Ser constitucionalista en Cataluña

Ayer Cs visitó Amur, en Gerona. Aquí encontrarán un vídeo donde se recoge parte la visita y de las declaraciones que hizo Inés Arrimadas. Recomiendo su consulta.

En este otro vídeo se encuentran las declaraciones de Arrimadas

Que un líder político y un partido se encuentren con la hostilidad que puede apreciarse en el vídeo cuyo enlace comparto al principio de esta entrada debería preocuparnos a todos. En vez de eso, sin embargo, habrá seguramente quien se refiera al acto de Cs como "provocación"; al igual que ya ha sucedido en otras ocasiones y como ha pasado con otros actos de constitucionalistas (por ejemplo, los de Joves de SCC en la UAB).

Cabría preguntarse qué han hecho Cs y los constitucionalistas para sufrir este boicot; pero dejaremos esa cuestión para más adelante. Ahora fijémonos en otra cosa, y es que aunque resulta extraordinariamente preocupante la hostilidad hacia los constitucionalistas; es aún más grave -y preocupante- la reacción que se concreta en pretender que actos como el de Cs en Amur son una provocación y que lo mejor sería no realizarlos.

¿Por qué es más grave lo segundo que lo primero?

Adelantaré la conclusión: porque indica que ya no somos plenamente una democracia, porque hay partidos y personas que han interiorizado que en Cataluña vivimos en un régimen nacionalista y que lo más sensato y prudente es no enfrentarse a él. Personas que están dispuestas a sacrificar los derechos de los demás por mantener "la paz social". ¿Les suena? Sí, es tan repugnante como parece.

Pero para comprobarlo debemos abandonar por un momento las emociones e ir a los datos.

Hay un informe que recomiendo, elaborado por Societat Civil Catalana en mayo de 2015. Se titula "Catalanes, secesionismo y participación electoral: una mirada a datos de registro electoral de municipios de Cataluña". Puede consultarse aquí.

La conclusión más relevante del estudio es que hay dos Cataluñas: una Cataluña, mayoritariamente no nacionalista, que se concentra en el área metropolitana, donde se ubica el 75% de la población en un 25% de los municipios y otra Cataluña, formada por pueblos más pequeños en el que se ubica el 25% de la población, pero distribuida en un número grande de municipios. Esa otra Cataluña reúne un 75% de los municipios de toda la Comunidad Autónoma, pese a que, como hemos visto, tan solo viven en ella 1 de cada 4 catalanes y es lo que podríamos denominar "Cataluña. nacionalista", lo que a veces se designa también como "Cataluña interior" o, incluso, "Cataluña profunda".

Esta segunda Cataluña es la Cataluña de Amer, de Vic, de Osona o de Berga; de esos lugares en los que algunos asumen que el constitucionalismo está de más. Esos sitios en los que "todo el mundo" es nacionalista.

¿Todo el mundo?

Cuando se visitan esos pueblos esa puede ser la impresión. El espacio público está ocupado por símbolos nacionalistas, incluidos ayuntamientos y otros edificios que deberían ser de todos. Las fiestas populares son colonizadas por los activistas separatistas y hasta se utiliza la megafonía municipal para llamar a la independencia.

En muchos de estos municipios, además, no hay más representación política que la de los nacionalistas. Partidos como Cs (primer partido en Cataluña tras las últimas elecciones autonómicas), PP o PSC ni siquiera presentan listas electorales en las elecciones locales.

¿Es que no hay constitucionalistas en estos sitios? Sí que los hay, como podemos comprobar por los resultados de las elecciones generales, autonómicas o europeas, aquellas en quienes viven en esos municipios y no comparten los planteamientos nacionalistas tienen la opción de votar las opciones políticas que les identifican. Veamos, por ejemplo, los resultados en Berga de las últimas elecciones autonómicas:

Como puede verse, en esas elecciones la suma de los votos de C's y PP supuso más del 12% de los emitidos. En cambio en las elecciones municipales el escenario es éste:

Ninguna candidatura de Cs ni del PP. El PSC se presentó con el nombre de CP (Candidatura de Progrés) y obtuvo algo más de un 7% de los votos. En otros municipios de Cataluña ni siquiera existe candidatura del PSC, aunque sea disimulando las siglas.

De esta manera, el constitucionalismo se invisibiliza en una parte de Cataluña, y no porque no haya quienes se oponen a la secesión, sino porque los nacionalistas han creado las condiciones necesarias para que resulte cuando menos incómodo manifestar que no se comparte la ideología nacionalista.

El estudio de SCC que mencionaba antes aporta un dato muy relevante en este sentido: analiza los resultados de la consulta del 9-N y concluye que ni siquiera en aquellas partes de Cataluña en las que el nacionalismo es hegemónico deja de haber un número significativo de personas que se oponen a la secesión.

La nube de puntos que cruza el gráfico descendiendo de izquierda a derecha indica el porcentaje de Sí-Sí (a favor de la independencia) en cada municipio. Se aprecia como en los municipios más pequeños el porcentaje de personas a favor de la independencia es mayor que en los grandes municipios (los que se sitúan a la derecha del gráfico); pero incluso en esa Cataluña nacionalista, la que parece homogénea y uniforme existen constitucionalistas que, sin embargo, no dejan oír su voz y que tan solo pueden expresarse depositando una papeleta en algunas -no en todas- las convocatorias electorales. Existe una Cataluña en la que el nacionalismo es mayoritario; pero en el que existen también no nacionalistas que, sin embargo, permanecen en silencio.

[Este cuadro está también extraído del informe de SCC y muestra, entre otras cosas, el porcentaje de voto en las "dos Cataluñas". En. la Cataluña del 25% el voto a los nacionalistas es mayoritario (51%),  pero el porcentaje de personas que no votan a partidos nacionalistas sigue siendo alto, como puede comprobarse]

El silencio de los catalanes constitucionalistas en la Cataluña interior me parece muy grave porque indica un déficit democrático que debería preocuparnos. En vez de eso, sin embargo, para muchos (partidos, medios, intelectuales, opinadores) este oscurecimiento del constitucionalismo en esos municipios "forma parte del paisaje", y no se dan cuenta -o no quieren darse cuenta- de que esa ausencia es la que explica también, por ejemplo, el acoso a quienes piden el respeto a sus derechos; así a las familias que reclaman una presencia mínima de castellano en la educación.

Para el régimen nacionalista este silencio es, sin embargo, importante. Si no se debate sobre los temas que no interesan al nacionalismo, si no se visibiliza la existencia de una parte de la sociedad catalana que se opone a sus planteamientos, si no se traslada la imagen de división dentro de los catalanes ellos, los nacionalistas, seguirán pretendiendo ser la voz de todos los catalanes ante el Gobierno español y en el extranjero. Seguirán intentando presentar su caso como el de la opresión a un pueblo, el catalán, que se opone frontalmente a su permanencia en España.

