Constitucionalismo v. PSC

Hay un detalle en el que se repara poco cuando se compara la manifestación del pasado 18 de septiembre, "Español, lengua vehicular", con las manifestaciones constitucionalistas del año 2017. En aquellas, como veremos, de una forma u otra estaba el PSC. La manifestación de este último domingo, sin embargo, se ha hecho contra el PSC. Y este no es un detalle menor.

Confieso que no había reparado en ello hasta que en medio de la manifestación me percaté de que no había gritos contra el gobierno de Sánchez, el PSC o el PSOE. Sí que hubo recriminaciones en el manifiesto que se leyó y en las intervenciones finales, pero no recuerdo eslóganes contra los socialistas durante la marcha, al menos en la parte en la que yo estaba.

Lo anterior no deja de ser extraño, pues, en realidad, quien nos había convocado allí era la complicidad del PSC y del gobierno de España con los nacionalistas y en los últimos meses ha quedado clara la enorme responsabilidad, tanto del gobierno, como de los partidos socialistas (PSC/PSOE) en la situación actual de la escuela catalana. Ya no se trata de que el gobierno haya dejado hacer o mirado para otro lado; sino que ha sido cooperador necesario en la desactivación de la sentencia del 25%; tanto por haberse opuesto (a través de la Abogacía del Estado) a la ejecución forzosa de la decisión judicial (ejecución solicitada por la AEB, en el marco de la plataforma "Escuela de Todos", “Hablamos Español” y padres de alumnos escolarizados en Cataluña); como por haber pactado con los nacionalistas una ley (la ley autonómica 8/2022) que, según lo ha interpretado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), impide la ejecución de dicha sentencia.

El TSJC ha señalado los vicios de inconstitucionalidad en que incurren tanto el decreto ley 6/2022 sobre proyectos lingüísticos de centros educativos, como la ley 8/2022 sobre uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza universitaria, normas promulgadas por la Generalitat con el fin expreso de impedir la ejecución de la sentencia del 25%. También ha aclarado el TSJC que tales disposiciones paralizan la ejecución de la sentencia que obliga a que el español sea lengua vehicular en la escuela. Se trata de constataciones que no pueden ser obviadas al valorar la negativa del gobierno de España a impugnar dichas normas ante el Tribunal Constitucional (TC). Una impugnación que hubiera implicado la suspensión de la eficacia de las mismas. Advertido por los tribunales de que dicha ley y el mencionado decreto ley presentaban visos de inconstitucionalidad, y siendo conscientes de que tan solo el gobierno podría evitar que fueran aplicados durante el desarrollo del proceso de declaración de inconstitucionalidad ante el TC, dejar de usar la facultad que la Constitución le confiere para paralizar las normas autonómicas de rango legal que están siendo estudiadas por el Alto Tribunal, convierte al gobierno en cómplice de la Generalitat en la vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes.

La inmensa mayoría de los que nos congregamos en Barcelona el día 18 de septiembre éramos conscientes de lo anterior y así se hizo constar en las intervenciones finales, como he indicado; pero, pese a ello, costaba verbalizarlo durante la marcha, aunque tan solo fuera con un grito. Y creo entender por qué. Intentaré explicarlo a continuación.

Hace años que se vive en España una fractura profunda entre quienes valoran positivamente la Constitución, el sistema democrático de derechos y libertades que diseña, y el mecanismo de articulación territorial que prefigura; y quienes, por el contrario, desean la destrucción de ese delicado andamiaje jurídico y político para cambiar la forma de gobierno (III República) y/o desgajar parte de su territorio. En este último caso con la alternativa de, sin llegar a la independencia formal, convertir el estado autonómico en una confederación en la que el poder central sería testimonial.

Esta tensión profunda entre dos maneras de entender el país se desarrolla más allá del marco constitucional, precisamente porque su destrucción es el objetivo de uno de los bandos; lo que lleva a situaciones de confrontación que casi llega a ser física. La sesión de investidura de Rajoy en octubre de 2016 nos abrió una puerta a ese enfrentamiento entre dos concepciones diferentes, radicalmente diferentes, del país.

