Democracia en Cataluña -2.0

Hoy he asistido a la sesión de la Comisión de Acción Exterior y Cooperación, Relaciones Institucionales y Transparencia del Parlament de Catalunya, donde comparecían Albert Royo, Secretario General de Diplocat, junto con Jordi Solé, Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat.

Diplocat es un consorcio en el que participan la Generalitat y otras administraciones públicas catalanas, además de Universidades y otras organizaciones. De acuerdo con los objetivos que publica en su web en las versiones en castellano, inglés, francés y alemán, el objetivo de Diplocat es "fomentar el diálogo y construir relaciones de confianza entre los ciudadanos de Cataluña y el resto del mundo". En fin, un propósito muy loable, sin duda. Si consultamos la versión en catalán de la web el texto es diferente, tal como señalaba hoy el diputado Juan Milián. Tanto en catalán como en occitano la misión y objetivos de Diplocat se conectan a la "diplomacia pública"; lo que podría vincularse, según cómo, a la competencia en materia de relaciones internacionales que es propia de los Estados, y no de los entes subestatales como es Cataluña.

Podríamos entrar en disquisiciones sobre los matices de los mensajes que contiene la página web de Diplocat y los contenidos que difunde; pero no creo que sea necesario. Me parece claro que Diplocat surge para buscar apoyo internacional a una Generalitat que pretende convertirse en Estado y para ello necesita un servicio diplomático que no puede tener abiertamente. Diplocat no disimula gran cosa que su actividad se dirige a ayudar en la consecución de este objetivo, y aunque rehuye (o, al menos, hoy ha rehuido) reconocer que trabaja para la construcción de un nuevo Estado en el territorio que se corresponde con la Comunidad Autónoma catalana, hace expreso que su objetivo es conseguir respaldo para un referéndum de autodeterminación en Cataluña; un objetivo que no se pretende realizar en el marco constitucional, sino en clara confrontación con el Estado (y en su intervención de hoy el Sr. Royo ha dado abundantes muestras de ello).

Este propósito de Diplocat plantea dos problemas. El primero de ellos es que se trata de un objetivo que no es compartido por todos los catalanes; se trata solamente de un planteamiento de una parte de ellos. Hoy se ha señalado reiteradamente a Albert Royo que Diplocat no representa a todos los catalanes, ya que muchos de ellos rechazan la independencia y también la posibilidad de una decisión de ruptura entre Cataluña y el resto de España, esto es, rechazan también que un referéndum en Cataluña pueda ser base para una ruptura del Estado español.

No ha tenido gran problema en admitir esto el Sr. Royo, apoyándose en que su organización actuaba en el marco que le señalaba la mayoría parlamentaria (JXS y la CUP); esto es, no ha hecho un gran esfuerzo en intentar incorporar a su discurso los planteamientos de quienes rechazan el referéndum de autodeterminación para Cataluña. De esta forma, implícitamente -al menos- ha admitido que se trata de un instrumento del Gobierno de la Generalitat para desarrollar su política exterior, tal como puso de relieve el diputado del PSC, Ferran Pedret.

Los independentistas no creen que esta actitud sea reprobable. Machaconamente repiten que gozan de un mandato democrático, entendido como que al haber ganado las elecciones pueden poner los recursos públicos al servicio de su programa; pero en este punto se olvidan de algo que tiene cierta importancia: es cierto que quien gana las elecciones decide la política que ha de adoptar y, por tanto, a qué se destinan los recursos públicos; pero esta decisión ha de mantenerse dentro del marco legal. Esto es, no resulta admisible que quien gana las elecciones utilice los mecanismos de poder a los que ha accedido para actuar al margen de la ley. Muchísimo menos, por supuesto, puede orientar esos recursos a actuaciones contrarias a la ley.

Y precisamente aquí, en el terreno de lo alegal o, directamente, ilegal se ha situado Diplocat. La Generalitat no puede desarrollar una política internacional en el sentido que puede tener un Estado. No puede buscar contactos con gobiernos extranjeros para buscar apoyos a su rebelión institucional. Reconocer que se están dedicando recursos públicos para conseguir la ruptura del Estado es inadmisible; y es aquí donde se visualiza la anomalía democrática que supone Diplocat.

Conocedora de que este es un punto clave, la diputada Susana Beltrán preguntó directamente a Albert Royo con qué gobiernos extranjeros se había entrevistado y qué mensajes les había transmitido (a partir del minuto 8:40 en este vídeo).

No hubo respuesta. Tampoco la hubo a las preguntas de Joan Milián sobre el dinero dedicado a "Independent Diplomat", aparentemente para tareas de asesoramiento diplomático.

La no respuesta en sede parlamentaria de Albert Royo es extraordinariamente grave; pero aún lo es más que el representante de JXS, Jordi Sendra, mantuviera que estaba plenamente justificado no dar esa información porque quienes la pedían lo hacían para entorpecer el proceso catalán.

La intervención del Sr. Sendra (a partir del minuto 2:55) era la pieza que nos faltaba para acabar la función.

Me frotaba los ojos al ver cómo un diputado explicaba que no se podían dar explicaciones en el Parlamento de lo que hacía quien es sufragado por dinero público, sobre la base de que quien solicitaba la información no compartía el proyecto secesionista. Idea que no tuvo problema en repetir en su siguiente intervención (especialmente a partir del minuto 1:30).

No esperaba encontrar un reconocimiento tan explícito de que todo lo que se está haciendo no es más que apropiarse del dinero y de las instituciones de todos los catalanes para ponerlas al servicio de un proyecto que es tan inconfesable que ni siquiera puede darse cuenta de él en el Parlamento que nos representa a todos.

¡Increible!

Cuando en SCC hablábamos de déficits de calidad democrática en Cataluña nos quedábamos cortos, muy cortos.

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