Además la imagen aplastante de hegemonía disuadirá por sí misma a los disidentes. Es humana la tendencia a seguir lo que se piensa que es la opinión generalizada. Cuanto más se transmita que existe un pensamiento ampliamente aceptado y frente al que no caben discrepancias más difícil será que surjan éstas.

Como puede verse, técnicas totalitarias de manual.

Y frente a esto algunos, que no son nacionalistas, en vez de apoyar a los constitucionalistas y denunciar el acoso que sufren en Cataluña dicen que "provocamos".

Miserables y estúpidos.

Estúpidos porque no se dan cuenta (o no se quieren dar cuenta) de lo que aquí explico, de que lo que estamos viviendo con el silenciamiento sistemático de las voces discrepantes en Cataluña es una técnica totalitaria que debería repugnar a cualquier demócrata.

Y miserables porque carecen de la mínima dignidad que ha de tenerse en la vida pública para defender los derechos de otros cuando son atacados. Cuando los jóvenes de SCC o ahora de S'Ha Acabat realizan un acto y son boicoteados o insultados, cuando Cs acude a Amer o a Vic y su acto es prohibido, cuando se niega a las familias la presencia mínima de castellano en la educación o se cuelgan símbolos partidistas en los edificios públicos se están vulnerando derechos, y ante esto cualquier demócrata debería reaccionar como un resorte, sin importar quién los vulnera o quiénes son los que ven sus derechos quebrantados; ante la restricción de derechos un demócrata solamente puede colocarse al lado de quien sufre esa limitación y denunciar a quien la provoca.

Un demócrata, claro.

Supongo que ahora ya estará clara la respuesta a la pregunta que planteaba al principio ¿qué ha hecho Cs o los constitucionalistas para merecer ese boicot permanente? Simplemente existir y no callar, no aceptar la sumisión nacionalista que pretende que todos asuman que los nacionalistas son ciudadanos de primera en Cataluña y que los derechos de los demás están condicionados a lo que ellos decidan.

Porque hablar, disentir y mostrar que no se renunciará al Estado de Derecho y a los derechos que de él se derivan es, efectivamente, una provocación para quienes sueñan con una sociedad homogénea bajo el nacionalismo: un pueblo, una lengua, un país, un Estado. Y luego la unión con el resto de Países Catalanes.

¿Les suena?

Eso es lo que hay, y ante eso solamente existe una posición digna: dar voz a quienes no la tienen, defender los derechos de todos y reivindicar la democracia. Reivindicarla frente a quienes la boicotean y también frente a quienes pretenden que defenderla es "provocar".

Spain is not overreacting to the nationalist rebellion in Catalonia (a response to Noah Feldman's article "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion")

My friend Jamie Mayerfeld, has told me about Noah Feldman's article "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion," published on Bloomberg. I think that the article contains some errors of appreciation, especially in regard to the consequences of what the columnist calls a "small" rebellion. Maybe not so small, since it caused the reaction of dozens of countries and of the European Union.

However, I will not deal with this question here, because what interests me now is to analyse the reasons that may lead some foreign commentators to perceive in a biased way what is happening in Catalonia. According with this intention, I will not follow the article point by point, but only use it as an example of many other commentators, especially from abroad. These commentators show what I consider an inexplicable sympathy to those ones who caused the crisis of the year 2017 in Catalonia.

I believe that a key element to understand what happened in Catalonia in the months of September and October 2017 (in the fall of 2017, if you allow me to be in some way imprecise, since the events began in the summer, specifically in September 6) is to assume that the "rebellion" -to employ the same term used by Noah Feldman- was carried out by the public power, not by citizens who faced such public power. I think that this fact is often overlooked. One considers the images of the people at the streets and it is instinctively internalized that the conflict arises between demonstrators (Catalan nationalists) and the police (Spanish government). This is not true. The main actor of the conflict was the Catalan Government, the peak of a public power with a budget of 32,000 million euros per year and which manages in Catalonia education, health, prisons, universities, police (17,000 armed agents) and much of the transport, among other competences (protection of minors, consumer protection, culture ...). That is to say, the "rebellion" was not against the power, but from the power, a rebellion that implied that this public power declared itself freed from the limits established in the Constitution and in the laws. A power who decided to act outside the legal limits.

As I have just said, I think that this perspective should be taken into account. It is not the same thing that a citizen or a group of citizens protest before the public power, that this public power decides to exercise the monopoly of the use of force outside the framework of the law. This is precisely what happened in Catalonia: the Catalan Parliament repealed the Spanish Constitution in Catalonia, the regional government disobeyed the Spanish Constitutional Court and finally the regional government and Parliament declared independence.

What this did mean for the Catalans who did not share the nationalist programme? I can speak in my own name: I am a citizen of Catalonia, subjected to the public power of the Generalitat and I am against the secession and against nationalism. And, in addition, I have showed openly my opposition to the secession and to the Catalan nationalism. In what situation did I find myself once the public power that rules the policemen who watch the streets I walk, the schools where my children study, the hospitals where I go to when I get sick, the University where I work and the prisons in which I would end if I am arrested, decides to act outside the law, against the Constitution and deprive me of the guarantees that I have up to now (recourse to the Spanish Ombudsman, the Spanish Constitutional Court or the European Court of Human Rights)? This is exactly what millions of Catalans felt in those weeks of September and October 2017.

I say millions and I am not exaggerating, since in Catalonia the nationalist parties obtain less votes than the parties that do not defend the secessionist project. The Catalan electoral system, which favours the areas in which the nationalist vote is concentrated, transforms a minority of votes in a majority of seats in the regional Parliament, but this should not make us forget that Catalan non-nationalists are more that the nationalists. And we also must be aware that despite the fact that the public media, the schools and the administrations use almost exclusively Catalan, more than half of the Catalans have Spanish as their mother language. Another nationalist imposition.

But let's go back to that pathological situation in which the public power decides to act outside the law. In the first year in the Law Faculty we explain that one of the differences between the Ancien Régime and modern States is that in the Ancien Régime public power acts without external limits, while in modern States authorities must subject their action to the legal limits. This submission of the public power to the law is a guarantee for citizens. For decades I had known this as part of the Theory of Law and of the Constitutional Law. In the year 2017 I knew what do you feel when you are subjected to a power that acts outside the law. And it is not nice.

