Democracia en Cataluña -2.0

Hoy he asistido a la sesión de la Comisión de Acción Exterior y Cooperación, Relaciones Institucionales y Transparencia del Parlament de Catalunya, donde comparecían Albert Royo, Secretario General de Diplocat, junto con Jordi Solé, Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat.

Diplocat es un consorcio en el que participan la Generalitat y otras administraciones públicas catalanas, además de Universidades y otras organizaciones. De acuerdo con los objetivos que publica en su web en las versiones en castellano, inglés, francés y alemán, el objetivo de Diplocat es "fomentar el diálogo y construir relaciones de confianza entre los ciudadanos de Cataluña y el resto del mundo". En fin, un propósito muy loable, sin duda. Si consultamos la versión en catalán de la web el texto es diferente, tal como señalaba hoy el diputado Juan Milián. Tanto en catalán como en occitano la misión y objetivos de Diplocat se conectan a la "diplomacia pública"; lo que podría vincularse, según cómo, a la competencia en materia de relaciones internacionales que es propia de los Estados, y no de los entes subestatales como es Cataluña.

Podríamos entrar en disquisiciones sobre los matices de los mensajes que contiene la página web de Diplocat y los contenidos que difunde; pero no creo que sea necesario. Me parece claro que Diplocat surge para buscar apoyo internacional a una Generalitat que pretende convertirse en Estado y para ello necesita un servicio diplomático que no puede tener abiertamente. Diplocat no disimula gran cosa que su actividad se dirige a ayudar en la consecución de este objetivo, y aunque rehuye (o, al menos, hoy ha rehuido) reconocer que trabaja para la construcción de un nuevo Estado en el territorio que se corresponde con la Comunidad Autónoma catalana, hace expreso que su objetivo es conseguir respaldo para un referéndum de autodeterminación en Cataluña; un objetivo que no se pretende realizar en el marco constitucional, sino en clara confrontación con el Estado (y en su intervención de hoy el Sr. Royo ha dado abundantes muestras de ello).

Este propósito de Diplocat plantea dos problemas. El primero de ellos es que se trata de un objetivo que no es compartido por todos los catalanes; se trata solamente de un planteamiento de una parte de ellos. Hoy se ha señalado reiteradamente a Albert Royo que Diplocat no representa a todos los catalanes, ya que muchos de ellos rechazan la independencia y también la posibilidad de una decisión de ruptura entre Cataluña y el resto de España, esto es, rechazan también que un referéndum en Cataluña pueda ser base para una ruptura del Estado español.

No ha tenido gran problema en admitir esto el Sr. Royo, apoyándose en que su organización actuaba en el marco que le señalaba la mayoría parlamentaria (JXS y la CUP); esto es, no ha hecho un gran esfuerzo en intentar incorporar a su discurso los planteamientos de quienes rechazan el referéndum de autodeterminación para Cataluña. De esta forma, implícitamente -al menos- ha admitido que se trata de un instrumento del Gobierno de la Generalitat para desarrollar su política exterior, tal como puso de relieve el diputado del PSC, Ferran Pedret.

Los independentistas no creen que esta actitud sea reprobable. Machaconamente repiten que gozan de un mandato democrático, entendido como que al haber ganado las elecciones pueden poner los recursos públicos al servicio de su programa; pero en este punto se olvidan de algo que tiene cierta importancia: es cierto que quien gana las elecciones decide la política que ha de adoptar y, por tanto, a qué se destinan los recursos públicos; pero esta decisión ha de mantenerse dentro del marco legal. Esto es, no resulta admisible que quien gana las elecciones utilice los mecanismos de poder a los que ha accedido para actuar al margen de la ley. Muchísimo menos, por supuesto, puede orientar esos recursos a actuaciones contrarias a la ley.

Y precisamente aquí, en el terreno de lo alegal o, directamente, ilegal se ha situado Diplocat. La Generalitat no puede desarrollar una política internacional en el sentido que puede tener un Estado. No puede buscar contactos con gobiernos extranjeros para buscar apoyos a su rebelión institucional. Reconocer que se están dedicando recursos públicos para conseguir la ruptura del Estado es inadmisible; y es aquí donde se visualiza la anomalía democrática que supone Diplocat.

Conocedora de que este es un punto clave, la diputada Susana Beltrán preguntó directamente a Albert Royo con qué gobiernos extranjeros se había entrevistado y qué mensajes les había transmitido (a partir del minuto 8:40 en este vídeo).

No hubo respuesta. Tampoco la hubo a las preguntas de Joan Milián sobre el dinero dedicado a "Independent Diplomat", aparentemente para tareas de asesoramiento diplomático.

La no respuesta en sede parlamentaria de Albert Royo es extraordinariamente grave; pero aún lo es más que el representante de JXS, Jordi Sendra, mantuviera que estaba plenamente justificado no dar esa información porque quienes la pedían lo hacían para entorpecer el proceso catalán.

La intervención del Sr. Sendra (a partir del minuto 2:55) era la pieza que nos faltaba para acabar la función.

Me frotaba los ojos al ver cómo un diputado explicaba que no se podían dar explicaciones en el Parlamento de lo que hacía quien es sufragado por dinero público, sobre la base de que quien solicitaba la información no compartía el proyecto secesionista. Idea que no tuvo problema en repetir en su siguiente intervención (especialmente a partir del minuto 1:30).

No esperaba encontrar un reconocimiento tan explícito de que todo lo que se está haciendo no es más que apropiarse del dinero y de las instituciones de todos los catalanes para ponerlas al servicio de un proyecto que es tan inconfesable que ni siquiera puede darse cuenta de él en el Parlamento que nos representa a todos.

¡Increible!

Cuando en SCC hablábamos de déficits de calidad democrática en Cataluña nos quedábamos cortos, muy cortos.

Cataluña, Democracia -2.0

Ni un paso atrás

Estos somos nosotros a las once de la mañana, en la Plaza Cívica de la UAB, a punto de comenzar el reparto de información sobre el Cine-Fórum que el martes, día 13 de diciembre, a las cinco de la tarde, se desarrollará en la Sala de Actos del Edifico Àgora de la UAB. Allí se presentará el documental "Dissidents"

para luego comentarlo. Este era el folleto que se distribuía:

Durante hora y media pudimos repartir la información con normalidad, atender a las dudas que algunos planteaban y responder a las cuestiones que surgían no solamente sobre el documental, sino también sobre Societat Civil Catalana, la organización con la que colaboraban los alumnos de la UAB presentes en la carpa y en la que yo también participo. Una organización que obtuvo el Premio Ciudadano Europeo en el año 2014 y que desde el más escrupuloso respeto a los valores democráticos, defiende la conveniencia de que los catalanes sigamos participando en el proyecto común español y europeo.

Sabíamos que podría haber problemas. El domingo tuvimos conocimiento de que se estaba convocando un acto de boicot a la carpa informativa que montábamos. Por whatsapp circulaba el siguiente mensaje.

