En los últimos siete años he conocido tres generaciones de estudiantes constitucionalistas en Cataluña. Una primera que lideraba Josep Lago
La segunda, en la que esa posición de liderazgo pasó a Julia Moreno
Y la actual, en la que la presidenta de S'ha Acabat! es Júlia Calvet
Por supuesto, lo de las generaciones tiene que verse con cierta flexibilidad, porque hay jóvenes que han estado en las tres etapas, como Jordi Salvadó
Y otros, como María Domingo, de la "primera generación", que ayer pasaba por la Autónoma para recoger un papel, pero que cuando vio el acoso a la carpa de S'ha Acabat! allí estuvo haciendo piña con los jóvenes y recibiendo los huevos que lanzaban los autoproclamados y autorreferenciales "Antifascistas".
En cualquier caso, una de las cosas buenas de S'ha Acabat! es que son un equipo en el que todos colaboran, por lo que he visto, con una enorme generosidad. Un grupo al que admiro y respeto.
En un acto, cuando ya estaba acabando la carrera, Laura explicó que cuando había entrado en Joves SCC, origen de lo que luego sería S'ha Acabat!, pensaba que sería para participar en debates sobre el futuro de Cataluña defendiendo la continuidad de nuestra Comunidad Autónoma en España; o para dar charlas o informar en carpas. Cuatro años después de aquello reconocía que en el tiempo que había dedicado al activismo constitucionalista simplemente había reivindicado su derecho a hablar, sistemáticamente negado no solo por los violentos e intolerantes; sino incluso por la propia institución universitaria, que en en un momento dado dio de baja al colectivo, siendo necesario plantear una demanda por vulneración de derechos fundamentales hasta conseguir que los tribunales reconocieran que la decisión adoptada por la Rectora había supuesto una vulneración de los derechos de los alumnos a no ser discriminados por razón de opinión, a la libertad ideológica, de expresión y al derecho a la educación.
Y en estas seguimos. Ayer mismo, día 5 de octubre, los jóvenes de S'ha Acabat! sufrieron otro acto de acoso en la UAB. Durante unas dos horas permanecieron rodeados, fueron increpados, se les lanzaron huevos y se intentó atacar la carpa que tenían instalada; lo que no se consiguió por la intervención de la policía. El resultado: la labor de información y explicación que querían desarrollar no pudo realizarse.
En esta ocasión, a diferencia de lo que había pasado en la propia UAB en octubre de 2021 y en la Universidad Pompeu Fabra en febrero de 2022, la policía intervino y evitó que la agresión fuera más allá del lanzamiento de huevos. Ahora bien, la privación del derecho a expresarse, del derecho a hablar y participar en el debate público se mantiene. Lo único en lo que hemos avanzado es que la policía considera ahora que sí es su obligación impedir la agresión física, cosa que en las últimas ocasiones comentadas (octubre de 2021 y febrero de 2022) pareció entender que no era de su incumbencia.
Es inadmisible.
Lo que hay detrás de estos boicots continuos es el intento explícito de evitar que las ideas que no son del agrado de los nacionalistas puedan expresarse con normalidad. Algunos han decidido que solamente los que compartan ciertos planteamientos podrán acceder al espacio público, mientras que quienes discrepen de ellos deberán ser condenados al ostracismo.
Y para eso se utiliza la violencia, como la que han sufrido en tantas ocasiones los jóvenes de S'ha Acabat!
Una violencia que, en ocasiones, se ha practicado ante la mirada impasible de la policía, lo que es extraordinariamente duro y contrario a principios básicos del Estado de Derecho. Todos han de tener garantizado el ejercicio de sus derechos fundamentales, y la policía ha de velar por ello. Permanecer pasivos cuando los agredidos son los que discrepan de los planteamientos oficiales es de una enorme gravedad.
Y esto ha pasado en Cataluña en más de una ocasión, tal y como he indicado.