That is why it was essential to recover the rule of law in Catalonia. And Noah Feldman underlines this idea in his article. Specifically, when he states that he understands the reasons for the Spanish Government to resort to the exceptional mechanisms that enable the Constitution to enforce the law in an Autonomous Community through the direct attribution of the control of the region to the government of Spain. As I have already said, the recovery of the rule of law in Catalonia was essential not only for reasons linked to the functioning of the constitutional institutions, but also to enforce the rights of all Catalan citizens, who did not deserve to be subjected to a public power acting outside the Constitution and of the law and against the decisions of the courts. A situation, obviously, inadmissible in any democracy.

My discrepancy with Feldman is about the adoption of penal measures in relation to the leaders of the "rebellion". It seems that he thinks that it would be better to turn the page without introducing proceedings before the criminal courts. I disagree

First we need to consider the seriousness of what happened. I have already advanced some ideas about that:

- The regional parliament repealed the Constitution.

- The regional government disobeyed the Constitutional Court.

- The regional government called an illegal referendum.

- Barricades and other obstacles were erected in order to difficult the movements of the police.

- The illegal occupation of schools and other public buildings was organized to hold the referendum.

- Resistance to the police was organized to prevent the policemen from complying with court orders.

- The policemen that had orders to close the premises where the referendum was being held were attacked.

- Policemen out of service were persecuted and harassed.

- In the schools the children of the policemen were publicly pointed out.

- In the schools, protests against police action were organized involving minors (in some cases young children).

- Databases were developed for the census of the referendum vulnerating the regulation about personal data protection.

- And independence was declared ... twice.

Do we really defend that this does not deserve criminal reproach? I think it is not serious to maintain this position. Some or all of these behaviours can be considered as criminal offences according with the Spanish Criminal Code and, therefore, they must be investigated. A different question is which specific criminal offences should be considered. Here there is room for the debate, a debate in which Noah Feldman is kindly invited to participate, but taking in consideration that this debate should be based on the rules of the Spanish Criminal Law. A discussion of this kind in a democratic state can only be made on the basis of the law.

And this is not a formalism. There is another confusion here that must be denounced. Sometimes it is maintained that the Spanish government should do this or that in relation to the situation of the accused due to the events of the autumn of 2017, without realizing that in Spain there is a separation of powers. Those who judge are the courts, not the government, and the accusation is responsibility of the prosecutor, not of the government. And really both the judges and the prosecutor are independent and act in accordance with what is established by the law, not according to political considerations. When, according with the law, a criminal offence has been committed, it is not an option to leave the criminal alone. There is an obligation to prosecute those crimes. It is not possible to refrain from accusing or condemning. What the government can do, once the accused has been judged and condemned -if at the end there is a condemn- , is to apply measures of grace such as pardon. But in the phase in which we are now, the government can do nothing more than respect what judges and prosecutors are doing.

Now, let's forget for a moment what I have just explained and let’s pretend that it is possible to retire the charges against those who are responsible for the events of September and October 2017 in Catalonia. What message does this convey?

To answer this question, we have to realize that Catalan society is deeply divided. People from abroad sometimes think that all Catalans are nationalists, that all Catalans want independence, that all Catalans are against the trials of imprisoned politicians and that all Catalans reject the Spanish police. That is not true. As I have indicated, at least half of the Catalans reject secession and a very significant number reject the nationalist policies that make us feel second class citizens in our own country. In short, Catalan society is a society without consensus.

And in a society without consensus, respect for the law is the only thing that guarantees coexistence. If the nationalists are allowed to skip the law without consequences, which options we, the non-nationalist, have? Only two: submission to the nationalists or also to skip the law. Do we want to create this situation, this terrible dilemma? Well, the irresponsible proposal to look the other way before the criminal offences of the nationalists would drive us to that dilemma.

Certainly, we must seek reconciliation, and for that reconciliation there is only one way: dialogue between Catalans, dialogue between nationalists and non-nationalists. But this is a path that nationalists reject. I will explain an anecdote: a year ago or so I met in a television program with Irene Rigau, a nationalist leader who had been regional Minister of Education when Artur Mas was president of the regional government. We discussed the presence of Spanish language in schools and I said that I could agree with her at one point. The moderator then pointed out to Rigau that I could agree with her and she said that she could never agree with me. For nationalists, non-nationalist Catalans simply do not exist, we are "out of the framework", and all they want is to establish a dialogue with the Spanish government that leaves the non-nationalist Catalans out of the scene. This way drives to a no solution because ignores half of the population of Catalonia. It would be good for the Spanish government to condition any dialogue with the nationalists on the previous dialogue in Catalonia and on the respect for the law. This is the way to recover coexistence. And this way is not the way of leaving the criminal offences of nationalists without punishment or of negotiating only with nationalists. The way is to recover the rule of law and to establish channels of communication among all Catalans.

These perspectives are not in Noah Feldman's article. I can understand that he neglects these nuances, because it is difficult to appreciate them from another country, but I think that they should be taken into account when you speak -and even more when you write- about the situation in Catalonia.

I thank Jamie Mayerfeld for the questions he has made and his suggestion to convert the dialogue we have had about this topic into a post.

Spain is not overreacting to the nationalist rebellion in Catalonia (sobre el artículo de Noah Feldman "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion")

Mi amigo Jamie Mayerfeld, me comenta el artículo de Noah Feldman "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion", publicado en Bloomberg. Creo que el artículo contiene algunos errores de apreciación, sobre todo en lo que se refiere a las consecuencias de lo que el articulista califica como de una "pequeña" rebelión que, sin embargo, no debió ser tan pequeña cuando motivó reacciones de decenas de países y de la Unión Europea.

No me ocuparé aquí de este aspecto, porque lo que me interesa es reflexionar sobre los motivos que pueden llevar a algunos comentaristas extranjeros a percibir de una manera sesgada lo que está sucediendo en Cataluña. De esta manera, no seguiré el artículo punto por punto, sino que tan solo me servirá para intentar ejemplificar una perspectiva que he visto en algunos comentarios, sobre todo procedentes del extranjero, que muestran una inexplicable simpatía con los causantes de la crisis del año 2017 en Cataluña.

Creo que un elemento clave para entender el verdadero alcance de lo acaecido en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017 (en el otoño de 2017, si se me permite la imprecisión, pues los hechos comenzaron en el verano, en concreto el día 6 de septiembre) es el asumir que la "rebelión", por emplear el término que utiliza el propio Noah Feldman, fue protagonizada por el poder público, no por ciudadanos que se enfrentaban a dicho poder público. Este, me parece, es un elemento que con frecuencia se pasa por alto. Se queda uno en las imágenes de las genes en las calles e instintivamente se interioriza que el conflicto se plantea entre manifestantes (nacionalistas catalanes) y la policía (gobierno español). Esto no es así. El actor principal del conflicto fue el Gobierno catalán, la cúspide de un poder público con un presupuesto de 32.000 millones de euros anuales y que gestiona en Cataluña la educación, la sanidad, las prisiones, las Universidades, la policía (17.000 agentes armados) y gran parte de los transportes, entre otras competencias (protección de menores, protección de consumidores, cultura...). Es decir, la "rebelión" no fue contra el poder, sino desde el poder, una rebelión que implicaba que dicho poder público se declaraba liberado de los límites establecidos en la Constitución en las leyes para actuar al margen de estas.

