Creo que nunca olvidaré los días 20 y 21 de septiembre de 2017.
Desde hacía 14 días vivíamos en el golpe institucional dado en el Parlamento de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre. Los nacionalistas habían aprovechado su mayoría en el Parlamento para aprobar dos leyes que suponían la derogación de facto de la Constitución en Cataluña. Ante esta ya no amenaza, sino realidad, el gobierno de España había planteado unos recursos ante el Tribunal Constitucional y Fiscalía querellas por desobediencia. Más o menos como si el 23 de febrero de 1981 quien sustituyera al jefe del gobierno secuestrado por Tejero en el Congreso presentara en los tribunales una orden de desalojo del Congreso y anunciara que lo antes posible se presentaría una querella contra Tejero una vez que Abogacía del Estado determinara la calificación penal de los hechos acaecidos.
En los días anteriores al 20, además, se nos había ido advirtiendo de que se estaba preparando "el mambo"; es decir, una insurrección callejera que apoyaría el golpe en las instituciones que ya se había perpetrado en el Parlamento y al que se había sumado el Gobierno de la Generalitat, quien mantenía que, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional, se seguiría adelante con el referéndum convocado para el 1 de octubre.
Ese día 20 yo tenía clase a las ocho y media de la mañana. A las diez hacía un descanso y bajaba a tomar café. En las escaleras de entrada a la Facultad me cruce con un compañero que con una sonrisa en la cara me dijo "Ja ha començat el mambo". En aquel momento no sabía de qué me hablaba. Entonces me explicó que se estaba registrando la sede de la Conselleria de Economia y que comenzaría el jaleo. El runrún que percibía a mi alrededor era el de excitación; como si este fuera el momento en el que se iniciaba el enfrentamiento del que muchos se pensaban que saldrían triunfantes. Los comentarios que escuchaba obviaban las razones que explicaban la investigación judicial que había llevado a la Conselleria y se centraban en el ataque que suponía a la autonomía, en que resultaba intolerable (¡que una comisión judicial investigara la comisión de posibles delitos!) y, en el caso de los que se consideraban "moderados", en la llamada al diálogo, sin pararse en que se estaba pidiendo diálogo entre quienes eran investigados por los jueces y... ¿quién? ¿los propios jueces? ¿el gobierno de España para que éste presionara a los jueces?
A las doce me dirigí al Aula Magna de la Facultad, donde se inauguraría el curso. Estaba prevista la presencia de la Rectora; pero como me explicaban, con lo que estaba pasando no vendría la Rectora, así que quien acabó representando al equipo de gobierno fue la Secretaria General. Creo que ya resulta significativo que ante una investigación judicial la Rectora de una universidad pública tuviera "lío"; pero en Cataluña esto ya lo damos por descontado, así que ni entré a comentar lo absurdo del razonamiento.
Lo que sí fue nuevo es que en aquella ocasión la Secretaria General de la Universidad iniciara su intervención con una referencia a la situación extraordinaria que se vivía y a la necesidad de ser conscientes de ello o algo así. Eran palabras que recuerdo confusamente, pero que me transmitieron una profunda desazón, porque parecían anunciar que en aquella ocasión el equipo de gobierno y otros órganos de la Universidad se implicarían en el conflicto, y no solamente de tapadillo, sino de manera abierta.
No me equivocaba. Cuando volví a mi despacho me encontré con el siguiente correo electrónico
En el contexto de aquel día hablar de "involución democrática" no tenía mas que un sentido. Efectivamente, se hizo la concentración y parece ser que la Rectora se dirigió a los allí concentrados. La sala de prensa de la universidad tituló la noticia incluyendo la palabra "represión política"
Para mí aquello fue tan grave como el ataque a los coches de la Guardia Civil transmitido en directo por TV3
Sabía de la posibilidad de trasladar a la calle el enfrentamiento con el orden constitucional; pero me parecía más peligroso el giro de las instituciones y administraciones hacia el desafío nacionalista. Los órganos de gobierno de mi Universidad nada habían dicho cuando los días 6 y 7 de septiembre la Constitución, el Estatuto de Autonomía y los derechos de los parlamentarios fueron laminados por los nacionalistas. En cambio, calificaban de represión política una investigación judicial que se vinculaba a la defensa de la Constitución y a la garantía de los derechos de los catalanes.
Aquel día sentí que estaba personalmente afectado. Más incluso que cuando sufrí el acoso de los intolerantes nacionalistas en el campus, porque el día 20 quienes comenzaban a actuar al margen de lo que resultaba exigible por lealtad a la democracia y al marco constitucional de convivencia eran los órganos de gobierno de la institución para la que trabajaba y a la que había dedicado más de 20 años de mi vida; porque sentía que ahora la amenaza ya no venía de quienes actuaban fuera del marco institucional sino por quienes deberían hacer patente su adhesión a la Constitución y su rechazo de cualquier vía de hecho para modificarla.
Aquel día supe que estaba metido en medio de un golpe de estado y que la balanza podría decantarse para cualquier lado.