Pero es que, además, no basta conque la policía se interponga, como hicieron el 5 de octubre en la UAB; sino que lo que han de hacer es garantizar que todos pueden utilizar el foro público. Intentar impedir el ejercicio de la libertad de expresión es un delito que, además, es perseguible de oficio. Igual que es un delito perseguible de oficio la coacción; esto es, obligar con violencia a hacer aquello que no es obligado o impedirle hacer aquello a lo que tiene derecho. Además, también están penados los desórdenes públicos, entendiendo por tales que se actúe "en grupo o individualmente pero amparados en él" con fin de alterar "la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo". El hecho de que estos actos se lleven a cabo cubriéndose el rostro para evitar ser identificados agrava la pena (arts. 557 y 557 bis del Código Penal).
Estos delitos no son meras figuras retóricas. Fueron aplicados (desórdenes públicos e impedir el derecho de reunión) en relación a quienes entraron en la librería Blanquerna de Madrid en 2013 con el propósito de no permitir un acto en conmemoración de la Diada de Cataluña (Sentencia del TS de 9 de julio de 2020, ECLI:E:TS:2020:2464).
La pregunta que cabe hacerse es qué diferencia lo que sucedió en la librería Blanquerna en 2013 con lo que sufren los jóvenes de S'ha Acabat! en casi cada carpa que montan en una universidad catalana. ¿Cómo es posible que las coacciones, cuando vienen de los nacionalistas a los que discrepan del nacionalismo sean toleradas de esa manera por la policía, fiscalía y jueces, mientras que cuando las víctimas son nacionalistas la persecución es inmediata y ejemplarizante?
La segunda pregunta es retórica. Existe un evidente sesgo en la opinión publicada, que acaba teniendo traducción en las actuaciones de las autoridades y de las instituciones, que conduce a que determinadas ideologías estén protegidas mientras que respecto a otras se admite el derecho a coaccionar. En el caso de los jóvenes constitucionalistas en Cataluña, los mensajes animando a boicotear sus actos circulan sin dificultades y sin que nadie persiga a los autores de los mismos, los boicots se montan delante de la policía que, como se ha dicho, en ocasiones deja hacer y en otras se limita a interponerse entre agresores y agredidos, pero sin ir más allá y, por tanto, sin garantizar el ejercicio efectivo de la libertad de expresión de quienes discrepan del nacionalismo. No repetiré aquí el relato de lo sucedido en tantas ocasiones y que puede encontrarse aquí.
Entiendo muy bien la decepción de Laura, cuando vio que la batalla que había que ganar era la de poder hablar. Recuerdo el primer acto boicoteado a los jóvenes constitucionalistas en la UAB, en el mes de abril de 2016. Entonces, como el día 5 de octubre de 2022, se trataba de la Feria de Entidades de la Universidad, donde habían instalado una carpa. Cuando la estaban montando les amenazaron, les rajaron una bandera y los jóvenes acabaron abandonando la Feria de Entidades.
Yo tenía clase, creo recordar, pero encontré un hueco para pasarme por la Feria de Entidades para saludar a los estudiantes de Joves SCC. Cuando llegué no había ni rastro de su carpa. Me enteré entonces de lo que había pasado y no daba crédito. Se había expulsado utilizando la violencia a un colectivo de la Feria ¡y la Feria seguía como si no hubiera pasado nada!
Hablé con el Rector, le dije que montaríamos una carpa al cabo de pocos días y le pedía que nos acompañara como gesto en favor de la libertad de expresión. Se negó. Me pareció grave, porque implicaba que el máximo responsable de la institución no estaba dispuesto a dar la cara por la libertad de expresión de los miembros de la comunidad universitaria.
En aquella segunda carpa volvimos a ser acosados; y también en las siguientes que tuvimos. Le pedí a la nueva Rectora, ya por el mes de diciembre de 2016, que hiciera un comunicado condenando los acosos a los jóvenes constitucionalistas. También se negó. Le insistí diciéndole que teníamos información de que nuestras carpas iban a ser acosadas y ella me dijo: tranquilo, que no os pegarán.