La convocatoria de quienes querían reventar nuestra campaña de difusión del Cine-Fórum era a las doce de la mañana, y cuando a las doce y veinte veíamos que todo seguía en la más absoluta normalidad llegamos a pensar que los intolerantes habían recapacitado y nos dejarían realizar nuestro reparto de información. Nos equivocábamos.

A eso de las doce y media vimos como se acercaba un grupo con pancartas y un megáfono y la evidente intención de boicotear nuestro acto. Los servicios de seguridad de la UAB se interpusieron e impidieron que se acercaran más que unos veinte metros de la carpa donde estábamos. Desde allí, y sirviéndose del megáfono comenzaron a corear consignas contra nosotros. Su intención expresa, la de impedirnos difundir nuestra información porque, según ellos, nosotros éramos "fascistas".

La teoría en estos casos te dice que no has de entrar a dialogar con quienes te quieren sabotear; pero estábamos en una Universidad y los que servíamos la carpa éramos estudiantes y profesores. No puedes escuchar mentiras flagrantes sobre ti sin replicar, y allí nos acercamos a recriminarles su actitud, a desafiarles a que encontraran en nuestros escritos y documentos ni una sola afirmación que no fuera escrupulosamente democrática, a recriminarles que fueran ellos, lo que se hacían llamar "antifascistas" los que actuaran en la más pura línea de los fascismos clásicos: impedir la expresión del discrepante, ocupación del espacio público, monolitismo en el pensamiento.

Todo inútil, por supuesto. Entre gritos e insultos iban avanzando, hacían retroceder poco a poco al cordón de seguridad hasta rodearnos a nosotros y a nuestra carpa. Una cinta que ellos mismos llevaban delimitaba nuestro espacio.

Mucho antes de lo que habíamos deseado se había acabado nuestra tarea de información. Ahora ya éramos un grupo rodeado y lo que quedaba era aguantar las miradas, demostrarles que el espacio público también era nuestro, negarles la facilidad con la que pretendían imponer su matonismo sobre nuestro derecho, mantenernos allí por todos aquellos que, como nosotros, teníamos también derecho a que nuestras ideas estuvieran presentes en la calle.

No estaban contentos con habernos encerrado, querían ir más allá. Avanzaban y en un momento dado superaron el control de seguridad. Cuando me quise dar cuenta estaba rodeado por ellos, separados de la carpa que parecía que nos daba cierta seguridad.

Entonces pareció que se sentían más fuertes. Uno grande y con el megáfono en la mano dijo en mal tono "Fuera, ya está bien, fuera de aquí". "Porque tú lo digas", le espetamos. Estábamos rodeados, pero no nos iríamos. No nos someteríamos a los dictados de un matón que se creía con derecho para decir quién podía estar en la calle y quién no.

No sé qué hubiera pasado a partir de ahí; pero fue en ese momento cuando llegaron los Mossos d'Esquadra y se intepusieron entre nosotros y los matones. El cordón de los Mossos ya no pudo ser superado por los intolerantes. Algunos empujones, pero no conseguían avanzar. El círculo se hizo un poco más estrecho; pero ya no parecía que pudieran echársenos encima.

A partir de ahí se trataba solamente de esperar. Nuestra carpa tenía permiso hasta las dos de la tarde y aunque ya no pudiéramos repartir información nos quedaríamos hasta las dos. Con sorna los concentrados iban haciendo la cuenta atrás. Llegaron las dos, pero no nos movimos. Aguantaríamos un poco más. A las dos y diez alguien de la administración universitaria nos indicó que nuestro permiso duraba hasta las dos. Extrañado pregunté hasta qué hora tenían permiso los que nos habían boicoteado. Me parecía sorprendente que se nos exigiera irnos a nosotros y no a quienes habían impedido que pudiéramos ejercer la actividad que habíamos solicitado. Aún así decidimos levantar la carpa e irnos. Antes de abandonar el lugar todavía tuvimos que escuchar cómo se lanzaban gritos de apoyo a "Terra Lliure", la organización terrorista que cometió varios atentados en Cataluña en los años 80 del siglo XX. Aquí está el vídeo donde se recogen los "Visca Terra Lliure":

📢📢☎️☎️📍📍🚓⛓🔫💣📽
EXCLUSIVA!!
Mientras independentistas nos rodeaban, insultaban y amenazaban cantaban "Visca Terra Lliure" (grupo terrorista) pic.twitter.com/06SI9tv5b3

— Soc. Civil Catalana (@Societatcc) 18 de diciembre de 2016

Había sido más de hora y media de insultos, acoso y coacciones. Se había impedido que ejerciéramos nuestra libertad de expresión y se nos había rodeado a la vez que se nos exigía que nos fuéramos. En esa hora y media esperé en vano que una autoridad académica viniera a respaldarnos, a intentar poner freno al intento de unos matones por hacerse dueños del espacio público. Nadie vino. Luego supe que una Vicerrectora se encontraba por allí, pero ante mi sorpresa -soy así de ingenuo- se quedó mirando el espectáculo sin ir a dar apoyo a quienes estaban siendo acosados.

Es esto, sin duda, lo más grave. Hemos llegado al punto en el que las actitudes antidemocráticas no encuentran frente a ellas una respuesta firme porque parece asumirse que defender determinadas cosas ha de llevar aparejado un peaje. No entraré en el fácil juego especulativo de qué pasaría si la carpa acosada no fuera de SCC, sino de otro colectivo. No entraré porque, evidentemente, esto es especulativo y, sobre todo, no hace falta. No es necesario establecer comparaciones. Ante una situación tan grave como la que he descrito las instituciones han de actuar, no han de tener dudas de dónde está la razón, de quién es el agraviado y quién el agresor.

Por desgracia en Cataluña hace tiempo que estos principios básicos de la democracia se han difuminado. Por eso es más necesario que nunca que mañana se celebre el Cine-Fórum sobre el documental "Dissidents" que tenemos programado. Por eso es necesario que existan organizaciones como Societat Civil Catalana. Por eso es preciso que cada vez más personas den el paso de reconocer que hay cosas que no pueden tolerarse.

Porque en la defensa de la democracia no podemos dar ni un paso atrás.

Consenso constitucional y reforma constitucional

I- Consenso constitucional y Constitución

Desde hace un tiempo desde algunos sectores se repite machaconamente que se ha roto el consenso constitucional y que esto obliga a una reforma de la Constitución. A partir de aquí aquellos que muestran menos entusiasmo con dicha reforma son tachados de inmovilistas y se afea su rigidez y falta de predisposición. No estoy nada de acuerdo con el planteamiento que subyace a esta manera de presentar las cosas.

