A la vista de algunos comentarios y análisis parece que hay una cierta confusión sobre lo que está sucediendo en Cataluña y la forma en que se está abordando.
Es evidente que algunas autoridades catalanas han decidido actuar fuera de la ley, lo que ha arrastrado también fuera de la ley a las instituciones que dirigen, el Govern de la Generalitat y el Parlament de Cataluña. Esto ha provocado una crisis institucional bastante grave, ya que debería resultar claro para todos que si una Comunidad Autónoma pierde a sus dos instituciones básicas, que han decidido actuar no como órganos constitucionales, sino como el núcleo de la administración de una hipotética República Catalana, es imposible mantener la normalidad institucional y han de adoptarse medidas extraordinarias.
La respuesta a esta crisis institucional es política y ha implicado hasta ahora el endurecimiento de los controles financieros sobre la Generalitat por parte del Gobierno y la activación del art. 155 de la Constitución, que es el precepto que en nuestro ordenamiento jurídico está previsto para devolver la legalidad a una Comunidad Autónoma en la que sus instituciones se han declarado en rebeldía.
La solución a esta crisis institucional es, como digo, política y en ella ha de haber margen para el diálogo, simpre tendente a la devolución de la legalidad y a la restauración de la convivencia.
Ahora bien, aparte de esta crisis institucional con consecuencias constitucionales, existen también hechos y actuaciones con transcendencia penal. Es claro que si una autoridad o funcionario no acata una orden judicial comete un delito de desobediencia, si dedica dinero público a fines ilegales uno de malversación y si, mediante la resistencia "pasiva" se pretende impedir que una autoridad o funcionario ejerza sus funciones se incurre en el delito de sedición del art. 544 del Código Penal.
De todos estos delitos están conociendo y han de conocer los tribunales, que actúan de forma independiente respecto al Gobierno y sometidos únicamente a la ley. Evidentemente, los jueces y magistrados pueden equivocarse e, incluso, actuar al margen de lo obligado legalmente y, por tanto, sus decisiones pueden ser criticadas y, llegado el caso, revocadas y ellos mismos procesados si se advierte que se apartaron de ese deber esencial para el desarrollo de su función constitucional.
Ahora bien, precisamente como los jueces y tribunales están sometidos únicamente a la ley cualquier crítica a su actuación que no se base en la ley misma no solamente carece de sentido, sino que es profundamente (repito, profundamente) antidemocrática. No puede pretenderse que los jueces actúen por motivaciones políticas y, por tanto, criticar sus decisiones a partir de la conveniencia o no de determinados resultados hace un muy flaco favor al Estado de Derecho.
Digo esto, evidentemente, por las reacciones a la decisión sobre la prisión provisional para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. No digo que no pueda analizarse críticamente dicha decisión y examinar con detalle los argumentos que se utilizan; pero la crítica ha de basarse en esos elementos y nada más. Cualquier referencia a la posibilidad de que dificulte "diálogos" o que contribuya a generar tensión está completamente fuera de lugar.
Aparte de esto, sin embargo, todavía hay otra dimensión que ha de ser consdierada y para la que debemos detenernos en los hechos de los que resulta la investigación criminal que ha conducido a Sánchez y a Cuixart a la prisión.
Los días 20 y 21 de septiembre se desarrollaban unos registros judiciales por orden del Juzado de Instrucción núm. 13 de Barcelona. Se trata de investigaciones que derivan de las denuncias presentadas a raíz de ciertas declaraciones de Santiago Vidal y Lluís Salvadó a finales del año 2016, declaraciones en las que se decía expresamente -en el caso de Vidal- que la Generalitat estaba construyendo ilegalmente bases de datos con los de los catalanes. ¿Alguien se plantea que esto no debería ser investigado judicialmente?
Los registros de los días 20 y 21 se vinculaban a estas investigaciones y ahora sabemos que en ellos se encontraron planes para la generación de inestabilidad en Cataluña con el fin de crear un conflicto que forzara una mediación internacional; también apuntes sobre lo que debería hacerse en caso de "guerra" y de "guerrilla". Estos documentos obraban en el domicilio de cargos autonómicos o en edificios públicos.
Ante la noticia de que estos registros se estaban realizando los Sres. Sánchez y Cuixart convocaron una concentración ante la sede de la Vicepresidenta Consejería de Economía con el fin de impedir o dificultar tales registros. Es decir, no estamos ante una manifestación "pacífica", sino ante el intento expreso y deliberado de dificultar la actuación de los funcionarios judiciales y los policías que los acompañaban. En el auto que decreta la prisión provisional para los presidentes de la ANC y Omnium se dan detalles de cómo estos tomaron parte activa en la organización del bloqueo de la Consejería de Economía, cómo hicieron de interlocutores entre los congregados y los funcionarios y policías sitiados y cómo animaron a continuar con el bloqueo a pesar de las muchas horas que llevaban encerrados los integrantes de la comisión judicial. Los detalles pueden consultarse en el auto donde se decreta la prisión provisional para Sánchez y Cuixart).
A partir de estos hechos -que no creo que nadie niegue, porque hay hasta constancia gráfica de ellos- puede discutirse si los Sres. Sánchez y Cuixart no parece, al menos indiciariamente, que han incurrido en el tipo del art. 544 del Código Penal, lo que podría acarrearles penas de prisión de hasta diez años a cada uno de ellos.
Quizás algunos pretendan que en aras al "diálogo" estos hechos deberían dejar de ser investigados y la justicia debería mirar para otro lado; esto es, como hemos visto, incompatible con el Estado de Derecho, pero es que, además, tiene una dimensión política que no debemos olvidar.
La sociedad catalana es una sociedad dividida. Los nacionalistas y quienes se oponen a la secesión forman dos grupos con visiones antagónicas en muchas cosas. Los consensos en la sociedad están rotos y, por tanto, lo único que nos queda para mantener la paz social es la ley.
¿Qué mensaje recibirían los catalanes no nacionalistas si se admitiera que los nacionalistas pueden actuar a su antojo, saltarse las leyes que nos vinculan a todos y, además, no ser perseguidos por ello? ¿Qué les quedaría a los catalanes no nacionalistas aparte de someterse o saltarse ellos también las leyes?
En estos momentos de tensión es fundamental el respeto a la ley. Ahora mismo es lo único que en Cataluña nos separa de un conflicto civil y, por tanto, cualquier pretensión de que la ley se relaje para los nacionalistas es de consecuencias imprevisibles.
No jugemos a aprendices de brujo. Ante las decisiones judiciales lo que toca es decir lo que se ha dicho siempre: respeto a la actuación de los tribunales y legítimo derecho a la discrepancia sin cuestionar su legitimidad.
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