Hoy, 29 de octubre, ha comparecido ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, Ana Losada, quien añadió información a la queja abierta hace ya dos años en relación a la exclusión del castellano en las escuelas de Cataluña y pidió que una comisión del Parlamento visitara Cataluña para conocer in situ la realidad denunciada. La mayoría de los miembros de la Comisión que intervinieron apoyaron la propuesta de Ana Losada y al final se decidió la adopción de varias iniciativas en apoyo a la petición formulada.
Vamos a empezar por el principio.
El régimen lingüístico que vivimos en las escuelas catalanas es el de una permanente ilegalidad. Ya se ha explicado en muchas ocasiones; pero no nos cansaremos de hacerlo. Me remito a una entrada específica sobre este tema con vínculos a otras y a un vídeo en el que intento también explicar cuál es la situación que tenemos en Cataluña; pero reproduciré aquí las líneas generales del problema.
1) Por exigencia constitucional el castellano ha de ser lengua de aprendizaje en el sistema educativo. No puede darse al español el tratamiento de una lengua extranjera en ninguna parte del territorio español.
2) La normativa catalana no prevé la exclusión del castellano como lengua de aprendizaje y vehicular en las escuelas de Cataluña. Lo que dice es que el catalán será la lengua "normal" de aprendizaje; pero, obviamente, esto no quiere decir que sea la única, por lo que la ley catalana es compatible con la exigencia constitucional que hemos visto en el punto 1 si se entiende que ese uso normal del catalán no excluye que el castellano sea también vehicular.
3) En la práctica, sin embargo, el catalán es la única lengua que se utiliza en todas las materias que no sean lengua castellana. También es la única lengua de comunicación con las familias y los niños y también de rotulación y para cualquier otro fin en la escuela. Es decir, en la práctica el castellano sí que está excluido como lengua vehicular en la escuela catalana.
4) Esta situación se ha denunciado ante los tribunales, quienes han establecido que el castellano, por exigencias constitucionales, no puede recibir el tratamiento de una lengua extranjera, sino que ha de ser vehicular en una proporción que no sea inferior al 25% del total de la enseñanza.
5) Pese a lo anterior, la adminsitración catalana se niega a implementar ese 25%, limitándose a cumplir con las sentencias judiciales que así lo establecen en relación a familias concretas. Como consecuencia de ello cuando una familia pide que se cumpla la ley la administración se niega siempre y se obliga así a la familia a acudir a los tribunales. Se trata de una práctica desincentivadora que se ve completada con diverso mecanismos de presión y acoso sobre las familias "rebeldes". Todo ello orientado a hacer que el número de peticionarios del cumplimiento de la ley sea el mínimo posible.
Ante esta situación el gobierno español, el actual y los anteriores no han hecho nada (nada de nada), y es por ello que se ha acudido a la Unión Europea, y, en concreto, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
Ya hace dos años esta Comisión de Peticiones dirigió una carta al Consejero de Educación de la Generalitat pidiendo aclaraciones sobre la exclusión del castellano en las escuelas de Cataluña, desconociendo las sentencias judiciales que exigían una presencia mínima del 25% que, como hemos visto, no se cumple.
Dos años después la situación no ha cambiado, pero existen nuevos elementos de juicio. La AEB elaboró un informe a partir del estudio de varios miles de proyectos lingüísticos de centro que prueba que en ningún centro escolar de Cataluña se cumple con la exigencia de una presencia mínima de castellano en la escuela.
Esta nueva comparecencia en la Comisión de Peticiones ha permitido trasladar este informe que confirma lo que ya se había denunciado en 2018.
La comparecencia ha servido también para que Ana Losada haya explicado la exclusión del castellano en Cataluña
Como puede verse, la presentación de Ana Losada es clara: en Cataluña no se respeta la presencia mínima de castellano que viene exigida constitucionalmente. Esto en sí es una quiebra del Estado de Derecho que supone también una vulneración del Derecho originario de la UE.
La exclusión del castellano, lengua materna de la mayoría de los catalanes y oficial en Cataluña, afecta a los derechos de los niños y de sus familias y va contra las recomendaciones en relación a la educación en lengua materna. Además restringe la movilidad tanto de los españoles como del resto de los europeos que quieren desplazarse a Cataluña.
Tras Ana Losada intervino una representante de la Comisión Europea, quien mantuvo que no había competencia de la Unión para intervenir en relación a este caso. Sin entrar en el fondo del asunto, sostenía que era competencia del estado miembro resolver estas cuestiones.
La posición de la Comisión fue cuestionada abiertamente y hasta con dureza por la mayoría de los diputados que intervinieron en la sesión. Sostenían que ante un caso de vulneración de derechos como el que aquí se denunciaba la posición de la UE no podía ser mirar para otro lado y propusieron que la petición de queja se mantuviera abierta y que se realizaran las actuaciones necesarias, incluida una visita a Cataluña a fin de comprobar in situ la situación.
La excepción a este planteamiento fue la diputada de ERC Diana Riba, quien rechazó de plano que la UE actuara en relación a las denuncias presentadas. Además cuestionó los datos y análisis que había aportado Ana Losada.
Merece un comentario específico la intervención del diputado socialista Domènec Ruíz Devesa. Este diputado dijo que si era cierto lo que planteaba Ana Losada se estaba produciendo una vulneración de derechos que, sin embargo, no habilitaría a la UE a actuar porque la vulneración vendría de una entidad subestatal.
Error. Si una entidad subestatal vulnera el Derecho de la UE, incluida la obligación que tienen todos los estados miembros de respetar los principios democráticos y los derechos fundamentales, el estado en su conjunto responde. Así que no es cierto que no haya mecanismos. Claro que los hay. Los mismos que se están utilizando en relación a Polonia. Que la vulneración sea obra del estado central o de una entidad subestatal es irrelevante.
También llama la atención que en su intervención este diputado concluya que de existir alguna vulneración de un derecho fundamental lo que deben hacer los padres es acudir a inspección y a los tribunales. En fin, lo que ya están haciendo los padres con el resultado que Ana Losada ha explicado. La pregunta es si este diputado entiende que en caso de que estemos ante un problema como éste las únicas vías son acudir a los tribunales sin que los políticos puedan hacer algo para garantizar el respeto a tales derechos. Si los políticos no son capaces de esto ¿para qué sirven? Es una pregunta auténtica, no retórica.
Tras las intervenciones de los diputados, Ana Losada tomó otra vez la palabra y se puso fin a la comparecencia. Se adoptó la decisión de pedir un informe a la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo, dirigir una carta al Gobierno español mostrando la preocupación del Parlamento por la situción en las escuelas catalanas y se dejó abierta la posibilidad de enviar una comisión a Cataluña para que estudiara sobre el terreno la discriminación al español en las escuelas de Cataluña.
En definitiva, claro apoyo a la petición de Ana Losada por parte de todos los intervinientes excepto la diputada de ERC y el representante socialista.
Al final las cosas son lo que parecen.
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