Los independentistas lo han dejado claro: su propósito es volver a la vía unilateral, aplicar la Ley de Transitoriedad -anulada por el Tribunal Constitucional- y poner en marcha la república catalana. Hace poco lo indicaba Marta Rovira, la candidata de ERC.
En algunos países escrupulosamente democráticos no sería posible plantear abiertamente que el objetivo de ganar las elecciones sería destruir el orden constitucional. Precisamente por coherencia con los valores democráticos no resulta posible amenazar con la derogación por la vía de hecho del ordenamiento constitucional, ni comprometerse con los electores a hacerlo. Una reflexión que deberíamos hacer también en España, tal como propone hoy Joaquim Coll en El País.
En España, sin embargo, sí es posible realizar tales propuestas en la campaña electoral, lo que traslada a los electores la carga de la defensa de nuestros valores democráticos. No se trata de ninguna exageración o de un recurso retórico: lo que proponen los independentistas, e intentaron llevar a cabo durante el golpe de septiembre/octubre de este año fue:
- derogar al margen de la ley la Constitución y el Estatuto de Autonomía
- imponer un nuevo ordenamiento jurídico en el territorio de Cataluña
- separarnos de España y de la Unión Europea
- vincular la administración y sus funcionarios a la administración del Estado que quieren crear
- y someternos a las obligaciones que impusieran quienes rigieran esa "república catalana".
Para conseguir sus fines hemos visto que recurrieron no solamente al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento, sino a la movilización en la calle orientada a impedir el cumplimiento de las órdenes judiciales y la actuación de la policía, apoyando dicha movilización con los Mossos d'Esquadra, que también destinaron a labores de espionaje de aquellos que disentían del credo nacionalista, tal como se ha constatado recientemente. En este contexto casi (casi) resulta menor que se hubieran apropiado de los datos personales de los catalanes y los hubieran puesto en riesgo con el fin de construir el censo que pretendían utilizar el día 1 de octubre.
Ahora nos amenazan de nuevo con volver a intentar el secuestro de las instituciones y con la quiebra en la convivencia, con devolvernos a la inseguridad que provocó la huida de empresas, la fuga de los ahorros, la descalificación para coger la Agencia Europea del Medicamento y la incerteza social y económica en la que vivimos.
Cuanto menores son los límites al discurso público mayor es la responsabilidad de los ciudadanos. Como acabamos de ver, en España todas las propuestas son posibles, así que nuestra responsabilidad como votantes es mayor. El día 21 tendremos que asumirla, porque está en nuestras manos poner fin al proceso o, por el contrario, dejar que los que nos han conducido hasta el desastre presente vuelvan a alcanzar el poder.
Votaré el 21, y ya expliqué que votaría Cs. Otros que comparten las preocupaciones que acabo de expresar optarán por otros partidos (PSC o PP); y también habrá conciudadanos que votarán a quienes proponen esta destrucción de nuestro marco de convivencia o están dispuestos a pactar con ellos. Evidentemente esta última opción también debe respetarse; pero, por desgracia, no puedo menos de lamentar que en este caso se opte por quienes nos amenazan con volver a delinquir contra todos nosotros. En una situación de división como la que vivimos no dejaré de contar también como míos los votos que reciban PSC o PP, mientras que los que reciban otras formaciones serán vistos como ajenos. Me imagino que entre los independentistas sucederá lo mismo: un votante de ERC podrá tener simpatía por quien vote a la lista de Puigdemont o la CUP, pero probablemente ninguna por quienes voten lo que ellos llaman "el tripartito del 155".
Por desgracia esta es la situación que tenemos en Cataluña, una división con la que tendremos que aprender a coexistir antes de intentar superarla; pero para poder hacerlo, para poder superarla, es imprescindible que contemos con las herramientas para ello, y la principal es nuestro marco común de convivencia, la Constitución que permite acoger a todos y también ser reformada para que puedan perfeccionarse los consensos. Si perdemos la Constitución y la sustituimos por la imposición de los independentistas habrá desaparecido la posibilidad de volver a ser una sociedad unida. Es por eso que pasado mañana nos toca votar para defender esa Constitución y, a partir de ahí, comenzar a recuperar la convivencia.
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