Dice Lluís Bassets que el Rey será Rey de Cataluña o no será. Evidentemente, Bassets no se refiere a la perspectiva legal (y real), al hecho indudable que el Rey lo es en Cataluña (que no de Cataluña) como en el resto de España; sino a la aceptación de su figura y papel por parte de una mayoría de los ciudadanos catalanes.
En una democracia que no tuviera los problemas que ahora tiene España el planteamiento de Bassets sería extemporáneo: el Rey es una figura simbólica que idealmente ha de pasar lo más desapercibido posible. Algo de esto decía cuando comentaba su discurso navideño de hace dos años. El Rey en una monarquía parlamentaria no debe ser un agente de la política, sino ejercer bien su función simbólica, lo que en circunstancias normales no va más allá de cortar cintas, inaugurar congresos, presidir desfiles y realizar visitas de Estado en las que el arte será decir lo mínimo posible.
En circunstancias excepcionales, sin embargo, las cosas cambian. Esta es la situación que vivimos en España, y en concreto en Cataluña y esto explica que reflexiones como la de Bassets no sean inoportunas, sino necesarias. Y esto explica también la relevancia de los mensajes públicos y gestos del monarca. Al mismo tiempo es necesario ya adelantar que esta inesperada relevancia del soberano es muestra de un fracaso de la clase política española, tal como intentaré demostrar.
Comenzaré diciendo que el Rey, con su discurso del día 3 de octubre y -creo- con el de ayer se ha ganado a una parte muy importante de la sociedad catalana. Su intervención aquel día fue vista como un gesto de apoyo a la legalidad y al orden constitucional que muchos catalanes necesitábamos. Difícilmente percibirán quienes no lo hayan vivido la angustia que pasamos aquellos días, cuando esperábamos que en cualquier momento la bandera española fuera arriada de los cuarteles de los Mossos d'Esquadra y de las instituciones, cuando fue arriada en algunos ayuntamientos y las calles fueron tomadas por quienes acosaban a la policía y a los partidos constitucionalistas, cuando desde las administraciones se llamaba a participar en una huelga de país que era -habría que ser muy ingenuo para no verlo- el preludio de la separación efectiva de Cataluña. En aquellos días de incertidumbre el mensaje del Rey nos dejó claro a los catalanes (y también al resto del mundo) que Cataluña seguiría siendo parte de España y que el problema generado por la rebelión secesionista no era -todavía- un problema internacional; al menos desde la perspectiva española.
Agradecimos mucho entonces que, por primera vez, se dijera desde la instituciones con claridad que lo que estaba sucediendo era consecuencia de la inadmisible deslealtad de la Generalitat y que esa deslealtad no podría quebrar el orden constitucional español. Ese era el mensaje necesario, el que debía darse en ese momento y, además, el único que podía dar el Rey.
Porque pese a su dureza, el mensaje de aquel día 3 de octubre lo único que hacía era verbalizar lo que estaba sucediendo, llamar a las cosas por su nombre y afirmar que el orden constitucional no cedería ante quienes querían violentarlo. Si sonó duro fue porque, inexplicablemente, nadie antes que el Rey había hablado con esa claridad de lo que estaba sucediendo en Cataluña. Por eso digo que aquel mensaje fue también la muestra de un fracaso de nuestra clase política, que no había diagnosticado correctamente lo que pasaba en Cataluña, lo que había provocado que aún no se hubiera salido de la "fase de negación" y que, incluso, se pretendiera justificar o explicar el golpe contra nuestras instituciones. El Rey dijo lo que era y las cosas comenzaron a cambiar. Muchos catalanes se hicieron monárquicos ese día, porque -repito- aquel era un mensaje que necesitábamos. Escuchamos (escuché) su mensaje con la misma atención y angustia con la que había escuchado el de Juan Carlos I el 23 de febrero de 1981.
Cierto que el mensaje de octubre no gustó a muchos catalanes, que esperaban un gesto de aceptación de la rebelión; pero, como digo, ese mensaje que algunos esperaban no era ni deseable ni posible: ¿nos imaginamos que el 23 de febrero de 1981 el Rey Juan Carlos hubiera dicho que invitaba a los golpistas a dialogar con el Gobierno a fin de encontrar una solución al problema? Se dirá que no es lo mismo sacar tanques a la calle que tractores, familias que ocupan colegios o Mossos d'Esquadra; que no es lo mismo entrar con pistolas en el Congreso que saltarse todas las normativas para aprobar en el Parlamento de Cataluña normas claramente contrarias a la Constitución; y es cierto que no es lo mismo; pero no es menos grave lo segundo, el intento de convertir toda la administración en una Comunidad Autónoma en la administración de un Estado denominado "República Catalana" (véase en este sentido la Ley de Transitoriedad, que es lo que establece) que lo primero, el plan el de subvertir el orden constitucional mediante la presencia intimidatoria de tanques por las calles.