¿Os dais cuenta de lo que implica esa frase? Mientras no nos peguen, tendríamos que aguantar lo que nos echaran encima; parece ser que eso es lo que tienes que pagar por discrepar del nacionalismo en Cataluña. Y esta obligada sumisión, amparada por cargos públicos.
Y así ha seguido hasta entonces; pero algo hemos aprendido.
Esta, efectivamente, tal como decía Laura, es una lucha por conseguir hablar; es un esfuerzo constante por recordar a los totalitarios que el espacio público también es nuestro y que no renunciaremos a él.
Es por eso que es tan importante seguir haciendo carpas, seguir insistiendo en nuestros derecho a expresarnos y seguir denunciando la pasividad de las autoridades, que no solamente no nos protegen, sino que dan alas a quienes nos acosan. Así, hace poco, la propia Consejera de Universidades.
El 1 de octubre, la Consejera de Universidades escribe "adelante" contestando a quien se queja de la presencia de S'ha Acabat! en la universidad y cuatro días después tenemos el acoso a la entidad en la UAB. La sintonía entre los violentos y el poder es clara y, a la vez, escandalosa.
Y frente a esto unos jóvenes que no tendrían que llevar siete años peleando por algo tan elemental como es el derecho a hablar, a utilizar el espacio público que es de todos y que los nacionalistas se quieren apropiar.
No tendría que ser así; pero es.
Desde aquella primera carpa en 2016 se ha aprendido que no hay que dejar el terreno. Si se puede llevar a cabo la actividad, esta se desarrolla con normalidad. Ese es el objetivo.
Si acosan la carpa o la mesa, hay que aguantar
Si la atacan, hay que defenderla
Y si la tiran hay que quedarse todo lo que se pueda
No tendría que ser así, repito, pero habrá que seguir esforzándose para que te reconozcan tu derecho a no ser tú el que abandone el lugar con protección de la policía; porque nosotros no somos los delincuentes. El día 5 de octubre lo conseguimos. Al final lo policía alejó a los acosadores y nosotros nos fuimos como lo que somos, ciudadanos libres, a comer al bar de la Facultad.
Quien no haya pasado por esto quizás no entienda lo que importan estos pequeños detalles; estos detalles que nos reafirman en nuestra dignidad y con los que decimos "no os tenemos miedo".
Esta es la situación. Permanente acoso, ausencia de persecución y de condena de los violentos, en ocasiones pasividad de la policía y en otras una actuación que se limita a hacer de muro; pero admitiendo la limitación de derechos que sufren los jóvenes constitucionalistas.
¿Es lo anterior compatible con el Estado de Derecho?
¿Es compatible con el Estado de Derecho que la Consejera, lo que en la UE se llamaría una "ministra regional" ponga en la diana a una asocio de estudiantes que es contraria a sus planteamientos y anime a quienes se quejan de su presencia en la Universidad?
¿Es compatible con el Estado de Derecho que la policía deje hacer a los violentos, tal y como pasó en la UAB el 6 de octubre de 2021 y en la UPF el 23 de febrero de 2022?
¿Es compatible con el Estado de Derecho que se persiga y condene a quienes boicotean actos nacionalistas y, sin embargo, se dejó sin sanción a quienes hacen lo mismo con los constitucionalistas?
¿Es compatible con el Estado de Derecho que la Fiscalía anuncie que investigará gritos que se dirigen desde un colegio mayor a otro y, sin embargo, calle ante hechos como los que pasaron en la UAB el 5 de octubre?
Creo que hay, al menos, dudas de que lo anterior sea compatible con el Estado de Derecho, por eso me parece muy oportuna la iniciativa de la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa de dirigir un escrito a la Comisaria competente pidiéndole que se investigue lo que sucede en las universidades catalanas con el acoso a los estudiantes constitucionalistas
El derecho a hablar, como decía Laura Casado.
De momento, eso. No renunciaremos. Seguiremos peleando por él.
Y acabaremos lográndolo; porque cuando se tiene razón, lo único que se requiere para acabar venciendo es convicción y paciencia. Y de ambas, tenemos para repartir.
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