Como digo, creo que esta perspectiva ha de ser tenida en cuenta. No es lo mismo que un ciudadano o un grupo de ciudadanos protesten ante el poder público que este poder público decida ejercer el monopolio de la violencia que tiene al margen de las leyes y los límites establecidos. Esto es justamente lo que sucedió en Cataluña: el Parlamento catalán derogó la Constitución española en Cataluña, el Gobierno regional desobedeció al Tribunal Constitucional español y finalmente el Gobierno regional y el Parlamento declararon la independencia.

¿En qué situación dejaban estas actuaciones a los catalanes que no compartíamos los planteamientos nacionalistas? Puedo hablar en nombre propio: soy ciudadano de Cataluña, sometido al poder público de la Generalitat y contrario a la secesión y al nacionalismo. Abiertamente contrario, además. ¿En qué situación me encontraba una vez que el poder público que dirige a los policías que vigilan las calles, las escuelas donde estudian mis hijos, los centros de salud a los que acudo cuando estoy enfermo, la Universidad en la que trabajo y las prisiones en las que acabaría si soy detenido decide actuar al margen de la ley, en contra de la Constitución y privarme de las garantías que hasta ahora tengo para mis derechos (recurso al Defensor del Pueblo español, al Tribunal Constitucional español o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos)? Esta es justamente lo que sentíamos millones de catalanes en aquellas semanas de septiembre y octubre de 2017.

Digo millones y no exagero, puesto que en Cataluña los partidos nacionalistas obtienen menos votos que los partidos que no comparten los planeamientos secesionistas. El sistema electoral catalán, que prima las zonas en las que se concentra el voto nacionalista, hace que una minoría de votos se convierta en una mayoría de escaños en el Parlamento regional, pero esto no ha de hacernos olvidar que son más los catalanes no nacionalistas que los nacionalistas, igual que hemos de ser conscientes de que pese a que los medios públicos de comunicación, la escuela y las administraciones utilizan casi exclusivamente el catalán más de la mitad de los catalanes tienen como lengua materna el castellano. Otra imposición nacionalista.

Pero volvamos a esa situación patológica en la que el poder público decide actuar al margen de la legalidad. En el primer año en la Facultad de Derecho se explica como la diferencia entre el Antiguo Régimen y los Estados modernos es que en el Antiguo Régimen el poder público actúa sin límites externos, mientras que en los Estados modernos quienes ejercen ese poder público han de sujetar su actuación a los límites legales. Este sometimiento es una garantía para los ciudadanos. Durante décadas había sabido esto como parte de la Teoría del Derecho y del Derecho Constitucional. En el año 2017 supe lo que es sentir verse sometido a un poder que actúa al margen de la ley. Y no es agradable.

Es por eso que resultaba imprescindible recuperar el Estado de Derecho en Cataluña. Y Noah Feldman así lo entiende en su artículo, cuando manifiesta que entiende las razones para que el Gobierno español recurriera a los mecanismos excepcionales que habilita la Constitución para hacer cumplir la ley en una Comunidad Autónoma mediante la atribución directamente al gobierno de España del control de la región. Como digo, esta recuperación del Estado de Derecho en Cataluña era imprescindible no solamente por razones institucionales, sino también para hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos catalanes, que no se merecían verse sometidos a un poder público que actuaba al margen de la Constitución y de la ley y en contra de las decisiones de los tribunales. Una situación, evidentemente, inadmisible en cualquier democracia.

A partir de aquí la discrepancia de Feldman es acerca de la adopción de medidas penales en relación a los líderes de la "rebelión". Pareciera entender que sería mejor pasar página sin entrar en actuaciones ante los tribunales criminales. Discrepo.

Lo primero que tenemos que ver es la gravedad de lo sucedido y que en parte ya he adelantado:

- Se derogó la Constitución en Cataluña.

- Se desobedeció al Tribunal Constitucional.

- Se convocó un referéndum ilegal

- Se organizaron barricadas y otros obstáculos para dificultar la actuación de la policía.

- Se organizó la ocupación ilegal de escuelas y otros edificios públicos para realizar el referéndum.

- Se organizó la resistencia a la policía para impedir que diera cumplimiento a las órdenes judiciales.

- Se atacó a la policía que tenía orden de cerrar locales donde se estaba desarrollando el referéndum.

- Se persiguió y acosó a policías fuera de servicio.

- En las escuelas se señaló públicamente a los hijos de los policías.

- En las escuelas se organizaron protestas contra la actuación de la policía en las que participaron menores (en algunos casos niños pequeños).

- Se elaboraron bases de datos para el censo del referéndum al margen de las presiones legales sobre protección de datos personales.
- Y se declaró la independencia... dos veces.

¿En serio mantenemos que esto no merece reproche penal? Creo que no es serio mantener esta postura. Algunas o todas de estas conductas pueden entrar en varios tipos penales del Código Penal español y, por tanto, han de ser investigadas. Otra cosa es qué tipos concretos, y sobre esto hay margen de debate, un debate en el que Noah Feldman está cordialmente invitado a participar, pero que ha de hacerse a partir de la consideración de los distintos tipos penales previstos en el Derecho español. Una discusión de este tipo en un Estado democrático no puede hacerse más que sobre la base del tenor de la ley.

Y esto no es un formalismo. Existe aquí otra confusión que ha de ser denunciada. A veces se mantiene que el Gobierno español debería hacer esto o lo otro en relación a la situación de los acusados por los hechos del otoño de 2017 sin darse cuenta de que en España existe separación de poderes. Quienes juzgan son los tribunales, no el Gobierno, y quien acusa es el Fiscal, no el Gobierno; y realmente tanto los Jueces como el Fiscal son independientes y obran de acuerdo con lo que establece la ley, no según consideraciones políticas. Si de la ley se deriva que se han cometido delitos que han de ser perseguidos no es una opción dejar de hacerlo, existe la obligación de perseguir esos delitos. No es posible abstenerse de acusar o de condenar. Lo que puede hacer el Gobierno es, una vez juzgados y condenados, aplicar medidas de gracia como el indulto; pero en la fase en la que nos encontramos el Gobierno nada puede hacer, tan solo respetar lo que están haciendo jueces y fiscales.