También algunos dirán que en este caso son dos millones de catalanes los que esperaban ese gesto; pero ¿alguien no se da cuenta de que en 1981 muchos españoles estaban expectantes ante el golpe porque lo de la democracia y cómo iba no les acababa de convencer? La diferencia en estos casos no puede cifrarse en el apoyo popular, sino que está únicamente en la convicción con la que se defienden los valores democráticos; y mientras en 1981 los partidos políticos gozaban de esta convicción, no es esta la situación que vivimos actualmente, con un partido como Podemos que alienta la insurrección contra "el régimen del 78" y otro partido, el PSOE que, pese a su apoyo final al art. 155, sigue manteniendo una peligrosa equidistancia con quienes pretenden subvertir el orden constitucional. Incluso el PP, que parece querer aparentar un mayor compromiso con la Constitución, tardó en llamar a las cosas por su nombre y todavía hace unos pocos meses parece ser que la Vicepresidenta del Gobierno manifestó que Junqueras le había "decepcionado", lo que muestra un escaso conocimiento de la magnitud del desafío que se estaba fraguando desde hacía años.
Ante esta falta de convicción de la clase política el discurso del Rey permitió que se hicieran visibles algunos de los elementos estructurales más básicos de nuestra democracia. No alteró el Rey su función simbólica, lo que sucede es que lo que deberían ser obviedades (en el marco constitucional todo puede ser discutido, incluso su reforma; fuera del marco constitucional no es posible el diálogo; la actuación de la Generalitat había sido desleal y no conseguiría su propósito) no lo fueron en el contexto de una clase política que había perdido el norte.
Su discurso de ayer confirmó la sensatez de su mensaje: debemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido juntos, nuestra democracia ya es madura y respetada en el mundo; debemos afrontar los desafíos que tenemos como sociedad, y ahí hizo mención de algunos temas clave como la necesidad de que el empleo que se cree sea estable, que se luche contra la corrupción, el cambio climático y la violencia de género. Llamó al terrorismo yihaidista por su nombre (algo que a algunos políticos se les resiste) y en cuanto a Cataluña recordó que se había elegido un nuevo Parlamento que debería buscar la recuperación de la convivencia a la vez que recordó que, tal como se había demostrado, las vías de hecho no llevan a buen puerto.
Obviamente ni rectificación del discurso del día 3 ni mención al 155 ni al Gobierno cesado de la Generalitat y a sus estrambóticas peticiones desde Bruselas. El camino de la democracia es uno y en él caben todos, pero pervertirlo para permitir imposiciones no es admisible. Como bien recordó el Rey, en democracia todos pueden plantear lo que quieran, pero no pueden imponerlo; ni por los tanques ni por el recurso a decir que "somos dos millones".
Quizás los muchos catalanes que no se indignaron por el atropello a la legalidad los días 6 y 7 de septiembre, que no se escandalizaron por la sustracción de nuestros datos personales o por la utilización de la policía autonómica para hacer seguimientos a políticos y ciudadanos no nacionalistas, que no protestaron cuando nuestros colegios fueron tomados para la realización de un acto ilegal, que no mostraron su desacuerdo con la huelga de país o que siguen pensando que quienes ahora están en prisión permanecen en ella por sus ideas políticas y no por estar investigados por delitos graves que en cualquier país democrático son perseguidos (utilizar recursos públicos para fines ilegales, impedir la actuación de la policía y de los tribunales, pretender derogar por la vía de hecho la Constitución...); quizás todos estos catalanes discrepen del discurso del Rey; pero somos muchos los que sabemos que la democracia ha de defenderse con convicción y que en todos los países y épocas ha tenido opositores; opositores a los que hemos de escuchar y convencer; pero ante los que no podemos ceder.
Me da la sensación de que el Rey lo tiene claro. Ojalá todos lo tuvieran igual de claro.
2 comentarios:
Muchas gracias por el artículo, con el que coincido. Llevo tiempo leyendo las entradas del blog sin animarme a participar. Pero llegados a cierto punto, me parece que la labor de expresar nuestro apoyo a las instituciones democráticas se empieza a convertir en un deber. Y el Rey sin duda representa las mejores facetas de este sistema, como su artículo muestra.
Yo también creo que el apoyo popular a la monarquía constitucional se vio reforzado después del mensaje del día 3 de Octubre: la sensación de alivio y confianza fue extraordinaria sobre una importante parte de la población catalana que presenciaba con incredulidad la profunda deslealtad del gobierno autonómico, y la prácticamente nula capacidad de respuesta del gobierno de la nación. También hay que destacar las palabras del Monarca en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, con el valioso apoyo de autoridades de la UE. En esa misma línea, ahora el Rey en su mensaje navideño mantiene el énfasis en la manera correcta de afrontar el problema de la deslealtad de las instituciones autonómicas catalanas, a la vez que lo pone en contexto junto a otras preocupaciones de la sociedad española en su conjunto que legítimamente necesitan ser atendidas por quienes la gobiernan.
El amplio apoyo electoral que consiguen los partidos partidarios de la ruptura es algo que existe y que no se puede ni debe ignorar, pero que como cualquier mayoría parlamentaria es susceptible de ser cambiada en futuras elecciones. La vía secesionista en cambio implicaría interrumpir para siempre el proceso democrático, impidiendo cualquier reconsideración futura de la situación.
Magnífico Rafael
José A. Rodríguez
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