Los tres golpes

I. Es un golpe de Estado

Lo que estamos viviendo estos días en Cataluña es un golpe de Estado. Sé que algunos se niegan a utilizar este término y aducen sus razones para mantener que los acontecimientos de los últimos días y los que probablemente les seguirán no pueden en sentido estricto ser considerados como un golpe, pero a mí me parece que es la palabra más adecuada para definirlo.

Mantengo que es un golpe de Estado porque implica la sustitución del ordenamiento vigente en un determinado territorio por otro que no ha sido introducido como una modificación del anterior. Una sustitución que se produce por la vía de hecho y no según los mecanismos que prevé el ordenamiento que es desplazado. Se trata de una ruptura con el Derecho vigente que no se basa en éste, sino que pretende tener una legitimidad originaria. Como veremos esto es lo que está sucediendo en Cataluña. Se pretenden derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para sustituirlos por la Constitución de la República Catalana.

Para algunos lo anterior no sería un golpe de Estado en tanto en cuanto no se utilizara la fuerza; y según estos mismos, en el caso de Cataluña no se estaría recurriendo a la fuerza para llevar a cabo la derogación del ordenamiento vigente y su sustitución por un nuevo ordenamiento; pero a mi este argumento no me convence.

En primer lugar, no creo que si se produce una sustitución por la vía de hecho del Derecho que se aplica en un determinado territorio sea determinante que tal sustitución vaya acompañada del desfile de personas armadas o de disparos al aire. El que no haya estos elementos no altera la esencia del proceso que, como digo, es un cambio constitucional al margen de los mecanismos previstos para la reforma de la Constitución.

En segundo lugar, siempre que se pretende imponer por la vía de hecho un determinado conjunto de normas jurídicas se está recurriendo a la amenaza del uso de la fuerza. Lo aclaro: en primero de Derecho te explican que el ordenamiento jurídico puede definirse como un conjunto de normas (mandatos) cuyo cumplimiento está respaldado por la amenaza del uso de la fuerza. Cualquier norma es jurídica porque se inserta en un sistema cuya efectividad, en última instancia, puede conseguirse coactivamente. Sin esa posibilidad de coacción no estamos ante verdadero Derecho.

En el caso de Cataluña es esto lo que está sucediendo. Lo que se pretende es imponer a los ciudadanos catalanes el pago de impuestos a la Hacienda catalana, sancionándolos en el caso de que no los paguen. Y como en los impuestos en todo lo demás. Las leyes aprobadas en el Parlamento esta semana incluyen obligaciones concretas y lo que se pretende es que los medios de los que dispondrá la República Catalana (policías, jueces) se utilicen para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. Es por esto que la amenaza del uso de la fuerza no está excluida en el proceso que estamos viviendo.

Sea como fuere, no pretendo entrar en un debate nominalista, sino tan solo explicar por qué opto por la palabra "golpe de Estado" para referirme al proceso en el que estamos inmersos. Un proceso que se concreta en tres "golpes" de los que me ocuparé a continuación. En primer lugar un golpe en el Parlament (el de la semana pasada), luego un golpe en el Govern (el que está desarrollándose estos días) para acabar, probablemente, con un golpe en la calle.

II. El golpe en el Parlament

La primera fase del golpe se dio en el Parlament de Cataluña el miércoles y jueves pasado y concluyó con la aprobación de la Ley de Transitoriedad ya en la madrugada del jueves al viernes. No entraré en detalles en lo que se refiere a esa Ley, porque creo que basta con indicar que supone la derogación de la Constitución en Cataluña. La Ley de Transitoriedad pasa a ser la Constitución (provisional) de la República Catalana que crea la nueva Ley.

La Ley de Transitoriedad es, evidentemente, contraria a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía. El pasado jueves Miquel Iceta desarrolló un encomiable ejercicio de oratoria en el Parlament mostrando la clara contradicción de la Ley con ambas normas fundamentales; pero creo que se trataba de un esfuerzo bastante inútil porque es evidente, creo que para todos, la inconstitucionalidad de tales normas y su clara vulneración del Estatuto de Autonomía. También la Ley del Referéndum, aprobada el miércoles es claramente contraria al Derecho vigente. La aprobación de ambas normas debería de haber sido imposible por razones de fondo (su evidente carácter inconstitucional) y por razones de forma, ya que incluso considerando las materias menos llamativas (la creación de la Sindicatura Electoral en la ley del referéndum, por ejemplo) resultaría que su aprobación necesitaría de unas mayorías reforzadas que no se llegaron a alcanzar.

