La Oficina de Derechos Civiles y Políticos y la retirada de lazos amarillos

En el pasado mes de agosto publicaba el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, un artículo en el que indicaba que quienes retiraban de lugares públicos símbolos independentistas en favor de los implicados en la declaración de independencia de octubre de 2017 debían ser considerados como fascistas. A partir de este artículo los Mossos d'Esquadra comenzaron a identificar a quienes procedían a dicha retirada.

Entonces me ocupé de este tema y mostré mi preocupación por la dirección que tomaba el gobierno de la Generalitat. La colocación de simbología política en la vía pública o en edificios públicos es una infracción administrativa, y cuando hace un tiempo en Barcelona se colocaron banderas españolas en espacios públicos sin contar con permiso para ello los Mossos d'Esquadra procedieron a identificar a quienes las habían colocado.

Sorprende que en aquella ocasión, cuando el símbolo era la bandera española, se procediera a la identificación de los autores por parte de los Mossos d'Esquadra y no, en cambio, cuando se colocaron símbolos nacionalistas en favor de los detenidos por los hechos de septiembre y octubre de 2017; pero esta doble vara de medir de la policía, inadmisible en cualquier país democrático, se convierte en escándalo mayúsculo cuando no solamente no se persigue a quienes colocan indebidamente símbolos políticos en el espacio público, sino cuando se actúa contra quienes lo retiran. Si son libres unos para llenar el espacio público de lazos amarillos, ¿por qué no son libres los otros de quitarlos? Recuerdo que la normativa vigente lo que establece es que nadie puede colocar símbolos políticos en el espacio público de manera permanente, y si se estableciera un doble rasero para unos y otros símbolos (en el caso de la bandera española se retira y sanciona a quienes la colocan y en el de los símbolos independentistas se tolera su colocación y se sanciona a quienes lo quitan) estaríamos ante una utilización arbitraria del poder público de una enorme gravedad y con consecuencias no solamente políticas, sino también -quizás- penales.

Como es sabido, en  los meses que siguieron asistimos a un debate intenso en cuanto a lo que correspondía hacer en esta situación. Impulso Ciudadano presentó en Fiscalía una denuncia en relación a tales identificaciones y la Fiscalía concluyó que identificar a los ciudadanos que retiraban lazos amarillos era un dislate. Esto es, no era delictivo proceder a dicha retirada y, por tanto, los Mossos debían abstenerse de identificar a quien lo hiciera. Además la Generalitat debería abstenerse de amenazar con graves sanciones a quienes procediesen a la retirada de dichos lazos.

Por su parte el Defensor del Pueblo hizo público su rechazó que en los edificios públicos pudieran colocarse lazos amarillos o símbolos equivalentes. Las razones para este rechazo son que las administraciones públicas han de servir con objetividad los intereses generales y no pueden mostrar su adscripción a ninguna concreta ideología. Como todos podemos apreciar, esta exigencia del Defensor del Pueblo ha caído en saco roto, lo que implica que la vulneración de la libertad ideológica en Cataluña por parte de la Generalitat y otras administraciones es constante. No podemos olvidar que, tal y como ya han señalado los tribunales, el que una administración acoja como propios símbolos partidistas supone una limitación de la libertad ideológica de los ciudadanos, ya que la oficialización de una determinada ideología implica colocar en un plano de inferioridad a aquellas que difieren de la oficial y, por tanto, también a los ciudadanos que las compartan.

Pero la Generalitat no se ha quedado aquí. Se ha creado una "Oficina de Derechos Civiles y Políticos" dependiente del Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda que acaba de hacer pública una nota de prensa en la que vincula a quienes retiran lazos amarillos con grupos de extrema derecha, a los que acusa de atentar contra la libertad de expresión.

Escalofriante.

Recordemos el punto de partida: según el Defensor del Pueblo los poderes públicos vulneran su obligación de neutralidad ideológica al utilizar en edificios públicos simbología partidista. La Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat obvia este planteamiento, reconduce a la libertad de expresión la presencia de tales símbolos; desconociendo que las administraciones públicas carecen de libertad de expresión; y criminaliza a quienes los retiran; olvidando que la colocación de símbolos partidistas en los edificios públicos es inadmisible y que su presencia en el espacio público no puede ser permanente y que, como habíamos visto, cuando los símbolos que se colocaron eran de otro signo político quienes los instalaron fueron identificados y se iniciaron los trámites para que fueran sancionados.

En este sentido, la vinculación con la extrema derecha es significativa. Comienzo diciendo que desconozco la ideología política de quienes integran los grupos que retiran lazos amarillos. Mi impresión es que en ellos hay personas de distintas orientaciones políticas y, por tanto, no descarto que entre ellos pueda haber personas que simpatizan con partidos de extrema derecha; igual que puede haber simpatizantes de Cs, del PP o de cualquier otro partido. Ahora bien, vincular la retirada de lazos con la extrema derecha es una falacia que no soporta la crítica, porque retirar lazos es una actividad que no se vincula con la extrema derecha, sino, como hemos visto, con la lucha por un espacio público en el que no se imponga una determinada ideología, y cuando los símbolos son retirados de edificios públicos, con la recuperación de la libertad ideológica, dañada -como hemos visto- cuando la administración toma partido. Tan absurdo es calificar como de extrema derecha la actuación de dichos grupos, incluso en el caso de que entre sus integrantes hubiera personas que simpatizaran con la extrema derecha, como vincular la retirada de lazos con el Fútbol Club Barcelona por el hecho de que algunos de los que retiran lazos sean aficionados del Barça (y es bastante probable que más de uno lo sea).

En este caso la vinculación con la extrema derecha no es lógica, sino que responde a la declarada intención nacionalista de considerar como extrema derecha toda manifestación de oposición al nacionalismo. Se coloca así en la línea del artículo de Torra de agosto y en toda la que ha seguido el nacionalismo de siempre y que tantos hemos sufrido: tachados de fascistas tan solo por oponernos al nacionalismo.

Pues no, los fascistas son ellos; y lo son porque utilizan el poder público, la Generalitat, para perseguir a sus adversarios políticos, para intimidarlos y amedrentarlos, para lanzar sobre ellos un estigma cuando los que atacan la libertad de todos, los que abusan de sus prerrogativas, los que quiebran la ley y la convivencia son los nacionalistas que ocupan la Generalitat y las administraciones locales.

Creo que ha de rechazarse políticamente la actuación de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, tan poco preocupada por el acoso, el boicot y las agresiones a los constitucionalistas y tan empeñada en criminalizar y arrinconar a quienes se oponen al nacionalismo. Es una auténtica vergüenza que el escudo de una Generalitat que debería ser de todos figure en la miserable nota de prensa que han hecho pública.

Espero que se denuncie ante el Defensor del Pueblo este atropello y que Fiscalía investigue si se puede haber cometido algún delito por esta estigmatización del constitucionalismo.