado de Derecho no puede dejar pasar actuaciones como éstas y, por tanto, la investigación y juicio de las mismas no puede ser objeto de ninguna componenda política, precisamente para preservar los principios y valores esenciales de la democracia.

Desde un punto de vista humano es lamentable que cualquier persona se encuentre en prisión; pero esta situación es la misma para el Sr. Cuixart que para los otros 58.000 internos que hay en las cárceles españolas, de los cuales más de 8.000 están, como el Sr. Cuixart, en situación de prisión preventiva.

Confiemos en que los tribunales se pronuncien lo antes posible sobre las acusaciones que pesan sobre el Sr. Cuixart y sobre el resto de implicados en los hechos de septiembre y octubre y que todos asumamos que en los países democráticos, como es España, no es legítima ninguna actuación política que se realice al margen y en contra de la ley.