De hecho el procedimiento de aprobación de estas normas fue en sí mismo muestra del carácter excepcional y atípico de la regulación introducida. No se siguieron los trámites previstos, se recurrió a un procedimiento de urgencia que obligó a la oposición a redactar sus enmiendas ¡en dos horas! e impidiéndose, además, la presentación de enmiendas a la totalidad. Finalmente, se prohibió recurrir al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, lo que implicaba una vulneración de la legislación que regula esta institución que el propio Consell se encargó de señalar de forma expresa.

No creo, sin embargo, que debamos escandalizarnos más por estos atropellos en el procedimiento legislativo que por el contenido de la norma. De alguna manera el carácter autoritario y antidemocrático con el que se desarrolló el pleno del Parlamento en el que se aprobaron la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad era el perfecto envoltorio para unas Leyes que lo que hace es precisamente romper con el ordenamiento jurídico del que deriva sus poderes el  propio Parlamento. Estas Leyes, además, al derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía ponen fin también al Parlamento en tanto que institución autonómica, por lo que podrían haber sido aprobadas de cualquier manera que se les hubiera ocurrido. Como en todo punto de ruptura no importa la corrección jurídica, sino la capacidad de imponer -coactivamente- el nuevo ordenamiento.

A mi conocimiento no se ha destacado este aspecto de las Leyes aprobadas en el Parlament la semana pasada: al romper con la legislación vigente y derogar la Constitución y el Estatuto transforman también el Parlament, que deja de ser una institución autonómica para pasar a integrarse en el aparato de la República catalana. Si nos tomamos en serio lo aprobado por el Parlament resultaría que la institución básica de la Comunidad Autónoma habría sido liquidada con las consecuencias que ello tiene y que obligarían a actuar como si, efectivamente, el Estatuto hubiera sido anulado y ahora sobre el territorio de Cataluña no se proyectara ninguna Comunidad Autónoma, sino tan solo una administración ajena al ordenamiento constitucional cuyo objetivo es, precisamente, desplazar de manera efectiva el ordenamiento español del territorio de Cataluña.

Como es sabido, sin embargo, no ha sido este el acercamiento con el que el Estado ha abordado la crisis creada en Cataluña. Al contrario, se ha pretendido tratar el tema de la misma manera que cualquier otro supuesto en el que se hubiera producido una irregularidad en el procedimiento legislativo o una contradicción entre la norma aprobada y normas de rango superior (la Constitución española y el Estatuto de Autonomía en este caso). De esta manera se ha recurrido al Tribunal Constitucional quien, como era obligado, ha suspendido la Ley del Referéndum y en los próximos días hará lo mismo con la Ley de Transitoriedad. Además, ha ordenado que se paralicen todas las actuaciones tendentes a la realización del referéndum y ha notificado personalmente a más de mil cargos en Cataluña conminándoles a obedecer las instrucciones del Tribunal Constitucional.

La impugnación de las disposiciones autonómicas por parte del Gobierno y la suspensión de las mismas por el Tribunal Constitucional es lo correcto desde la perspectiva del ordenamiento español, y lo único necesario si no hubiera una voluntad de desobediencia por parte de las instituciones catalanas. Es también -creo- la última oportunidad para recuperar como autonómicas las instituciones que se han declarado en rebeldía; pero para que tenga efecto las órdenes del Tribunal Constitucional han de ser acatadas, y nada indica que vaya a ser así. Tras el golpe en el Parlamento, el Govern de la Generalitat ha tomado el testigo y ha dejado claro durante estos días que no actuará como institución constitucional española. De esta forma el Govern se une al golpe y lo agrava.