En primer lugar, el consenso constitucional tuvo que existir en el momento en el que se promulgó la Constitución, y no creo que nadie razonablemente pueda dudar de dicho consenso. En el Congreso, de 350 diputados, 325 votaron "sí" a la Constitución. En el Senado, de 253 senadores, 226 votaron favorablemente la Constitución y en el referéndum de ratificación, con una participación del 67,11% votó a favor de la Constitución un 88,54% de los participantes (casi un 59% del censo electoral). Ese amplio consenso se tradujo en la promulgación de una norma que desde entonces vale no porque se mantenga en torno a ella el mencionado consenso; sino porque como norma suprema de nuestro ordenamiento permanecerá vigente en tanto no sea sustituida por otra. La pretensión de que la norma solamente valdrá en tanto se mantenga ese consenso carece de sentido, pues nada impide que ese acuerdo sobre su contenido disminuya sin que, paralelamente, se consiga que una regulación alternativa consiga ser acordada. Si el mantenimiento de la vigencia de la Constitución se condicionara al acuerdo sobre la misma resultaría que podríamos enfrentarnos a un "vacío de Constitución", lo que implicaría la desaparición del Estado y la desarticulación de nuestra sociedad. No creo que nadie sensatamente plantee esto (a salvo de quien se adscriba al anarquismo) y, sin embargo a esto conducen algunos de los planteamientos que estructuran nuestro debate público, planteamientos que apuntan al inicio de una reforma constitucional sin tener claro su objetivo y resultado final.

No es de recibo, por tanto, hacer valer una presunta -insisto, presunta- desafección al texto constitucional con anterioridad a la consecución de un consenso alternativo. Mientras este otro consenso no se haya alcanzado la Constitución sigue siendo nuestro marco de convivencia, por lo que la carga para su reforma recae en quienes proponen ésta, sin que sea legítimo cuestionar a quienes se muestran reacios a iniciar tal cambio. No puede culparse a estos últimos de "dificultar" los planes de los primeros, puesto que es a estos, a quienes desean la reforma, a quienes compete la tarea de convencer a los demás de tal necesidad. Tan legítimo es plantear la reforma del texto constitucional como mantener que el texto vigente es satisfactorio como defender que siendo posible su reforma no se considera que se den las condiciones para intentar ésta. En cualquiera de estos escenarios (considerar la reforma innecesaria o de inconveniente realización) es quien plantea la misma quien ha de asumir el coste político de no conseguir su propósito, sin que deba reprocharse a los demás que no hayan podido ser convencidos de la necesidad de cambiar la norma básica de nuestro marco de convivencia.

(Llamo la atención sobre este vídeo, donde puede verse como acuden a votar desde el Rey hasta Santiago Carrillo, desde Fraga y Tarradellas hasta Felipe González y Suarez. Cuando con tanta alegría se pretende echar tierra sobre la Transición reparemos en lo difícil que fue que personas con ideologías tan distintas llegaran a ponerse de acuerdo en la norma que regiría nuestra convivencia desde entonces)

Esta idea no está presente de la forma que debiera en el debate público. Como señalaba al comienzo, pareciera que son quienes plantean dificultades sobre la reforma constitucional quienes han de justificarse, cuando, como acabo de decir, es a quienes defienden la reforma a quien compete convencer a los demás de su planteamiento, sin que la alegación de una presunta pérdida del consenso constitucional sea relevante, pues tras ser aprobada la Constitución no precisa del mantenimiento de dicho consenso para seguir plenamente vigente; solo la construcción de un consenso alternativo y no la pérdida del original debiera justificar el cuestionamiento de la Norma Fundamental.

Tampoco es cierto, sin embargo, que no pueda abrirse la reforma constitucional si no es posible alcanzar un acuerdo tan amplio como en el año 1978. Como intentaba explicar, aquel acuerdo agotó su función en la promulgación del texto constitucional, y de igual forma que éste sigue valiendo sin necesidad de que el consenso se mantenga, la consecución de una reforma no precisa más acuerdo que el que el propio texto constitucional fija; esto es, para una reforma sustancial de la Constitución una mayoría de dos tercios tanto del Congreso como del Senado (art. 168 de la Constitución). Esto es, en la actualidad, 234 diputados en el Congreso y 176 senadores.

II- Consenso y reforma de la Constitución

Tal como acabamos de ver, si se consigue un acuerdo entre diputados y senadores que sumen las mayorías que se han indicado se darán las condiciones para realizar una reforma de la Constitución y someterla a referéndum.

En ocasiones se ha criticado el sistema agravado de reforma constitucional por entender que es demasiado exigente. No comparto esta crítica. Por una parte, el sistema de reforma no exige, como hemos visto, ni siquiera la misma mayoría que obtuvo la Constitución de 1978. De hecho, en el Congreso esa mayoría de dos tercios puede conseguirse de varias formas, no solamente sumando el primer partido con los dos siguientes, sino también mediante un acuerdo entre el primer partido en el congreso y el tercero y cuarto, entre otras combinaciones posibles. Eso sí, ninguna reforma constitucional en profundidad es posible sin el acuerdo del PP, que dispone de minoría de bloqueo para ello en el Congreso y que cuenta con mayoría absoluta en el Senado; pero ¿alguien puede pensar en una reforma de la Constitución al margen del partido que más votos ha obtenido en las elecciones?

Por otra parte, el hecho de que la reforma constitucional sea difícil es lo normal, y si algo llama la atención en España es que nuestra Constitución puede ser reformada en su totalidad, a diferencia de lo que sucede en otras Constituciones que tienen partes intangibles, que de ninguna manera pueden ser reformadas (en Francia, por ejemplo, el art. 89 de su Constitución prevé que ninguna reforma constitucional puede atentar a la integridad territorial ni a la República como forma de Estado). Precisamente la dificultad en la revisión es una garantía de que solamente sobre la base de un consenso amplio se establecerá una norma que, como hemos visto antes, a partir de ese momento ya será obligatoria con independencia de que ese consenso se mantenga. Todo está relacionado: la primacía de la Constitución se sustenta en un amplio consenso previo y solamente también mediante un amplio consenso puede ser sustituida la norma básica de convivencia de nuestra sociedad.

La pregunta que podemos hacernos ahora es si en este momento se dan las condiciones para abordar una reforma en profundidad de nuestra Norma Fundamental. Descartemos que la reforma de la Constitución pueda tener como fin contentar a los nacionalistas. Éstos solamente acabarán estando satisfechos con la creación de Estados que se ajusten a sus delirios decimonónicos y, por tanto, están inhabilitados para participar en un acuerdo que tiene como fin renovar el proyecto de convivencia de todos los españoles. Mejor es que esto se tenga claro desde el principio.

A partir de ahí ¿qué posibilidades de acuerdo tenemos? ¿Resultaría sensato intentar una reforma que tendrá enfrente no solamente a los nacionalistas (catalanes, vascos, gallegos, valencianos...) sino también a una parte de la izquierda que ha asumido de forma bastante sorprendente las propuestas nacionalistas. Ciertamente el PP, el PSOE y C's dispondrían de una mayoría suficiente para sacar adelante una reforma constitucional agravada tanto en el Congreso como en el Senado pero ¿qué sentido tendría? ¿cuál sería el objetivo pretendido?

