Violencia política

Ayer se ha prestó el primer informe del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña. Aquí puede consultarse el informe íntegro.

Los resultados de ese informe nos hablan claramente de la crisis de convivencia que sufrimos en Cataluña. En los seis primeros meses del año se han identificado 189 incidentes violentos que tenían por objeto "la claudicación o la modificación de la libre voluntad del oponente político" (que es como el informe define "violencia política" en el informe). No es, de todas formas, una recopilación exhaustiva, pues se limita a lo que ha podido ser identificado en prensa y redes sociales, por lo que es claro que el número de incidentes violentos es mayor. Sería deseable que con más medios se pudiera hacer un informe más completo; pero, de momento, lo que tenemos es este documento de 40 páginas que nos ofrece una panorámica significativa de la violencia política en Cataluña. Supera, con mucho, lo que ofrece en su página web la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat, que se limita, en lo que se refiere al tema que nos ocupa, lo que he marcado en rojo en su página web:

Una página web en la que el apartado de Informes está vacío

Ante esta inactividad oficial, el Observatorio de la Violencia Politica en Cataluña ha hecho el esfuerzo de recopilar informaciones accesibles para todos con el fin de ofrecer un panorama aproximado de la forma en que se intenta silenciar al adversario político en nuestra Comunidad.

La primera conclusión que extraemos es que existe una crisis de convivencia que afecta de manera decisiva al desarrollo de la actividad política en Cataluña. 189 incidentes supone una media de más de uno diario. De media una vez al día se intenta silenciar al adversario político con medios ilegítimos.

Estos medios son de distinta intensidad; pero esto no ha de llevarnos a banalizar el fenómeno. Creo que la contemporización con las manifestaciones menos intensas de la violencia está en la base de situación que padecemos ahora y en la que de los insultos y los boicots se ha pasado al contacto físico y la agresión. No, ninguna manifestación de la violencia ha de ser tolerada, porque esa tolerancia sienta las bases de una acción mayor. Todavía recuerdo cuando, hace unos años, una autoridad académica me explicaba por teléfono, ante mi preocupación por el boicot anunciado a una carpa de Joves SCC en la UAB que no me preocupara, que. no nos iban a pegar, se limitarían a insultarnos. Más exactamente habría que decir: rodearnos e insultarnos, gritarnos y acallar nuestros mensajes con su megafonía. Cuando se da por bueno el coaccionar a quien piensa diferente se están sentando las bases de una espiral que no sabemos cómo acabará, por eso es tan importante condenar todo tipo de violencia, y por eso el informe recoge también actos de boicot, escarches y amenazas. Todas estos intentos de silenciar al adversario han de ser condenados.

Y han de ser condenados no solamente porque pueden conducir a otros más graves, sino porque estas formas de coacción son tremendamente eficaces cuando, como pasa en Cataluña, son continuos y extendidos. En esta forma de coacción está la base del silencio de muchos que no osan manifestarse como contrarios al nacionalismo o exigir sus derechos (los lingüísticos en la escuela, por ejemplo) ante el temor de verse sometidos a estas formas de acoso de, pretendidamente, "baja intensidad".

Otra de las consecuencias que pueden extraerse de este informe es que la violencia no se reparte de manera igual entre los distintos actores. La mayoría de los actos de coacción se dirigen contra las instituciones del Estado, los partidos políticos y asociaciones constitucionalistas y aquellos que se oponen al nacionalismo. Es decir, se trata de violencia que pretende silenciar a quienes se oponen a la secesión. Menos de un 10% de la violencia es ejercida contra los nacionalistas

Es decir, la violencia es ejercida en su práctica totalidad por quienes se ven respaldados por el gobierno regional, quien no duda en pedir a quienes ejercen estas acciones violentas que "aprieten". 

Este gobierno regional, además, hace alarde de su desobediencia a la ley y a las órdenes que recibe de la administración electoral y amenaza con una confrontación mayor con el Estado.