Ahora bien, olvidémonos por un momento de lo que acabo de explicar y pensemos que es posible mirar para otro lado y dejar sin cargos a los responsables de los hechos de septiembre y octubre ¿qué mensaje se traslada con esto?

Para responder a esta pregunta hemos de darnos cuenta de que la sociedad catalana está profundamente dividida. Desde el extranjero a veces se piensa que todos los catalanes son nacionalistas, que todos los catalanes quieren la independencia, que todos los catalanes están en contra de los juicios a los políticos presos y que todos los catalanes rechazan a la policía española. Esto no es cierto. Tal como he indicado, la mitad al menos de los catalanes rechazan la secesión y un número muy significativo rechazan las políticas nacionalistas que nos hacen sentir ciudadanos de segunda en nuestro propio país. En definitiva, la sociedad catalana es una sociedad que carece de consensos.

Y en una sociedad que no tiene consensos el respeto a la ley es lo único que garantiza la convivencia. Si los nacionalistas tienen bula para saltarse la ley sin consecuencias ¿qué nos queda a los demás? Tan solo dos opciones: someternos a los nacionalistas o saltarnos nosotros también la ley. ¿Queremos crear esta situación, esta disyuntiva terrible? Pues a ella conduce la irresponsable propuesta de mirar para otro lado ante los delitos de los nacionalistas.

Ciertamente hemos de buscar la reconciliación, y para eso solamente hay un camino: el diálogo entre catalanes, entre los catalanes nacionalistas y no nacionalistas. Pero esta es una vía que los nacionalistas rechazan. Contaré una anécdota: hace un año o así coincidí en un programa de televisión con Irene Rigau, una líder nacionalista que había sido Consejera de Educación en la época de Artur Mas. Discutíamos sobre la presencia de castellano en las escuelas y en un momento dado dije que podría estar de acuerdo con ella en un punto. El presentador entonces le apuntó a Rigau que yo podría estar de acuerdo con ella y ella dijo que conmigo ella nunca podría estar de acuerdo. Para los nacionalistas los catalanes no nacionalistas simplemente no existimos, estamos "fuera del marco", y lo único que pretenden es establecer un diálogo con el gobierno español que deje al margen a los catalanes no nacionalistas. Esta vía no puede conducir a ninguna solución y sería bueno que el gobierno español condicionara cualquier diálogo con los nacionalistas al diálogo previo en Cataluña y al respeto a la ley por parte de todos. Esta es la vía para recuperar la convivencia. Una vía que no pasa por mirar para otro lado o negociar únicamente con los nacionalistas, sino hacer respetar el Estado de Derecho y establecer vías de comunicación entre todos los catalanes.

Estas son perspectivas que el artículo de Noah Feldman no tiene en cuenta. Lo entiendo, porque desde afuera es difícil apreciar los matices que aquí planteo, pero me gustaría que se tuvieran en cuenta cuando se habla, y más cuando se escribe, acerca de la situación que se vive en Cataluña.

Agradezco a Jamie Mayerfeld las preguntas y la sugerencia de convertir en un post el diálogo que hemos mantenido sobre este tema.

Rankings democráticos

En las últimas semanas se han publicado las nuevas ediciones dos conocidos rankings sobre calidad democrática. Uno de ellos el de la revista "The Economist", el otro de "Freedom House". Cada uno de estos rankings utiliza diferentes metodologías y, por tanto, los resultados no son los mismos; pero pueden observarse algunas tendencias comunes. En ambos el número de países que se sitúan en los estándares más altos es relativamente reducido (para "The Economist" solamente 20 países en el mundo pueden ser considerados democracias plenas), y los países se sitúan en posiciones parecidas, aunque no iguales. Así, en el caso del ranking de "The Economist" los primeros 20 países (democracias plenas) son los siguientes:

1- Noruega.

2- Islandia.

3- Suecia.

4- Nueva Zelanda.

5- Dinamarca.

6- Irlanda.

6- Canadá.

8- Finlandia.

9- Australia.

10- Suiza.

11- Países Bajos.

12- Luxemburgo.

13- Alemania.

14- Reino Unido.

15- Uruguay.

16- Austria.

17- Mauricio.

18- Malta.

19- España.

20- Costa Rica.

Y en el índice de "The Freedom House"

los 20 primeros países son los siguientes:

1- Finlandia.

2- Noruega.

3- Suecia.

4- Canadá.

5- Países Bajos.

6- Australia.

7- Nueva Zelanda.

8- Uruguay.

9. Dinamarca.

10- Irlanda.

11- Bégica.

12- Japón.

13- Portugal.

14- Suiza.

15- Chile.

16- Chipre.

17- Estonia.

18- Alemania.

19- Eslovenia.

20- España.

Como podemos ver, solamente 13 países figuran entre los 20 primeros en ambas listas. Si se quisiera intentar una especia de "ranking conjunto" a partir de los puestos en ambos estudios sumando las posiciones que cada país tenga en ambos; y teniendo en cuenta que cuanto más bajo fuera el número, obviamente, más sería la calidad en la democracia y en las libertades que debiera esperarse resultaría lo siguiente:

1- Noruega: 3

2- Suecia: 6

3- Finlandia: 9

4- Canadá: 10

5- Nueva Zelanda: 11

6- Dinamarca: 14

7- Australia: 15

8- Irlanda: 16

8- Países Bajos: 16

10- Uruguay: 23

11- Suiza: 24

12- Alemania: 31

13- Japón: 34

14- Reino Unido: 37

14- Austria: 37

16- España: 38

16- Chile: 38

18- Portugal: 40

18- Estonia: 40

20- Bélgica: 44

20- Costa Rica: 44

En este hipotético ranking conjunto Francia estaría en el puesto 25 y Estados Unidos en el 26, situados entre Taiwan y la República Checa. Italia estaría justo detrás de ésta en el puesto 28.

Creo que esta lista es significativa. De los 21 países que la integran 14 son europeos, 4 americanos , 2 de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) y tan solo uno asiático (Japón). No hay ningún país africano. De las 14 europeos, 10 son miembros de la UE (excluyendo ya aquí al RU), lo que, creo, confirma que la UE es el referente mundial en lo que se refiere a democracia y libertades.

Si consideramos el ámbito lingüistico en que se incardinan estos países vemos que hay 5 que tienen el inglés como lengua principal. 4 son países con el español como lengua oficial, en 3 de ellos el alemán es el idioma único o el principal (Alemania, Austria y Suiza) y el francés está presente en 3 de ellos (Canadá, Suiza y Bélgica).

De los más de 7600 millones de habitantes de la Tierra menos de 700 millones viven en estos 21 países, Tan solo 8 de cada 100.

Analizar, mejorar, extender. No demos por descontada la democracia ni la libertad. Cuidémoslas.