A lo mejor iniciada la tarea nos daríamos cuenta de que precisamente el consenso de 1978 es el mejor posible en un país como España que ha de gestionar unas minorías secesionistas que en determinados territorios tienen una presencia significativa. En 1978 se consiguió que los nacionalistas aceptaran un compromiso entre la unidad de la Nación (española) y la posibilidad de estructurar políticamente el país en Comunidades Autónomas; entre la oficialidad del castellano en toda España y el reconocimiento a las restantes lenguas españolas. De ese consenso sale la España en la que ahora vivimos y ahora todavía quedan elementos de ese consenso para desarrollar. Por ejemplo, en Cataluña no se ha conseguido la normalización del castellano, excluido en contra de la Constitución de la enseñanza y con una presencia reducida en muchos ámbitos de la administración catalana.

Quizás fuera bueno que pusiéramos en valor los principios y matices del consenso de 1978 e intentáramos llevarlo a su plenitud, aplicarlo y examinar entonces los resultados. Quizás eso fuera más útil que abrir una reforma constitucional en la que no se tiene claro lo que se pretende, con quién se cuenta y qué se haría en caso de que el propósito fracasara.

En 1978, en circunstancia difíciles, se consiguió un resultado que hemos de calificar objetivamente como extraordinario, aunque nada más sea por haber conseguido articular la convivencia en España durante casi cuarenta años (y seguimos). Entonces contábamos con algunos políticos excepcionales, hábiles, formados, cultos y con las ideas claras; valientes, bregados en la lucha política antes y después de la muerte de Franco. Hoy no sé (no sé, es una duda real) si contamos con el mismo material humano, repartido por los diferentes partidos, capaz de abordar una tarea tan difícil como es la de construir un consenso constitucional.

Y mientras esto no lo tengamos claro, lo mejor es no iniciar una reforma de la casa que puede dejarnos sin puertas ni ventanas, sin techo ni cobijo.

El 6-D como símbolo

Durante la mayor parte de mi vida el 6 de diciembre fue simplemente un día de fiesta. Tal como sucede con aquello que das por sentado y no ves peligrar, pensaba que no era necesario reivindicarlo ni celebrarlo de una forma especial. En esa misma línea, los actos institucionales que veía por televisión me resultaban deliciosamente aburridos, previsibles en su medida loa a una norma, la Constitución, que nos había costado conseguir, pero que parecía tan firme como los cimientos de las pirámides. Entre los problemas que debíamos afrontar no se encontraba el cuestionamiento a las bases de nuestra convivencia.

Como sabemos, ésta no es la situación en la actualidad. No se trata tan solo de promover la reforma de la Constitución (desde el año 1978 ya se ha modificado dos veces) o, incluso, de introducir cambios sustanciales en la misma; lo que forma parte de las posibilidades que ofrece la misma Constitución; sino de cuestionar el consenso que la Constitución representa. Este cuestionamiento ya no de tal o cual precepto o institución recogida en la Norma Fundamental, sino de la propia norma en sí es extremadamente irresponsable.

Es irresponsable porque desconoce que un consenso como el que representa la Constitución de 1978 solamente puede ser desplazado cuando exista otro consenso constitucional, no antes. Con frecuencia la crítica a la Constitución no se detiene en el planteamiento de su reforma, sino que incluye la negación expresa del valor del acuerdo alcanzado hace casi cuarenta años. Esta crítica no solamente es injusta, tal como intentaba explicar hace un tiempo; sino que también deteriora la convivencia actual. La afirmación de que el consenso se ha roto o que es insuficiente o, peor todavía, que nació viciado, contribuye a deslegitimar las normas que rigen nuestra sociedad, lo que facilitará las aparición de situaciones de conflicto. En Cataluña tenemos ejemplos abundantes de ello.

No se trata, por supuesto, de negar que todo pueda ser objeto de debate y de análisis; y, por supuesto, no hace falta recordar que la libertad de expresión es uno de los puntales de nuestra democracia; pero, por una parte, es exigible a las fuerzas políticas y a los responsables públicos que sean conscientes del sentido de sus mensajes y propuestas. Quien plantea la ruptura del consenso constitucional (lo que es algo diferente de la propuesta de reforma de la Constitución, tal como he indicado) debe asumir que se está colocando en una posición que es previa a la de un estallido revolucionario, que deslegitima las instituciones y dificulta el diálogo entre fuerzas políticas porque se aleja del marco natural de dicho debate, que es precisamente el que marca el consenso constitucional.

Por otra parte, además, hemos de ser extremadamente cuidadosos con la separación entre los planteamientos que los políticos puedan realizar a título personal y las decisiones que tomen como cargos públicos. Si como ciudadano o miembro de un partido es legítimo cuestionar el consenso constitucional -por muy equivocada que esté esa postura-, como autoridad pública no es de recibo que ponga las instituciones al servicio de un propósito que se sitúa más allá de dicho consenso. Es decir, el Sr. Pisarello puede sostener que no hay nada que celebrar el 6 de diciembre, pero el Ayuntamiento de Barcelona (y cualquier otro ayuntamiento o administración pública) ha de honrar la fiesta que homenajea a la norma básica de nuestro sistema institucional. Tal como nos recordaba hace poco el Tribunal Supremo (sentencia de 28 de abril de 2016), la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos, no de las administraciones públicas. Éstas deben actuar respetando el ordenamiento jurídico y, obviamente, también la Constitución. Para las administraciones públicas no puede haber un vacío de legalidad: en tanto la Constitución no sea sustituida por otra ésta es su norma básica y a ella han de ajustar su actuación. Y, evidentemente, no entra en las facultades de la administración dejar de celebrar el día que el conjunto de los españoles han elegido para festejar el marco de convivencia del que, precisamente, derivan sus poderes las diferentes administraciones; incluidas aquellas que de manera arbitraria pretenden situarse por encima de la Constitución.

Es cierto que celebrar o dejar de celebrar una fiesta se mueve en el marco de lo simbólico; pero esto no ha de suponer que carezca de importancia. Los símbolos importan, y mucho. El actual cuestionamiento de la Constitución, especialmente virulento en los secesionistas y quienes les apoyan nos permite verlo con meridiana claridad. La crítica radical a la Constitución implica también la destrucción de uno de los pocos puentes que mantienen aún la conexión entre los catalanes y el resto de los españoles. Se inserta, por tanto, en la campaña que pretende alejar a los catalanes del proyecto común español, y que se concreta en la erradicación de la bandera española de edificios y lugares públicos, su sustitución por la estelada en algunas ocasiones y en la eliminación de toda referencia a la historia común de los catalanes con el conjunto de los españoles.