III. El golpe en el Govern

En la noche del miércoles al jueves de la semana pasada, inmediatamente tras la aprobación de la Ley del Referéndum, el Govern de la Generalitat lo convocó y promulgó las disposiciones relativas al mismo. Lo hizo aprovechando las horas que transcurrieron entre la promulgación de la Ley y la suspensión de la misma por parte del Tribunal Constitucional. En un momento en el que podría quizás pretender que actuaba legítimamente porque la Ley aprobada por el Parlamento aún no había sido suspendida. Adelanto que esta pretensión de legitimidad no es tal porque la convocatoria del referéndum vulneraba decisiones anteriores del Tribunal Constitucional; pero ahora no voy a entrar en ello porque lo cierto es que el Gobierno de la Generalitat no ha actuado tras la suspensión como si pretendiera obedecer al Tribunal Constitucional. Al contrario, ha expresado con claridad que continuará adelante con el referéndum, el Conseller Turull hasta ha informado a los ciudadanos de qué forma podían imprimirse ellos mismos las papeletas de votación y en el momento en el que escribo estas líneas (domingo, 10 de septiembre, por la mañana), la página del referéndum continúa activa pese a que ya han pasado más de dos días desde la orden del Tribunal Constitucional de paralizar toda actuación en relación a la consulta y en TV3 se sigue emitiendo publicidad en relación al 1-O.

En definitiva, la Generalitat está actuando ya no como administración autonómica sino como la administración de la República Catalana. Esto, como intentaba explicar el otro día, es grave, porque tiene la potencialidad de convertir el conflicto que tenemos entre manos en un conflicto internacional.

Ante esta situación los fiscales, jueces y la policía están actuando, investigando los delitos que -según el ordenamiento español- podrían estar cometiéndose, lo que podría afectar a un número amplio de personas, incluidos los integrantes del Gobierno de la Generalitat. Lógicamente es necesario investigar si nos encontramos ante delitos como la desobediencia, la prevaricación, la malversación o, incluso, la rebelión o la sedición. Ahora bien, todas estas investigaciones y, en su caso, acusaciones, no cambian la circunstancia de que la administración de la Generalitat, ya desligada de hecho del ordenamiento español, trabaja para llevar a cabo actuaciones ilegales que tienen como fin último que el Estado español quede desplazado del territorio catalán y en éste se cree un nuevo Estado que sería administrado precisamente por la Generalitat. De hecho, la desobediencia clara de la Generalitat ya implica la aplicación del art. 16 de la Ley de Transitoriedad, que prevé la transformación de todas las administraciones en Cataluña en administraciones del nuevo Estado; y ante esto las actuaciones penales tienen una eficacia limitada. Éstas pueden, en todo caso, afectar a las personas; pero nada implican para la administración, y esto es algo que puede tener consecuencias.

Como digo, esta desobediencia de la Generalitat es coherente con lo que no queremos asumir: que la Generalitat, al igual que el Parlamento, ya no son instituciones autonómicas y que, por tanto, la Comunidad Autónoma ha quedado vaciada. La gravísima crisis institucional que ello supondría parece no querer ser vista por las instituciones españolas que prefieren seguir actuando como si nos encontráramos ante un atraco con rehenes o una trama de narcotráfico, desatendiendo todas las consecuencias institucionales que tiene tanto la actuación del Parlamento como de la Generalitat; y olvidando que estas actuaciones no se desenvuelven solo en el plano de los hechos, sino que en este caso el hecho puede convertirse en Derecho, pues cuando se plantea un conflicto entre legalidades dentro del mismo territorio el Derecho que acabará estando vigente es el que consiga efectividad. Es por esto que la desobediencia de la Generalitat, que ya dura varios días, cada hora nos acerca más al momento en el que pueda proclamarse ante la comunidad internacional la creación de un nuevo Estado. Para ello lo único que es preciso es mostrar que quien controla realmente el territorio y la población de Cataluña es la Generalitat rebelde y no el Estado español. En este sentido, como digo, la desobediencia de la Generalitat es relevante; aunque todavía no definitiva, porque, como veremos, por una parte no todos los funcionarios se sumarán a la rebelión (se están sumando a la rebelión); y por otra parte no debe descartarse una reacción del Estado ante la que cabría esperar una reacción en la calle que acabaría convirtiéndose en el tercer golpe: tras el golpe en el Parlamento y el golpe en el Gobierno nos encontraríamos con el golpe en la calle.