En aquel debate hubo un momento significativo. Antonio Hernando (PSOE) pidió la palabra tras una intervención de Gabriel Rufián y le recordó que los socialistas habían vertido sangre para defender la democracia que permitía que Rufián estuviera en el Congreso expresándose con libertad y utilizándola para insultar de manera soez al grupo parlamentario y al partido socialista. Esas palabras de Hernando fueron recibidas con un fuerte y emocionado aplauso de los diputados no solamente socialistas, sino también de Cs y del PP. Ahí se vio con claridad uno y otro bloque en el Congreso, y he de reconocer que aquel momento me impresionó, porque también era consciente de lo frágil que era aquel aplauso.

Seis años después el PSOE está con Rufián y lo que representa. No hay duda sobre ello. Lo demuestran muchas cosas, y también, de forma muy clara, su alianza con el nacionalismo para excluir al español como lengua de la escuela en Cataluña. Durante lustros (o quizás, décadas) el PSC ha intentado una difícil equidistancia entre constitucionalismo y nacionalismo; pero al final la moneda deja de rodar y cae sobre una de sus caras. El giro no puede ser eterno.

Y la cara que ha quedado a la vista es la nacionalista. La manifestación del 18 de septiembre lo muestra. Es una manifestación constitucionalista en la que el PSC no  es que no esté presente; sino que, además, tiene como finalidad protestar por las políticas que desarrollan el partido y el gobierno socialista. Esto marca una diferencia esencial con las manifestaciones del año 2017, que no se limitan a las del mes de octubre, sino que también incluyen la de 19 de marzo, "Aturem el cop!", en la que se consiguió lo que entonces parecía imposible: llenar Vía Layetana hasta la subida hacia Plaza Sant Jaume.

El PSC no se sumó como tal a la convocatoria; pero sujetando la pancarta estaba David Pérez, entonces (y ahora) diputado socialista en el Parlamento de Cataluña.

En las grandes manifestaciones de octubre de aquel año ya hubo representación del partido socialista. No se les veía excesivamente entusiasmados con la idea de tener que compartir pancarta con el PP y Cs; pero al final, de una forma u otra, el partido socialista estaba presente.

No, en cambio, en la de 18 de septiembre de 2022. En la manifestación había socialistas (pude estrechar la mano de alguno); pero no había ningún cargo directivo o diputado sosteniendo la pancarta.

Ni lo había ni podía haberlo porque, como decía, la manifestación protestaba contra una política lingüística que ya no es la política nacionalista, sino que es la política nacionalista y socialista, unidos estos a los primeros por los vínculos que comentaba antes: el pacto para sacar adelante la ley 8/2022, el rechazo a la ejecución forzosa de la sentencia del 25% y la negativa del gobierno a impugnar ante el TC tanto el decreto ley 6/2022 como la ley 8/2022.

El constitucionalismo ya no es que no pudiera contar con el apoyo socialista, sino que no tenía más remedio que oponérsele. No por opción del primero, sino como inevitable consecuencia de la colaboración del segundo en la privación de derechos que sufren los alumnos catalanes; una colaboración que encontraba reflejo en otra imagen: el posado en el Parlamento de Cataluña de nacionalistas, comunes y socialistas tras la aprobación de la ley 8/2022

Creo que se ha destacado poco esta dimensión de la manifestación del 18 de septiembre, cuya transcendencia me había pasado desapercibida hasta que sentí lo costoso que nos era lanzar contra un partido que hasta ahora era “de los nuestros”, los reproches que tantas veces habíamos dirigido hacia los nacionalistas.

La ausencia del PSC/PSOE era algo más que una ausencia; era la constatación de que en esa división profunda entre las dos Españas de la que somos testigos desde hace años, el bando de aquellos que quieren poner fin al período más largo y próspero de convivencia y libertad en la historia de España está a punto de absorber de manera difícilmente recuperable a uno de los partidos que más había trabajado, sufrido y pagado por robustecer el sistema democrático que surgió tras la dictadura franquista.

Pienso que era esa dura constatación la que cerraba las gargantas. Reunir una manifestación como la del domingo en Cataluña, que se dirigía simultáneamente contra el nacionalismo y contra el PSC, sería impensable hace muy poco; pero éste es uno de esos casos en los que el éxito deja un trozo de hielo en el corazón.