Esta mutilación simbólica en Cataluña se hace en ocasiones vulnerando de manera clara la ley (como sucede en el caso de la exclusión de la bandera española o de la colocación en lugares de titularidad pública de la bandera estelada); pero las dificultades que se derivan del quebrantamiento de la norma son afrontadas por los independentistas que son plenamente conscientes del valor de los símbolos. Más allá de la ingenua llamada a no dejarse envolver por los trapos, lo cierto es que la sustitución de unos símbolos por otros contribuye a orientar la actuación política y la opinión pública. Es difícil en ocasiones actuar contra lo que se piensa que es la opinión mayoritaria -casi a diario soy testigo de ello- y el que el espacio público esté ocupado por quienes niegan la participación de Cataluña en el proyecto español y de ese mismo espacio público sean expulsados los símbolos que hablan de dicha participación facilita que vayan calando otros mensajes.

Es por esto que la fiesta del 6 de diciembre es hoy en día más necesaria que nunca; no solamente porque honra la mejor Constitución que España ha tenido, la que nos ha traído más democracia, más progreso y más libertad, sino porque, además, ahora es un símbolo, un símbolo de la participación de los catalanes en ese proyecto común español que tanto nos ha dado.

Mañana unos cuantos dirán que "no hay nada que celebrar"; pero yo creo que sí tenemos mucho que celebrar, y que ahora hemos de celebrarlo y hemos de hacerlo saliendo a la calle, para que también nosotros seamos algo que en ocasiones como ésta es muy importante: un símbolo; un símbolo de unidad, de convivencia, de democracia y de libertad.

Aprender de los errores (sobre el pacto entre el PNV y el PSE)

El PSE ha llegado a un acuerdo con el PNV que, entre otras cosas, plantea la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía para el País Vasco en el plazo de ocho meses. Leo el texto y no salgo de mi sorpresa. Entre las cuestiones que deberá estudiar la Ponencia de Autogobierno están:

- El reconocimiento del País Vasco como Nación.

- El reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco.

- La reforma de la Constitución.

A la vez este acuerdo hace un llamamiento a la búsqueda del consenso y del acuerdo.

Estoy estupefacto. Y lo estoy tanto por el procedimiento como por el contenido.

Comencemos por el contenido: en principio el partido socialista pretende tener un proyecto para toda España, supongo que ese proyecto no será la desmembración del Estado a partir del reconocimiento de la soberanía de cada una de las Comunidades Autónomas, que es a lo que conduciría el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco; objetivo que no solamente figura en el acuerdo entre el PNV y el PSE, sino que ya se recoge en las intervenciones de los representantes de este último partido, tal como tuve ocasión de comprobar en San Sebastián el viernes pasado (aquí y aquí).

Deberían saber los socialistas que ese derecho a decidir no puede reconocerse más que si nos encontramos ante un sujeto político con capacidad para pronunciarse sobre su configuración jurídica; esto es ante un sujeto soberano. Si el País Vasco alcanza esta condición dejará de tenerla el conjunto de los españoles, lo que supondría una alteración esencial de nuestro sistema político, claramente incompatible con la Constitución de 1978 en su redacción actual.

En nuestra democracia no es ilegal el plantear un proyecto político que suponga la destrucción de la soberanía nacional; pero ¿es esto lo que pretende el Partido Socialista? Sabemos que es el objetivo de los partidos nacionalistas, tanto en el País Vasco como en Cataluña y en otras Comunidades Autónomas; pero ¿lo es también de los socialistas? Y si no lo es ¿por qué concluyen un pacto que les obligará a poner en cuestión este elemento esencial de nuestro marco de convivencia actual?

Así pues, me parece incomprensible que desde el socialismo se haya concluido un pacto con este contenido. Las cosas esenciales han de estar más allá de la negociación partidista para conseguir ésta o aquella silla, y es de esperar que los socialistas tengan claro que la soberanía nacional reside en el conjunto de los españoles y que una parte de estos no pueden decidir la destrucción de nuestra comunidad política.

Pero no solamente el contenido del pacto me parece escandaloso, sino también el procedimiento que dibuja.

Estamos hablando de la reforma del Estatuto de Autonomía. Como es sabido, los Estatutos de Autonomía se integran en el "bloque de constitucionalidad", pues complementan lo que establece la Constitución y son esenciales para un elemento básico de nuestra arquitectura institucional: el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La reforma de estas normas ha de aprobarse en la Comunidad Autónoma de que se trate, pero también en las Cortes españolas. Esto es, no puede producirse la reforma del Estatuto si no es aprobado en el Congreso de los Diputados, aprobación que, además, ha de darse por una mayoría absoluta de diputados.

¿Con qué mayoría cuentan el PSE y el PNV para aprobar esta reforma del Estatuto en las Cortes españolas? Dadas las bases sobre las que se asienta es descabellado pensar que contaría con el apoyo del PP o de C's ¿pretenden sacarla adelante con los votos de Podemos y del resto de partidos nacionalistas (ERC, Bildu, PDC, etc.)? ¿Pretenden, de nuevo, aprobar una reforma estatutaria con tintes de nuevo pacto constitucional de espaldas al PP y a C's, un total de 11 millones de votos?

Me temo que ese es el propósito. Inspirándose en el ejemplo del proceso catalán, crear la expectativa de una reforma que será de difícil aprobación, pero que tensionará la política en torno al pretendido derecho a decidir. Con suerte creará un agravio que podría acabar resolviéndose en una Sentencia del Tribunal Constitucional que terminaría siendo utilizada como arma arrojadiza contra nuestro Estado de Derecho. Por desgracia todo parece indicar que éste es el propósito, un propósito que encaja perfectamente en la estrategia del PNV y, en general, de los partidos nacionalistas; pero que debería estar en las antípodas de lo que se esperaría de un partido como el socialista.

Sin convicción para hacer frente al secesionismo, sin capacidad para defender el proyecto común español y el marco de convivencia que surgió de la Constitución de 1978, el Partido Socialista parece un juguete en manos de los independentistas, que saben perfectamente cómo atraerlo a los planteamientos que acabarán profundizando en la quiebra de nuestro Estado de Derecho.

Se me dirá que el pacto firmado por el PNV en múltiples ocasiones hace referencia al necesario respeto al marco legal vigente; pero permítanme que sea escéptico con esas referencias retóricas: es evidente que varios elementos del mencionado pacto, empezando por el derecho a decidir no encajan en nuestro marco constitucional actual y que la reforma de la Constitución exigiría mayorías que van mucho más allá de las que en el más optimista de los escenarios podrían conseguir PNV y PSE.

No aprendemos de los errores... o a lo mejor sí.

El derecho a decidir. Visiones desde San Sebastián

1- Introducción

Por recomendación de mi amigo Juan José Álvarez Rubio, catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad del País Vasco, fui invitado a participar en el "Global Forum on Modern Direct Democracy", un evento que durante cuatro días reunió en San Sebastián a ciudadanos comprometidos de todo el mundo para debatir sobre participación y democracia desde diversas perspectivas.