IV. El golpe en la calle

Como explicaba en el epígrafe anterior, tras el golpe en el Parlamento en estos días estamos asistiendo al golpe en el Govern. La desobediencia del mismo supone un riesgo cierto para la pretensión del Estado español de controlar de manera efectiva el territorio y la población catalana, por lo que lo razonable es que en los próximos días se actúen de alguna manera sobre las competencias que ejerce la Generalitat con el fin de evitar la consolidación del control sobre Cataluña de una administración que ya no actúa como administración española. Es cierto que es probable que la desobediencia se manifieste de manera más clara en los niveles superiores de la administración, ocupados por cargos políticos, que en el núcleo de la misma, en el que se encuentran los funcionarios; pero en cualquier caso la manifiesta rebeldía de los miembros del Govern es relevante y ya provoca por sí sola una tensión dentro de la administración catalana que resulta inadmisible.

A esto tenemos que añadir otra circunstancia: como es sabido los independentistas han planteado su desafío en torno a una fecha, el 1 de octubre. Ese día es aquél en el que tendría que celebrarse un referéndum de autodeterminación en Cataluña contrario a la Constitución y al Estatuto de Autonomía y prohibido por el Tribunal Constitucional. Mi impresión es la de que pese a la clara voluntad de desobediencia del Gobierno de la Generalitat será difícil que ese referéndum se produzca: las consecuencias penales que tendría para los funcionarios participar en dicho acto ilegal dificultarán su organización. A medida que se acerque la fecha veremos más actuaciones judiciales y policiales en relación al referéndum y, quizás, también, tal como aventuraba un poco más arriba, otro tipo de actuaciones destinado a limitar el ejercicio de ciertas competencias por la Comunidad Autónoma.

En cualquier caso, es evidente que si, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional el referéndum acaba celebrándose será imposible ya para España mantener que es Estado que controla de manera efectiva el territorio de Cataluña. Espero que esto esté claro en quienes tienen que adoptar las decisiones necesarias para que esto no ocurra y que, finalmente, el referéndum no llegue a celebrarse debido a que los funcionarios que tendrían que participar renunciarán a hacerlo, bien por convicción democrática, bien por el temor a las consecuencias penales de sus actos. En caso necesario espero que no haya dudas sobre la adopción de medidas que limiten las competencias de la Generalitat con el fin de impedir de manera efectiva la realización del referéndum.

En estas circunstancias, dividida la administración catalana porque muchos funcionarios serán reluctantes a unirse a la rebelión, dividida también la administración local entre ayuntamientos que se habrían sumado al golpe y ayuntamientos que no querrían participar en la rebelión (tal como hemos visto en estos días), a los independentistas les quedaría tan solo un recurso: la calle.

Dentro del independentismo siempre ha habido sectores que han defendido que el centro de la revuelta debe situarse en la calle. La CUP y los próximos a la CUP llevan tiempo emprendiendo "acciones directas" tanto en la Universidad, como en determinados barrios o, incluso, llegando al hostigamiento e intento de ocupación de sedes de partidos políticos.

Si el referéndum no puede finalmente celebrarse, la única alternativa que le queda al independentismo es la proclamación de la independencia (así se ha manifestado ya el presidente de la ANC) y apoyar dicha declaración con presencia en la calle. La forma de conseguirlo es variada. Creo que la más "natural" sería la convocatoria de una huelga general y la utilización de los grupos más extremistas del independentismo (los mismos que ya padecemos en la Universidad) para intentar controlar el área metropolitana.

En un escenario de ese tipo la restitución del orden público sería competencia inicial de los Mossos d'Esquadra, y ahí podría medirse si su compromiso se inclina por la legalidad española o la República Catalana. Cualquier duda o tibieza debería dar lugar a una intervención de alcance por parte de otras fuerzas policiales. Como puede imaginarse, en ese escenario de disturbios y violencia cualquier cosa podría pasar.

Quizás cuando estemos en esa situación los que ahora duden de que estamos ante un golpe de Estado se den cuenta del error de haber minimizado el desafío. Entretanto otros pretendemos que se tome conciencia de la gravedad del problema al que nos enfrentamos.