El taxi como metáfora

Leía ayer un tweet de García Domínguez sobre el conflicto del taxi que me parece muy acertado:

Taxistas y conductores de Uber y Cabify representan el pasado y el futuro, y como apunta Garcia Domínguez, ambos, pasado y futuro, pueden ser cuantificados. El pasado (taxi) puede etiquetarse como 2000 euros al mes y el futuro (el conductor de Cabify o Uber) como la mitad de esa cantidad; y esto resulta significativo, conectándose con una de las preguntas que más me inquietan y que más deberían inquietarnos: en un mercado completamente libre, sin regulación ¿cuál es el precio de una hora de trabajo?

Creo que la cuestión tiene su miga porque mi hipótesis es que como consecuencia fundamentalmente de la globalización estamos avanzando hacia esa liberalización del mercado laboral que nos sitúa a los europeos en un escenario nuevo, desconocido, el que vendrá determinado por la irrupción de las reglas del mercado en el ámbito laboral.

Hasta ahora no creo que esa haya sido la situación. Hace más de un siglo que se estableció el descanso dominical obligatorio, luego se fijaron horas máximas de trabajo semanal, vacaciones también obligatorias, salarios mínimos y, más importante todavía, mecanismos de negociación colectiva que distorsionaban una fijación del precio del trabajo a partir exclusivamente de las reglas del mercado. Esto, es obvio, está cambiando.

Creo que no nos equivocamos si aventuramos que la progresiva limitación tanto de las regulaciones estatales como de la negociación colectiva han conducido a una bajada del precio de la mano de obra, tanto en lo que se refiere al salario como a las condiciones laborales. Me ocupaba de esto hace un tiempo. Creo que la mayoría tenemos la intuición de que comparativamente ahora los salarios ofrecen un poder adquisitivo menor que hace décadas y es objetivo que la proporción de las rentas salariales en el PIB no deja de disminuir, situándose en España ya por debajo del 50% del PIB. Esto es, menos de la mitad de lo que se produce se destina a la remuneración de los trabajadores.

En esta situación creo que no deja de ser interesante determinar cuál sería el precio de la hora de trabajo en un mercado libre. Me adelanto ya a la típica objeción que se hará a esa pregunta: dependerá de la formación (el viejo truco!), ok, tengamos en cuenta las diferentes formaciones posibles; pero no nos dejemos engañar por el mito de que una buena formación garantiza buenos salarios. No perdamos de vista que el médico que le atiende en urgencias, después de 6 años de carrera y de haber superado una prueba tan dura como el MIR puede ser que no cobre más de 1500 euros al mes; y que hay ingeniero que no llegan a los 1000 o pilotos de líneas aéreas que probablemente se quedan por debajo de los 2000 euros al mes. Quizás podamos especular conque la diferencia entre un trabajo altamente cualificado y otro que no lo es en ese hipotético mercado libre será quizás menor de lo que pensamos. Puede ser que duplique, triplique o cuadriplique uno a otro, siendo el más bajo realmente bajo; pero, en cualquier caso, dejemos esta tarea a los economistas.

Mientras nos responden, el conflicto del taxi nos da algunas pistas. No es que Cabify y Uber no estén reguladas, que lo están; pero existe una diferencia grande entre la rigidez del taxi y la de estas plataformas, así que las remuneraciones de taxistas y conductores de estos otros vehículos pueden darnos alguna pista muy aproximada sobre lo que diferencia el mercado de trabajo regulado (ya sé que empleo mercado de trabajo de una manera muy laxa, puesto que los taxistas son en su mayoría autónomos; pero, como he advertido, toda la reflexión es especulativa, hipotética y, forzosamente, trazada con líneas muy gruesas) y el no regulado; y la diferencia, como hemos visto, es del 50%. Tal como adelantaba el tweet de García Domínguez, el paso del taxi a Uber implicará que los salarios se reduzcan a la mitad.

¿Es eso lo que queremos? Y ahora no pregunto tan solo por el tema del taxi y Uber, sino en general, ¿queremos un mundo en el que el trabajo tendrá una remuneración más baja que la que ahora existe, mucho más baja de la que había en Europa hace décadas?

¿Quién podría responder afirmartivamente a la pregunta anterior? Pero si la respuesta es negativa ¿qué puede hacerse para evitarlo? ¿Poner puertas al campo? ¿Incrementar por vía de regulación los salarios y mejorar las condiciones laborales? ¿Poner límites a la globalización? ¿Existen otras alternativas o deberemos resignarnos a una progresiva depauperación de las condiciones laborales, a una sociedad en la que deberán trabajar ambos miembros de la familia para obtener poco más de 1000 euros al mes?

Me gustaría que los partidos políticos opinaran sobre este problema, porque si hay partidos es para que aborden y resuelvan problemas como éste ¿para qué si no?

La Oficina de Derechos Civiles y Políticos y la retirada de lazos amarillos

En el pasado mes de agosto publicaba el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, un artículo en el que indicaba que quienes retiraban de lugares públicos símbolos independentistas en favor de los implicados en la declaración de independencia de octubre de 2017 debían ser considerados como fascistas. A partir de este artículo los Mossos d'Esquadra comenzaron a identificar a quienes procedían a dicha retirada.

Entonces me ocupé de este tema y mostré mi preocupación por la dirección que tomaba el gobierno de la Generalitat. La colocación de simbología política en la vía pública o en edificios públicos es una infracción administrativa, y cuando hace un tiempo en Barcelona se colocaron banderas españolas en espacios públicos sin contar con permiso para ello los Mossos d'Esquadra procedieron a identificar a quienes las habían colocado.

Sorprende que en aquella ocasión, cuando el símbolo era la bandera española, se procediera a la identificación de los autores por parte de los Mossos d'Esquadra y no, en cambio, cuando se colocaron símbolos nacionalistas en favor de los detenidos por los hechos de septiembre y octubre de 2017; pero esta doble vara de medir de la policía, inadmisible en cualquier país democrático, se convierte en escándalo mayúsculo cuando no solamente no se persigue a quienes colocan indebidamente símbolos políticos en el espacio público, sino cuando se actúa contra quienes lo retiran. Si son libres unos para llenar el espacio público de lazos amarillos, ¿por qué no son libres los otros de quitarlos? Recuerdo que la normativa vigente lo que establece es que nadie puede colocar símbolos políticos en el espacio público de manera permanente, y si se estableciera un doble rasero para unos y otros símbolos (en el caso de la bandera española se retira y sanciona a quienes la colocan y en el de los símbolos independentistas se tolera su colocación y se sanciona a quienes lo quitan) estaríamos ante una utilización arbitraria del poder público de una enorme gravedad y con consecuencias no solamente políticas, sino también -quizás- penales.