La situación, por tanto, es que quien ejerce el poder público en Cataluña (policía, escuelas, sanidad, prisión, infraestructuras...) actúa al margen de la ley y pide explícitamente que se mantenga el nivel de coacción que determinados grupos favorables a las posiciones ideológicas que suscribe el gobierno regional ejercen contra quienes se oponen a los planteamientos del gobierno.

Si esta no es una situación preocupante ya me dirán qué lo es. Y como digo, ahí están los datos, que podrán ser completados; pero no se modificarán sustancialmente. Y creo que prueba de ello es que la Oficina creada por la Generalitat para denunciar esta violencia política permanece muda, como hemos visto hace un momento.

Esta es una situación especialmente dolorosa para los catalanes no nacionalistas, quienes se ven sometidos a un poder público que actúa al margen de la ley y, a la vez, debiendo soportar una coacción constante que limita su posibilidad de actuación política y restringe sus derechos.

Urge actuar, y esa actuación pasa, tal como se indica en el informe por:

- Poner fin a la desobediencia a la ley por parte del poder público. La Generalitat y las entidades locales han de ajustar escrupulosamente a la ley su comportamiento.

- Perseguir todas las manifestaciones de la violencia política. Ninguna puede ser tolerada.

- Condenar todas las coacciones e intentos de silenciar al adversario político.

Es importante asumir que ninguna limitación de derechos ha de ser tolerada. Existe, a este respecto, una confusión bastante extendida sobre ciertas limitaciones que de manera equivocada son toleradas. Me refiero en concreto a los cortes de carreteras u otros obstáculos a la movilidad.

Lo primero que hay que aclarar es que el derecho de manifestación y de reunión es un derecho reconocido constitucionalmente. El derecho de manifestación, en concreto, habilita para que los ciudadanos ocupen el espacio público con el fin expresar sus ideas o reivindicaciones. Este derecho no está sometido -en contra de lo que se afirma con frecuencia- a autorización previa. Quienes quieren convocar una manifestación informan a la autoridad, pero esta no ha de autorizarla, aunque puede proponer alternativas a fin de hacer compatible ese derecho de manifestación con otros derechos (derechos de manifestación de otros, lo que implica prohibir las contramanifestaciones, o el derecho de circulación). Lógicamente el ejercicio del derecho de manifestación supone alteraciones a la circulación que todos hemos experimentado en más de una ocasión; pero esto no supone ninguna violencia, porque se está ejerciendo legítimamente un derecho.

Ahora bien, cuando se pretende utilizar el derecho de manifestación para cortar carreteras, ocupar edificios o impedir la circulación de otros, ahí ya entramos en el terreno de la violencia. Cuando unos encapuchados cortan una carretera con neumáticos o contenedores se está limitando la libertad de todos y es un caso de violencia. Cuando se impide el acceso a un edificio porque se ha convocado una huelga se está ejerciendo la violencia porque se está impidiendo que otros ciudadanos ejerzan su derecho a trabajar o a ir a clase (en el caso de las mal llamadas huelgas de estudiantes). Cuando la policía ordena a quienes cortan una autopista que depongan su actitud y no lo hacen, ahí se está ejerciendo violencia. Ahí nos encontramos con unos que creen que su voluntad pasa por encima de los derechos de los demás.

He vivido esas situaciones. Situaciones en las que cuando voy a clase me encuentro con una barrera que alguien controla y que se creen en el derecho de decidir si doy o no la clase, o en el derecho de permitir que los estudiantes acudan o no a clase. Tolerar esas situaciones es el calor de cultivo de la violencia, porque si uno se cree en el derecho de colocar un obstáculo físico para impedir que otro ejerza un derecho ¿por qué aquél que ve su derecho restringido no va a pensar que está legitimado para quitar por si mismo ese obstáculo? Estas situaciones son potencialmente peligrosas y han de ser evitadas; y no puede exigirse siempre a los ciudadanos que tengan paciencia y toleren la sistemática y continua vulneración de la ley y la restricción de sus derechos por parte de los nacionalistas, las autoridades regionales y las autoridades locales.