A mi me tocaba compartir mesa con representantes de partidos y de la sociedad civil para debatir sobre el "derecho a decidir". Fue un debate que me interesó y antes de que pase más tiempo quiero poner por escrito lo que allí intenté explicar.

El "derecho a decidir" es un término que ha tenido éxito. Más allá de la incoherencia de plantear un derecho a decidir sin especificar sobre qué se está decidiendo, tal como ponía de manifiesto hace ya más de tres años Sonia Sierra; hemos de reconocer que la expresión ha hecho fortuna y es utilizada de forma habitual, aunque con escaso cuidado en los matices. Más allá del propósito inicial con el que seguramente se planteó (dulcificar el pretendido derecho de autodeterminación en determinados territorios españoles) ahora se utiliza en el contexto de cualquier reforma de nuestras estructuras sociales o políticas. Pareciera un argumento que por sí solo legitimara cualquier cambio que se quisiera plantear y cuestionara a todos los que pusieran algún reparo a cambiarlo todo; empezando, por supuesto, por la estructura territorial. En estos debates no es infrecuente encontrar a quien te espeta "Pero ¿cómo es que estás en contra del derecho a decidir"?

Bien, es evidente que nadie está en contra del derecho a decidir; pero sí queremos que este derecho a decidir sea legítimo y útil hemos de tener en cuenta dos elementos que frecuentemente se pasan por alto: la determinación de quién decide y la concreción de en qué forma puede ser eficaz lo que se decida. El día 18 de noviembre, en San Sebastián, intenté explicar las razones de la importancia de ambas cuestiones, quién decide y la relación existente entre decisión y eficacia de la decisión.

2- ¿Quién decide?

La enorme fuerza argumentativa que tiene la apelación al derecho a decidir descansa en que su primer sentido es el derecho a decidir individual, pese a que en la mayoría de los casos se esta haciendo referencia no al derecho a decidir individual, sino al derecho a decidir colectivo. Cuando estamos hablando del derecho a decidir individual cualquier limitación al mismo requiere una enorme carga argumentativa. ¿Por qué cada uno de nosotros no ha de poder decidir lo que come, cómo se viste, qué estudia o lee, lo que piensa o en qué emplea su tiempo? Resulta lógico que el derecho a decidir individual sea amplísimo, y tan solo limitado por aquello que en la decisión pueda afectar a los demás (volveremos sobre esto); pero, como se ha adelantado, en la mayor parte de los casos en que se utiliza el concepto "derecho a decidir" se está haciendo referencia a un derecho a decidir colectivo; esto es, ejercido por una pluralidad de personas.

El derecho a decidir colectivo plantea diferencias esenciales con el derecho a decidir individual. En el derecho a decidir colectivo tan importante como la decisión es la delimitación del grupo que decide, porque la decisión afectará no solamente a quienes estén de acuerdo con ella, sino a quienes no la compartan. Es por esto que en este caso, la definición del grupo que tomará la decisión es esencial para la configuración del derecho.

En el caso del derecho a decidir como sinónimo del derecho a la autodeterminación (el sentido en el que se usa habitualmente en el País Vasco y en Cataluña) el debate no es tanto lo que se puede decidir, sino quién ha de decidirlo. Nadie duda de que el País Vasco y Cataluña pueden ser Estados independientes de España; el debate está en si esto lo han de decidir todos los españoles o solamente los residentes en el País Vasco o Cataluña (o incluso los que sean considerados "pueblo vasco" o "pueblo catalán", excluyendo quizás a quienes residen en esos territorios pero no son considerados integrantes de esos pueblos). Este debate, a su vez, ha de ser abordado desde dos perspectivas distintas. Por una parte a partir de lo que establece actualmente nuestro sistema jurídico y político; por otra parte desde una perspectiva valorativa, lo que quizás nos permita extraer alguna conclusión que vaya más allá del derecho a la autodeterminación.

Empezando por la primera de estas perspectivas, no existe mucha duda de que actualmente la decisión sobre las fronteras del Estado español corresponde a todos los españoles, quienes en su conjunto gozan de una soberanía plena que les permite adoptar, incluso, la decisión de fraccionar el país dotando del derecho a la autodeterminación a cualquier colectivo dentro del mismo. Juntos todos los españoles, y a salvo de las limitaciones que pudieran derivarse del Derecho internacional o del Europeo, podemos decidirlo todo y cambiarlo todo, desde modificar nuestro sistema político, transformar España en una República o romper la unidad de la Nación permitiendo la secesión de cualquier territorio. Ahora bien, igual de claro que es esto, también lo es que esta decisión solamente corresponde al conjunto de los españoles, no a ninguna parte de ellos, y que, además, la decisión ha de tomarse de acuerdo con los procedimientos previstos en los que es la norma que organiza nuestra convivencia, la Constitución de 1978.

Es cierto que en España hay propuestas políticas que no se corresponden con lo que acabo de exponer; pero se trata de eso, de propuestas, que solamente se convertirán en base para "el derecho a decidir" si son aceptadas por el conjunto de los españoles. Entretanto se trata de planteamientos que han de ser respetados; pero que no pueden imponerse ni pretender ninguna superioridad moral sobre el que es fruto del consenso original sobre el que se basa nuestra comunidad política. En tanto este consenso no se altere sigue vigente y quienes lo defendemos no hemos de estar en peor situación que los que pretenden cambiarlo.

No se trata, además, de un planteamiento que sea meramente formal. No debería parecer dudoso que lo deseable es que el ejercicio del derecho a decidir colectivo se extienda a todos los que quedarán afectados por la decisión. En principio la carga de argumentar correspondería a quienes pretenden excluir a quien se verá afectado por la decisión, en caso de que ésta sea adoptada. Soy consciente de que la concreción de este principio puede resultar problemático en alguna ocasión, pero si nos tomamos en serio el derecho a decidir la consideración de este punto no debería ser obviada. Así, por ejemplo, en el caso de la secesión de una parte del territorio español, esta separación supondría privar de los derechos de ciudadanía en el territorio secesionado a todos los ciudadanos españoles que ahora disfrutan de él. Esta perspectiva fue puesta de relieve con mucho acierto por Juan Claudio de Ramón durante su intervención en el acto organizado por Societat Civil Catalana para celebrar la Fiesta Nacional de España en el año 2015, como puede verse en el principio de su intervención

Resulta curioso que pese a que los secesionistas basen formalmente el "derecho a decidir" en el principio democrático obvien que el ejercicio de este derecho a decidir por parte de tan solo una parte de los españoles supone privar a millones de compatriotas del derecho de ciudadanía en el territorio de su país sin ni siquiera dales la oportunidad de participar en la decisión. Injustificable a partir de un razonamiento que excluye el componente histórico, cultural, lingüístico o cualquier otro elemento identitario propio del nacionalismo y que, en principio, debería ser ajeno a quienes pretenden basar su actuación política en la democracia, la libertad (individual), la justicia social o la solidaridad.