Como es sabido, en  los meses que siguieron asistimos a un debate intenso en cuanto a lo que correspondía hacer en esta situación. Impulso Ciudadano presentó en Fiscalía una denuncia en relación a tales identificaciones y la Fiscalía concluyó que identificar a los ciudadanos que retiraban lazos amarillos era un dislate. Esto es, no era delictivo proceder a dicha retirada y, por tanto, los Mossos debían abstenerse de identificar a quien lo hiciera. Además la Generalitat debería abstenerse de amenazar con graves sanciones a quienes procediesen a la retirada de dichos lazos.

Por su parte el Defensor del Pueblo hizo público su rechazó que en los edificios públicos pudieran colocarse lazos amarillos o símbolos equivalentes. Las razones para este rechazo son que las administraciones públicas han de servir con objetividad los intereses generales y no pueden mostrar su adscripción a ninguna concreta ideología. Como todos podemos apreciar, esta exigencia del Defensor del Pueblo ha caído en saco roto, lo que implica que la vulneración de la libertad ideológica en Cataluña por parte de la Generalitat y otras administraciones es constante. No podemos olvidar que, tal y como ya han señalado los tribunales, el que una administración acoja como propios símbolos partidistas supone una limitación de la libertad ideológica de los ciudadanos, ya que la oficialización de una determinada ideología implica colocar en un plano de inferioridad a aquellas que difieren de la oficial y, por tanto, también a los ciudadanos que las compartan.

Pero la Generalitat no se ha quedado aquí. Se ha creado una "Oficina de Derechos Civiles y Políticos" dependiente del Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda que acaba de hacer pública una nota de prensa en la que vincula a quienes retiran lazos amarillos con grupos de extrema derecha, a los que acusa de atentar contra la libertad de expresión.

Escalofriante.

Recordemos el punto de partida: según el Defensor del Pueblo los poderes públicos vulneran su obligación de neutralidad ideológica al utilizar en edificios públicos simbología partidista. La Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat obvia este planteamiento, reconduce a la libertad de expresión la presencia de tales símbolos; desconociendo que las administraciones públicas carecen de libertad de expresión; y criminaliza a quienes los retiran; olvidando que la colocación de símbolos partidistas en los edificios públicos es inadmisible y que su presencia en el espacio público no puede ser permanente y que, como habíamos visto, cuando los símbolos que se colocaron eran de otro signo político quienes los instalaron fueron identificados y se iniciaron los trámites para que fueran sancionados.

En este sentido, la vinculación con la extrema derecha es significativa. Comienzo diciendo que desconozco la ideología política de quienes integran los grupos que retiran lazos amarillos. Mi impresión es que en ellos hay personas de distintas orientaciones políticas y, por tanto, no descarto que entre ellos pueda haber personas que simpatizan con partidos de extrema derecha; igual que puede haber simpatizantes de Cs, del PP o de cualquier otro partido. Ahora bien, vincular la retirada de lazos con la extrema derecha es una falacia que no soporta la crítica, porque retirar lazos es una actividad que no se vincula con la extrema derecha, sino, como hemos visto, con la lucha por un espacio público en el que no se imponga una determinada ideología, y cuando los símbolos son retirados de edificios públicos, con la recuperación de la libertad ideológica, dañada -como hemos visto- cuando la administración toma partido. Tan absurdo es calificar como de extrema derecha la actuación de dichos grupos, incluso en el caso de que entre sus integrantes hubiera personas que simpatizaran con la extrema derecha, como vincular la retirada de lazos con el Fútbol Club Barcelona por el hecho de que algunos de los que retiran lazos sean aficionados del Barça (y es bastante probable que más de uno lo sea).

En este caso la vinculación con la extrema derecha no es lógica, sino que responde a la declarada intención nacionalista de considerar como extrema derecha toda manifestación de oposición al nacionalismo. Se coloca así en la línea del artículo de Torra de agosto y en toda la que ha seguido el nacionalismo de siempre y que tantos hemos sufrido: tachados de fascistas tan solo por oponernos al nacionalismo.

Pues no, los fascistas son ellos; y lo son porque utilizan el poder público, la Generalitat, para perseguir a sus adversarios políticos, para intimidarlos y amedrentarlos, para lanzar sobre ellos un estigma cuando los que atacan la libertad de todos, los que abusan de sus prerrogativas, los que quiebran la ley y la convivencia son los nacionalistas que ocupan la Generalitat y las administraciones locales.

Creo que ha de rechazarse políticamente la actuación de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, tan poco preocupada por el acoso, el boicot y las agresiones a los constitucionalistas y tan empeñada en criminalizar y arrinconar a quienes se oponen al nacionalismo. Es una auténtica vergüenza que el escudo de una Generalitat que debería ser de todos figure en la miserable nota de prensa que han hecho pública.

Espero que se denuncie ante el Defensor del Pueblo este atropello y que Fiscalía investigue si se puede haber cometido algún delito por esta estigmatización del constitucionalismo.

Societat Civil Catalana

El pasado sábado, 19 de enero, presenté (y retiré) mi candidatura a la presidencia de Societat Civil Catalana (SCC). En la propia Asamblea pude explicar sin entrar en detalles, las razones por las que había dado ese paso; pero desde entonces son varias las personas que me han preguntado por el tema, y ante informaciones que no se corresponden exactamente con lo que había pasado utilizo esta vía para detallar lo sucedido en las semanas previas a la Asamblea del día 19 de enero.

Como es sabido, el 19 de diciembre de 2018 se produjo un cambio en la atribución de cargos dentro de la Junta Directiva de la Asociación. El presidente hasta entonces, José Rosiñol fue sustituido por Álex Ramos y también se modificaron las Vicepresidencias, Secretaría y Tesorería de la asociación. A la mañana siguiente se publica una noticia en Crónica Global dando cuenta de estos cambios y señalando que existían dudas, dentro de la Junta Directiva, sobre la forma en que se había gestionado la entidad.

Observé con tristeza y desde la distancia la crisis generada pero sin pensar que pudiera hacer nada para resolverla. En los siguientes días, sin embargo, varias personas que habían tenido responsabilidades en SCC, habían participado en su fundación o ejercían responsabilidades dentro de la Fundación Joan Boscà, uno de los principales donantes de SCC, me preguntaron si yo estaría dispuesto a aceptar la presidencia de SCC como salida para la crisis generada. Mi contestación fue proponer nombres alternativos al mío que por unas circunstancias u otras no fructificaron. Finalmente dije que podría aceptar ese encargo pero siempre que se dieran una serie de condiciones, entre ellas que mi presidencia fuera aceptada por los distintos sectores enfrentados en la Junta; un consenso que, me parecía, no existía en ese momento. También indiqué que la situación económica de la sociedad debería resolverse antes de que yo aceptara la presidencia y que debía disponer de margen suficiente para configurar la Junta Directiva. El día 7 de enero tuve una reunión con un grupo de personas que pretendían actuar como mediadores en la situación y en el que se encontraban Ramon Bosch, Joaquín Tamames y Juan Arza (ambos de la fundación Joan Boscà), Joaquim Coll y Francesc Moreno. Expliqué mis condiciones y nos entrevistamos con los diferentes sectores confrontados en la Junta Directiva.