Aún se podría ir más allá en el desarrollo de este punto, intentando diferenciar entre afectaciones directas e indirectas y en la identificación de justificaciones que permitieran en determinados casos excluir a algunos afectados de la toma de la decisión; pero aquí no quiero ir mucho más allá de lo que expuse en San Sebastián, y que se pretendía tan solo llamar la atención sobre algo que me parece evidente: en el derecho a decidir colectivo es esencial determinar el grupo que decide y esta definición ha de incluir, como principio, a todos los afectados por la misma.

3- La efectividad de la decisión

La efectividad del "derecho a decidir" implica que la decisión que se adopte no sea puramente formal, sino que exista la capacidad de que dicha decisión pueda convertirse en realidad. Y este factor depende también del grupo que toma la decisión. La adecuada configuración de la comunidad política que ha de tomar la decisión no solamente es una cuestión de justicia, como pretendía mostrar en el punto anterior, sino también de eficacia del derecho, pues es claro que en función del contenido de la decisión el grupo que lo adopte ha de ser uno u otro y, además, disponer de los mecanismos necesarios para poder convertir en realidad el contenido de la decisión.

Esto es especialmente relevante cuando se trata de adoptar decisiones que afectan a la configuración de la sociedad o de la economía. ¿Podemos decidir que suban los salarios, que se ponga freno a las deslocalizaciones de empresas, que se eliminen los paraísos fiscales? Es claro que algunas de estas decisiones no pueden ser adoptadas a nivel local o regional, y ni siquiera en el marco de la mayoría de los Estados.

Sería conveniente que el derecho a decidir fuera dotado de algún componente de realidad. La simple afirmación de que la decisión de un grupo de individuos puede conducir a este o aquel resultado ha de ser contrastado con las capacidades reales de la comunidad política en el seno de la cual se adopta la decisión.

Creo que en el mundo globalizado que nos ha tocado vivir es difícil que determinadas decisiones de contenido económico puedan ser adoptadas eficazmente a ciertos niveles. Tan solo los países más grandes del Mundo (Estados Unidos, China, quizás también la India o Rusia) y la Unión Europea, como organización de integración singular y formada por algunos de los países todavía más ricos del Planeta, tienen capacidad real de poder influir en la globalización y por ello el auténtico derecho a decidir sobre las cuestiones más relevantes desde la perspectiva económica y social puede hacerse en tanto que ciudadanos que participan en dichas comunidades políticas.

Esta es una perspectiva que tiene que tenerse en cuenta si no queremos que el derecho de participación y de decisión acabe convertido en un mero populismo, que quizás ayudará a algunos a llegar al poder, pero no a resolver los problemas "de la gente".

Hablemos de símbolos (a propósito de los utilizados en el último congreso del PSC)

Cuando se plantea la necesidad de retirar esteladas de los ayuntamientos o de las rotondas públicas, o devolver las banderas españolas a las fachadas de las casas consistoriales no es infrecuente encontrarse con el reproche de que esas cosas de "trapos" o, en general, de símbolos, no son relevantes y que preocuparse por tales nimiedades es más bien propio de personas todavía primitivas, cuando no con una cierta tendencia "facha". Este reproche suele venir más de sectores autocalificados de izquierdas que de otras posiciones ideológicas.

Mi hipótesis es que los símbolos importan, y mucho. Intentaba desarrollar la idea hace unos meses en un artículo publicado con ocasión del inicio por parte de Societat Civil Catalana de una campaña dirigida a recuperar los símbolos comunes en Cataluña y que llevaba por título "Nuestros símbolos, nuestros derechos".

El propósito de dicha campaña era denunciar que la retirada de banderas españolas y europeas en lugares públicos de Cataluña y su sustitución por banderas esteladas tenía efectos reales: contribuía a romper los vínculos emocionales con los proyectos español y europeo e instalaba la idea de que el triunfo del independentismo resultaba inevitable. Querámoslo o no somos una especie que se caracteriza por una enorme capacidad simbólica y con frecuencia quienes pretenden restar importancia a los símbolos es porque sutilmente pretenden imponer... otro símbolo.

En el caso del secesionismo catalán esto es bastante claro. La ausencia de banderas españolas en los ayuntamientos es un símbolo en sí mismo. Un símbolo del alejamiento de España como entidad política y, por tanto, también un acicate para la búsqueda de otros símbolos que sustituyan el propio de la comunidad política en la que todavía nos integramos todos los catalanes. Cuando consideremos el símbolo no solamente tenemos que pensar en el que está, sino también en el ausente, porque ambos  forman en cierta forma una unidad de significado. Y cuando se ve de esta forma las cosas aparecen mucho más claras.

Por ejemplo, a la entrada de mi pueblo, Santa Perpètua de Mogoda, en el Vallès Occidental, se ha instalado una señera. No se trata de una estelada como en otros municipios, sino una bandera legal y constitucional que es símbolo de nuestra Comunidad Autónoma. Bien, pero ¿por qué no hay también una bandera española? La pregunta, que no es nada ingenua, la contestó en la entrega de unos premios infantiles la alcaldesa de Santa Perpètua, quien dijo algo así como que Cataluña era nuestro país. Esta idea, la de que nuestra nación es Cataluña y la participación en España algo ocasional que puede cambiar o no se ve bien reflejada en la presencia de una señera a la entrada del pueblo que nos recuerda cuál ha de ser nuestro principal punto de identificación. Esa señera y la paralela ausencia de la bandera española es símbolo de que la pertenencia a Cataluña no se discute, pero que la integración en España sí. Se podrá decir que especulo, y es cierto; pero creo no equivocarme mucho. La diferencia entre la presencia de una estelada a la entrada del pueblo y la presencia de una señera es la que hay entre quienes ya están dispuestos a romper unilateralmente con el Estado español y los que asumen que nuestra nación es Cataluña, pero todavía puede discutirse la permanencia de Cataluña en España.

Ninguna de estas dos posturas se ajusta, sin embargo, a la situación política y jurídica real en la que nos encontramos. Desde una perspectiva política y jurídica nuestra nación es España, pues es al conjunto de los españoles a quien corresponde la soberanía nacional. Sí que es coyuntural que España se organice en Comunidades Autónomas, pero no esa soberanía que corresponde al conjunto de los españoles y no a una parte de ellos.

Este pretendido carácter originario de la nación catalana, que encuentra su reflejo en la presencia de banderas catalanas que no van acompañadas de la bandera española responde a un planteamiento político que nos permite identificar a varios partidos con representación parlamentaria. En concreto, de los que ahora ocupan escaños en el Parlamento de Cataluña, a todos menos el PP y C's. Reparaba en ello estos días al ver algunas de las fotos del último congreso del PSC.

Aquí puede verse como, en lugar destacado, se encuentra la bandera del partido y la bandera catalana. Ni rastro de la bandera española. Es una opción, desde luego, y no la critico. Es, además, una opción coherente con el planteamiento del PSC, que pretende ser tan solo un partido catalán con un proyecto para Cataluña, no para el conjunto de España. Ahora bien, lo indico aquí porque en ocasiones han sido socialistas lo que han recriminado esta preocupación por los símbolos con la que me identifico, y quiero llamar la atención sobre la circunstancia de que el PSC parece también muy preocupado por los símbolos, ya que esas banderas que ahí figuran se encuentran destacadas y, además, me parece que su significado está bien pensado y calculado.

No debería sorprender tampoco esta opción simbólica en el PSC. Es coherente con sus políticas, destinadas a contemporizar con los nacionalistas en temas de cierto calado; como es, por ejemplo la política educativa. Existe una sintonía evidente entre el discurso del PSC, las políticas que defiende, los acuerdos a los que llega (adscripción de ayuntamientos a la AMI, por ejemplo) y los símbolos que utiliza. Y, repito, no es criticable (aunque, obviamente, no me guste); pero creo que se trata de opciones que, por una parte, deberían hacer reflexionar a su partido hermano, el PSOE y, por otra, a sus electores. Conozco muchos de estos que para nada comparten este planteamiento, pero acaban dando un voto de confianza a la formación cuando, llegado el momento electoral, sus mensajes se vuelven más confusos en ese intento generalizado (afecta a todos los partidos) de intentar atraer a todos los votantes posibles con mensajes que pueden ser interpretados como una cosa y la contraria.

Me gustaría que en las próximas elecciones que tengamos, sean cuando sean, ningún voto de quienes son contrarios a la secesión fuera a parar a partidos que pretenden que Cataluña se convierta en un sujeto soberano originario (una nación, vamos). Sería muy sano que existiera gran claridad sobre este punto, y para eso los símbolos también cuentan. Mucho.

El PSC y el nacionalismo

Escribe Joaquim Coll un estupendo artículo sobre los desafíos a los que se enfrenta el PSC. En él advierte que este partido no podrá ser equidistante o ambiguo ante el desafío separatista. Cierto, pero estoy casi seguro que el PSC no hará lo que debería hacer y mantendrá esa equidistancia que se ha convertido en su única seña de identidad en los últimos años, al menos en lo que se refiere al debate territorial.

La equidistancia como elemento elegido para diferenciarse en la política catalana. Un estar siempre en el medio que ha hecho que en alguna ocasión hubiera tenido que variar sus planteamientos al hilo de la evolución política general. "¡Cuidado! ¡Que ya no estamos en el medio! "Pareciera que gritaran algunos en el PSC. E inmediatamente se levantaba el campamento para intentar situarse justamente en la posición que ellos entendían equidistante entre el PP y los nacionalistas.

La equidistancia... un problema no menor para el PSC desde que comenzó la fase aguda del proceso separatista.

Los socialistas fueron parte fundamental del consenso que acabó en la Constitución de 1978. Esa Constitución y su desarrollo, que incluye el Estado de las Autonomías, marca el escenario en el que se ha de mover la política española hasta que surja un nuevo consenso que permita introducir cambios; pero sin que se haya de sentir como una obligación que esos cambios tengan que aparecer. Hay países que llevan siglos con la misma Constitución y no pasa nada. España podría ser uno de ellos también ¿por qué no?

En un análisis mínimamente cabal de lo que interesaría al socialismo (soy conscientemente ambiguo con el término, todavía no hablo de partidos) debería estar claro que no es conveniente la destrucción del sistema constitucional actual. A quien sí interesa, y mucho, es a los nacionalistas/independentistas y en ello están desde hace ya unos cuantos años.

El PSC, en tanto que socialista, debería haber mirado con estupor a los nacionalistas que plantearan una reforma del marco constitucional y, sin embargo, y para asombro de muchos, fue el PSC quien impulsó una reforma estatutaria que acabó siendo una reforma constitucional encubierta (no son palabras mías, lo son de Francesc Vallès, entonces diputado del PSC en el Congreso, tal como explicaba hace unos años).

De aquellos polvos, estos lodos. El PSC, que nunca había sabido eludir con rotundidad el marco mental nacionalista, acabó asumiéndolo plenamente durante los tripartitos y terminó siendo el que diera el pistoletazo de salida al independentismo con la reforma del Estatut que, como reconocían los propios socialistas, tal como acabamos de ver, en realidad pretendía ser una reforma constitucional encubierta.

Es lógico que a partir de ahí no supiera plantar cara de forma decidida al nacionalismo y acabara intentando buscar vías intermedias entre el independentismo y la defensa del marco constitucional actual. Ahí está su apuesta por el derecho a decidir -aunque sea para votar que no a la secesión- la participación en la AMI de varios ayuntamientos con los votos socialistas y la crítica reciente a algo tan obvio como que un cargo público que está siendo investigado por la justicia y se niega a declarar sea conducido por la policía ante el Juez (en relación a la detención de la alcaldesa de Berga). Creo incluso que la actual apuesta por una reforma federal de la Constitución tiene más de búsqueda de esa equidistancia que de auténtico convencimiento en las bondades de un modelo federal para España.

No se trata, sin embargo, tan solo de la mera pretensión de evitar identificarse con cualquiera de las posiciones en conflicto. El que con tanta ansia se pretenda estar siempre en el justo punto medio de "dos trincheras" tiene mucho que ver con la falta de aprecio de algunos socialistas en Cataluña, cuadros especialmente, por el proyecto común español. Siendo en el fondo nacionalistas catalanes (tal como mostró, por ejemplo, Montserrat Tura cuando todavía era diputada del PSC en algún discurso en el Parlamento de Cataluña), no es de extrañar que vean con reticencia cualquier posicionamiento claro y contundente contra el nacionalismo, y no ha de sorprendernos, por tanto, que busquen esa posición de equidistancia que les permita no romper vínculos con una ideología con la que en el fondo simpatizan. De esta forma la equidistancia no es tan solo una estrategia política, sino consecuencia de la desazón que produce la participación en un proyecto político que no se considera propio (recordemos que el PSC es un partido únicamente catalán, sin una propuesta específica para el conjunto de España).

Y esta especial forma de abordar el problema nacionalista ha acabado contaminando también al PSOE. La entrevista de Pedro Sánchez en "La Sexta" no podría haber sido hecha más que por alguien que comparte los planteamientos nacionalistas ("nación de naciones", dijo que era España). La falta de una reflexión rigurosa sobre el papel de la socialdemocracia en el mundo globalizado se ha sustituido por unos cuantos eslóganes entre los que el apoyo a los nacionalistas ¡como si esto fuera progresista! ha encontrado un hueco.

Mucho queda por andar para que el socialismo se libre en España de su dependencia del nacionalismo. El PSC puede hacer mucho por ello; pero para ello tiene que atreverse a dar el paso de mirar a los nacionalistas a la cara y decirles: "no tenemos nada que ver con vosotros".

Mientras esto no pase muchos votos socialistas en Cataluña seguirán siendo utilizados para apoyar directa o indirectamente a los nacionalistas.