La actitud de los distintos integrantes de la Junta Directiva hacia la propuesta de mi presidencia se movió entre el rechazo absoluto (José Rosiñol) hasta la aceptación (Isabel Fernández) y la cautela (Alex Ramos). Ante esta situación, el 7 de enero comuniqué que no tenía sentido seguir con mi candidatura. En los siguientes días, sin embargo, se me comunicó que la actitud de quienes se habían opuesto a mi presidencia se había modificado y que la aceptaban. Dado que yo no había tenido constancia directa de ese cambio de actitud remití por escrito las condiciones que creía que debían darse para aceptar ser candidato a la presidencia. Este es el texto que envié el día 9 de enero:

El día 10 de enero recibí una llamada. Al otro lado, con el altavoz activado, estaban varios de los patronos de la Fundación Joan Boscà. Me pedían que aceptara presentar mi candidatura a la presidencia según las condiciones que les había expresado. En ese momento o posteriormente Joaquín Tamames, Joaquín Villanueva, Ramon Bosch y Joaquim Coll, entre otros, me trasladaron su pleno apoyo y que en las conversaciones con los distintos integrantes de la Junta estos habían aceptado que yo presidiera la entidad con el fin de resolver la crisis generada. En los días siguientes comencé la tarea de componer la Junta Directiva de la asociación. Según lo acordado, yo tendría margen para diseñarla en el bien entendido que deberían estar representadas las diferentes sensibilidades que componen la asociación.. Creo que la lista final respondía a este propósito. Este es el documento que pasé el viernes 18 al mediodía a quienes me habían pedido que asumiera la presidencia de SCC

Con Míriam Tey había hablado y me había manifestado que no podía incorporarse; pero posteriormente Joaquín Villanueva me indicó que había hablado con ella y había aceptado incorporarse en cuanto le fuera posible.

Entre los integrantes de la candidatura había personas que no eran socios de la entidad (Juan Mellen, Josep Lago, Óscar Alonso y Julia Moreno). Mi propuesta era que con anterioridad a la Asamblea se convocara una reunión de la Junta en que se les incorporara como socios, tal como se había hecho ya en ocasiones anteriores con otros candidatos a la Junta Directiva. En caso de que esto no fuera posible mi propuesta era la de que en la Asamblea se incorporaran aquellos que ya eran socios y se dejara para más adelante la inclusión de quienes todavía no eran socios.

En la misma tarde del viernes 18, la víspera de la Asamblea, y una vez conocida la composición de la Junta Directiva que proponía, volví a recibir el apoyo expreso de varias de las personas que habían promovido mi candidatura. Entre ellos Joaquim Coll, Ramon Bosch y Joaquín Villanueva. Varios de ellos también me indicaron que no les gustaba la propuesta de Junta Directiva a lo que respondí que entendía que no gustaría completamente a nadie, pero que debería poder ser asumible por todos. En ella había personas de las que habían perdido su responsabilidad en la sesión de la Junta de 19 de diciembre (Manuel Miró), personas del grupo que inicialmente había cuestionado en el seno de la Junta la gestión del anterior presidente (Isabel Fernández y Nuria Plaza), personas de las que se habían unido posteriormente a dichas críticas (Álex Ramos y Xavier Marín) y personas que no habían sido miembros de las anteriores juntas de SCC pero con un indudable prestigio en  el ámbito constitucionalista (Ana Losada y Jorge Calero, por ejemplo). De todas maneras, esa misma tarde del viernes reiteré que si no tenía el apoyo de quienes me habían pedido asumir la presidencia retiraría la candidatura en ese mismo instante. Se me animó a que continuara adelante.

Mi sorpresa el sábado no fue tanto que José Rosiñol anunciase una candidatura alternativa, pese a que lo que se me había dicho era que estaba de acuerdo en que fuera yo quien asumiera la presidencia; como que ninguno de las personas que me habían pedido que diera ese paso, que conocían mis condiciones y las habían aceptado, que me habían requerido para que mantuviera mi candidatura y todavía el día anterior me habían mostrado su apoyo, dijeran ni una sola palabra a favor de la misma o de explicación de lo que aquí relato. Creo que es legítimo sentirse decepcionado por ese silencio. En cualquier caso, dado que no se cumplía la primera de mis condiciones, que la candidatura fuera aceptada por todos, la retiré de inmediato.

No creo que sea ilegítimo o negativo que se produzca la confrontación entre distintas candidaturas. Al revés. Pero en mi caso, como he explicado, no tenía ningún interés particular en presidir SCC y tan solo me ofrecía como solución para intentar resolver una grave crisis de la entidad, y es obvio que si mi candidatura contribuía a la confrontación no ayudaría a resolver los problemas de SCC. Siempre tuve claro que no me pelearía por ser presidente de SCC y que lo único que había hecho era aceptar la petición que se me había formulado. Como es sabido, tras mi renuncia se presentó una candidatura encabezada por Josep Ramon Bosch y que incluía a Álex Ramos, Xavier Marín y Manuel Miró, candidatura que fue elegida por la Asamblea.

No puedo compartir, sin embargo, que la candidatura de Josep Ramon Bosch sea de consenso (tal como afirma la cuenta oficial de SCC)

y a la vez admitir que la mía no lo fuera. Es una afirmación que repugna a las más elementales reglas de la lógica pues todos los integrantes de la candidatura de Josep Ramon Bosch excepto él mismo, eran también integrantes de mi candidatura, donde, además, otras personas de diferentes sensibilidades estaban también presentes. ¿puede ser de más consenso una candidatura que incluye a una parte de los integrantes de otra candidatura -que se considera de menos consenso- a la vez que excluye a otros de dichos participantes? No, al revés, en mi opinión se trata de una candidatura que expresamente silencia a una parte de lo que es SCC.

Creo que, dada la ausencia de explicación alguna de lo que aquí relato, se hace necesario, por exigencias mínimas de transparencia, dar cuenta de lo sucedido en las semanas previas a la Asamblea  de SCC del pasado 19 de enero, tal como acabo de hacer.

Aprovecho para compartir el programa que hubiera presentado en la Asamblea del pasado sábado.